La vida en rojo

Un 69% de los policías sufren retenciones de créditos o préstamos contraídos que en algunos casos pueden llevarse hasta el 70% del salario. Ellos dicen que no tienen otra forma de llegar a fin de mes pero el Ministerio del Interior no lo ve tan complicado.

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César Bianchi

Son muy pocos los policías que se forman en la Escuela de Policía, según el Censo de Funcionarios del Ministerio del Interior divulgado a comienzos de mes. Luz del Alba Alaniz fue una de ellas. Y salvó con buena nota: nueve sobre 10. Ingresó a la Policía el 1° de noviembre de 1996.

Una foto en su precaria casa de Paso de la Arena la muestra, el día de su graduación, con su impecable camisa celeste, pantalón, corbata y gorro azul. La indumentaria oficial hacía juego con una sonrisa. Estaba feliz, radiante, porque toda la vida había querido ser policía.

Un par de años después dejó de estar tan segura de que haya sido una buena idea. Tras haberse desempeñado en la Comisaría de Mujeres y en la complicada Seccional 24, el ministerio la pasó en comisión al departamento de Cerro Largo. Ni bien llegó, se enteró que había sido dada de baja. No supo por qué, pero aprovechó que su hija fue becada en la escuela para entrevistarse con el entonces presidente Jorge Batlle y fue con ella. Dos días después, estaba trabajando nuevamente. Ahí, todo empeoró aún más.

Su hijo Juan José, entonces de cuatro años, se enfermó gravemente y Luz debió pedir un préstamo para poder costear su tratamiento y los constantes traslados a Montevideo. "Cuando un hijo se te enferma, te endeudás y más con el salario de policía", explicó la madre.

Alaniz denunció haber sido víctima del racismo de algunas jerarquías policiales de Cerro Largo. Según ella, por esa discriminación le quitaron su arma, el uniforme y el carné policial (dice que el comisario inspector Humberto Cardozo le dijo "gente de color no merece carné de policía"). Su legajo decía que era "fajinera" cuando debía ser ejecutiva. Además, durante años no le pagaron Hogar Constituido y Asignación Familiar. Cardozo declinó a hacer declaraciones sobre el tema, aclarando que hizo sus descargos en el ámbito de una investigación ministerial.

Y todo empezó por haberse "empeñado" pidiendo préstamos. Fue después de estar sobreendeudada que el entonces jefe de Policía de Cerro Largo, Santiago Vitabárez, le dijo que no le pagaría por esos conceptos con el argumento de que, según dijo ella, era "gastadora compulsiva".

Según la vicepresidenta del gremio de policías Coordinadora Nacional de Sindicatos Policiales (Conasip), Adriana Cedrés, el 80% de los policías vive endeudado y cobra apenas el 30% de su sueldo. "No hay otra forma de llegar a fin de mes. Nos empeñamos por el ritmo de vida, por el costo de vivir", argumentó Cedrés.

El Ministerio del Interior dice otra cosa. Fuentes de la secretaría de Estado recordaron que el salario nominal de un agente de segunda (el cargo más bajo) era de 5.623 pesos en enero de 2005, subió a 8.600 en enero de este año y proyecta que será de 9.226 el próximo enero. El salario líquido para grado uno era de 5.035 en enero de 2005 y es actualmente de 7.700 pesos.

Según los policías sindicalizados, son cifras de fantasía. "La mayoría no cobra eso en la mano, cobra apenas lo mínimo, el 30% del sueldo, no mucho más de 4.000 pesos. Por eso hacen el 222, por eso piden préstamos", dijo Cedrés. El titular de la Conasip, Richard Ferreira, agregó: "el tema es qué se aporta a la caja, a la jubilación. Ahí está la clave".

El Ministerio del Interior tiene otra visión. "Lo de pedir préstamos no es un argumento válido. Ni siquiera poniéndonos en gremialistas: uno tiene que pedir aumento, no argumentar que se endeudó. Vos seguro que tenés tarjeta de crédito, y en el diario no se hacen cargo ni te dicen cómo administrar tu dinero", dijo la fuente.

