XIMENA AGUIAR

Cubrir una necesidad básica. Transformar su modo de vida. Participar de un movimiento clasista, popular, alternativo. Para los convencidos de la propuesta de la Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua (Fucvam), esos aspectos no pueden separarse. Durante la decena de años que lleva conseguir la vivienda común se comparten asambleas, frustraciones, marchas, trámites, trabajo, guardias nocturnas, banderas, mate, comisiones. Las jornadas de trabajo se alternan con las manifestaciones en contra del modelo capitalista; se vota a mano alzada tanto para decidir qué baldosas poner en las futuras viviendas como para establecer si las marchas son obligatorias.

El objetivo que lleva a alguien a participar en una cooperativa de vivienda por ayuda mutua es acceder a una vivienda propia, pagando el 15% con trabajo, financiando el 85% restante a 25 años con un interés de 2%.

La oferta parece tentadora para el 15% de los hogares uruguayos que alquilan y el 23% que ocupan su vivienda, según el informe del Instituto Nacional de Estadística de 2006. Sin embargo, sólo el 2% del 61% de los propietarios accedió a su vivienda a través de fondos cooperativos. Y es que para ello hace falta, más allá del balance económico, tener (o adquirir por el camino) interés por la militancia política, capacidad para el trabajo en común, y mucha, mucha paciencia. Desde el primer trámite al último ladrillo, las cooperativas construyen a los cooperativistas. Tres cooperativas de las más de 350 que integran Fucvam muestran alguna parte de ese proceso.

Por obligación y por vocación

La cooperativa Icovi, en Malvín Norte, se formó en 1999 a partir de un grupo de funcionarios que trabajaban en otra cooperativa. Está en la etapa de "trámite", pero ya consiguió un terreno. La cooperativa decidió afiliarse a Fucvam en una asamblea, basándose en la experiencia que conocían. "Fucvam te da apoyo para presionar para conseguir préstamos y mejores condiciones. Y te pide una cuota social, como un gremio", afirmó Alejandro Leal, presidente de Icovi y tesorero de Fucvam.

La participación en las marchas a las que convoca Fucvam se somete a la decisión de cada cooperativa. En algunas se discute en asamblea, en otras en los consejos directivos. Si se establece que la actividad es obligatoria, se sanciona la falta injustificada.

En Icovi decidieron que todas las marchas son obligatorias. Se intenta no sancionar con multas, sino con trabajos como la limpieza del terreno. En la cooperativa Covireus al Sur, en Palermo, actualmente en obra, se discute cada vez que hay una convocatoria. Si se decide que es obligatoria -lo cual sucede la mayoría de las veces-, la multa puede ser de 0,5 Unidades Reajustables (unos 160 pesos), e ir aumentando si la falta se reitera. "Es el juego de la democracia, si la mayoría lo decide, tenés que acatar", explicó el secretario, Santiago Oxley. Para la minoría que no quiera participar en la marcha, manifestarse por obligación debe ser un trago difícil y un precio inesperado a pagar por su vivienda. Ramón Fratti, integrante de la directiva de Fucvam y de la cooperativa Coviagrocona, en Lezica, habitada desde hace diez años, sostuvo que la participación en las marchas es optativa, y que cree que debe seguir siendo así.

Más allá de lo que la cooperativa decida, todos los socios deben dedicarle tiempo a estudiar y discutir el tema de la convocatoria y la importancia del reclamo. "El 95% de la gente entra en una cooperativa de vivienda porque necesita un techo. Ahora, es bastante imposible entrar en una cooperativa de Fucvam y ser indiferente a la propuesta política, porque es de lo que se habla todo el día", admitió Fratti.

Muchas veces la participación política ya existe desde antes de que se forme la cooperativa: la mayoría de ellas surge de un gremio de trabajadores (de Conaprole, metalúrgicos, magisterio...), y algunas reciben de él su nombre. Luego se suman otras familias interesadas y la militancia pasa a estar motivada por la conciencia de una necesidad y un reclamo común.

