FLORENCIA TRAIBEL

En este país los casinos municipales son excepcionales: un negocio que debería ser redondo, gestionado por el Estado uruguayo se vuelve deficitario. En cinco años, las ruletas estatales perdieron más de 14 millones de dólares. La cifra complicó a la izquierda en el gobierno y la polémica parece vislumbrar un final. La propia Intendencia Municipal de Montevideo (del Frente Amplio desde 1990) se vio obligada a reconocer irregularidades y ahora el caso está en manos de la Justicia.

Juan Carlos Bengoa fue el director municipal de casinos en los años sospechados. Hoy es director nacional de Casinos y asegura que el déficit fue producto de las trabas y complicaciones cotidianas de la gestión pública. Bengoa insiste en que la competencia con privados se devoró a los casinos municipales; que no pudieron renovar sus edificios, modernizarse y lograr seducir a los apostadores tanto como las nuevas salas privadas y que se convirtieron en una oferta poco atractiva que la gestión pública no supo reflotar.

El escándalo alentó el debate sobre la eficiencia y la eficacia de las empresas públicas. En tanto, la multi-anunciada reforma del Estado sobrevive a todos los gobiernos sin concretarse jamás. La necesidad de contar con empresas públicas rentables y competitivas es premisa de todos los partidos. El coordinador de la Asesoría Macroeconómica del Ministerio de Economía, Fernando Lorenzo, se atrevió a sugerir el pasaje de las empresas públicas al derecho privado.

Dentro y fuera del Frente Amplio llovieron las críticas y reapareció el fantasma tan uruguayo de las privatizaciones. El propio ministro de Economía, Danilo Astori, aclaró que la intención era modificar algunas normas de Derecho público, antiguas y desajustadas y que entorpecen y enlentecen la gestión de las empresas del Estado. "No es muy justo que mientras los competidores privados funcionan con determinadas características, que le permiten una agilidad que asegura un resultado, las empresas públicas se ven muchas veces sometidas a obstáculos que les dificultan competir en condiciones de equidad con los privados. Entonces, se trata de poner en línea a las empresas públicas, entre otras cosas, para que puedan competir con los privados de una manera muy eficiente", dijo en rueda de prensa.

Efectivas o no, rentables o no, los uruguayos simpatizan con las empresas estatales y la mayoría se siente satisfecha con los servicios que recibe de las instituciones públicas. Aunque le guste quejarse de ellos.

Así lo muestra un estudio de la consultora Factum sobre la imagen de 15 organismos públicos. Antel sigue primera en el ranking. Desde hace 10 años, el ente de las telecomunicaciones es la empresa estatal líder. Le siguen UTE y el Banco República que este año desplazó del tercer lugar a OSE. El Correo y la DGI lograron mejorar su imagen en un 100%. El INAU es el único organismo que sigue bajando en la lista: está peor que hace dos años y mucho peor que hace cinco. Según este mismo estudio, el Banco de Previsión Social (BPS) y Aduanas son los únicos que mejoraron la imagen que tenían hace seis años. La peor época de las empresas estatales desde 1990 fue el período 2001-2004. A pesar de que en los últimos dos años comenzaron a recuperarse, no alcanzaron todavía las cifras de aceptación y preferencia que lograron antes de la crisis.

Pero está claro que a los uruguayos les gusta ser empresarios.

En 1992 el 71,5% de los uruguayos votó en contra de la privatización de las empresas públicas. En 2002, el gobierno de Jorge Batlle debió dar marcha atrás en la intención de impulsar un referéndum para la desmonopolización de Antel. Las encuestas vaticinaban el rechazo a la propuesta. En 2003 la ciudadanía votó en contra de la asociación de Ancap con privados. Y en 2004, se aprobó la Reforma Constitucional en Defensa del Agua que estableció que los servicios de agua potable y saneamiento deberán ser prestados "exclusiva y directamente por personas jurídicas estatales".

