ERIC HOBSBAWM

En el momento presente nos hallamos embarcados en un proceso por el que los estados poderosos, según pretenden, se han lanzado a una reorganización planificada del mundo. Las guerras que se libran en Irak y Afganistán no son sino uno de los elementos del esfuerzo, supuestamente universal, destinado a generar orden en el mundo mediante "la difusión de la democracia". Esta idea no es simplemente quijotesca; es peligrosa. La retórica que rodea a esta cruzada implica que el sistema resulta aplicable en su forma (occidental) estándar, que puede alcanzar el éxito en todas partes, que es capaz de poner remedio a los dilemas transnacionales contemporáneos, y que tiene en su mano traer la paz, en vez de sembrar el desorden. Lo cierto es que no puede hacerlo.

La democracia es propiamente popular. En el año 1647, los levellers ingleses propagaron la vigorosa idea de que "todo gobierno se asienta en el libre consentimiento del pueblo". Se proponían extender la capacidad de voto a todos los ciudadanos. Desde luego, el sufragio universal no garantiza ningún resultado político en particular, y las elecciones no pueden asegurar siquiera su propia perpetuación -da fe de ello la República de Weimar-. Del mismo modo, es poco probable que la democracia electoral produzca resultados que convengan a los poderes hegemónicos o imperiales.

(Si la guerra de Irak hubiera dependido del consentimiento libremente expresado de "la comunidad mundial", no habría tenido lugar). Sin embargo, estas incertidumbres no disminuyen el atractivo de la democracia electoral.

Aparte de la popularidad de la democracia, hay otros factores que explican la peligrosa e ilusoria creencia de que, en efecto, los ejércitos extranjeros pudieran materializar su propagación. La globalización sugiere que la evolución de los asuntos humanos se orienta en la dirección de un modelo universal. Si los surtidores de gasolina, los iPods, y los fanáticos de los ordenadores son iguales en todo el mundo, ¿por qué no habrían de serlo las instituciones políticas? Este punto de vista minusvalora la complejidad del mundo. El hecho de que en muchas partes del planeta se haya caído de modo tan manifiesto, una y otra vez, en el derramamiento de sangre y en la anarquía ha contribuido igualmente a que la idea de difundir un orden nuevo resultara más atractiva. Lo ocurrido en los Balcanes parece haber mostrado que en las zonas en que se producen desórdenes y catástrofes humanitarias se requiere la intervención, militar en caso necesario, de estados fuertes y estables. En ausencia de una gobernación internacional efectiva, algunos partidarios del humanitarismo siguen dispuestos a apoyar un orden mundial impuesto por el poderío de Estados Unidos. No obstante, uno debería albergar siempre algún recelo cuando las potencias militares pretenden estar haciendo, mediante la derrota y la ocupación de otros estados más débiles, un favor a sus víctimas y al mundo.

Con todo, es posible que haya otro factor más importante: Estados Unidos ha contado, como elemento derivado de sus orígenes revolucionarios, con la necesaria mezcla de megalomanía y mesianismo. Hoy es indiscutible la supremacía técnica y militar de Estados Unidos, que no sólo están convencidos de la superioridad de su sistema social, sino que, desde el año 1989, no cuentan ya con nadie que venga a recordarles -advertencia que no faltó ni a los mayores imperios conquistadores- que su poder material conoce límites. Al igual que el presidente Woodrow Wilson (que en su día protagonizó un espectacular fracaso internacional), los ideólogos de hoy ven en Estados Unidos una sociedad modélica en acción: una mezcla de leyes, de libertades liberales, de actividad empresarial competitiva y privada, y de reñidas elecciones periódicas dirimidas mediante sufragio universal. Todo lo que se necesita es rehacer el mundo a imagen de esta "sociedad libre".

"Los estados poderosos están tratando de generalizar un sistema que incluso ellos mismos consideran inadecuado para responder a los retos actuales".

Esta idea es un peligroso silbido en la oscuridad. Aunque la acción de una gran potencia pueda tener consecuencias deseables desde el punto de vista moral o político, es peligroso asociarla con ambas cualidades, porque la lógica y los métodos de la acción estatal no son los de los derechos universales. Todos los estados afianzados dan prioridad a sus propios intereses. Si tienen capacidad para hacer algo, y si consideran que el fin es lo suficientemente crucial, los estados justifican los medios que les permiten concretarlo (aunque rara vez en público) -en particular si piensan que Dios está de su parte-. Tanto el imperio del bien como el imperio del mal han hecho que nuestra época regrese a la barbarie, una barbarie a la que ahora viene a contribuir la "guerra contra el terror".

