CÉSAR BIANCHI

La historia de Leonardo y José, víctima y victimario, ya es conocida. Leonardo es un niño de 4 años que fue herido involuntariamente por José, un sereno que hacía las veces de vigilante de algunas manzanas del barrio de la Unión. Presuntamente queriendo capturar a un maleante, José disparó -con un arma que no debía portar- y la bala terminó a milímetros del coxis del chico.

Se dijo de todo, desde que José era un superhéroe local hasta que fue abandonado a su suerte por los vecinos (que hacían la colecta para que les vigile sus casas), que vive en un asentamiento precario, que los padres de Leonardo son obreros, al igual que el propio José.

El sereno, un "buen tipo" a juicio de los vecinos, vivía marginado y trabajaba al margen también: no estaba registrado como vigilante privado, no tenía uniforme, no tenía un carné con número de identificación y lo que es peor, sí tenía un revólver calibre 38 sin autorización para portarlo.

El sereno había sido policía de la Dirección de Cárceles pero desde hacía un lustro estaba en la mala. Por eso cuidaba cuatro cuadras que tienen su epicentro en Joanicó y Viana.

Iba todos los días desde su casita de bloques y chapas en el asentamiento de la calle Fray Bentos a vigilar unas casas (entre ellas la del senador socialista José Korzeniak) por lo que le daban: de 50 a 500 pesos.

Los vecinos de la Unión en realidad querían contratar un policía en servicio de 222, pero se les exigió construir una garita, y esto iba más allá de sus posibilidades.

José era un guardia informal. Sólo en 2007 el Ministerio del Interior detectó a 73 casos como el de José.

A juicio de los técnicos de la cartera, de empresas privadas de seguridad y guardias legalmente registrados en Montevideo, cada vez más abundan casos como el del vigilante de la Unión. Y con ellos, el informalismo.

Algunos lo llaman "competencia desleal", no sólo porque se paga sin tener en cuenta laudos y consejos de salarios, no se hacen los tests de rigor y portan armas más allá de las formalidades a las que las obliga el Ministerio del Interior. Las empresas formales de seguridad no pueden utilizar armas en espacios públicos y suelen evitar el enfrentamiento con disparos: su presencia es más intimidatoria que amenazante, dijeron fuentes del sector. Los informales no cumplen eso y dejan todo librado a su impulso más que a una preparación.

(In)capacitados

Pablo Abrus Gómez no era informal. Estaba inscripto en el Registro Nacional de Empresas de Seguridad (Renaemse) del Ministerio del Interior como corresponde, y portaba un arma, también en orden. Tenía 24 años cuando murió trabajando como guardia de seguridad de Montechiff.

El 2 de abril custodiaba la farmacia Barcelona del Parque Rodó; quiso resistir una rapiña y recibió dos balazos mortales en el pecho.

Los delincuentes, un mayor y un menor, encañonaron a Abrus y al encargado del comercio. Cuando el joven intentó extraer su arma, el mayor le disparó dos tiros en el hemitórax con un revólver calibre 32 de caño largo. Los rapiñeros huyeron. Fueron detenidos horas después; hacía cuatro días que el matador estaba en libertad tras cumplir condena por hurto en el Comcar.

Abrus vivía en el barrio Casabó y ganaba 6.000 pesos por mes, una fortuna comparado con lo que gana un vigilante privado. La mayoría no gana mucho más de 4.000 pesos mensuales.

Cuando sus colegas sindicalizados redactaron un comunicado indignados por su muerte, atribuyeron lo sucedido a "la violencia de la sociedad", aunque también señalaron que el joven fue "dominado por el impulso y la inexperiencia a la hora de actuar". En ese comunicado se preguntaban: "qué hubiese pasado si a este muchacho lo hubieran capacitado como se debe, para actuar ante situaciones difíciles".

El director de seguridad de Montechiff, José Vila, no comparte la opinión de que Abrus no estaba lo suficientemente capacitado. "Uno no sabe cómo puede reaccionar ante situaciones límites", dijo.

