Balas que pican cerca

1/1: LULA. Soporta otra ola de cargos contra su gobierno y sus aliados. 

THE ECONOMIST | EFE

LA mayor celebridad en Brasil, hoy, no es una estrella de fútbol o una heroína de telenovela, sino la Policía Federal. En una serie de espectaculares operaciones con nombres melodramáticos, la Policía arrestó a jueces aceptando sobornos para mantener en actividad a salas de juego, congresistas arreglando la compra de ambulancias a precios inflados y un minorista traficando artículos de lujo. El último de los procedimientos se llamó Operación Navaja, una investigación sobre actos fraudulentos en obras públicas, que le costó el trabajo al ministro de Energía, implicó a una docena de legisladores, avergonzó a varios gobernadores y amenaza a Renan Cabalheiros, el presidente del Senado y aliado importante de Lula.

A mitad de semana, un hermano y un compadre del presidente Luiz Inacio Lula Da Silva fueron alcanzados por otra investigación de la Policía Federal, la Operación Jaque Mate (ver recuadro).

Todo esto hace que Brasil parezca más corrupto que nunca. Pero también podría indicar que las autoridades están mejorando en eso de detectar las manzanas podridas. El gobierno de Lula perdió su credibilidad como paladín contra la corrupción hacer dos años, cuando se reveló que su Partido de los Trabajadores pagaba coimas a cambio de votos en el Congreso. Ahora, bajo control presidencial, la Policía Federal se volvió feroz, incluso para la vergüenza del propio gobierno. La Operación Navaja implica a nueve partidos, la mayoría aliados de Lula. El auditor del gobierno, la Contraloria-Geral da Uniao (CGU), ha sido reforzada. "Este gobierno parece ser más corrupto porque desentierra la basura", aseguró recientemente Jorge Haige, jefe de la CGU.

La Operación Navaja fue la típica producción de la Policía Federal, utilizando teléfonos pinchados y videos de cámaras ocultas para acusar a políticos y hombres de negocios de otorgar contratos de obras públicas a un constructor con antecedentes de sobrecargar los precios y dejar proyectos sin terminar.

Ese tipo de operaciones podrán ser dramáticas pero no están acompañados por un vigor similar de la Justicia. Ningún acusado por el sobreprecio de las ambulancias o por pagar estipendios a los congresistas ha sido procesado. Los escándalos dispararon una serie de arrestos temporales, más de 4.000 en operaciones de la Policía Federal desde 2003. Después de eso, los sospechosos se escudan en el sobrecargado e ineficiente sistema judicial brasileño para mantenerse lejos de la cárcel.

Los costos de la corrupción son enormes. Un estudio halló que en los distritos con menos de 450.000 habitantes -el 90% del total- un décimo del dinero transferido por el gobierno federal se lo engulle la corrupción. El último escándalo puede enlentecer la ambiciosa infraestructura del programa de gastos, centrada en proyectos de energía. El debilitamiento de Calheiros atenta contra la influencia del Senado, que ya es bastante frágil. "Esto empieza a copar la agenda del Congreso", dice Alexandre Marinis de la consultora Mosaico Economía Política.

En el Congreso están muchas de las soluciones y también mucho del problema. Está repensando la práctica que le permite a los congresistas y a los partidos incluir sus propios proyectos en el presupuesto, para que el Ejecutivo los apruebe y así comprar el apoyo legislativo. Algunos quieren una reforma política para hacer que los congresistas tengan que rendir más cuentas a los votantes y que se prohíban las donaciones privadas a las campañas electorales. Hay reclamos de una ley que implemente el derecho constitucional a la libertad de información.

Incluso la Policía Federal no ha salido ilesa de sus propias investigaciones. Dos altos funcionarios debieron dejar su puesto temporalmente la semana pasada después de acusaciones de haber interferido en las primeras investigaciones en las que se veían amenazados algunos de sus colegas. Detalles de la Operación Navaja se filtraron a la prensa, algunos en un DVD con la banda de sonido de El Padrino. El Congreso está reflexionando sobre la manera de garantizar el secreto de esa clase de investigaciones. El contragolpe podría apagar el brillo de la Policía Federal, la estrella del momento.

Darío Morelli Filho, uno de cuyos hijos es ahijado de Lula, fue detenido por la Policía Federal acusado de vínculos con mafias del juego ilegal, y la casa de Genival Inácio da Silva, "Vava", hermano del presidente, fue allanada en medio de las investigaciones.

Todo fue parte de la operación "Jaque mate" contra una mafia del juego ilegal, que además estaría implicada en los delitos de contrabando de traga-monedas, sobornos a policías y funcionarios públicos, y lavado de dinero, posiblemente del narcotráfico.

Genival es el mayor de los 22 hijos que el labriego analfabeto Arístides da Silva tuvo con su esposa Eurídice, conocida como "doña Lindú", y con la prima de ésta, Valdomira. Como Lula, Vavá fue obrero metalúrgico y sindicalista y se jubiló hace años. Su nombre surgió en medio de muchas de las denuncias de corrupción que, en 2005, fueron hechas contra el gobierno.

Genival fue acusado entonces de "tráfico de influencias", pero una investigación iniciada por el Congreso fue archivada el año pasado sin que se llegase a probar nada en su contra.

A vínculos del juego ilegal con líderes del PT se debió el primer gran escándalo de corrupción en 2003.