La campaña para difundir la democracia no solo amenaza la integridad de los valores universales, sino que no alcanzará el éxito. El siglo XX ha demostrado que los estados no podían ponerse simplemente a rehacer el mundo o a abreviar las transformaciones históricas. Tampoco les es dado generar con facilidad un cambio social mediante el expediente de transferir instituciones a través de las fronteras. Incluso en el marco de los estados-nación territoriales es raro que se den las condiciones para un gobierno democrático eficaz, esto es, la existencia de un estado que disfrute de legitimidad, de consentimiento y de capacidad para mediar en los conflictos que enfrentan a los grupos locales. Sin ese consenso, no existe un único pueblo soberano, y por consiguiente no hay legitimidad para las mayorías aritméticas. Cuando ese consenso -ya se funde en la religión, en las características étnicas, o en ambas cosas- no se da, la democracia queda en suspenso (como sucede en el caso de las instituciones democráticas de Irlanda del Norte), el estado se divide (como en Checoslovaquia), o la sociedad queda atrapada en una guerra civil permanente (como en Sri Lanka). Después de 1918, y también después de 1989, la "difusión de la democracia" no ha logrado sino el agravamiento de los conflictos étnicos y la disgregación de los estados en regiones multinacionales y multicomunales: una perspectiva desoladora.

Al margen de sus escasas posibilidades de éxito, el esfuerzo encaminado a difundir la democracia occidental estándar es también víctima de una paradoja fundamental. Ese esfuerzo ha sido concebido, en no pequeña medida, como una solución a los peligrosos problemas transnacionales de nuestros días. En la actualidad, una parte cada vez mayor de la actividad humana transcurre en ámbitos inaccesibles a la influencia de los votantes -en entidades transnacionales públicas y privadas que carecen de electorado, o que, en todo caso, no son electorados democráticos-. Y la democracia electoral no puede funcionar eficazmente fuera del espacio definido por unidades políticas como las de los estados-nación. Por consiguiente, los estados poderosos están tratando de generalizar un sistema que incluso ellos mismos consideran inadecuado para responder a los retos actuales.

Europa es prueba de ello. Un organismo como la Unión Europea (UE) ha podido transformarse en una estructura poderosa y eficaz precisamente por no contar con más electorado que el compuesto por un pequeño número (creciente, no obstante) de gobiernos asociados. La UE no llegaría a ninguna parte sin su "déficit democrático", y su Parlamento no tiene futuro, ya que no existe un "pueblo europeo", sino únicamente un conjunto de "pueblos partícipes", de los cuales, menos de la mitad se tomó la molestia de votar en las elecciones de 2004 al Parlamento europeo. "Europa" es hoy una entidad operativa, pero, a diferencia de sus estados-miembro, no cuenta con legitimidad popular ni con respaldo electoral. De este modo no resulta sorprendente que hayan surgido problemas tan pronto como el proyecto de la UE ha pasado de ser objeto de negociaciones entre gobiernos a sujeto de una campaña democrática en los estados-miembro.

El esfuerzo conducente a difundir la democracia resulta igualmente peligroso de un modo más indirecto: transmite a quienes no disfrutan de esta forma de gobierno la ilusión de que de hecho gobierna a quienes sí disponen de ella. Pero ¿los gobierna realmente? Hoy sabemos algunas de las circunstancias que rodearon la decisión de facto que llevó a declarar la guerra a Irak en, al menos, dos estados de incuestionable buena fe democrática: Estados Unidos y el Reino Unido. Aparte de hacer que el engaño y la ocultación se convirtieran en complejos problemas para los gobernantes, la democracia electoral y las asambleas representativas tuvieron poco que ver con ese proceso. Las decisiones se tomaron en privado y en el seno de pequeñas camarillas, de un modo no muy distinto a lo que suele ser práctica común en países no democráticos. Por fortuna, en el Reino Unido, la independencia de los medios de comunicación no pudo burlarse con la misma facilidad. Ahora bien, no es la democracia electoral la que garantiza necesariamente la efectiva libertad de prensa, los derechos de los ciudadanos y la independencia judicial.

Guerra y paz en el siglo XXI es editado en Uruguay por la Editorial Planeta.