Un plan que debe esperar

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Fabián Muro

Primero sale un perro, gruñendo y ladrando. Recién cuando Sonia Fajardo -madre y abuela a cargo de cuatro hijas y una nieta- invita a Qué Pasa a entrar a su casa, el cusco regresa a su cucha.

Fajardo vive hace tres años en una construcción de madera levantada por los voluntarios de la fundación Un Techo Para Mi País. "¿Que cómo es vivir acá? Malísimo", dice sobre el día a día en el asentamiento 24 De Enero, delimitado por Avenida de las Instrucciones y Camino Durán, en el Centro Comunal Zonal 11.

En ese CCZ, y en el 9 (que abarca entre otros barrios a Jardines del Hipódromo, Bella Italia e Ituzaingó), se llevará a cabo el proyecto piloto, primera fase del ambicioso Plan de Impacto Habitacional, anunciado como una de las más importantes apuestas del nuevo gobierno.

Pero un entramado de programas, planes, leyes, estudios e intereses le puso el primer freno a ese impulso de José Mujica, según una nota publicada en El Observador. Una de las prioridades del nuevo gobierno sería postergada un año, de acuerdo a esa nota. La ministra de Vivienda, Graciela Muslera, negaba que el plan se postergaría, en el diario La República (el Ministerio de Vivienda no respondió a las consultas de Qué Pasa sobre este tema).

En el libro Pepe coloquios de Alfredo García Mujica había afirmado: "... necesitamos 20 planes de vivienda porque plata para solucionar esos problemas no tenemos ni vamos a tener; y si vamos por el camino clásico de que una vivienda me cuesta 25.000 dólares por la vía empresarial, minga van a tener vivienda".

También relataba en esas páginas algunas de sus recorridas por los "cantes", con su mayoría de mujeres y jóvenes.

Podría estar referiéndose al 24 De Enero, donde las mujeres, niños y adolescentes son legión, aunque ahí nadie de los consultados recuerde que algún político haya estado por ahí para recabar información sobre las condiciones habitacionales. "Bah, una vez vino (Rafael) Michelini, hace unos años", recuerda Matías, desocupado, de torso desnudo y pelo oxigenado. Cuando se le pregunta si se acuerda de qué dijo, hace un ademán despectivo: "Dejá… son todos iguales esos".

A menos de un mes de la asunción ya se constataron algunas diferencias sobre las medidas y las herramientas que el Ejecutivo piensa mobilizar para atender a aquellos que hoy viven en condiciones precarias, a los que se quiere asistir con una vivienda de "dignidad básica", como lo expresó la senadora Lucía Topolansky en Brecha.

Definir lo que es "dignidad básica" puede ser complicado. Como también lo es diagnosticar cómo y dónde actuar, por dónde empezar y dónde poner el límite para una política pública.

Para Nelson Oliveira, tesorero de la Federación Uruguaya de Cooperativa de Viviendas por Ayuda Mutua (Fucvam), una vivienda digna es más que la cantidad de habitaciones, los metros cuadrados o los servicios disponibles. De acuerdo a su visión, el problema de la vivienda debe enfocarse de manera "integral" y pensar en cómo los vecinos a los que se les entregará una vivienda van a seguir con sus vidas después de construido el hogar.

Pero antes de llegar a temas como la autogestión y el mantenimiento de la vivienda hay dos variables ineludibles en cualquier enfoque que quiera proporcionar un unidad habitacional de "dignidad básica": el costo de materiales y el costo de la tierra. "Eso es igual para todos. ¿Dónde se hace la diferencia? Para nosotros, en la gestión de los recursos -si está prevista la ganancia- y en la mano de obra", afirma Oliveira.

Ésta puede ser contratada en su totalidad o en un 70% como hace Fucvam (el 30% restante de la mano de obra la ponen los integrantes de las distintas cooperativas). ¿Resultado del cálculo de Fucvam? Una vivienda nueva de ladrillos que cuesta 25.000 dólares por unidad y se construye durante 18 meses. En comparación, Oliveira dice que el Ministerio de Vivienda ha entregado construcciones que costaron 70.000 dólares.

Juan Pablo Cibils, de la fundación Un Techo Para Mi País, es consciente de que la solución que su organización ofrece es paliativa, pero acota que se trata de no quedarse quietos. "Partimos de la base de que esto es una solución de emergencia, pero queremos acercar nuestra experiencia y ver cómo podemos aportar", explica Cibils y se alegra de que el presidente ya se mostró predispuesto al diálogo con la fundación, ofreciéndoles una oficina en residencia presidencial de Suárez y Reyes. La fundación construye en un fin de semana un refugio por un costo total de 30.000 pesos.

El gesto de Mujica puede dar lugar a conflictos. Oliveira opina que Un Techo Para Mi País no soluciona nada porque le da a la gente algo ya hecho y no involucra al destinatario de la ayuda. Cibils refuta eso diciendo que la fundación sí hace trabajos posteriores a la construcción de la cabaña de madera que no tiene baño ni instalación eléctrica.

Por el lado del Sindicato Único de la Construcción (Sunca), Iván Hafliger, se desmarca de la ONG. El sindicato no quiere eso como respuesta para el país, afirma. También se desmarca de otra cosa que dijo el hoy presidente: que el Sunca "se iba a poner de punta" contra el voluntariado. "De ninguna manera. El Sunca ya practicó el voluntariado. Además, el gobierno sabe que el voluntariado no resuelve el grueso del problema", aseguró Hafliger.

