LAURA ROCHA

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La Triple Frontera es una zona donde confluyen los límites de Paraguay, Brasil y Argentina. Es una región con una realidad sociopolítica y cultural compleja. Hay varios ríos que separan los países, así como tres aeropuertos y dos puentes internacionales. La zona también se destaca por el movimiento regular e irregular de sus fronteras, lo que contribuye a que sea más vulnerable a las redes criminales que operan con la trata de personas.

Cynthia Bendlin, consultora de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) en la Triple Frontera, lo explica: "La porosidad de la frontera y los distintos niveles de gobierno que tienen jurisdicción en la zona complican muchísimo la lucha contra la trata de personas. La intención es apuntar a la prevención. Poner luz sobre este delito para que la comunidad esté atenta".

Bendlin, que fue elegida como la mujer del año por el Departamento de Estado estadounidense por su trabajo en la región, contó que unas 500.000 personas viven en la zona. Aunque las estadísticas de casos de trata con fines de explotación sexual son escasas, el personal de Migraciones de Puerto Iguazú estima que el 20 por ciento de las personas captadas tiene menos de 18 años.

"En muchos casos el reclutamiento está a cargo de algún familiar o persona conocida que cobra entre 1.000 y 1.500 pesos por la captación y el traslado", explicó un funcionario de Puerto Iguazú que pidió reserva de su identidad. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) estima, a su vez, que en la Triple Frontera al menos 3.500 chicos y chicas de menos de 18 años están en situación de explotación sexual.

El "Estudio exploratorio sobre trata de personas con fines de explotación sexual en Argentina" de la OIM estima que por una mujer se paga entre 100 y 5.000 pesos, dependiendo de la zona, de la edad y las características de la "mercadería". La práctica más común de captación es el engaño, pero está extendido el secuestro.

El Centro de Atención y Prevención a Niños, Niñas y Adolescentes en Situación de Explotación Sexual Comercial de Paraguay, informó que el año pasado atendió a más de 120 víctimas de explotación sexual infantil en Ciudad del Este, de las cuales el 70% fueron casos de trata. Brasil, por caso, tiene un potencial de 6.000 víctimas de trata en la triple frontera.

La OIM identifica a Misiones como el área principal de reclutamiento. De allí las chicas son llevadas para ser explotadas en prostíbulos de Buenos Aires, Córdoba, La Pampa, Entre Ríos, Santa Cruz, Chubut y Tierra del Fuego. "Hay un predominio de la trata interna, pero también se detectaron casos de trata internacional, sobre todo de mujeres de nacionalidad paraguaya que ingresan por Misiones y Entre Ríos", dice el informe.

Los chicos y chicas tienen en promedio entre 8 y 18 años, trabajan en las calles, sobre todo en los alrededores de zonas aduaneras y del paso fronterizo de La Amistad, y son reclutados por las redes de explotación cuando están en la vía pública pidiendo monedas o cruzando las fronteras como parte del sistema de contrabando de mercaderías. También están en clubes nocturnos, cabarets, bares, burdeles, discotecas e incluso en los hoteles, según relevamientos de la OIT.

Sin embargo, no sólo la explotación sexual es el tema preocupante. También lo es el reclutamiento mediante engaño con fines laborales. Y es uno de los asuntos que más preocupa a la comunidad internacional: se trata del tercer negocio más redituable del mundo, luego del tráfico de drogas y de armas, con ingresos estimados en 32.000 millones de dólares, según la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Ante esta situación, el gobierno nacional creó el año pasado un programa de lucha contra la trata, que depende del Ministerio de Justicia. En sólo dos meses se rescataron cuatro víctimas, según las cifras oficiales.

A ese programa se suma la atención de denuncias del Instituto contra la Discriminación (Inadi) sobre trata de personas, que funciona desde 2006. Entre marzo y diciembre del año pasado recibió 178 denuncias, el 70% de ellas referidas a situaciones relacionadas con la explotación sexual de mujeres, y el 22%, referidas al trabajo esclavo.

Siete de esos llamados fueron realizados por personas que lograron fugarse: "Tomamos la denuncia porque creemos que la trata es un caso gravísimo de discriminación de género y también al migrante", explicó María José Lubertino, presidenta del Inadi.

"El cambio debe ser cultural. Yo recorro lugares del país que son ruta de la trata y se encuentran muchas situaciones que son invisibles o naturales para esa sociedad", agregó la funcionaria.

En lo que se refiere a explotación laboral, la comunidad más afectada es la boliviana. Desde hace dos años se han descubierto, sólo en la capital, una docena de talleres textiles clandestinos en donde estas personas vivían como esclavos en pleno siglo XXI.

Las víctimas de explotación sexual extranjeras en Argentina son, en su mayoría, paraguayas y chilenas. Llamativamente en Chile, las argentinas lideran el triste ranking de víctimas de la trata con fines sexuales.

Susana Trimarco es madre de Marita Verón, desparecida desde 2002. En su búsqueda llegó a infiltrarse en el mundo de la trata, desbarató varias bandas y liberó a 178 víctimas. Hoy, su lucha sigue a través de la Fundación María de los Angeles. "Noto que los casos de trata aumentan día a día. Así como la gente se va concientizando, dando la importancia a todo esto que nos sucede como ciudadanos, el gobierno también tiene que tener mucho más compromiso del que tiene ahora. El que más ayuda es el gobierno nacional", dijo.

En el mismo sentido se pronunció Eugenio Ambrosi, representante Regional de la OIM para los Países del Cono Sur de América Latina: "Hay un elemento de optimismo. A nivel global hay una serie de organizaciones internacionales y de varios gobiernos para luchar contra la trata mucho más fuerte, y en la Argentina lo más importante es la creación del programa, un paso muy importante".

Uno de los elementos por el que abogan todas las organizaciones es una legislación que castigue este delito. En la Argentina hay un proyecto de ley, que cuenta con media sanción del Senado, que tipifica como delito federal a la trata de personas con penas que van desde los tres a los 15 años de prisión. El proyecto debe ser debatido ahora en la Cámara de Diputados.

La iniciativa castiga la recepción y el albergue de personas para cualquier tipo de explotación. Si la víctima es menor de 13 años, la escala penal será de 10 a 15 años. Además, declara inimputables a las víctimas. Y toma como agravante, con una pena de cuatro a diez años, si el autor fuera familiar, encargado, ministro de algún culto o funcionario público.