Juan Carlos del Valle, guardia gremialista de Tecnisegur, explicó que para capacitarse, hasta 2004 los vigilantes iban al CIPE Seguridad (Centro de Instrucción y Perfeccionamiento), donde tomaban un curso en seguridad, adiestramiento en armas y contestaban un test psicológico. Todo lo pagaba la empresa.

Tras convenios firmados con la llegada del nuevo gobierno, el Renaemse habilitó a las empresas para que monten su propio instituto y ellas mismas capaciten a sus empleados.

"CIPE sigue funcionando, pero ¿quién va a mandar a sus empleados a CIPE y pagarles, si pueden capacitarlos ellos mismos? Ojo, si vos te capacitaste en el instituto de una empresa X y cambiás de empresa, tenés que volver a capacitarte de nuevo, porque el curso que hiciste pierde validez", se quejó Del Valle.

Y lo de la rotación en el sector es muy común.

"Lo toman como un trabajo de paso, como `es lo que hay, valor`", dijo Daniel Delgado, guardia gremialista de la multinacional G4S, más conocida como Wackenhut. Lo confirmó Hugo De León, director del Renaemse: "viene otra empresa, le ofrece cuatro pesos más por hora, y ya se cambian. Hay que dar de baja ese empleado y hacer todo el papeleo en la nueva empresa".

Hoy, además de CIPE, hay 12 escuelas privadas más. Prosegur, Wackenhut, Servicios de Seguridad, Montechiff y Servicol tienen sus institutos de capacitación propios. La Escuela Nacional de Policía y las departamentales también preparan guardias de seguridad.

César Benvenutto, director del CIPE, reconoce una merma en la cantidad de guardias de seguridad que se van a preparar a su institución. También lo atribuye a la potestad que el Ministerio del Interior le otorgó por decreto a las empresas privadas para que organicen sus propios cursos de capacitación.

"Muchas escuelas privadas responden a las mismas empresas. Como están registradas, piden una extensión en su actividad empresarial y no mandan sus empleados al CIPE".

"Otras empresas ven como un gasto la preparación de sus guardias. Las empresas chicas, que no tienen cómo capacitar a sus guardias, tienen que pagar la capacitación, pero lo más fácil es no pagar nada, y por ende, no capacitarlos", afirma Benvenutto.

No es el único que piensa así.

Leonardo Viera, vigilante de Prosegur e integrante del gremio de trabajadores de esa empresa, afirmó que "hay un montón de empresas irregulares que ni siquiera mandan a sus guardias a los cursos", aunque no se animó a nombrarlas, por carecer de pruebas. "Para preservar sus empleos, los compañeros no las denuncian".

Es cierto. Lo reconocen los empresarios del sector, y el propio De León, del Ministerio del Interior. "Con tal de ahorrar, de evadir, no mandan a los vigilantes a los cursos. Es un gran problema que tenemos".

"El trabajador está obligado a hacer un curso donde se distingue si debe estar armado o no. Y la ausencia de ese curso, por estar en lo informal, puede desencadenar en episodios trágicos", dijo Viera, pensando en el caso del sereno José. Fuentes de las patronales dicen no recordar un caso de un guardia de una empresa formal. El caso del vigilante de la Unión no se ha dado en aquellas que cumplen con las normativas vigentes.

Giorgio Gerosa, director de Activa (Alarmas) y ex dirigente de Activa SRL (Seguridad), lo dijo claramente: "hay 200 y pico de empresas registradas pero deben haber unas 500 empresas de seguridad. A las que no están registradas, las que están fuera de toda reglamentación, no las controlan. Es más difícil de ubicarlos, algunos operan en sus propias casas de familia".

Guardias de seguridad dijeron que el informalismo campea en el interior del país. También lo reconocen los dueños de las empresas de vigilancia. "¡El interior es tierra de nadie!", exclamó Vila, propietario de Montechiff.

Vila, al igual que los propios guardias de otras empresas, afirma que la falta de contralor por parte del Ministerio del Interior hace que muchas de las empresas de seguridad del interior del país no habiliten sus vigilantes, no declaren servicios y no registren sus armas. "Total, nadie las controla".