En ese panorama, Antel, el Correo y el Banco de Seguros del Estado son tres ejemplos de empresas públicas que debieron salir a competir con sus pares privadas. En un mundo donde se apuesta a la eficacia y a la racionalización de recursos son tres mastodontes burocráticos que salen a pelear por los consumidores.

Cartas públicas

En Uruguay el Correo tampoco es rentable. Cada año 10 millones de dólares subsidian la actividad del Correo estatal. Es que hace años que no da ganancia. Y a pesar del repunte del 2005, aún le cuesta a los uruguayos casi 900 mil dólares por mes.

El monopolio del servicio postal se liberalizó en 1999. Hoy hay unas 160 empresas registradas que compiten con el Correo, de las que Tiempost, World Courier, DHL y Federal Express son las más conocidas. Dentro del registro también se encuentran las empresas interdepartamentales de pasajeros, que trasladan paquetes y mensajería. Y hasta los taxis, a menudo utilizados para llevar pequeños paquetes.

Hay 90 millones de envíos postales por año, y eso incluye cartas, facturas, paquetes, mailing y revistas. Más de la mitad son facturas de entes públicos, repartidas por los propios entes. Pero el Correo queda fuera de ese negocio del que sólo tiene una participación del 23%. Sus principales clientes son empresas de servicios financieros y mutualistas. Sólo cuatro instituciones estatales se decidieron por su servicio para repartir sus factura: Primaria, el BPS, el BROU y Ancel.

La distribución de las facturas de los entes es un tema muy discutido. No parece fácil convencer a las instituciones del Estado que el reparto lo realice el Correo. Los entes argumentan que la entrega de sus propias facturas se justifica no solo en costos, sino también en compensaciones que los empleados que, de repartirlas el Correo, dejarían de recibir. Si el Correo distribuyera todas las facturas estatales, no tendría que ser subsidiado y el Estado se ahorraría unos 10 millones de dólares.

Con 1.800 funcionarios que recorren más de 11 mil kilómetros por día, el Correo busca la universalidad del servicio. Pero no es fácil, ni barato. Llegar a todos los rincones del país tiene sus costos. Enviar unas pocas cartas a un pueblo de mil habitantes no es rentable. Menos, abrir allí un local. Para competir y poder cubrir costos y garantizar servicios, el Correo tuvo que diversificarse. Eso tampoco es fácil en las empresas públicas. Pero el Correo amplió el abanico de negocios e incursiona en logística, comercio electrónico y certificación de sitios de internet. También participa en el mercado de los servicios financieros con una red de cobros externos, aunque sólo tiene 4,5% de ese mercado.

En todo el país hay 1.100 locales del Correo: 165 propios y el resto, franquicias en quioscos y farmacias. En el local de Punta Carretas Shopping un afiche ejemplifica cómo debe enviarse una carta. Con remitente y destinatario. Pero nadie controla. La carta se pesa. Son 15 pesos. "Llega mañana o pasado, si no llueve", dice la única funcionaria en el local. Con mal tiempo no hay reparto de cartas. Así, parece difícil contar con su servicio en invierno. La misma carta enviada por Tiempost cuesta 40 pesos; 50 si es certificada. Demora lo mismo, unas 48 horas. "¿Y si llueve?" "48 horas como máximo, si llueve igual". Las dos cartas llegaron al día siguiente. No llovió y una, la privada, costó más del doble.

La diferencia de precios se agudiza en los envíos al exterior. Mandar un sobre pequeño a Buenos Aires por Tiempost cuesta unos 440 pesos. Por el Correo varía según la prioridad entre 140 y 210 pesos.

Los operadores privados dicen que no es fácil competir con una empresa estatal que además de recibir un subsidio, no paga impuestos. "No existe razón para que el servicio postal dado por el Correo no tenga IVA y el nuestro sí", dice Ronald Ware, presidente de la Asociación de Operadores Postales del Uruguay. Apelan a la relación con el cliente, la confianza y estrategias comerciales para hacer el negocio rentable.

