FRANCISCO SEMINARIO, LA NACIÓN, ARGENTINA/GDA

Todo está tranquilo ahora en la combativa Villa Francia, el corazón de la protesta política durante la dictadura de Pinochet que volvió a ser protagonista el 11 de septiembre pasado, en un nuevo aniversario del golpe. También volvió la calma a rincones de marginación como La Legua y Pudahuel Sur, donde ese día fue asesinado el cabo Cristián Vera, al parecer a manos de un chico de 18 años sin antecedentes, Eduardo Espinoza Bórquez, ahora preso.

Volvió la normalidad al cordón de pobreza que rodea a Santiago y muy poco -apenas unos restos de neumáticos quemados en alguna esquina, la vidriera rota de una peluquería o los plásticos quemados de una parada de colectivos- recuerda la noche violenta del aniversario. Pero los chilenos se preguntan todavía qué fue lo que pasó y cómo fue posible que estas bandas de jóvenes armados doblegaran con su poder de fuego a las fuerzas policiales. Cómo fue posible que grupos que se suponían dispersos e incapaces de desafiar a las autoridades montaran una acción coordinada en varios frentes, hasta el punto de convertir algunos sectores de la periferia en verdaderos campos de batalla.

Se preguntan, en definitiva, cuánto poder tiene el narcotráfico en Chile. Porque lo que con el correr de los días se ha instalado aquí como algo más que una sospecha es que -al igual que en las favelas de Rio de Janeiro o las villas de Buenos Aires, aunque ciertamente en menor proporción- los carteles de la droga están ganando terreno en los barrios pobres del Sur de Santiago.

"Llamó mucho la atención el grado de violencia y el acceso de estos jóvenes a armas pesadas", resumió el analista Guillermo Holzmann, subdirector del Centro de Estudios de Seguridad Ciudadana de la Universidad de Chile.

Pero en los barrios no fue tanto el asombro: es algo con lo que conviven todos los días. Apoyado contra la reja de su casa a pocos metros de donde vive la familia del chico Espinoza, en Pudahuel Sur, un vecino dijo que cuando baja el sol muchos no dejan salir a sus hijos a la calle. "Estas cosas pasan, andan los chiquillos con armas, no hacen nada, viven de noche nada más". En realidad, lo que quedó al descubierto en la noche del 11 fue una cara poco conocida del Chile que tan acostumbrados nos tiene a hablar de milagro económico. Porque ese día cientos de jóvenes de los barrios humildes de la periferia parecieron querer tomar al país entero por asalto: anónimos en la oscuridad, ocultos detrás del fuego y el humo de las barricadas, desafiaron a la policía con armas de grueso calibre. Dispararon, quemaron, saquearon y mataron. Hicieron un alarde de poder territorial y mostraron el nuevo rostro de la violencia y el narcotráfico en la periferia de la capital chilena.

Y no sólo eso: en el aniversario del golpe, pero sin agitar banderas políticas de ninguna clase, estos jóvenes acusados ahora de vándalos, delincuentes y pequeños traficantes -muchos de los cuales no conocieron la dictadura pero tomaron prestado y deformaron un ritual de protesta que se repite todos los años en la misma fecha- hicieron trizas el espejo de prosperidad y éxito en que los chilenos se miraban y eran mirados.

Es decir, pusieron sobre la mesa mucho más que el reflejo de su bronca: ahí están ahora los fragmentos de exclusión social, pobreza, desigualdad y frustración que completan la imagen del país que desde hace dos décadas marca el rumbo del desarrollo regional.

La brecha y la violencia

El avance chileno, salta a la vista, redujo pero no eliminó la brecha vergonzosa que todavía existe entre ricos y pobres, una de las peores del planeta según el índice internacional Gini de distribución de la renta, que ubica a Chile entre los últimos 20 puestos sobre un total de 130 países. La pobreza cayó sensiblemente al 13,7% según las mediciones correspondientes a 2006 (en 2003 el porcentaje de pobres era de 18,7). Pero el 10% más rico de la población se lleva casi la mitad del ingreso (47%), mientras que el 10% más pobre se queda con apenas el 1,2%.