Un dato del propio censo es revelador. Al 69% de los 22.000 policías consultados se les hacen descuentos en sus salarios por créditos. No es el 80% que pronosticó la Conasip, pero se está más lejos de la sensación ministerial.

Algunos testimonios recogidos por El País el 1° de setiembre, cuando divulgó los resultados del censo policial, dan cuenta de la realidad de policías en el interior del país. Richard, un policía de Salto de 45 años, cuando se le preguntó si solicitaba préstamos mensualmente contestó de forma elocuente: "a un policía no es necesario preguntárselo".

Juan, artiguense de 47 años, dijo: "Alquilo una casa modesta porque mi mujer trabaja como doméstica y arrima algún peso, sino, no sé qué haría".

Y María, una policía salteña de 29, adujo vivir "de agregada" en lo de sus suegros; dijo que aún no había solicitado préstamos, porque prefería esperar "un poco más".

Muchos de esos 15.180 policías (de 22.000) que necesitan pedir préstamos, viven apenas con el 30% de su salario, un porcentaje que de acuerdo a una ley de esta administración es el mínimo que pueden cobrar de su sueldo.

Hasta la gestión del ex ministro José Díaz, un policía podía cobrar "estrellitas" o "asteriscos". Eso pasaba cuando le habían descontado su sueldo íntegro por los préstamos pedidos y en el lugar del importe a cobrar figuraban asteriscos.

Eso le pasó durante un buen tiempo a Alfredo Fialho, un agente de segunda de la ciudad canaria de Tala.

CON TRES MIL. Hombre de negocios, de almacén al por mayor, Alfredo Fialho sintió todo el peso de la crisis de fines de 2001 y se fundió. Hacía siete años que esperaba con su carpeta pronta el aval para ingresar a la Policía Nacional. El 10 de enero de 2002, a los 38 años, se le dio y se vistió de azul. Por ese entonces tenía mujer y dos hijas, Nieneska y Caterina.

Comenzó a trabajar en la Seccional 13, yendo y regresando a Tala todos los días. Como demostró ser un buen policía, lo llamaron desde Jefatura y lo ascendieron al departamento de Comunicaciones. Ganaba apenas 4.000 pesos en su horario rutinario y unos 8.500 con el servicio 222. Trabajaba 16 horas por día.

Meses después, se separó. "La vida de los policías del interior que se vienen a Montevideo es dura. Y a la mayoría nos afecta la vida afectiva. Yo salía de mi turno, dormía en una piecita en un fondo de la seccional y salía al 222. Llegaba a las 7 y pico de la mañana, pero a las 12 tenía que estar en pie, bañado y afeitado para volver a mi horario habitual".

Un día estaba en la Mesa Central de Operaciones, frente a su computadora, cuando empezó a sentir un dolor en la espalda, contra la nuca. Para no perder sus ingresos del 222 no dijo nada a sus superiores, ni consultó un médico. Sólo se frotó piedras de azufre.

Cuatro días después, como el dolor persistía, fue al Hospital Policial. Le dieron suero con calmantes y a trabajar. "De ahí en adelante se hizo permanente", relata Fialho, quien se infiltraba para no perderse los ingresos extra del 222.

Un superior notó que para escribir en el teclado con el brazo izquierdo debía sostenerlo con el derecho y lo conminó a volver al doctor. Era noviembre de 2003 y hacía un mes que acarreaba algo más que un simple estrés y contracturas. Tras una tomografía le dijeron que tenía una hernia de disco en la cervical.

"Desde que me infiltré hasta hoy ha sido un martirio. Me dijeron que es algo crónico y tengo que aprender a convivir con ese dolor. Tengo cervicobraquialgias y triple hernia de disco. Cuando se me inflama la zona me empieza a doler todo el costado izquierdo, siento un hormigueo por todo el cuerpo y hasta parálisis facial".

De mañana hacía ejercicios de fisiatría y de tarde trabajaba en una subcomisaría en Euskal Erría y a las 22 se tomaba el último ómnibus a Tala. Luego de formada una junta médica lo declararon no apto para trabajar. El 28 de enero de 2005 sintió una parálisis tan fuerte que le pareció morir. Estuvo internado 28 días.