Para Cristina González, presidenta del Correo, la diferencia de costos cubre el alcance nacional del ente. "Esta empresa es pública. Y estamos trabajando mucho en la inclusión social de pequeñas poblaciones para dar calidad y hacer realidad eso de que el Correo es el responsable del servicio postal universal. Siempre se cumplió, hay que hacerlo con la misma calidad en Zapicán que en Punta Carretas". Pero para los operadores privados, la universalidad del servicio es una excusa. Aseguran que los privados tienen mayor alcance que el servicio estatal y aunque así no lo fuera, las cifras de la entidad muestran que el costo de llegar a todo el país no supera el millón y medio de dólares. Para Ware los restantes 8,5 millones del subsidio estatal, están subvencionando el costo del servicio de entrega postal.

El balance económico del Correo en los últimos años ha mejorado. En 2006 se registró una leve recuperación del 5% comparado con 2005. Los envíos aumentaron 12 %. Los consumidores volvieron a confiar en el servicio, que en pocos años se había visto amenazado por denuncias de corrupción e irregularidades. El mes de paro de los funcionarios del Correo en 2004 había dejado al ente al borde de la bancarrota y con la imagen por el piso. Y un cliente desconforme es difícil de recuperar.

González, la presidenta, pelea contra restricciones propias de la administración pública que no le facilitan la competencia y por sobre todo, retrasan la eficiencia. "Es imposible competir con esta legislación. Si bien buscamos soluciones creativas, amerita un análisis y una sensibilidad. Algunas cosas se deberían analizar a posteriori para poder gerenciar competitivamente", sentencia.

Cuando González asumió la gestión del Correo en 2005 se encontró con que la flota de automóviles para repartir correspondencia no había sido renovada en 10 años. Tampoco habían invertido en soporte tecnológico y en actualización de tecnologías. "Lamentablemente la gestión pública uruguaya ha adolecido una falta de profesionalidad e impronta gerencial que afectó la eficiencia de las empresas estatales", diagnostica González, quien venía de ser Directora de Recursos Humanos del organismo.

Tampoco fue fácil la relación con los empleados. "Los trabajadores estaban un poco castigados. Porque habían creído en una renovación que había comenzado en 1995 y de repente vino la caída libre sin redes. Eso generó frustración." Hoy la relación con el gremio es más fluida. Unos 1750 funcionarios trabajan en el Correo. Entre ellos más de 260 becarios regularizados. "Yo diría que es un número razonable pero mal distribuido", dice la presidenta. En la actualidad el Correo está realizando llamado a nuevos funcionarios para atender las "Zonas Rojas" de Montevideo, donde nadie quiere entrar y por eso el Correo no llega.

La empresa de los uruguayos

Antel es publicitada como el icono de la eficiencia en el Estado. Las cifras de su gestión son muy diferentes a las de otros entes. Durante 2006 aportó a Rentas Generales 93 millones de dólares, tuvo ingresos por 560 millones y una ganancia final de 91 millones. La receta sería verse obligado a pelear con gigantes multinacionales.

Antel compite en el mercado de telefonía internacional, telefonía celular móvil y en servicios de internet y banda ancha. Mantiene el monopolio de la telefonía fija nacional que aporta unos 340 millones de dólares de sus ingresos anuales.

Según el último informe de la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicación (URSEC), el servicio monopólico del ente no ha resultado beneficioso a los consumidores. Es decir, donde Antel no compite, todavía los clientes son rehenes del Estado. El ente logró en 2006 congelar las tarifas públicas y prometió que este año no las subiría. Pero a pesar de que el costo de las llamadas locales se mantuvo estable, el precio del abono mensual residencial aumentó 35% en los últimos cinco años. A partir del 1° de junio se instaló finalmente la tarifa única nacional. Parecía lógico en un país como el nuestro con distancias tan cortas.

Con la apertura de licitaciones para frecuencias entre 2002 y 2004 explotó el mercado de telefonía móvil. En marzo de 2004, cuando ingresó el último competidor, había 685 mil líneas activas. Hoy hay 2,3 millones de usuarios de celulares en el país. Ancel, la empresa pública de telefonía móvil, es líder en el mercado con un millón de clientes, le siguen Movistar, propiedad de la española Telefónica (casi 900 mil) y CTI Móvil, de la mexicana América Móvil, (poco más de 400 mil).