De León, director del Registro Nacional de Empresas de Seguridad, reconoció que con 19 funcionarios a su cargo trabajando en Montevideo, haciendo inspecciones y actuaciones administrativas, no da abasto. "Tenemos jurisdicción nacional pero estamos en la capital. Contamos con la ayuda de un oficial de enlace en cada jefatura policial departamental que puede hacer alguna inspección si le pedimos (aunque no dependen de mí), pero no tenemos la logística como para inspeccionar el interior con frecuencia".

Este año sus funcionarios salieron a realizar seis inspecciones al interior del país. Fueron a Paysandú, Salto, Soriano, Maldonado y Río Negro. Cuando van, no sólo fiscalizan la seguridad física, sino también la de los bancos, la de casas de pagos, seguridad en boliches o servicios de alarmas.

"El otro día le dije a mi mujer que yo era Mandrake porque con 20 tipos, incluyéndome, tengo que controlar toda la seguridad del Uruguay", confesó resignado.

Igual, no hay que ir muy lejos para detectar irregularidades.

En Montevideo hay unos cuántos casos conocidos y no sólo son vigilantes independientes como José, el malhadado sereno de la Unión; hay empresas que no cumplen con la normativa. Este año el Renaemse dio con 24 casos de empresas ocultas en la ilegalidad.

"No mandan a sus funcionarios a los cursos, tienen guardias armados sin los papeles en regla o empleados en negro", ejemplificó Delgado, guardia con el grado de supervisor de Wackenhut.

El propio De León reconoce que sus empleados "todoterreno" dan con un caso de ilegalidad por semana, o cada 10 días. "A veces, en 15 días podemos detectar dos irregularidades. Y las que nos dan más trabajo son las empresas chicas, más que las grandes".

Sin carné, ¡pica!

Las empresas Servicios Preventivos de Seguridad (SPS), Activa SRL y Servicios de Seguridad fueron mencionadas por gremialistas del sector como algunas de las más irregulares. Ellos, dijeron, son voceros de realidades que les narraron los propios trabajadores sindicalizados de esas firmas.

Estas empresas fueron consultadas.

Gerosa reconoció que en la malograda empresa Activa SRL no estaba todo en regla. Activa dejó de trabajar con guardias de seguridad en diciembre, víctima -a su juicio- de la persecución del Ministerio del Interior. Igual, reconoció que era común no enviar a militares retirados a los cursos dado que ya saben manipular armas, contrariando la ley que los obliga a asistir a ellos.

El empresario se desvinculó de la empresa en octubre, cuando fundó Activa (monitoreo de alarmas). Hoy reconoce que la empresa de seguridad que dejó no tenía un funcionamiento óptimo. "Y… 100% en regla no se puede estar. El tema de la seguridad es complejo en lo administrativo. A un funcionario que entra hay que hacerle todos los papeles legales, llevarlo a un curso de capacitación, hacerle tests psicológicos… Para llevarlos a los cursos teníamos 60 días, pero venía una inspección a los 30 o 40 días y como el empleado no estaba en regla, nos multaban", dijo.

A Gerosa le indigna que los inspectores del Renaemse no salgan a buscar las empresas ilegales o a las que no declaran sus servicios y a sus trabajadores, y sin embargo, sí sean rigurosos con las registradas. Para él es un "facilismo" del Ministerio del Interior.

El empresario dice que la empresa que cerró fue multada repetidas veces por distintos motivos (un guardia no tenía carné identificatorio, tres guardias debían prestar servicio con armas y no estaban armados, ejemplificó). "Estuvimos bien multados pero no se medía con la misma vara a otras empresas".

De León contestó: "Activa SRL estuvo en irregularidad constante, fue un descalabro. Tenía problemas graves como no renovar los permisos, no habilitar personal como corresponde, no declarar servicios".

Otra empresa señalada como irregular por algunos guardias de seguridad agremiados en la Federación Uruguaya de Empleados de Comercio e Industria (Fueci) fue Servicios Preventivos de Seguridad (SPS). Luján Sainz, encargada de Recursos Humanos de esa empresa, fue muy franca en sus respuestas.

-¿Todos sus empleados hicieron el curso de capacitación?

-Hay vigilantes que tienen los cursos hechos… Los nuevos no, porque a veces están un mes o dos y se van. No nos da el tiempo para informarles de que hay cursos de capacitación.

