En Corea del Sur, la cultura de entregar sobornos tiene gran arraigo.
En enero, el gobierno bajó la presión de grupos cívicos y sacerdotes católicos activistas, inició una investigación de Samsung Group, el mayor conglomerado dirigido por una familia. El gobierno designó un letrado especial para investigar las versiones de un ex abogado de Samsung de que el grupo manejaba un fondo secreto destinado a sobornos. El 17 de abril, los fiscales emitieron una decisión mixta: no descubrieron ninguna prueba de sobornos pero acusaron al presidente de Samsung, Lee Kun Hee, de evadir el equivalente de US$ 114 millones en impuestos mediante las cuentas de otros ejecutivos.
También acusaron a Lee, de 66 años, de incumplimiento del deber por incurrir en pérdidas cuando ayudó a su hijo a obtener el control de filiales de Samsung Group. Otros nueve ejecutivos fueron acusados de infracciones similares, entre ellos Lee Hak Soo, de 61 años, vicepresidente de Samsung Electronics Co., y Kim In Joo, de 49 años, director general de la oficina de planificación del grupo.
Samsung pidió disculpas, diciendo que anunciaría "planes de reformas". A mitad de semana, Lee renunció a la presidencia.
Según avanzaba la investigación, Corea del Sur enfrentaba un dilema: si se imponían duras sanciones contra Samsung -que fabrica desde semiconductores a embarcaciones y es un símbolo de la aptitud tecnológica de Corea-, el daño podría causar turbulencia en el mayor empleador privado del país. Y si la pesquisa aparecía como un blanqueo, los inversionistas extranjeros que habían reclamado más transparencia de las compañías coreanas podrían sentirse decepcionados.