En 2006 Ancel creció 50% y generó ingresos por 140 millones de dólares, casi 50 millones más que en 2005. En un par de años la disputa por los clientes se volvió cada vez más tenaz. Planes, promociones y nuevos modelos de celulares se renuevan cada tres meses. Y la pelea es por ofrecer mejor servicio y más ventajas.

Por ahora, Ancel sigue primero. Orgullosos, sus directores recuerdan que la empresa estatal logró mantenerse a la cabeza compitiendo con multinacionales 60 veces más grandes y que mueven 100 millones de usuarios en el mundo.

Hasta agosto de 2002, Antel también mantuvo el monopolio de las llamadas internacionales. Ahí se habilitó el ingreso de nuevos operadores que, como suelen hacer las empresas privadas, entraron al mercado sin ninguna timidez. Sus tarifas eran la mitad de baratas que las de Antel. Y el ente tuvo que hacer lo mismo.

El informe de la Ursec asegura que en este sector la competencia fue más que beneficiosa para los uruguayos. Las tarifas en las llamadas al exterior comenzaron a caer de forma estrepitosa. Los precios bajaron 80%. En julio de 2001 una llamada de tres minutos a Estados Unidos costaba 50,4 pesos sin impuestos. Hoy cuesta poco más de 15. Además, aumentó el tráfico de llamadas al exterior. En tres años crecieron 50%. Antel compite con otras 10 empresas instaladas en el país que ofrecen llamadas internacionales a través de tarjetas prepago o locutorios. Pero el mercado tiene una amenaza más grande y más cerca: Skpye (ver recuadro). El sindicato no parece estar peleando por eso.

En la ley de presupuesto quinquenal 2005-2009 el gobierno derogó la norma de 2002 que impedía el ingreso a la administración pública hasta 2015 y habilitó el llamado a nuevos funcionarios. Con esta medida surgieron nuevos llamados de entes y organismos para integrar la planilla de funcionarios públicos. Y también resurgieron los reclamos de trabajadores para convertirse en estatales. La fantasía de ser funcionario público sigue seduciendo.

Con 5.300 funcionarios y 1.200 empleados subcontratados, Antel es la empresa con más personal del Estado. La disputa entre el gremio y la dirección del ente por el call center de Antel evidenció las trabas y los problemas del directorio en su intento por hacer a la empresa competitiva. Durante semanas el gremio de trabajadores de Antel, Sutel, realizó manifestaciones y paros en rechazo a la intención de transformar el call center estatal en una sociedad anónima bajo las leyes y reglas del derecho privado. El gremio reclamaba el ingreso de los trabajadores como funcionarios públicos y criticaba al directorio por querer hacer de la empresa uruguaya "un negocio". Así de raro. Ganaron la primer batalla. Los casi 500 funcionarios tercerizados fueron incorporados a la plantilla de Antel. Luego insistieron con la incorporación de 40 trabajadores con contratos a término. La central de Antel de Aguada fue ocupada. Tras días de negociaciones llegaron a un acuerdo y firmaron un contrato por el cual estos trabajadores pasaron a formar parte de la Administradora de call center del Estado.

El directorio también se enfrentó al gremio cuando decidió suspender los contratos de 160 guardahilos (los encargados del mantenimiento de líneas en localidades del interior). El conflicto se arrastra desde 2005. Los guardahilos exigen ser ingresados formalmente como funcionarios públicos, a pesar de que tienen un contrato a término de cinco años. Ocuparon la planta baja de la Torre de las Telecomunicaciones y también acamparon en la puerta por más de un mes. La última propuesta de Antel fue extenderles los contratos hasta 2010 y otorgarles beneficios como salario vacacional y aguinaldo que actualmente no perciben. El gremio la rechazó: quieren que sean empleados públicos. Entre los beneficios está una colonia de vacaciones financiada con dinero de los contribuyentes.