-¿Todos tienen su carné de identificación?

-No todos.

(Silencio).

-¿Todos han pasado por el test psicológico?

-Mmm…. Casi todos. Yo soy la psicóloga de la empresa. Estuve de licencia, no pude hacerle el test a todos.

La empresa está dirigida por el militar retirado Walter Olavarría, quien no vive en Montevideo sino en Rivera, y viaja al exterior con frecuencia. SPS tiene 160 empleados, la mayoría trabajando y viviendo en el interior.

No es nada original en el rubro que al frente o en mandos medios esté un militar retirado. Es la norma en las empresas de seguridad privada. Por aquello de aprovechar el know how.

Algunos de los problemas de las empresas es la contratación, por ejemplo, que hace de esta clase de servicios, el Estado uruguayo.

El director de Montechiff, José Vila, dijo que "el Estado" había desfinanciado a su empresa, que tenía 600 empleados y hoy "80 o 90".

Montechiff tenía desde 1998 a distintos organismos del Estado como clientes (AFE, UTE, Correo, intendencias, etcétera) y tras la crisis de 2002 le aumentaron sensiblemente los costos pero no pudo incrementar el precio de su servicio. Para no incumplir con el Estado y no perder sus garantías, debió reducir el personal. Hoy, el 90% de sus clientes son privados y de a poco va pagando una deuda de 4.500.000 pesos que todavía tiene con el Estado.

No es el único que sindica al Estado como un mal contratante de los servicios de seguridad privada.

Viera, trabajador de Prosegur, dijo que el Estado es uno de los que ofrece peores condiciones laborales. Ilustró: "En la Estación Carnelli de AFE los vigilantes están sin baño y hacen sus necesidades en una botella y no tienen garita para resguardo. En el Instituto Nacional de Semillas, por ejemplo, hay un pésimo alumbrado".

Servicios de Seguridad fue otra empresa señalada duramente por el gremialista Delgado debido a supuestos malos tratos, según le informaron oportunamente colegas de esa firma. "Traían hombres de Florida, como mano de obra `más` barata, los hacían dormir en el piso, arriba de cartones en galpones de la empresa. Los exponían a largas jornadas de pie, bajo lluvia y con poco abrigo en invierno".

En Servicios de Seguridad respondió Sergio Castillo, quien primero dijo ser jefe de Personal y después lo negó: "soy un llenapapeles o un guardia de seguridad mejor remunerado, nomás". Sugirió hablar con Martín Méndez, gerente comercial de la empresa, dado que el gerente José Lima "siempre anda en la calle". Castillo dijo que Servicios de Seguridad no va a buscar hombres muy urgidos de un salario: "son militares retirados, no precisan dinero".

Méndez negó el maltrato a funcionarios y dijo que la empresa cumple con todos los requisitos del Renaemse. "Tenemos absolutamente todo en regla", sostuvo.

Delgado procuró convencer a los floridenses que supuestamente trabajan en malas condiciones para Servicios de Seguridad de que den su testimonio para la nota. "No quieren hablar. Por poco que se les pague, quieren conservar su laburito".

De León, director del Renaemse, dijo que eso no le compete a su dependencia: es cuestión del Ministerio de Trabajo.

Lo mismo acontece con las quejas de malos sueldos, incluso fuera del laudo (20 pesos la hora para un guardia común y 20,70 para un guardia auxiliar, según lo acordado en el consejo de salarios).

La inspectora general de Trabajo del Ministerio de Trabajo, María Narducci, fue consultada pero no contestó por problemas de agenda.

De León, del Renaemse, reconoció que su dependencia se entera de muchas irregularidades de competencia de la cartera de Trabajo y Seguridad Social cuando empleados despedidos llegan a hablar con él. "Vienen cuando los echan y nos señalan malos tratos o pagos fuera de lo laudado, pero en su discurso a veces nos tiran datos que nos sirven para inspeccionar", dijo.

El funcionario negó displicencia en la tarea inspectiva: "Tratamos de combatir el informalismo con las armas que tenemos: hacemos inspecciones de oficio y si detectamos irregularidades, hacemos las actuaciones; también actuamos por denuncias. Es común que alguien que está habilitado denuncie a quien no lo está porque se siente víctima de competencia desleal".