Son números que hablan de una deuda social aún importante, pese a que hay mejoras sensibles en los índices de educación y salud, y a que el crecimiento económico se mantiene firme, proyectado en algo más del 5% para 2007, en línea con el promedio de los últimos años. Pero sólo una minoría vive en la ciudad pulcra y pujante que ven los extranjeros, los shoppings descomunales e infinidad de torres en construcción, de veredas anchas, de cafés y restaurantes llenos de clientes, de elegantes negocios de marcas internacionales.

¿Se puede hablar entonces de un fracaso del modelo chileno de desarrollo? Según como se mire, opina el académico Ricardo Israel. "Chile ha sido bastante eficiente en su ingreso a la globalización, pero este proceso dejó afuera a un sector importante de la población. Lo que fracasó es la igualdad de oportunidades, que no existe", explicó este analista, profesor titular de Ciencia Política de la Universidad de Chile.

Con otras palabras lo admitió desde el oficialismo el senador demócrata cristiano Jorge Pizarro, alineado en el sector de la ex precandidata presidencial, Soledad Alvear. "Chile avanzó mucho en la reducción de la pobreza, pero hay diferencias muy grandes de distribución y hay expectativas muy altas que aún no han sido satisfechas", dice. "Esta frustración a veces se puede manifestar en forma violenta", agregó.

Fue lo que ocurrió en la noche del 11. Pero recién con el paso de los días fue ganando consenso entre los observadores la idea de que aquello que la presidenta Michelle Bachelet adjudicó en un primer momento a la acción de "unos pocos" violentos y delincuentes tiene en realidad raíces más profundas. Hace tiempo que Chile dejó de ser nada más que un país de paso para la cocaína de Perú y Bolivia. Hace más o menos una década comenzaron a instalarse en el país minicarteles de narcotraficantes, creció la oferta de droga y bajaron los precios, con lo cual se popularizó un consumo que antes era exclusivo de cierta elite.

Esa es la evaluación que hace, entre otros, el senador de la opositora Unión Demócrata Independiente Jaime Orpis, un referente en materia de lucha contra el narcotráfico que aporta algunos datos llamativos: entre los adolescentes chilenos, un 40% fuma marihuana, y los índices de consumo de cocaína en Chile están entre los más altos del mundo. "Lo ocurrido el día 11es el resultado inequívoco de una masificación del micro tráfico y el narcotráfico en los sectores populares, un fenómeno que se viene incubando desde hace muchos años", dice.

De manera coincidente, los expertos señalan que muchos adolescentes de la periferia -y familias enteras- encuentran en el tráfico una salida laboral que de otra manera les cuesta conseguir. Se trata de chicos de entre 13 y 20 años, adictos muchos de ellos, que son reclutados para la distribución y venta y para que actúen como "soldados" al servicio de los narcos: reciben armas para su protección y para que cuiden el territorio ganado. La competencia entre bandas puede ser feroz.

Si no hay un trasfondo de reivindicaciones ideológicas ni hubo instigaciones de algún sector político como podría ser la ultraizquierda, que con más vehemencia ha levantado siempre la bandera del antipinochetismo, es difícil comprender por qué el estallido de violencia se produjo el 11 de septiembre y no en otro día cualquiera.

Holzmann ofrece una interpretación. A su juicio, las desigualdades en Chile generan el espacio para expresiones violentas que tienen en sí un sentido político. "Estos jóvenes no responden a grupos políticos afianzados, pero utilizan una fecha simbólica como lo es el aniversario del golpe y una estrategia coordinada de ataque a las fuerzas de seguridad. Es decir, montan una protesta contra el sistema político en su conjunto y contra el orden público, o la autoridad, de manera tal que la frustración y la falta de oportunidades finalmente se vuelven realidades políticas".