Nada seguro

En un mercado que mueve más de 300 millones de dólares por año, ser la empresa aseguradora líder es una meta loable. Ese lugar lo ocupa el Banco de Seguros del Estado (BSE). La empresa estatal tiene algo más del 60% de participación en un mercado asegurador en el que compite con 16 empresas. La cifra alcanza 69% si se toma en cuenta el sector de accidentes de trabajo, en donde el banco tiene el monopolio.

Según cifras estimadas por la Superintendencia de Seguros y Reaseguros del Banco Central, el gasto en seguros aumentó en 2006 en 7 millones de dólares y eso se vio reflejado en los ingresos del BSE. Logró ganancias por 14.250.000 dólares. Detrás, pero muy detrás, están Metropolitan con ganancias de 377 mil dólares, L´Union con 352 mil dólares y Aliana con 267 mil dólares. Las aseguradoras con mayores pérdidas, siempre de acuerdo al Banco Central, fueron Surco con 321 mil dólares, Royal con 230 mil dólares y Sancor con 118 mil dólares.

El seguro de automóviles es el más solicitado: 100 millones de dólares anuales, más de un 30% de todas las ventas por seguros del país.

El presidente del BSE, Gustavo Vilaró, reconoce que la historia del banco juega a favor. En el rubro, la confianza es clave. "Es más que un tema de precios de servicios. Lo que está operando es el conocimiento de la marca y de la historia. De cumplir con lo asegurado. La gente discute precios en el momento, pero en general la opinión que tiene es que el banco cumple", opina.

Pero la falta de tecnología y de trabajadores que conozcan los nuevos programas atenta directamente contra la velocidad del Banco. Todo se hace lento y a veces demasiado lento. "En la medida que tenemos un servicio informático que no es moderno, no actualizado, semi-informatizado, eso también se refleja en los tiempos de respuesta. "Eso es una de las cosas que la gente nos critica" dice Vilaró.

El presidente cree que debe mantenerse el monopolio de los seguros contra accidentes de trabajo. Una desmonopolización llevaría, como ocurrió en Argentina, a una guerra de tarifas en donde el principal perjudicado sería el usuario. Además, dice, no hay nadie con la infraestructura y la capacidad del Banco para atender al accidentado. "Si dividimos los ingresos y los costos, eso terminaría en que las aseguradoras harían acuerdo con las mutualistas. Pero las mutualistas no tienen montada la infraestructura necesaria". Los seguros por accidentes son la cartera que más costos tiene para el Banco, especialmente en el mantenimiento del Sanatorio del Banco de Seguros. "Es una cartera con la que con suerte estamos empatando, si no, estamos en saldo negativo. Cuando hay más actividad hay más prima, pero cuando no hay actividad bajan las primas, pero el Sanatorio tiene que seguir estando ahí. Ahí se vuelve costoso", dice.

Vilaró siempre trabajó en el sector público y dentro del propio banco. Recorrió cada rincón de la tremenda estructura de Libertador y Mercedes. Dice conocer a los más de 1.700 empleados que hoy tiene a su cargo, los mismos que trabajan desde hace una década y media. El promedio de edad de los trabajadores ronda los 50 años. "En unos años cerrábamos por jubilación. Necesitábamos recomponer la escala de funcionarios", se queja Vilaró. La imposibilidad de incorporar nuevos funcionarios al banco, que se adapten y conozcan las nuevas tecnologías, es una de las mayores trabas que tiene una empresa pública. "Nos falta gente, nos falta gente joven. Para todas las tareas. Que se mueva, que no esté aburrida por una tarea que realiza hace 20 años. Que esté motivada".