A De León le molestó la acusación de beneficiar a unos, castigando a otros. "Medimos a todos con la misma vara, no nos casamos con nadie y no miramos si la empresa es grande, chica, multinacional o no. Es más, te puedo decir que estando yo hemos sancionado a casi todas, por no decir todas".

Y reconoció la falta de efectividad en constatar maniobras ilegales en empresas "truchas", que nunca declararon servicios o funcionarios.

"Es más difícil, por eso pedimos que nos ayuden denunciando esos casos", apunta.

Con o sin arma

Sólo 19 de las 289 empresas de seguridad registradas en el Renaemse tienen su gremio de trabajadores y participarán en un congreso que se realizará este mes. Éstas integran el sindicato de la Fueci, asociada al Pit-Cnt.

En el comunicado del sindicato de trabajadores de Prosegur (Sitpro) que reflexionaba sobre el caso del asesinado Abrus, los firmantes especularon con que los asaltantes no hubieran reaccionado tan violentamente si el guardia no hubiera tenido un arma en su cintura.

"Después de estar en la mesa con los empresarios y escucharlos decir que no se justificaba una categoría para los trabajadores armados, ¿qué excusas van a tener cuando tengamos que rediscutir la categorización? ¿No se desprende de la realidad que está más expuesto el que tiene un arma que aquel que no la tiene?", se preguntaban.

El caso de Abrus es paradigmático: era joven, impetuoso, ganaba poco (aunque más que la mayoría), y trabajaba 12 horas diarias. Por si fuera poco, estaba armado. Un cóctel explosivo.

Sólo 5.546 vigilantes están armados y hay 3.209 armas registradas en Renaemse, por lo que algunos revólveres son manipulados por más de un usuario.

"Estamos en condiciones de usar el arma que tenemos sí, pero tiene que ser el último recurso. Hay que pensar en la defensa de terceros, si es que corren riesgo de vida, y después usarla para defensa propia", dijo Del Valle, trabajador de Tecnisegur.

Estudiar a qué parte del cuerpo dispararle al maleante parece, por lo menos, conveniente.

Hace poco un colega suyo persiguió a un ladrón que pretendía saltar un muro con una garrafa de gas al hombro. El vigilante tiró: tuvo suerte de darle en una nalga.

"Si le disparaba al tronco era una cosa, y si le daba arriba de la cintura, ni te cuento. Somos pasibles de consecuencias legales. Entonces, es preferible nunca tener que actuar, pero a la hora de hacerlo hay que considerar cien aspectos antes de la acción".

Para estar armado es necesario aprobar un test psicológico. Roberto Valente, psicólogo de la empresa G4S (Wackenhut), explicó que para evaluar si se le da un arma o no a un guardia de seguridad primero averigua cómo está conformada su familia y procura conocer si fue víctima de abusos o maltratos.

Con interpretaciones de dibujos y una entrevista personal el psicólogo busca descartar psicopatologías severas. "Si padece psicosis, por ejemplo, no ingresa a la empresa, ni siquiera sin arma. He tenido que entrevistar gente con crisis psicóticas y resulta que vienen de otras empresas de seguridad...".

"Para decidir si le damos un arma es clave que la persona no sea impulsiva, que no sufra psicopatologías severas, y no tenga trastornos narcisistas, porque pueden no acatar las normas", dijo.

Valente ha entrevistado unas 2.000 personas y sólo le dio su aval a 500 para porte de armas, calculó.

El riesgo siempre está: hay armas no declaradas y usuarios inhabilitados para portarlas. Y como confirmó De León, hay varios "José" en los distintos barrios de Montevideo y el interior.

Su dependencia del Ministerio del Interior detectó 50 "prestadores privados independientes", como José, en Montevideo y 23 en el interior.

El perfil es bien claro: "son gente de nivel socioeconómico bajo, muy bajo, que vive en barrios pobres, en una situación muy precaria. Cuando los traemos acá nos dicen que no sabían que tenían que registrarse y que no pueden pagar la multa".

