El organismo ya definió su plan para fiscalizar en 2016 con menos personal.

El Banco de Previsión Social (BPS) realizará cerca de 10.000 inspecciones a nivel nacional durante 2016 para persuadir a las empresas a estar al día con sus obligaciones a la seguridad social. El esquema será similar al de este año, aunque incorporará más operativos "rastrillo" para satisfacer los planteos del empresariado.

Las actuaciones de fiscalización (inspecciones) proyectadas para todo el país serán 9.700, y dejan "un pequeño margen para actuaciones a demanda", dice la resolución aprobada por los directores del BPS, que refiere al plan de trabajo para 2016 propuesto por los servicios técnicos del organismo. Esto supone una reducción de 12% en las actuaciones con respecto a 2015. Y responde en parte a una menor cantidad de inspectores frente a los de años anteriores. Para esta planificación se dispondrá de 109 inspectores de calle más personal interno (en 2015 fueron 115 y el año anterior, 123).

El directorio busca de todos modos mejorar la formalidad laboral y que las empresas perciban que es conveniente estar al día con sus aportes.

Las líneas de trabajo mantendrán los criterios generales de años anteriores, pero esta vez habrá un componente importante de operativos masivos o "rastrillo", que serán 3.245. "La representación empresarial pidió incrementar esos operativos y eso se ha aumentado", dijo a El País el presidente del BPS, Heber Galli, quien lo consideró "una cifra significativa".

Este mecanismo, que consiste en salir a la calle y fiscalizar todo aquello que tiene apariencia de tener actividad laboral, permite inspeccionar comercios que no aparecen en otros registros y en muchos casos ni siquiera tienen anotados a sus trabajadores.

No obstante, este procedimiento es menos efectivo que los que incluyen "inteligencia fiscal". "Este año se halló un 70% de irregularidades en las inspecciones hechas con inteligencia fiscal, y entre 40% y 50% en las de rastrillo", graficó Galli.

La diferencia radica en que estas últimas se realizan en base a una selección de casos, sobre la base de cruzamiento de parámetros que revelan mayor probabilidad de informalidad y evasión. Para eso, el BPS utiliza un sistema que considera más de 600 variables llamado Solución Integral de Selección de Casos a Fiscalizar (Sisca).

"Por poner un ejemplo, si hay una empresa que presenta una pequeñísima facturación a la Dirección General Impositiva (DGI), pero tiene un enorme consumo de energía eléctrica, es de suponer que está produciendo más de lo que está facturando. Este sería un caso simple, pero se cruzan más variables", explicó Galli.

Se prevé hacer 2.083 actuaciones de este tipo en 2016.

Además del consumo de servicios provistos por empresas públicas (como energía, agua, combustible), se toman otros datos públicos, como los avisos clasificados. "En algunos casos, cuando aparece reiteradamente un punto de contacto, el sistema lo detecta. Busca la facturación y la declaración con información del propio banco y así hemos salido a fiscalizar", ahondó el presidente del BPS.

Por otra parte, se trabaja en forma coordinada con otros organismos recaudadores y de control como DGI, Dirección de Aduanas e Inspección General del Trabajo (con la que recientemente el BPS realizó un operativo de fiscalización a los servicios de delivery y al transporte de carga).

A los 3.245 operativos "rastrillo" y los 2.083 de inteligencia fiscal, se sumarán 3.624 actuaciones de los inspectores de BPS en respuesta a "denuncias de trabajadores, de empresas o de terceros", según el plan aprobado por el directorio del BPS. Allí se agrega que se dejará "un pequeño margen para actuaciones a demanda".

En paralelo, también se realizarán 15.700 actuaciones de fiscalización interna. Esto refiere mayormente a procesos en los que se determinan las deudas que provienen de otros departamentos del BPS (lo que solía conocerse como el departamento de avalúos o determinaciones tributarias).

"Esto se debe a que la actuación fiscal es integral, desde la detección de la infracción hasta el cálculo de la deuda", remarcó Galli.

De ese total de actuaciones previstas, "11.980 corresponden a determinaciones tributarias de origen no asociado a inspecciones, 95% de las cuales corresponderán a cierre de obra de construcción", de acuerdo a lo dispuesto por la resolución.

Esto se corresponde con las inspecciones que realiza el BPS con sus arquitectos luego de que se reciben los formularios de cierre de una construcción (ya sea nueva o una reforma). De esta forma se determina si las horas de trabajo que fueron declaradas tienen relación con la obra realizada.

A su vez, se continuará con "acciones inductivas", es decir, el envío de cartas (por correo o vía electrónica) a contribuyentes con el doble objetivo de generar riesgo e informar sobre los derechos y obligaciones.

Por otra parte, el BPS ya comenzó con su operativo de temporada, con controles en la costa este del país.

Si bien su zona de influencia va desde la Barra de Pando hasta Rocha, ya dispone de un nuevo local de base en Maldonado. Desde allí está realizando controles individuales y otros en conjunto con la DGI (que puso especial énfasis en los comercios "golondrina") y la Inspección General del Trabajo.

Además de los controles que realiza cada año, el Banco de Previsión Social, incorporó facilidades para que las empresas paguen sus obligaciones de seguridad social, resaltó el representante de los trabajadores en el directorio del organismo, Ramón Ruiz. "Se trata de dar un conjunto de herramientas para mejorar el cobro y la formalidad de los trabajadores", dijo. Por un lado, Ruiz mencionó que ahora se pueden pagar las facturas sin ir personalmente, y se les ha dado beneficios a las empresas buenas pagadoras (se estima que en enero serán bonificadas 178.000, cifra superior a las 140.000 de un año atrás). "Hace 10 años la morosidad era de 12% y hoy es de 4,33%", destacó el representante de los trabajadores en el BPS.

En la búsqueda de irregularidades