Ahí fue cuando los médicos le aconsejaron que dejara el servicio 222, pero lo declararon parcialmente apto para trabajar, cuando lo suyo era crónico, tal como le habían informado.

Empezó a vivir con poco menos de 4.000 pesos y hoy se mantiene con 3.400. Recurrió a los préstamos. "Saqué créditos en la Caja Nacional, en Copac, y tenía que pagarme los traslados a Sanidad Policial". En bedelía de la Caja Policial le dijeron que no había recursos para él, y en Recursos Humanos le repitieron lo mismo.

El Hospital Policial no le facilitó medicamentos. Tampoco puede pagarlos, los consigue a través de un médico amigo que costea los 800 pesos de los desinflamatorios, potentes calmantes y protectores gástricos que necesita.

Le sugirieron hacer hidroterapia en el Hospital Militar, pero sólo va cuando puede pagarse los pasajes. Lo mismo con el resto del tratamiento: va ni bien cobra, sino no va.

Como debe pagar mil pesos de luz, vive con los restantes 2.400 que cobra.

Dejó de trabajar por completo cuando volvió a ser internado en la Navidad de 2006. En mayo de 2007 su abogado presentó un recurso de amparo administrativo y en agosto de este año una junta médica del Policial lo citó. Luego de que lo declararan absolutamente no apto y después parcialmente apto, Fialho sostiene que no se puede valer de sí mismo.

Gasta 600 pesos por mes en alimentos que el almacenero le fía y se hace ensopados para que duren varios días. Entre luz y agua paga 1.600 pesos, la mitad de su salario.

Entre todos los créditos que pidió debe 60.000 pesos aproximadamente, y sobrevive con poco más de 2.000. "Comencé a endeudarme con toda la parte burocrática, los pasajes, la medicación y no poder hacer el 222. Soy policía... y diga que tengo un amigo médico".

De acuerdo a la ley orgánica policial, Fialho pretende que lo retiren con la jubilación de un sargento. "Me dicen que trabajar o no depende de la voluntad de un superior para dejarme hacer tareas administrativas. Pero no puedo portar armas, tengo que pagar 150 pesos por día de boletos y no dependo de mí mismo. ¿Cómo hago? ¿Y de dónde saco plata para hacerme los tratamientos? Alguien que me conteste".

Para los policías agremiados, casos como los de Fialho abundan. Para el Ministerio del Interior son excepcionales.

La cartera argumenta que se ha preocupado por agregar más beneficios a los aportes jubilatorios, pero los policías insisten con que sólo el "sueldo base" (1.413 pesos en octubre de 2006, 1.685 en marzo de 2008) es lo que cuenta.

"Por lo que yo me voy a jubilar es por esto del `sueldo base`, todos lo demás ítems del recibo de sueldo, que no sabemos qué significan, no se toman en cuenta. Y lo peor es que viene un gobierno de otro color y las puede volar y no tenemos derecho al pataleo", se queja Cedrés de la Conasip.

Para discutir este punto, el gremio, con el apoyo del diputado del Movimiento de Participación Popular Esteban Pérez, le solicitó una reunión al presidente Tabaré Vázquez.

"Lo que reclaman está bien. Que si vos ganás 7.000, no te den 1.300 cuando te jubiles. Pero no se puede lograr de golpe, porque no hay plata. Lo mismo pasa con regularizar el 222", reconoció un vocero ministerial, que pidió no ser identificado para hablar de un tema tan sensible.

La misma fuente dijo que muchos policías apelan al "discurso de la lástima" diciendo que "viven en los mismos barrios que los pichis y eso no es del todo cierto", estimó. Para la cartera ese es un "mito derribado" considerando que el censo aportó el dato de que sólo el 5,8% (1.329 policías) viven en asentamientos. El informante dijo que muchos funcionarios por lo bajo reconocen que "tapan agujeros" con el sueldo base, y "hacen la diaria" con el 222.

Sea como fuere, los policías que se endeudan para llegar a fin de mes son casi el 70% según arrojó el mismo censo policial que señaló la fuente del ministerio.

