La batalla del hierro

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Eloísa Capurro,

En Valentines y Cerro Chato

Desde la camioneta cuatro por cuatro, Cecilia Zeballos señala hacia uno y otro lado del camino de tierra. En aquel cementerio rural, de unas pocas cruces de piedra, están enterrados sus antepasados. En aquella escuela de bloque desgastado que se levanta al costado del camino, estudiaron sus padres. En esa iglesia chiquita, perdida entre el verde del campo, tomó la comunión. Y allá a lo lejos, entre los cerros, señala una marca más: un manchón rojo tierra donde la empresa de capitales indios Aratirí busca el hierro que descansa bajo la tierra de sus abuelos.

Cecilia tiene unos 30 años, estudió en Montevideo, se recibió de veterinaria, está casada y tiene una hija de un año. Decidió hacer su vida en esos predios cercanos a los pueblos de Valentines y Cerro Chato. De camisa a cuadros, boina azul y botas de campaña, es productora rural.

Dice que tiene un montón de semillas guardadas en un galpón. Y que no se anima a sembrarlas hasta que alguien le diga lo que va a pasar con sus 200 hectáreas de campo. Ese que desde la década de 1960 es de interés, como la mayoría de los de la zona, por la cantidad de hierro que esconde en el subsuelo.

Hace dos años que la minera Aratirí realiza en esos predios tareas de prospección y exploración. Entran a los campos con máquinas y hombres que cavan pozos para medir cuánto hierro y de qué calidad hay en estos cerros ubicados en el límite de Treinta y Tres, Florida y Durazno. Lo hacen con el respaldo que les da la legislación vigente y con el beneplácito de los pueblos aledaños, que ya comienzan a ver los beneficios de vivir cerca de un emprendimiento más grande que Botnia.

No es la primera vez que los productores ven pasar esto. Algunos evocan un estudio que en la década de 1970 realizó la ONU, para el cual algunos geólogos se acercaban a los campos a sacar muestras sin mucho alboroto. Con ese recuerdo, varios productores dejaron entrar sin pensarlo mucho a los enviados de Aratirí.

Pero esta vez fue diferente. Al culminar su trabajo, la empresa deja agujeros de entre 10 y 15 centímetros de diámetro y unos 300 metros de profundidad. En algunos campos hay 11 pozos; en otros 30. La mayoría ya están tapados, pero los productores dicen que en esa tierra roja nunca más crecerá pasto. Otros todavía están abiertos, resguardando el agua que la minera utiliza para sus trabajos. Los dueños de esos campos se preguntan si deberán vender sus tierras, y si las mantienen, no saben en qué condiciones será.

Entre las ovejas y vacas que pastan por la zona, se pueden ver pequeños caños blancos que salen de la tierra y que inquietan a los productores. Del resultado de la muestra que salga de allí, se sabrá qué posibilidades reales habrá de hacer de esa zona ganadera del país, un lugar de explotación minera.

hierro en mi campo. La inversión es de las más grandes en el país: serán por lo menos 1.500 millones de dólares. Hoy la minera emplea entre 80 y 100 personas de forma directa y se calcula que se ha generado una cifra similar en empleos indirectos. Una vez que comience la producción, que se estima sea en 2013, se crearán otros 1.100 puestos de trabajo directos.

Con la fase inicial de prospección y exploración, son más de 10.000 hectáreas en las que Aratirí está trabajando. La superficie se reducirá a ocho o 10 emprendimientos de no más de 250 hectáreas cada uno cuando se compruebe dónde está el mejor hierro para extraer.

Qué campos se tocarán, todavía no se sabe. "Alguna idea hay, pero hasta que no se hagan las perforaciones asociadas a la exploración, es muy difícil saber. Hemos hecho exploraciones donde esperábamos buenos resultados y no hubo, y viceversa", explicó Fernando Puntigliano, ex presidente de la Administración Nacional de Puertos quien hoy trabaja como gerente general de la empresa.

"Todo esto es trillo que dejaron", dice Estela Silvero, productora de la zona, mientras la camioneta se adentra en sus 411 hectáreas. "El campo se recorre a caballo", aclara. En su propiedad (arrienda otras 411 hectáreas) la minera dejó ocho pozos abiertos. Otros 11 o 12 están cubiertos; se ven manchones rojos a lo lejos.

