Como un japonés en un edificio flexible contra los terremotos, como un estadounidense con un refugio bajo tierra para los tornados, los duraznenses acostumbrados a las crecidas tienen en sus casas mesas de cemento, andamios o segundos pisos para proteger sus pertenencias de la creciente del Yí. Cuando se suceden varios días de lluvias, ponen sus cosas a salvo, a un metro del suelo. No esperan que nadie les avise: colocan piedritas alineadas en una calle en repecho y así miden a qué velocidad está subiendo el agua. Cuando llega a sus casas, se van unos días, a lo de un conocido, a un refugio, o se instalan en el segundo piso. Saben que cuando la creciente es grande conviene dejar las puertas abiertas para que el agua circule y la presión no dañe los muros. Dejan que el agua se adueñe de sus casas por unos días y vuelven cuando ella se retira. Y entonces limpian, acomodan las cosas en su lugar. En los muros quedan las marcas del río: algunas a un metro de altura, otras a siete centímetros.
El resto de los duraznenses ven el agua a dos cuadras, o sólo escuchan que llueve, y que este año se evacuaron 264 personas en marzo y 155 a fines de abril. En un mal año, los afectados llegan al millar.
Pero esta vez el agua dejó su rastro dos metros más arriba, los muebles y electrodomésticos refugiados están empapados, los andamios caídos, algunos techos y muros han desaparecido y las cuadras que parecían seguras adquirieron las marcas de la humedad. Los evacuados fueron más de 6.000. Las escuelas y liceos suspendieron sus rutinas para ayudar en el reparto de ropa y alimentos, los trabajadores municipales y los del área social se desligaron de otras obligaciones para dedicarse a organizar la ayuda, los voluntarios se pusieron a clasificar la ropa que llegaba y a pelar verduras. Quinientas grandes bolsas con ropa por día, 35 ollas de 100 litros en cada almuerzo y cena salieron desde el INJU y el hogar estudiantil hacia 16 centros de reparto, porque los desplazados por el agua habían pasado a habitar refugios o viviendas de conocidos en todos los barrios de la ciudad. El que pudo se tomó licencia para arreglar su casa. Los comerciantes vieron bajar sus ventas. Todas las rutinas fueron alteradas.
En la Intendencia de Durazno (IMD) se convocó por tercera vez en el año al Comité de Emergencia que organizó la respuesta siguiendo el plan diseñado en septiembre de 2006 para responder a las eventualidades (evacuación, alojamiento, alimentación, plan sanitario) con autoridades de policía, militares, salud, área social, presididos por el intendente Carmelo Vidalín. El plan de evacuación estaba previsto ordenadamente -qué manzanas evacuar cuando el río llega a qué altura- hasta los 11,20 metros. Pero el agua siguió subiendo un metro y medio más. El Comité empezó a dar partes a la prensa, todos los días, a las 11 y las 19 horas.
Dos semanas después de la creciente las calles siguen llenándose de montículos con olor a podrido en los que se mezclan ropa, colchones, muñecas, revistas y barro, que los camiones pasan a retirar. Las casas siguen oreándose durante el día, ventanas y puertas abiertas, los muebles afuera, rodeados de un halo de vapor.
Cada quien según su necesidad
"Adaptarse a la creciente es fácil", dice Mauro Santiago, de 71 años, en su casa y zapatería en la que perdió miles de pesos en cueros y zapatos. La afirmación es cuestionable: los duraznenses se dividen entre los que se acostumbran a que el río interrumpa sus vidas y los que no entienden que eso sea posible. Pero Santiago prosigue: "cada uno se adapta de acuerdo a su pobreza".
Robert Pallero deja de clavar las maderas que sostendrán su nuevo techo, sobre el costado de la casa de su sobrina, para ir a mostrar lo que quedó de su casa, una de las más de 70 destrozadas por la inundación. Allí vivía con su pareja y sus cuatro hijos, y los mantenía vendiendo leña y arena, desde hacía 16 años. Vivía del río, de sus orillas, como muchos de sus vecinos. Parte del precio que pagaba por ello era ceder su casa al agua en cada creciente, llevando a su familia y sus pertenencias hasta lo de sus parientes, una cuadra más lejos.