Pero para las cooperativas en formación, la militancia también tiene su lado utilitario. Por ejemplo, Icovi consiguió el terreno para construir a través de la cartera de tierras de la Intendencia de Montevideo, que se reparte entre Fucvam, Fecovi y otros fondos sociales. Leal dijo que para decidir la adjudicación del terreno, Fucvam reunió a las cooperativas que aspiraban a conseguirlo y les dio "un puntaje a cada una en función de aspectos como su participación en la Federación". En su caso, también tuvo en cuenta que ellos vivían en el barrio y habían hecho gestiones ante la junta local para que el terreno pasara a la cartera de tierras, añadió. Fucvam no incide en el otorgamiento del préstamo. "Aunque hay cooperativas que se confunden", dijo Leal.

Algunas de las cooperativas terminadas se apartan de la militancia, pero en otras sigue la pelea por mejorar las condiciones de los créditos. "En ese momento firmamos al 7% sabiendo que teníamos derecho al 2%, pero si nos poníamos a pelear nos quedábamos sin nada. Aceptamos esas condiciones sabiendo que con la lucha gremial vamos a revertirlas", dijo Fratti.

Pero los integrantes de las cooperativas terminadas que siguen militando después de que consiguieron su objetivo también tienen otras motivaciones. "El himno de las cooperativas dice `construir nuestras casas es el principio y no el final`. El principio de un proyecto social", dice Fratti. Algunos de los habitantes de Coviagrocona participan en cargos directivos de Fucvam (en forma honoraria), en el centro comunal barrial, siguen asistiendo a las manifestaciones y hacen viajes para capacitar a movimientos similares en otros países.

Fratti dice que la militancia es una opción de vida. Además, tiene en cuenta que si no fuera por el movimiento no podría haber conseguido una casa en Montevideo. Si antes lo movía la necesidad, ahora también lo mueve el agradecimiento.

El desaliento burocrático

Actualmente las nuevas cooperativas no pueden anotarse para pedir préstamos en el Ministerio de Vivienda porque todavía no se aprobó un nuevo reglamento, que recogería algunas de las reivindicaciones de Fucvam, como el pago por franjas según los ingresos.

A no ser que el nuevo reglamento cambie sustancialmente las condiciones, a las nuevas cooperativas les espera un largo camino: un promedio de siete años de trámites y esperas desalientan a los cooperativistas. Quien no tiene dinero, invierte tiempo: asambleas todos los meses, reuniones de los grupos directivos todas las semanas, las correspondientes discusiones internas... no son lo peor. Para conseguir el préstamo es necesario realizar un largo desfile por mostradores, seguir las carpetas de una oficina a otra y aguantar la burocracia.

Leal dijo que, según un estudio realizado por Fucvam, el trámite para que una cooperativa consiga un préstamo debería durar un año y medio, pero el promedio real son siete u ocho.

Las demoras se deben en parte a la idiosincrasia de las oficinas públicas. "Hay un error en un plano y demoran en llamar a los arquitectos para solucionarlo; está la carpeta lista para pasar a otra oficina y queda en un cajón", sostuvo Leal. Pero también, dijo, "falta voluntad política: hay una sola persona en el Banco Hipotecario para recibir las fichas sociales de todas las familias de todas las cooperativas". Coinciden con él otros cooperativistas. "En vez de combatir al movimiento directamente, se lo agredía de otra manera: tardabas en hacer la personería jurídica, se estiraban los trámites para conseguir los préstamos... se iba desanimando", dijo Fratti, recordando los tiempos en que aún estaba en trámite.

Poco antes de que les otorguen el préstamo, las cooperativas empiezan una "preobra" con sus ahorros. Icovi esperaba empezarla en agosto. Pero, dijo Leal con resignación, seguramente demoren más.

A fines del año pasado, tras diez años de trámite, Covireus consiguió el préstamo. Los vecinos de Palermo ya se habían acostumbrado a ver el terreno de una manzana casi vacío, con una pequeña construcción para realizar reuniones y los restos del conventillo de Ansina medio derruidos al fondo.