Dos años atrás llegaron con un papel que les daba el permiso gubernamental para explorar. Y entraron, como les permite la ley. Ahora Estela está preocupada. Ella vive desde niña en ese campo y tiene dos hijos que mantiene con su actividad ganadera. A la que está en sexto de liceo, el campo le gusta mucho pero Estela no sabe si se lo podrá dejar. "No sabés dónde estás parada, no sabés qué hacer", repite. Cecilia también se pregunta qué vida rural quedará, si los niños no pueden mamar lo que es vivir y trabajar de ese verde.

Los predios que están denunciados para la explotación minera -un trámite que se realiza ante la Dirección Nacional de Minería- están seriamente comprometidos en su valor de mercado. Para solicitar un crédito bancario, no sirven como garantía. Para comenzar un negocio de forestación, el dueño debe correr con todas las pérdidas que una futura explotación minera pueda ocasionar a la empresa forestadora. Para la ley, el propietario no puede negarse a que le entren y le exploren y le caven pozos.

"Es una ley donde prevalece el interés del minero", sintetizó el senador Sergio Abreu, integrante de la comisión de Energía del Senado. Es que el Código Minero de 1982 inclina la balanza sólo para un lado en la confrontación entre la propiedad estatal del subsuelo y la privada del suelo. "Pueden denunciar mi subsuelo y yo no me puedo oponer. Pero el hierro puede repercutir en la posibilidad de explotación del suelo por parte del propietario", agregó (ver recuadro en página siguiente).

Amparados por esa ley, un grupo de geólogos de la empresa entró al predio de 90 hectáreas que Nelson Ribero tiene en Treinta y Tres. Estuvieron cinco días recorriendo el lugar sin más permiso que el de palabra y dejaron unos dibujos sobre algunas piedras. Al final Nelson los echó. Había escuchado los "malos cuentos" de lo que la empresa había dejado en Florida (más pozos y campos trillados). Le dijeron que más adelante lo iban a obligar a dejarlos pasar. Pero de eso hace ya un mes.

Durante la recorrida por los campos afectados que un grupo de productores realizó el viernes 26 junto al presidente de la Federación Rural, Octacilio Echenagusía, Nelson fue uno de los primeros en hablarle. Mientras observaban los rastros que la empresa dejó en la tierra, Nelson sacó un frasquito lleno de pelotitas negras que encontró en un arroyo que corre sus campos. Dentro, le mostró a Echenagusía, había un imán al que se pegaban los restos de hierro. Lo único que Nelson pide es que alguien del gobierno le explique si eso lo va a afectar o no.

Daniel Artola fue otro de los que se puso duro. Él tiene arrendado un campo de 500 hectáreas con 500 ovejas y 200 vacas. Además cuida el campo de dos familiares. Apoyado sobre el alambrado con su boina y sus pantalones anchos, dice que a la zona siempre han venido geólogos pero que "ahora la cosa cambió".

Hace un año los representantes de la minera se acercaron a uno de los dos padrones en los que está dividido su terreno y le dijeron que "aquí entraban o entraban". "En el otro nos pusimos duros", dice preocupado. Él tiene 56 años y, como el resto de los productores de la zona, lo único que conoce es el trabajo de campo.

Hace un par de meses este grupo de productores comenzó una serie de reuniones en las que, como primera medida, decidieron no autorizar el ingreso de la empresa a sus campos. Las charlas que han tenido hasta ahora con representantes de Aratirí no los han tranquilizado.

Hasta la empresa reconoce la ausencia del Estado a la hora de dar información. "Hubo una fase de transición en el Estado y aunque las autoridades tuvieron la voluntad de visitar Cerro Chato y Valentines, tal vez una presencia más masiva les permitiría a las personas preocupadas informarse adecuadamente", dijo Puntigliano.

De a poco el sistema político reacciona. El viernes 26 los productores consiguieron la presencia de Echenagusía en un acto de repudio contra el emprendimiento minero que realizaron en medio del campo, al costado de la ruta 7, y del que participaron unas 150 personas. Antes de eso ya habían visitado la zona el ex intendente de Treinta y Tres, Gerardo Amaral, y el diputado frenteamplista por el departamento Hermes Toledo.