Este año, Pallero tuvo que dejar tres veces su casa. En las dos primeras el agua llegó a unos centímetros del suelo, en la tercera la tapó completamente. Cuando empezó a descender el nivel, vio que no aparecía la chimenea. Y después, que no aparecía nada. "¿Qué voy a hacer? Llorar", dice, pero no se le escapa ni una lágrima. De sus hijos, el que está peor es el más grande, de 12 años. "Mírele la cara", dice Pallero, mientras le gira la cabeza para que el niño muestre, callado, su cara seria, sus ojos grandes. Ayuda a su padre a trabajar. Sus hermanos menores todavía no vieron lo que quedó de la casa; están, junto a su madre Mariela, bajo un toldo en el que se amontonan camas y algunos muebles, en el club Efcsa. Al principio vivían allí seis familias, ahora quedan tres. Bastante animada, Mariela dice que le dieron comida, ropa, la visitaron médicos, pediatras. Espera que la IMD le dé una vivienda en unos dos meses. Los niños piden que les saquen fotos, juegan con un conejo.
A las viviendas del Banco Hipotecario en el barrio Puerto de los Barriles -entregadas en 1987, por lo que la mayoría de sus habitantes aún paga las cuotas- el agua les llegó por primera vez. Es fácil identificar a qué casas afectó, porque las puertas de entrada tienen la mitad inferior ondulada e hinchada. Iris Irigoin, con sus 83 años, sale de su vivienda desesperada porque tiene problemas con la grasera. Dice que a su edad, con su hernia hiatal, se va a morir con la imagen de la casa después de la creciente. Si bien no sufrió tantos daños como Pallero, su experiencia fue más inesperada. Su médico le aumentó la medicación, porque está muy nerviosa. Vive con su sobrino de 78 años y -cuando no está de viaje de trabajo por el interior-, con Federico García, de 28 años, al que crió en Aldeas Infantiles. "Es todo cuestión de acá", afirma García, tocándose la sien. "Si te ponés a llorar, no arreglás nada". Pero Irigoin parece estar a punto de quebrarse. "No vinieron de la Intendencia, ni a ver cómo estábamos de salud", se queja. Tiene ansiedad por mostrar su casa, por contar lo que le pasó y que alguien vea el estado en que quedaron sus muebles.
Cada afectado tiene distintas necesidades. Tras los primeros días en los que el reparto de alimentos y ropa se realizó en los centros a los que acudían los damnificados, un grupo de psicólogos, asistentes sociales, educadores, fonoaudiólogos y fisioterapeutas organizó un censo de las personas afectadas visitando sus viviendas. Se intentaba evitar así que la ayuda se superpusiera o no llegara a personas que lo necesitaran. En el relevamiento se anotó la dirección, el número de integrantes, la ayuda recibida y las necesidades que declararon unas 1.500 familias. En este último rubro es en el que más se notaron las diferencias, y para mostrarlo basta una cuadra en el barrio La Amarilla.
"Que les den a los que están más necesitados", responde Díaz a la censadora. Es un hombre que vive entre unos muros de bloques, sin nada arriba, sin nada adentro. Dice precisar sólo unas chapas para el techo. No tiene cocina, no tiene ni un primus, pero no se le ocurre decirlo cuando le preguntan qué precisa. No tiene puerta, es verdad, pero antes de la creciente tampoco tenía.