Para él, hay una "mirada en común" con el Poder Ejecutivo sobre los déficits cuantitativos y cualitativos en materia de vivienda: "En ningún ejemplo se bajaría de aproximadamente 80.000 viviendas que deberían construirse. Y nunca se puede construir una vivienda con menos de 40 metros cuadrados", afirma el sindicalista y se basa en un estudio de Benjamín Naohum, uno de los asesores de Fucvam. Hafliger concluye que el objetivo tiene que ser cumplir con la ley nacional de vivienda. "Con eso, ya estamos en camino a solucionar la mayor parte del problema".

Pero hay otras visiones. Un estudio, realizado por los economistas Carlos Casacuberta y Néstor Gandelman en 2006 (titulado Déficit habitacional y capacidad de acceso a la vivienda en Uruguay) señala diferencias "metodológicas" con la investigación de Naohum. En la introducción al estudio, Casacuberta y Gandelman exponen que "un foco importante de la discusión de política pública debe estar antes que en la generación de nuevas soluciones habitacionales, en la canalización de las viviendas ya disponibles al mercado formal".

En este punto, los académicos expresan una opinión que tiene puntos de contactos con las que tiene el empresario de la construcción Eduardo Campiglia (ver recuadro).

Irregulares. El dato más reciente es que 200.000 personas viven en asentamientos irregulares, o sea los que tienen mayor urgencia por una solución habitacional. El dato es de 2006 y fue elaborado gracias al trabajo conjunto del Programa de Integración de Asentamientos Irregulares (Piai), que está en la órbita del Ministerio de Vivienda, y el Instituto Nacional de Estadística.

En el 24 De Enero, Sonia se ilusiona con unas viviendas nuevas que construyeron del otro lado de Instrucciones, yendo por Domingo Arena y doblando a la derecha. "¿No nos darán una de esas? Sería un sueño", comenta esperanzada. Dice tenerle una "fe bárbara" al presidente.

Maryori Panizza, referente barrial y vecina de Fajardo, es más escéptica. Hace cinco años que vive en una de las construcciones de madera levantadas por Un Techo Para Mi País y sostiene que le ha resultado muy difícil lograr que alguien del sistema político "se embarre" y vea con sus propios ojos las condiciones en las que viven en el 24 De Enero.

Panizza, además de comentar con sorna el carácter "transitorio" de una solución en la que vive desde hace cinco años, habla de otro problema al que se enfrenta el Plan de Impacto Habitacional: la propiedad de la tierra.

Muestra un recibo de tributo domiciliario que la Intendencia capitalina puntualmente envía a los residentes de esa zona y que se niega a pagar. "Lo pagaría si supiera que a la larga el predio va a ser mío. Pero ¿y si no? ¿Si pago durante años y luego me echan porque el terreno no se pudo regularizar?"

Allí donde Fajardo ve la materialización de sus sueños, cruzando la avenida, las pocas casas inauguradas se destacan como aislados focos de confort en su nivel más primario. Son casas construidas en el marco del programa Piai, de ladrillo y material, con los servicios a los que supuestamente todos tienen derecho, entre ellos luz y saneamiento.

Delia Rodríguez, subcoordinadora del Piai, aclara que pese a estar en la órbita del Ministerio de Vivienda, el Piai tiene un funcionamiento autónomo. "No estamos integrados", dice y agrega que el programa viene de la administración de Jorge Batlle, continuó durante la de Vázquez y puede seguir incluso más allá de la presidencia de Mujica. "Es un programa que contiene infraestructura y viviendas, además de otros servicios", explica Rodríguez y recuerda que su programa sólo puede actuar cuando los predios son de propiedad pública o están en condiciones de regularizarse a nivel municipal.

Hasta la fecha, el Piai -finanacido por el Banco Interamericano de Desarrollo- lleva entregadas 500 viviendas, mejoró 400 y contribuyó con la construcción de red de saneamiento, red de agua potable, alumbrado público, calles y veredas.

Más allá de estos logros, la sensación de falta de coordinación entre organismos oficiales, las idas y venidas en materia de declaraciones y las visiones discrepantes entre algunos entendidos e involucrados le da los primeros golpes a uno de los planes más defendidos por el nuevo gobierno.

"Vamos a convocar a tres o cuatro soldados para que cuelguen el tablón y los bloques" dijo el presidente en su primer discurso ante las Fuerzas Armadas. El empresario Eduardo Campiglia piensa que toda ayuda es bienvenida, pero que entre constructores y cooperativistas hay capacidad de sobra.

Cantidad de viviviendas que sería necesario construir, según estudios apoyados por el Sunca.

dólares y 18 meses de trabajo es lo que costaría una vivienda de buena calidad, según Fucvam.

pesos cuesta una cabaña de madera de Un Techo Para Mi País, sin luz ni baño. Se levanta en dos días.

millones de dólares otorgados en línea de crédito (pueden usarse o no) por el BID para el Piai.

Los operadores privados, por ahora, balconean la discusión. Qué Pasa llamó a la inmobiliaria Villamide Propiedades y a la constructora González Conde, quienes declinaron realizar declaraciones. El ingeniero Enrique Campiglia sí accedió a dar su opinión y sostuvo que no es necesario construir mucho. "Con la riqueza que ya tenemos disponible en el país, por ejemplo activando predios que el Estado tiene inactivos". Para él, una manera de apurar el proceso sería que el costo adicional se debe pagar en obras en barrios favorecidos vaya directamente a un proyecto de "vivienda social".