Aunque les otorgaron la tierra ya con el proyecto de vivienda realizado por el Centro Cooperativista del Uruguay y elegido por concurso por la IMM, hubo que esperar a que la Intendencia expropiara algunos de los padrones, que todavía pertenecían a privados, hubo que desalojar ocupantes, y esperar a que se cumplieran los tiempos de juicios y papeleos. Ya están en obra, pero siguen los papeleos. Parte del terreno en el que construirán las viviendas lo ocupan los restos del conventillo que fue declarado patrimonio nacional y en el que aún viven nueve familias. La cooperativa accedió a la propuesta del municipio: destinar parte del terreno para que se les construya la vivienda a esas familias y se conserve parte de la vieja estructura, hoy en peligro de derrumbe. Aunque dependen de los tiempos de la Intendencia, esperan terminar la construcción en 2010, cuando empezarán a habitarla, y a pagar el préstamo.

La prueba de la convivencia

"Cuando venís a una cooperativa ya sabés a qué te vas a enfrentar: la convivencia, el compartir, el trabajar en ayuda mutua... Todo eso te va marcando. Y el que viene acá sabe que va a tener que compartir también en el futuro: nuestros hijos se van a criar juntos, vamos a tener un salón común para nuestras actividades... Hace diez años que estoy en esto, ya es un modo de vida", dijo Roger Aguiar, uno de los cooperativistas de Covireus.

La perspectiva de trabajar en conjunto para construir la vivienda y de compartir luego el resultado en forma comunitaria no es para cualquiera. "Cuando alguien se acerca a la cooperativa se nota rápidamente si tiene cultura política o no", dijo Leal. Si no la tienen, algunos aprenden, otros se van. Leal dijo que una manera de darse cuenta es participando en las jornadas solidarias en las que se apoya a cooperativas que están en obra. "Lo hemos hecho bastante. Ahí algunos se dan cuenta de que no es para ellos", explicó.

"El momento de la obra es el más exigente", afirma Santiago Oxley: 21 horas de trabajo semanal por núcleo familiar, además de la participación en comisiones y asambleas. Aparecen nuevas tareas: la compra de materiales, el armado de planillas de trabajo, el contrato de mano de obra especializada... Hay quienes no pueden seguir el ritmo, o no cuentan con el apoyo de sus familiares. Los carteles pegados en el salón común de Covireus avisan que en la próxima asamblea se tratará el tema de la exclusión de algún cooperativista, el último recurso cuando éste no cumple con sus obligaciones.

Esta cooperativa de 182 viviendas va por los 415 socios: 233 se fueron en algún momento durante estos diez años. Mientras, hay unas 160 familias en lista a la espera de que alguien más abandone. La mitad de los socios de las cooperativas consultadas abandonó el proyecto antes de llegar a su objetivo, así como la mayoría de los fundadores. Por cansancio, porque no pudo cumplir con las exigencias, porque solucionó su problema de vivienda o porque se dio cuenta de que la propuesta cooperativa no era la solución para él.

Una vez construida la vivienda, los cooperativistas no son propietarios de su casa. Cada una de las 50 familias de Coviagrocona posee la cincuentava parte de todo el complejo, y su vivienda en derecho de uso. Siguen pagando fondos solidarios y de mantenimiento.

Pero vivir en cooperativa también implica otras cosas. En una de las casas de Coviagrocona hubo un incendio el fin de semana pasado, y la familia tuvo el apoyo de los vecinos y los materiales para reparar los daños. Detrás del portón de la entrada, además de las viviendas de ladrillo, hay una pequeña huerta que sostuvo la alimentación de algunas familias durante la crisis, un salón común a punto de ser inaugurado y una futura cancha de fútbol que ya tiene dos arcos hechos por los chicos de la cooperativa. Otra generación de cooperativistas ya se está iniciando en las reglas del juego.