Mientras que Díaz se las arregla para vivir con su nada, otros intentan acaparar los despojos de la inundación. Adelante de su vivienda hay una casa húmeda, semivacía, con un catre estropeado, en la que dos mujeres responden al censo. Una dice haberle vendido la casa a la otra, para irse del lugar con su hijo de unos meses. Al día siguiente la misma mujer bajita y tímida estará en la esquina de la Intendencia, cargando una bolsa de material, diciendo que estaba preocupada porque quizás la habían estafado: le compraron la casa por 4.000 pesos enseguida después de la creciente, y ahora la nueva dueña quiere entrar en los planes de vivienda para inundados, mientras que ella no tendrá ese derecho. Pero al otro día, una de las personas encargadas del reparto de la ayuda comentará que, escuchando una discusión entre los que esperaban su turno, se enteró de que la misma mujer pedía ayuda para sus tres hijos, cuando los había dado hace tiempo a otras personas. Entre ellas, una de las mujeres que estaba en la cola y que en la vivienda en cuestión no habitaba nadie cuando llegó la inundación.
En la misma cuadra, siguiente casa, vive una pareja de jubilados y su hijo. Es una construcción de dos pisos, cuyos muros se rajaron con la fuerza de la corriente. Los electrodomésticos están secándose en el fondo. Álvez no sabe si su heladera o su calentador funcionarán. Un armario roto se apoya contra la pared. Necesitan todo lo que les den, si es que alguien los quiere ayudar.
Los Álvez viven modestamente, pero son ricos para su vecino Fernández, de 69 años, que vive con su señora de 65. Es tropero, siempre lo fue, y como sus patrones nunca aportaron al BPS supone que tendrá que seguir siéndolo. Había subido sus cosas a un andamio, pero igual el agua las tapó. Sus patrones le ofrecieron algo de dinero, pero no lo aceptó porque implicaría devolverlo en forma de trabajo extra, y ya le empiezan a doler los huesos a la altura de la cadera. La inundación, para él, es un problema más. Dice que le serviría una bolsa de cemento, para seguir emparchando el suelo. La humedad fría impregna el aire de la casa, los muros rezuman agua. En la estufa está prendido un fuego de leña, pero todavía no ayuda. Su esposa no viene para no enfermarse, pero, eso sí, le mandó un plato de guiso.
Ese mismo día, una delegación de Unicef hace una visita previa a la de la delegación de la ONU, relevando necesidades. El director de la escuela 6, en donde se alojaron algunas familias, pide colchones y frazadas. Los técnicos de Unicef quieren que indique las carencias que tendrá su institución después de la inundación. "Si es por pedir, tengo rota la fotocopiadora". ¿Cuadernos? "Ah, cuadernos vendrían bien, nos donaron unos con las páginas pegadas, que al separarlas se deshacen". Pero no es fácil pensar en otras necesidades mientras las familias alojadas en las aulas cuelgan su ropa en el patio.
Ladrillo por ladrillo
Ya se tiró la primera casa en la zona inundable: la de Walter Sosa, en el barrio Santa Bernardina. Fue noticia en la prensa local y nacional. El día anterior, en el Comité de Emergencia, se dijo que era un acto "simbólico". Quiere ser una señal de que se va a actuar con firmeza, pero saben que tirar una única casa no es una solución, es sólo un gesto.
Desde 1977, con modificaciones en 1982, hay una ordenanza municipal que divide zonas inundables y no, tomando como límite el promedio de la altura a la que llegaban las inundaciones. Se definió entonces que 48 manzanas de la ciudad eran inundables en forma total, y 37 más en forma parcial. Las ordenanzas prohíben el fraccionamiento, la edificación y el alquiler en esa zona, pero no han dejado de realizarse, en forma clandestina. También establecen como interés departamental la expropiación de esos terrenos, pero tampoco se llevó a cabo. Durante el gobierno militar hubo un intento de expropiación parcial y demolición, en las tierras próximas a lo que hoy es el Puente Nuevo, pero al poco tiempo la zona volvió a habitarse.