Recién el año pasado el Banco logró hacer oír sus súplicas. En agosto llamó a concurso junto con el Banco República. Ambos necesitaban cubrir 352 vacantes. Primero hubo que conseguir en la ley de presupuesto una modificación que autorizara los llamados. Luego, el proceso de selección no fue fácil. Se presentaron más de 40 mil personas tentadas por la oferta de ingresar a la planilla de funcionarios públicos uruguayos. El puesto que se ofrecía era auxiliar administrativo y el sueldo nominal 13 mil pesos. Eran tantos, que para realizar las pruebas y entrevistas tuvieron que esperar que la sala de conferencias del LATU estuviera libre. Se hizo un sorteo con escribano público de los primeros cuatro mil y todavía continúan las pruebas de selección. Van 10 meses.

El Banco también tuvo enfrentamientos con el gremio. En abril, resolvió que más de 60 fiscalizadores de accidentes de trabajo no iban a ser incorporados a la plantilla de funcionarios públicos. En cambio se les ofreció firmar contratos a término. Los trabajadores protestaron e instalaron una carpa en la puerta del Banco. Igualito que los guardahilos.

Antel compite en el mercado de telefonía internacional, telefonía celular móvil y en servicios de Internet y banda ancha. Mantiene el monopolio de la telefonía fija nacional que aporta a sus arcas unos 340 millones de dólares por año

Administraciones en duda

Con la llegada al gobierno de Tabaré Vázquez, las nuevas administraciones de los entes se propusieron revisar las gestiones de sus antecesores. El directorio de OSE presentó una denuncia penal contra los ex directores Alberto Casas, Juan Justo Amaro y Carlos Rodríguez Landoni y Hugo Granucci por irregularidades vinculadas al gasto en viáticos, uso de coches oficiales y adjudicaciones directas. Rodríguez Landoni y Granucci fueron procesados por abuso de funciones y fraude y la Justicia solicitó el desafuero de Casas y Amaro. El de Amaro fue rechazado en el Parlamento, mientras que el de Casas fue aprobado en comisión y aguarda ser tratado en el Plenario.

En Antel, presentaron una denuncia penal contra ex directores y gerentes por contrataciones de personal sin llamado a concurso y casi 400.000 dólares de publicidad oficial adjudicada por recomendación de algunos legisladores blancos. La causa contra los ex directores Simón Erlichman, Oscar González Álvarez y Gabriel Gurméndez por abuso de funciones fue archivada por el juez Luis Charles.

Paralelamente, una comisión parlamentaria investiga la gestión de Antel, UTE, OSE, Ancap y el Banco Hipotecario.

Aunque el Parlamento no lo investiga, el Banco de Seguros también tuvo gestiones polémicas. Por ejemplo, en 2003 el directorio destituyó a Jorge Dotta, quien era gerente general, luego de que lo procesaron por conjunción del interés público y privado.

Una amenaza desde la red

A nadie le sorprendió que los creadores de Kazaa -el programa que permite descargar gratis música y videos- tuvieran a Skype entre manos. Sus creadores, Niklas Zennstrom y Janus Fris, se volvieron los nuevos enemigos de las discográficas. Ahora apuestan sus baterías a burlarse de los grandes imperios de las telecomunicaciones.

Skype es un programa que permite intercambiar voz y datos entre dos computadoras en cualquier parte del mundo y totalmente gratis. Basta con descargar gratis el programa. Hablar de Uruguay a Suecia, donde podrían estar las oficinas de Skype (nadie sabe la dirección) cuesta 16,27 pesos el minuto. Con Skype, sólo el costo de la conexión a internet. En una entrevista para la revista Fortune, los fundadores de Skype anunciaron que son la nueva plataforma mundial de comunicaciones y que en unos años no tendrán competidores. Cada un minuto 11 personas en el mundo se registran como nuevos usuarios de Skype. La esencia de Skype, es ser gratuita. Así lo concibieron sus creadores y así parece que va a permanecer.

En Antel nadie parece alarmarse por el cambio que este programita traerá para la empresa pública. O nadie se molesta en explicarlo. Qué Pasa solicitó una entrevista con la presidenta de Antel, María Simón, quien aceptó a cambio de revisar el texto antes de ser publicado. Algo que según su asesor de comunicación hace con algunos medios escritos. No fue aceptado.