De hecho, la problemática del narcotráfico y la seguridad en los barrios periféricos se coló de manera inesperada en la agenda política de una presidenta que asumió con un fuerte compromiso social y ahora necesita de manera imperiosa demostrar que es capaz de ofrecer soluciones concretas. Existe una cierta percepción de falta de rumbo, acaso producto de la gran expectativa depositada en la mujer que se convirtió en la primera presidenta del país o de cierto agotamiento en una coalición que va por el cuarto mandato consecutivo.

En un año y medio, el gobierno socialista debió enfrentar denuncias de corrupción, protestas de estudiantes secundarios, marchas de trabajadores y, entre otras cosas, un sonoro fracaso en el rediseño del esquema de transporte de Santiago. Todo lo cual se tradujo en una importante caída de la figura presidencial en las encuestas de opinión: el respaldo a Bachelet cayó al 39%, un mínimo que la Concertación no veía desde hacía 10 años. Pocos apostarían por una reelección en 2009.

Esta caída en las encuestas representa un problema particularmente serio para Bachelet, explicó el académico Ricardo Israel, ya que "fue una candidata presidencial atípica, impuesta por la gente a través de los sondeos y no por el establishment político de la Concertación". Es decir, desde un principio su legitimidad se basó en buena medida en las encuestas, aunque en ese terreno movedizo la presidenta conserva todavía su buena estrella: aunque crece el descontento, los chilenos confían aun menos en la oposición, que no ha sabido capitalizar los fracasos del gobierno.

De todos modos, la nueva crisis contribuyó a darle a la derecha una nueva excusa para tildar al gobierno de inoperante. El empresario y ex candidato presidencial Sebastián Piñera, derrotado por Bachelet en las últimas elecciones, afirmó que "cuando un gobierno no es capaz de garantizar el orden público no está cumpliendo ante la ciudadanía, y eso es lo que ha ocurrido con los gobiernos de la Concertación".

En respuesta a demandas como éstas la presidenta prometió aplicar "mano dura" contra la delincuencia. "Me produce indignación que la gente en los barrios periféricos tenga que vivir esa amenaza y esté casi como rehén de pequeños grupos", dijo Bachelet.

Tras los incidentes, dos medidas, se espera, tendrán una aplicación inmediata: aumentar el número de efectivos de Carabineros y dotar a esa fuerza de un mejor equipamiento. Según explicó Bachelet, fueron varios los policías que recibieron balas en la cabeza el día 11, "pero por estar mejor equipados, con un casco más adecuado, salvaron la vida".

El cabo Vera no tuvo esa suerte. En la noche de furia en que cientos de jóvenes salieron a escupir su rabia en el rostro de un país asombrado frente a las imágenes que mostraba la televisión, una bala atravesó su escudo y su casco y le perforó el cráneo. Allí quedó al descubierto la nueva cara de la violencia y el narcotráfico en la periferia caliente de Santiago. Quedó al descubierto también la realidad de una pobreza dura, difícil de erradicar, expresión de una desigualdad que, como pasó ahora, cuando estalla rompe en pedazos el espejo de prosperidad en que Chile se mira y es mirado por el mundo.

Frentes

Revolución de los pingüinos. En 2006, poco después de su asunción, Bachelet enfrentó su primer gran desafío: una movilización sin precedente de estudiantes secundarios en reclamo de mejores condiciones de estudio y acceso a la educación. Muchas de las demandas fueron atendidas por el actual gobierno, que a raíz de la crisis vio caer drásticamente el respaldo popular.

Corrupción. Una seguidilla de escándalos salió a la luz hacia fines de 2006 y principios de este año, el más grave de los cuales fue el relacionado con el desvío de fondos en la Subsecretaría de Deportes.

Caos en el transporte. En febrero de este año, el gobierno chileno lanzó un ambicioso plan de rediseño del tránsito en Santiago para remediar la congestión vehicular en la ciudad. Tras el fracaso del plan, surgieron fuertes críticas por los subsidios otorgados.

Marcha de trabajadores. El 29 de agosto, la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) convocó a una Jornada Nacional de Movilización y Acción Sindical en reclamo de cambios en la política económica del gobierno, una protesta que terminó en serios incidentes y cientos de manifestantes detenidos, y que representó un llamado de atención para el gobierno de Michelle Bachelet.