En el Departamento de Obras de la IMD adujeron la dificultad del control, la falta de recursos y la contemplación de "quiénes son los que, por emergencia, están edificando en esos lugares". En los barrios inundables viven algunas familias con muchos hijos (algunas hasta 10 o 12), y pocos ingresos formales, por lo que es común que detrás de una casa crezcan las de la siguiente generación. Las obras se realizan suponiendo que las autoridades no impedirán una mejora de su hábitat, ya bastante precario.
Pocos días después de la inundación se entregaron 30 casas nuevas para inundados, con el compromiso de derrumbar las viejas. Este plan de intercambio empezó a fines de 2003, y se destinó a los propietarios de viviendas en zona inundable, para poder destruir esas viviendas antes de que volvieran a ser habitadas por otras familias. La nueva casa de Sosa tiene un cuarto, una cocina-comedor y un baño, más los cimientos necesarios para realizar dos habitaciones más. El intercambio sólo implica cinco Unidades Reajustables (unos 1600 pesos) y el consentimiento de entregar y destruir la casa de la que era propietario. Hacía tiempo que Sosa quería mudarse, y la nueva vivienda estaba lista desde hacía más de un año. Según dijo Adriana Avellanal, asistente social de la IMD, la demora se debió a papeleo y coordinaciones entre el Ministerio de Vivienda y la Intendencia.
Sosa está contento con el cambio. Las paredes de su nueva casa son las más blancas que se puedan encontrar en estos días en Durazno. Conoce a seis de sus nuevos vecinos, en el barrio Las Higueras. Las Higueras se llama también una de las varias whiskerías de la zona, que perderá algo de la lejanía cómplice que exige esa clase de negocios en el interior ya que estará rodeada por unas 250 familias, entre las viviendas para inundados y varias cooperativas de ayuda mutua. Más de 70 viviendas de esas cooperativas se destinaron a los que habitan en zonas inundables pero no son propietarios, por lo que no pueden entregar su vivienda a cambio. Pueden acceder a ella cumpliendo con 20 horas de trabajo semanales y pagando dos UR (unos 600 pesos) por mes durante cinco años.
En el cambio de vivienda, algunos inundados quieren aprovechar para hacer su mejor negocio. Luis Cor era vecino de Sosa en Santa Bernardina. Está sacando las chapas que se pueden recuperar de una casa que van a derribar y todavía no tuvo tiempo de arreglar sus cosas, que, bajo una capa de barro, liberan parte de su humedad. Alquiló su casa hasta que se enteró de que los dueños debían años de contribución inmobiliaria, y ahora simplemente la ocupa, según dice. Como es albañil y vive de changas, no quiso comprometerse con el gasto de dos UR por mes. Hoy, como otros que ven cómo los muros de sus casas rezuman agua y las maderas de sus muebles se curvan y retuercen, se iría. Pero quiere negociar su partida, ya que hay tanto interés en ella. "Le voy a decir a Vidalín que, si quiere que pague, me dé un trabajo", afirma.
Gabriela Mas, de 35 años, es vecina de Sosa en su nueva vivienda, en Las Higueras. Dos cuchetas transforman el comedor en el cuarto de sus cuatro hijos. Dice que encontró su nuevo hogar con los vidrios rotos y sin grifería, y supone que fue robada entre que la casa se terminó de construir y se entregó. Si no hubiera sido por la inundación, no hubiera aceptado la casa en esas condiciones, porque el intercambio era "pelo a pelo: mi casa tenía canillas, que ésta tenga", sostiene.
Los que no se quieren ir
Muchas familias que habitan la zona inundable no quisieron entrar en estos planes. Hace año y medio se consultó a las 250 familias más afectadas por las inundaciones, informó Avellanal. Treinta propietarios y 60 no propietarios aceptaron los planes; tres de cada cinco familias decidieron quedarse donde estaban.