El diputado nacionalista por Florida, Álvaro Delgado, dijo a Qué Pasa que estaría visitando también la zona. Después de Semana Santa está convocado al Parlamento el ministro de Industria, Roberto Kreimerman, para explicar el alcance del proyecto. Esta semana se anunció que el presidente José Mujica visitará los pueblos de Valentines y Cerro Chato, como también se afirmó que Aratirí estudiaría caso por caso los reclamos de los productores.

el trabajo esperado. Son las cinco de la tarde y los autos apenas circulan por la calle principal de Cerro Chato. Igual los comercios de esa localidad de 3.000 habitantes están abiertos. Y vendiendo.

Sentada afuera de su almacén, Norma Piris, asegura que desde que la minera trabaja allí, ella vende un 30% más. Cosas chicas, dice, pero que ayudan. Además comenta que los alquileres han subido y que la gente ha comenzado a arreglar sus casas en vista de esta alza del mercado. "Acá no hay fuentes de trabajo. Es en el campo o de albañil. Ahora a mucho joven lo llevan y lo traen de la minera", dice.

Es que sólo la fase inicial del proyecto ha esperanzado a buena parte de la comunidad de Cerro Chato, que básicamente vivía de trabajos zafrales en el campo. Hoy, dicen, se ve más plata circulando. Y eso ha partido en dos al pueblo.

Miriam tiene 31 años y trabaja en la panadería de la calle principal hace 11. Su hermano trabaja en la minera en la parte de clasificación y en los campos junto a otras 30 personas de la zona. "Estaba complicado antes. Él estuvo una cantidad de meses sin trabajo. Fue a Montevideo y se vino", dice, mientras termina de poner algunas masas en una bolsa de papel.

Su clienta, una mujer de su misma edad, las espera paciente. Pero antes de irse interrumpe la charla sólo para decir que ella no está de acuerdo con el proyecto de Aratirí. "A mi no me parece justo para con los productores", dice y se va.

Los comerciantes no están en contra de los reclamos de los dueños de los campos, pero se apresuran a aclarar que en el pueblo no había trabajo. Hasta que llegó la mina. Para algunos se trató hasta de un cambio en la calidad del empleo.

La familia Flores vive en una de las casas de Mevir. A la puerta atiende la esposa, cargando a un bebé de cuatro meses, el menor de cuatro hijos. Silvano, su esposo, está a unas cuadras, trabajando. Él tiene 39 años y solía trabajar en el campo, haciendo alambrados, esquilando y cualquier changa zafral que pudiera encontrar. Esto le suponía pasar unas 10 o 12 horas por día fuera de su casa. Hasta que llegó Aratirí.

"Un trabajo como este nadie ha tenido en un pueblo como este", repite. Él trabaja junto a los geólogos, perforando algunos de los campos cercanos. Dice que el estilo de vida de su familia aumentó en un 90%. "Si no estuviera trabajando en esto, quedaríamos en la nada de nuevo".

Es que a Silvano la empresa le da todos los implementos que necesita. Desde el equipo de lluvia, hasta el automóvil para llegar, e incluso el protector solar para el trabajo al aire libre. Todas las medidas de seguridad fueron tomadas. Y en vez de trabajar las 10 o 12 horas que solía, ahora trabaja 8. "Si tenemos que viajar, dos de esas horas son de viaje, no tenemos que hacer horas de más", aclara.

En la esquina de en frente, la familia Mautone toma el té. El matrimonio joven mira la televisión con el hijo de ambos, de apenas unos meses, en brazos. Víctor tiene 26 años y trabajaba en la parte administrativa del aserradero de Cerro Chato. Cuando la empresa cerró, pasó al desempleo. Hasta que llegó la mina. "En el aserradero era por hora, y si no había madera no trabajabas. Ahora es diferente. Ahora trabajás tranquilo".

Hace dos años que trabaja para Aratirí, todos los días con todos los beneficios. Y mientras el emprendimiento sigue, cosa que muchos de quienes dependen de la mina ansían, Víctor seguirá allí. "Antes en el pueblo no se veía nada más que pobreza. Ahora está todo más vivo", recuerda.

