El Poder Judicial necesita refuerzos y otra vez depende del Legislativo para obtenerlos. Aunque el presidente Vázquez dice que apoya la independencia financiera de la Justicia, las propuestas para concretarla no aparecen y la Rendición de Cuentas obliga a la Suprema Corte a someterse al control del Parlamento. La idea de la Justicia es especializarse y crecer en áreas muy problemáticas a partir de 2009. Propone dos nuevos juzgados letrados de primera instancia de familia, especializados en violencia doméstica, lo que implica nombrar dos nuevos jueces y 18 cargos técnicos, administrativos y auxiliares. En 2007 los casos de violencia doméstica se incrementaron 50% respecto a 2006. Hoy existen cuatro juzgados de este tipo. La propuesta reclama también tres juzgados letrados penales de primera instancia, especializados en crimen organizado, una novedad acordada con la Junta Nacional de Drogas para fortalecer el combate contra el narcotráfico y el lavado de dinero. Serían tres jueces y 25 funcionarios asociados. En 2005 se dio el primer procesamiento por lavado de activos o asistencia al lavado y desde entonces se constataron 20 casos.
El poder del Estado que no maneja sus propios fondos quiere más: un tribunal de apelaciones en materia laboral, un tribunal penal de apelaciones, un juzgado letrado penal de primera instancia en Maldonado y cinco juzgados letrados de instancia única en Montevideo. Las prioridades edilicias son culminar las obras del Edificio Plaza Cagancha y las inversiones en los inmuebles de Rondeau y Valparaíso para justicia de familia y en J.C. Gómez 1240 para la justicia penal.