Las razones varían. En Santa Bernardina, donde las casas son amplias y de buena calidad, la mayoría de dos pisos, donde las palmeras adornan la calle principal y los vecinos, apartados del resto de Durazno por el río Yí, tienen muchos lazos comunes, vive Ema Guanco, de 64 años, que no quiere dejar la casa en la que vivió desde los 12. Los pobladores de La Amarilla, barrio de casas precarias en el que muchos trabajan de changas o de juntar leña, algunos valoran vivir cerca del monte, otros no tienen medios para garantizar el pago. Dicen que las viviendas nuevas están lejos (aunque están a cinco kilómetros del centro) o que las casas son muy pequeñas.
Hay quienes dicen que los de La Amarilla y Bolsa de Gatos, dos barrios humildes que son afectados periódicamente por la creciente, "viven de las inundaciones". Que prefieren estar allí para recibir ayuda, comida, abrigo, una vez al año. En Bolsa de Gatos, un grupo de vecinos se indigna, pero con tranquilidad. "Yo le tengo que dar de comer a mi familia, no voy a esperar a que llueva para que tengan comida". Tienen su propia contra-teoría: "este barrio va a seguir existiendo, porque a los políticos les sirve ser asistencialistas". Quienes sufren el problema y quienes buscan una solución se echan mutuamente la culpa de la existencia de viviendas inundables.
Lo que sí es verdad es que mucha gente de este barrio, acostumbrado a las crecientes, no se quiere ir. "La pobreza y la creciente lo hace un barrio muy unido, muy solidario", dice Wilson Barité, dirigente del MPP, antiguo habitante de Bolsa de Gatos. Como el barrio tenía mala fama ("de putas y chorros", explicita) organizó un equipo de fútbol para mostrar otra cara. Cuando hay una creciente, los vecinos se auxilian entre ellos. En la casa del padre de Barité los vecinos amontonaron heladeras, televisores, sillones y muebles. En ese galpón empezará a funcionar una carpintería, con la mano de obra de los vecinos, una donación de madera y la orientación de carpinteros que la intendencia se comprometió a facilitar. Bolsa de Gatos, a diferencia de La Amarilla, tiene una fuerte cohesión social y capacidad de autogestión.
En este barrio hay quienes, aunque viven entre crecientes, no quieren mudarse, ni piden ayuda a la IMD. Julio Mautone, de 46 años, tiene su bote estacionado a la salida de su casa. No fue a pedir nada, dice, porque no le gusta pedir. El zapatero Santiago tampoco se va a ir. "En la tatucera donde nació tiene que morir", es su filosofía. Pero Mabel Martiniano, a cuya casa llegan todas las crecidas, y que hasta hace poco tampoco se quería ir, ahora tose mientras limpia y afirma que si le dieran otro lugar no volvería a esa casa, por su salud.
Como Martiniano, son varios los que después de esta creciente cambiaron de opinión. La dimensión de la crecida los impactó. Sin embargo, esta vez el agua no mató a nadie en la ciudad. Fue en la creciente de abril -que no mereció la declaración de "estado de desastre"-, que murió Ruben Pizarro, de 63 años, según el diario local El acontecer del 2 de abril. Intentó cruzar la calle Artigas y se ahogó. Algunos dicen que la culpa fue suya, que estaba borracho, o que fue imprudente. Es que es algo normal que la calle que lo llevaba a su casa estuviera tomada por el río Yí.
Prevenir a ojo
Hay un margen de unas 48 horas entre la caída de lluvias en la cuenca del Yí y la acumulación del agua en la ciudad de Durazno. Esto lo conocen los habitantes de la zona, y puede verse claramente en los datos de la última crecida. Según la Jefatura de Policía de Durazno, el sábado 5 y el domingo 6 fueron los días en los que se registró mayor volumen de lluvias caídas en las 14 estaciones pluviométricas del departamento, con precipitaciones entre 80 y 145 milímetros y 80 a 163 milímetros respectivamente. Sin embargo, el martes 8 y el miércoles 9 la crecida en Durazno alcanzó su nivel máximo, 12,56 metros, según los datos de Jefatura.