Una de ellas es Luz Alaniz. Sola, de 43 años y con cuatro hijos, vive en una precaria vivienda de Paso de la Arena, a donde llega a dormir a las 23 horas luego de trabajar como telefonista en la Seccional 23 seis horas, vender ropa que le regalan, cuidar coches y mendigar en la calle.

Cuando estaba en Cerro Largo, Alaniz -"fajinera" en su legajo cuando debía ser ejecutiva- limpió celdas y calabozos, y debía comer después de sus colegas policías y hasta los presos. También "requechaba" de las sobras.

En 2002, su hijo con cierto retardo se enfermó, y debía viajar dos veces por semana al Policial en Montevideo. Como no tenía para el boleto, viajaban en un camión de verduras.

Cuando sus recibos de sueldo eran de asteriscos (no cobraba ni un peso de tan endeudada que estaba) y sin vivienda, la mandaron a una chacra policial, a 12 kilómetros de su comisaría.

Solicitó el regreso a la capital y la mandaron a la Seccional 19 de Paso Molino. Le quedaba a trasmano porque vivía en el asentamiento El Callejón del 40 Semanas. El pase a la 23 lo consiguió luego de encadenarse frente al Ministerio del Interior el 7 de enero pasado.

Ese día el subsecretario del Interior, Ricardo Bernal, se comprometió a estudiar su caso. Bernal no respondió los llamados de Qué Pasa. Por su parte, el fiscal de la Policía Héctor Di Giacomo dijo no haber investigado el caso de Alaniz, pero prometió llamarla y conocer sus denuncias de primera mano.

Mientras atiende el teléfono en una comisaría, cuida coches y pide monedas para comer, Alaniz se siente tan policía como el primer día en que se recibió y se uniformó de azul.

"Es mi vocación, siempre quise ayudar a la gente. Si veo un problema en la calle, yo me meto aunque esté desarmada y no tenga carné policial. Sé lo que juré el día que ingresé a la Policía. Es un orgullo para mí, porque aunque la ministra y todos digan que no, yo soy policía".

Preocupa el servicio 222

Un resultado que complica a la cartera es que 14.636 policías de los 22.000 que se dedican a tareas ejecutivas, complementan sus ingresos con los del servicio 222. "Dos terceras partes de los policías destinan parte de su tiempo libre a seguir trabajando", dijo el ministerio. Reciben 47 pesos por hora.

Endeudados, instruidos y con vivienda

El Censo de Funcionarios del Ministerio del Interior difundido el domingo 31 de agosto por la secretaría de Estado "puso en aprietos distintos estereotipos y preconceptos sobre el perfil de los funcionarios policiales", según dice. Según una nota de El País, se desprende del mismo que son más instruidos de lo que se creía, son menos de los pensados los que viven en asentamientos y zonas de pobreza (5,8% de los consultados) y sí, tienen un elevado nivel de endeudamiento (el 69% tiene créditos que se le descuentan del salario hasta un máximo del 70%). El 36% de los consultados es arrendatario o inquilino de una vivienda (18.665) y 5.466 es ocupante con relación de dependencia. Unos 146 son ocupantes sin permiso del dueño. Los 14.363 policías que realizan tareas en el 222 realizan 104 horas promedio, lo que implica 3,5 horas por día, sumadas a las de su horario habitual.

Policiales

Heladeras cero

La heladera de Alfredo Fialho en su vivienda prestada de Tala tiene un trozo de pollo viejo, arroz, una cacerola chica con ensopado y agua. La de Luz del Alba Alaniz no está mucho más repleta que se diga. Cuando accedió al pedido de Qué Pasa mostró que guardaba arroz, aceite de maíz, una bolsa de papas y cuatro aguas embotelladas. También un trozo de carne (aguja).

Ante Vázquez

La Conasip, con el aval del Pit-Cnt, solicitó una reunión con el presidente Vázquez para plantearle una reforma en la ley jubilatoria en el reglamento de disciplina, además de un incremento salarial por medio de tiques alimentación.

Bernal enterado

El martes 8 de enero El País publicó que el subsecretario del Ministerio del Interior, Ricardo Bernal, se comprometió a paliar la situación de la policía Luz Alaniz y a investigar presuntas irregularidades en la jefatura de Cerro Largo. El viceministro dijo que estudiaría su caso. Pero...

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