"Se podría acordar porque la oposición está extenuada"

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Desde hace años se usa la frase "empate catastrófico" para describir la situación política y social boliviana: un país dividido por líneas geográficas, étnicas y sociales muy claras. En la zona andina, ubicada en el occidente, la población indígena es mayoritaria, la mentalidad es de tipo estatista, los niveles de pobreza son más elevados y la popularidad del presidente Evo Morales es abrumadora.

En la región amazónica y del sur -denominada la Media Luna -, la población blanca y mestiza es mayor, existen ingentes recursos naturales como gas natural y petróleo, la mentalidad es más bien proclive a la empresa privada, la pobreza es menor y la popularidad del presidente baja. Mientras estas condiciones existieran, se decía, el "empate catastrófico" persistiría y ninguno de los bandos podría vencer al otro. En ese escenario, lograr la pacificación y la reconciliación parecía remoto.

Esto es justamente lo que podría estar a punto de cambiar. Morales tiene una abrumadora popularidad en la región andina, que se reflejó en el 77% de votación que obtuvo en esos departamentos en el referéndum revocatorio, del 10 de agosto. Pero ahora se sabe también que su respaldo es importante en las tierras bajas: 42%, diez puntos más que lo obtenido en las elecciones presidenciales de 2005. Es más, en los cuatro departamentos de la Media Luna -controlados por prefectos opositores al gobierno- el presidente ganó en más de la mitad de las provincias rurales (venció también en el 100% de las provincias rurales andinas).

De 112 provincias a nivel nacional, Morales ganó en 95, una aprobación inédita en la historia democrática. Con este nuevo escenario, la pacificación podría estar más cercana, pero como la consecuencia de la imposición del oficialismo, no de una negociación equitativa.

Después del referéndum, las encuestas señalaron que Morales lograría que se apruebe la nueva Constitución Política del Estado redactada por la bancada oficialista de la Asamblea Constituyente, pero declarada como ilegal por la oposición. Esa constitución aprobaría la reelección de Morales, centralizaría el poder, les daría derechos políticos a los pueblos indígenas, aprobaría una reforma agraria y daría un curso estatista y socialista a la sociedad boliviana.

El solo anuncio, hace dos semanas, de que el Presidente llamaría a elecciones para aprobar esa nueva Constitución generó un espiral de violencia con saqueos, atentados contra los gasoductos que van a Brasil y Argentina, ataques a medios de comunicación gubernamentales, bloqueos de carreteras y, finalmente, enfrentamientos que causaron 30 muertos y decenas de desaparecidos.

La violencia, alentada indirectamente por los prefectos opositores, generó una reacción contraria por parte de la opinión pública de esas regiones, agotadas por más de tres semanas de bloqueos que no lograron debilitar al gobierno y generaron escasez de alimentos y combustibles. La violencia, además, obligó a dialogar. El martes se llegó a un acuerdo sobre las bases que tendrá la negociación: devolución a las regiones de ingresos por un impuesto hidrocarburífero, posponer por un mes la convocatoria a referéndum sobre la nueva CPE y debatir cómo acrecentar la autonomía departamental.

Los prefectos se comprometieron a devolver las instituciones tomadas y aceptar el pago de un bono de vejez que rechazaban, porque reducía sus propios ingresos. El acuerdo estaba en su etapa final cuando el gobierno detuvo sorpresivamente al prefecto Leopoldo Fernández, uno de los cuatro líderes regionales que desafiaban al gobierno. En un reflejo de lo extenuadas que están las fuerzas opositoras, los otros tres firmaron el acuerdo, pese a esa detención. Hace una semana eso hubiera sido imposible, porque la Media Luna era prácticamente inexpugnable. Si las regiones consiguen una autonomía razonable y ceden en su demandas -que la tierra sea controlada por los prefectos en vez del Estado, y que la Policía dependa de la región y no del Presidente (dos de los temas nodales)- el país estaría a las puertas de un acuerdo que podría estabilizarlo.

Raúl Peñaranda es periodista y analista político. Fue director y fundador de los semanarios La Época y Nueva Economía. Fue también editor de economía y asesor editorial del diario de La Razón, además de jefe de redacción del diario Última Hora.

La complicada situación política de Bolivia ya generó muertos y ahondó en una división social que es histórica. El enfrentamiento entre el gobierno y las regiones que buscan autonomía y hasta independencia total de los dictados de La Paz, puso en riesgo la continuidad institucional boliviana y obligó a los gobiernos de varios países a reunirse para propiciar un diálogo entre el oficialismo y la oposición. Para el periodista y analista político Raúl Peñaranda, sin embargo, los últimos acontecimientos -la nota fue escrita en exclusiva para Qué Pasa el miércoles- inspiran una pequeña cuota de esperanza para la estabilidad política boliviana.