El secretario del Comité de Emergencia de Durazno, José Pedro Rodríguez, dijo que actualmente, "prevemos empíricamente, no de una forma científica, sabiendo que las lluvias son abundantes en la cuenca Norte", explicó.
Rodríguez dijo que se pidió una previsión de la altura que alcanzaría el río a la Dirección Nacional de Hidrografía (DNH) el lunes, cuando el río estaba en la cota 11,60. "Preguntamos para saber si iba a llegar a la planta de OSE, lo que implicaba que la ciudad quedara sin agua", afirmó. La DNH usó una ecuación elaborada en base a crecidas anteriores que, tomando los datos de lluvias y la altura del río en Sarandí del Yí, determina la altura que alcanzará en Durazno. El programa dio la cota máxima para el martes y la previsión fue bastante certera.
El ministro Víctor Rossi explicó que el modelo, si bien se cumplió en esta inundación, no está aún confirmado, por lo que "sería irresponsable usarlo como previsión oficial". Sí se usa como insumo para las autoridades encargadas de las medidas de emergencia. Las previsiones fueron cercanas a la realidad respecto del pico de altura que alcanzó la crecida, pero son poco confiables respecto de los tiempos en que esto sucede. Rossi dijo que "no está previsto que si sube en la ruta seis, hay que avisar que va a subir en la cinco".
Un proyecto de alerta temprana financiado por la red iberoamericana Prohimet propone la adopción por parte de UTE de un sistema de telemedida satelital, que todavía no ha sido incorporado, y el suministro de estos datos en tiempo real a la DNH, ya aprobado por resolución.
Volver a empezar
Algunos acusan a los habitantes de barrios inundables de vivir allí para recibir la ayuda de la intendencia. Ellos se defienden diciendo que sus barrios existen porque a los políticos les sirve ser asistencialistas.
Decisiones y cámaras
"Brillante", felicita el intendente Carmelo Vidalín a cada reporte de los integrantes del Comité de Emergencia, desde la llegada de los vagones de AFE con donaciones hasta la información meteorológica.
En el Comité se resuelve en forma muy ejecutiva. Los vagones tienen un precinto que se puede abrir con un cuchillo y se descargarán al día siguiente. Vidalín dice "Jefe, una guardia allí"; el jefe de policía asiente. Los colchones se precisan en forma urgente y el ritmo en el que se consiguen es lento. Se decide hablar con el Mides para ver si se pueden comprar en el Mercosur. Recostado hacia atrás, con los brazos detrás de la nuca, el intendente parece disfrutar tomando decisiones.
Vidalín hace pasar a Federico Franco, sindicalista, que informa de la oferta del sindicato de la construcción Sunca de colaborar en los trabajos de reconstrucción. "Estamos juntos en una", bromea el intendente herrerista. La propuesta del Sunca implica resolver un tema complicado: qué casas recibirán ayuda y cuáles no. Vidalín crea una comisión de tres agrimensores, un arquitecto y Franco para establecer la cota de zona inundable que determinará la diferencia.
Luego de la reunión entran los periodistas a recibir el parte. Se colocan del lado derecho de la mesa, a diferencia de los días anteriores. Vidalín pide volver a lo acostumbrado, por cábala, y así se hace, por las dudas. No hay diferencia en los contenidos de lo tratado en la reunión y lo que se informa, aunque se agregan algunas frases acordes al estilo, como "sensibilidad con responsabilidad". Frente a las cámaras, se firma la entrega de canastas de materiales de construcción del Mides.
En el parte del día siguiente, los observadores de la ONU resaltaron la adecuada respuesta frente a la emergencia, la coordinación entre las instituciones, el logro que implica el reparto de comida caliente. Mientras, en el Departamento de obras, trabajaba el grupo encomendado de fijar la cota actualizada, que servirá para orientar políticas que busquen solucionar los problemas de raíz. Retomando un poco de historia, comentaron que el trabajo que hacen sólo servirá si se toman las medidas que con la cota establecida no se tomaron.