La multa por trabajar de vigilante independiente sin haberse registrado es de 5,40 unidades reajustables (UR), unos 1.834 pesos. Pero además, al regularizarse, deben estar al día con DGI y BPS. Toda una quimera.

¡Horas extras, por favor!

Las horas extras para un guardia de seguridad son lo que el servicio 222 para un policía: un mal necesario. Hay guardias que promedian 12 horas de trabajo por día para elevar en algo su salario dado que las extras se deben pagar doble, otros llegan a trabajar 16 horas diarias, según el vigilante de Prosegur, Daniel Gómez, integrante del sindicato de su empresa.

En las empresas más grandes (Prosegur, Falcri, Wackenhut, Tecnisegur, ADT, Proguard y Sats, por nombrar algunas) lo laudado en los consejos de salarios de 2006 se cumple a rajatabla. Otras, no tan pudientes, no.

La necesidad de hacer horas extras para los guardias es innegable. Y en el círculo vicioso llega la sobrecarga horaria y con ella, el cansancio. Cuando se está cansado y con un revólver, el riesgo de peligro se incrementa.

Delgado mostró comprobantes de su sueldo, con la carga horaria correspondiente. En febrero de 2000 trabajó 208 horas comunes (a 12,55 la hora) más 189 horas extra (25 la hora). Ese mes ganó 5.315 pesos trabajando 397 horas: un promedio de 16 horas y media por día laborable. "Es mi récord", dijo sin orgullo.

Entonces no regían los consejos de salarios y cada empresa fijaba el precio de la hora de trabajo a lo que se le antojaba. En 2004 la hora de vigilancia en Tecnisegur, explicó Del Valle, valía 8,55 pesos y hoy es de 20. Los guardias privados coinciden en que estos convenios llegaron para dignificar en algo su oficio.

Del Valle mostró los certificados de sus quincenas de octubre. Por lo trabajado en la primera cobró 2.417 pesos (100 horas comunes, más 47 extras), y en la segunda 2.700 (trabajó 112 horas comunes y 42 extras). Trabajó un promedio de 12 a 13 horas en cada quincena.

A los dos les molesta que a muchos colegas les asignen tareas que no les corresponden como atender el teléfono o manipular computadoras. "¡Hasta tenemos guardias que reponen mercadería en un supermercado!", exclamó Delgado.

Para él, el parangón con un policía que hace el servicio de vigilancia conocido como 222 no es tan justo. "Nosotros somos trabajadores privados y nuestro salario es bastante menor al de un policía. Además, ellos no pagan boletos de ómnibus y a veces tienen facilidades en la alimentación. Nosotros tenemos dificultades hasta para mantener una bicicleta".

"Apenas una uva del racismo"

Hugo de León se llama igual que el ex futbolista y ex técnico de Nacional, pero tiene unos cuántos fanáticos menos. De hecho, pocos lo idolatran por su tarea inspectiva. Él se queda con las felicitaciones de la Auditoría Interna de la Nación. Y aclara que la seguridad física es sólo "una uva del racimo", dado que el Renaemse, la dirección que coordina, también debe vigilar las casas de pago de dinero, los bancos, la seguridad electrónica y prestadores privados de casas bailables.

Su dependencia multó con 66 UR (20.400 pesos) a 47 empresas en 2007 por no renovar en tiempo y forma la habilitación (habían sido 62 en 2006); identificó a 85 guardias privados no registrados o sin los cursos realizados (94 el año pasado); dieron con 25 casos de vigilantes sin su carné identificatorio y con 20 de uniformes que no eran los mismos que fueron homologados por el Ministerio del Interior.

Además, incautaron 12 armas porque sus portadores no tenían la documentación necesaria o el arma no estaba en condiciones de ser manipulada.

El Renaemse multó a 24 empresas informales en 2007, seis menos que en 2006. Quince empresas eran de Montevideo y nueve del interior. Fueron multadas con 117 unidades reajustables (36.240 pesos: 39 UR por tres).

"Según la normativa, yo puedo multiplicar las 39 UR por cuatro o por cinco, pero ahí corro el riesgo de fomentar el informalismo, porque yo quiero que después que paguen, se regularicen, y no que no puedan pagarme nunca o que cuando lo hagan, no me declaren sus servicios".