En Cerro Chato, Aratirí ha otorgado materiales para la reconstrucción después del temporal que arrasó la zona, mantiene un ómnibus que lleva a chicos con discapacidades a Santa Clara y ha apoyado otras actividades del pueblo.

También en Valentines, donde la minera instaló un galpón, se ve más movimiento. Aunque en ese pueblo, donde viven unas 200 personas, por ahora se trata sólo del pasaje de camiones. Las familias que viven a lo largo de la calle principal (y la única que hay) dicen que algún trabajo hay, pero por ahora no es gran cosa.

"No deslumbra todavía", reconoce Juan Pablo Ramos, de 70 años. Él y su esposa se mudaron al pueblo luego de vivir unos 40 años cerca de una estancia de la zona. Él también es dueño de un campo de 110 hectáreas de esos que están denunciados para la explotación minera. "Vamos a ver qué pasa", dice resignado en su casa, donde conversa todavía con la libertad de mantener la puerta abierta.

A lo lejos la ruta está tranquila. La noche comienza a caer sobre los campos y los carteles que desde los alambrados se pronuncian en contra de la explotación minera, casi no se leen. Cerro Chato y Valentines descansan. Quizá mañana alguien responderá a sus preguntas.

El atractivo que Uruguay tiene para la minera de capitales indios Aratirí no reside solamente en sus yacimientos de hierro. La cercanía al mar y su clima favorable a las inversiones extranjeras también son puntos a favor. Además el hierro que se ha encontrado en nuestro país es de buena calidad y está rodeado de magnetita, lo que significa que no se requieren procesos químicos para separarlo de los residuos. El hierro que se explote de tierra uruguaya, irá principalmente para China aunque también es posible que abastezca algunas partes de Argentina. Además, la empresa señaló que ya otros emprendimientos están contactándolos para trabajar el mineral que explote Aratirí, de manera de agregarle valor. De todas formas todavía se evalúa si el emprendimiento es viable: "todavía no tenemos la certeza de que haya hierro suficiente y es difícil no generar falsas expectativas", estimó Fernando Puntigliano, gerente general de Aratirí.

En algunos casos el rechazo que los productores sienten hacia el proyecto de Aratirí ha llegado a la Justicia. Claudia Perugorría, propietaria de un predio de 47 hectáreas, realizó una demanda por los daños que sufrió su campo una vez que ingresaron las máquinas de la minera destinadas a las tareas de exploración y prospección. Fernando Puntigliano, gerente general de la minera, explicó que los daños -un trillado que dejó marcas en buena parte de la entrada al predio- se debieron a que el ingreso del equipo, que es pesado, se hizo en un día de lluvia. Hoy el campo de Perugorría luce todo verde, aunque todavía se notan los daños a raíz de la longitud del pasto y de su color, levemente más intenso. La demanda está en las conversaciones iniciales.

El viernes 26 un grupo de 150 productores realizó un acto al costado de la ruta 7. Además de contar con una caballería que portó banderas nacionales y de Artigas, se leyó una proclama en contra del proyecto minero.

El Código Minero data de 1982 y, aunque ha sufrido modificaciones a través de decretos, ha quedado anticuado en relación a las nuevas normativas medioambientales. Por lo menos esa es la impresión del legislador Sergio Abreu, integrante de la comisión de Energía del Senado. Su intención es comenzar a hablar de modificarlo, ya sea a través de un decreto reglamentario o por la vía de una ley que lo modifique.

Por ahora, así como está, el código da todas las ventajas al minero. Además de establecer que el subsuelo es propiedad estatal, señala que el propietario del suelo no puede oponerse a las tareas de prospección y explotación. Sin embargo, por el uso de su tierra, puede ser indemnizado.

Las formas de indemnización son tres. El propietario puede vender su tierra (cosa que ya dos o tres productores han hecho, según informó Aratirí) o asociarse al proyecto, por lo cual saca un canon de 5% en los primeros cinco años, de los cuales 2% son para el Estado, y que luego asciende a 8%, de los cuales un 3% es para el Estado. También puede obligar a la minera a comprar su campo.

Aunque todavía no saben cómo la explotación minera los afectará, los productores que se ha manifestado en contra de Aratirí esperan poder quedarse con sus tierras y seguir viviendo de la actividad ganadera.