En el infierno y sin condena

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NAUSÍCAA PALOMEQUE

El incidente con el recluso que se comunicó con el senador Víctor Vaillant, entregó armas, denunció a un funcionario y se resolvió su traslado, ¿no es un antecedente peligroso?

-Plantear que esto fue armas por traslado es una simplificación del tema que no refleja cómo se dieron las cosas. Debe quedar claro que no se puede recurrir a procedimientos como la denuncia para obtener cuestiones que tampoco se consiguen con buena conducta. Toda vez que exista una denuncia concreta sobre la existencia de armas en cárceles es necesario hacer lo que esté al alcance para recuperarlas, porque en cualquier cárcel donde haya armas cargadas nadie puede estar tranquilo, ni los reclusos ni los policías. Los que denuncian tienen que tener garantías y que no haya campañas mediáticas diciendo que un senador y un comisionado cambian armas por traslados.

-La corrupción parece un ciclo que no puede romperse, por las condiciones en que están los presos y el personal de seguridad, ¿qué alternativa ve?

-Hay que buscar dignificar la profesión de guardia penitenciario y hay que ser absolutamente inflexible con la corrupción.

-¿Son inflexibles?

-Creo que lo estamos siendo: van más de 10 policías procesados este año.

-Pero la corrupción continúa.

-Es cierto. Hay que apuntar a solucionar el problema de fondo: el desborde que tienen muchas cárceles. Las que tienen un desborde importante son el Comcar; Las Rosas, en Maldonado, y en menor medida Rivera. El problema en el Penal de Libertad no es el hacinamiento, es la inadecuación de los módulos de acero para servir de lugar de reclusión: tienen problemas térmicos, nunca se instalaron los equipos de acondicionamiento de temperatura y en verano pueden tener temperaturas de más de 50 grados y en invierno temperaturas francamente polares. Es un infierno. A eso hay que sumar dificultades sanitarias y en el suministro eléctrico. Es un entorno muy agresivo que contribuye a generar violencia.

-¿Qué alternativas están manejando para resolver el hacinamiento?

-Construir las plazas necesarias para alojar a los que están presos. También evitar la reclusión de aquellos que cometieron un delito por una circunstancia excepcional, que uno puede esperar razonablemente que no reincidan, o cuando no hay un daño importante a la sociedad. La reclusión, en vez de rehabilitarlos, les enseñará a delinquir y eso es lo que hay que evitar. Es necesario establecer un sistema de penas alternativas a la prisión.

-En concreto ¿qué se está haciendo?

-En agosto de 2002 comenzó el trabajo del Centro Nacional de Rehabilitación en Colón Norte. Es una cárcel de mínima seguridad con un programa para jóvenes primarios que dura tres años y tiene el apoyo de equipos interdisciplinarios. La reincidencia de sus egresados es menor al 5%, cuando en términos generales superan largamente el 50%. Allí se busca revertir los códigos que se aprenden en la cárcel, que se aprenda a trabajar, a continuar los estudios. También están las chacras que existen en 15 departamentos, estamos trabajando en las jefaturas para impulsar las que faltan. Es un régimen abierto. Quien quiera saltar el alambrado puede hacerlo, pero no se van, no ha habido fugas ni crisis de seguridad. Además, hay una iniciativa del Ministerio del Interior para presentar un anteproyecto de ley que modifique el marco actual. Con la ley vigente se pueden disponer algunas medidas sustitutivas, pero es necesario ampliarlas. También hay que aumentar las horas docentes destinadas a las cárceles.

-El director de cárceles dijo que el 50% de los presos son adictos a la pasta base ¿cómo lo explica?

-No tengo ninguna duda de que el problema existe, pero prefiero no manejar cifras. Es un hecho clandestino y no hay un registro cabal de las personas que consumen. Es notorio que es más intenso en las cárceles donde hay mayor hacinamiento. Cuando tenés una población sobrepasada respecto a las plazas es más difícil ejercer los controles. Cuanto más desbordada esté una cárcel es más fácil que haya corrupción en el personal. Y cuando hay una superpoblación muy fuerte hacinada y sin hacer nada aparece el consumo de drogas como una respuesta a la imposibilidad de tener oportunidades concretas de trabajo.

-¿Hay terapias de rehabilitación?

-No, no hay una acción sistemática. Hay psiquiatras para contener los casos de descompensación, pero no para rehabilitar.

-¿Qué evaluación hace hoy de la Ley de humanización de las cárceles?

-Salieron cerca de 800 reclusos y reincidió 25 %, muy menor a los promedios habituales. Por otra parte, se establecieron mecanismos como la reducción de la pena a cambio de trabajo o estudio cuya instrumentación fue muy difícil en las cárceles superpobladas, pero que sí funcionó en aquellas que son más controlables. Hay puntos de la ley que favorecen la reinserción de los liberados que no se aplicaron: el artículo 14 prevé que en toda obra pública del Estado debe contratarse por lo menos 5% del personal entre las bolsas de trabajo de los patronatos, pero sólo se tomaron seis personas en todo el país. Falta una reglamentación que penalice el incumplimiento.

-El caso de los Peirano expuso la situación de procesados en prisiones que esperan su sentencia. ¿Cuántos son?

-Cerca de dos tercios de los reclusos no tiene condena, entre ellos están los que entraron hoy o hace cuatro años. Hay algunos casos que superan los cinco años, pero no son la mayoría como se dijo. Hay que apuntar a una reforma procesal profunda y dotar a la Justicia de los medios para que pueda aplicarlas: informatizar los juzgados y dotarlos de los recursos humanos necesarios.