C.B.

El delito de abuso de funciones nunca estuvo tan en tela de juicio para el Parlamento, ese crisol de opiniones que nos representa. Ante la andanada de pedidos de procesamiento de ex directores de entes colorados y blancos, dirigentes de los partidos tradicionales contestaron con la misma moneda. Y nació la gran polémica en el oficialismo. Votar o no votar el desafuero de sus colegas: ese es el dilema.

"Estoy en la dulce espera", dijo hace unos días el ex presidente de OSE, el quincista Juan Justo Amaro, para quien el fiscal Eduardo Fernández Dovat pidió prisión por autoría de un delito continuado de fraude y acusó de cuatro delitos de abuso de funciones. Estos abusos (entre 2000 y 2004) van desde el mantenimiento y reparación de autos oficiales, a la construcción de una cancha de baby-fútbol en un predio floridense donde se proyectaba una planta de aguas residuales, y aportes de materiales y personal para la construcción del monumento al caballo en Sarandí Grande.

El fiscal también pidió el procesamiento de los ex directores del ente, Hugo Granucci (vicepresidente) y Carlos Rodríguez Landoni (presidente), así como del hoy diputado blanco Alberto Casas, acusado de dos delitos de abuso de funciones, en reiteración real.

Los senadores del Frente Amplio encomendaron el análisis del caso a la comisión de Constitución y Legislación, que decidirá la posición de toda la bancada frentista. El martes 10 el FA resolvió apoyar el pedido de desafuero de Casas.

Alberto Cid, de Asamblea Uruguay, había dicho que no votaría el pedido de desafuero porque él le pidió favores a Amaro cuando fue director de OSE, para ayudar a otras personas. Dijo que solicitará la derogación del delito ante la bancada. Una comisión creada por la ley de Humanización del sistema carcelario ya estudia la conveniencia de la vigencia de esa figura.

El delito, previsto en el artículo 162 del Código Penal, castiga con tres meses de prisión a tres años de penitenciaría al funcionario público que "con abuso de su cargo, cometiere u ordenare cualquier acto arbitrario en perjuicio de la administración o de los particulares".

La derecha contratacó: el ex diputado colorado Juan Amaro Cedrés (hijo de J.J. Amaro), presentó una denuncia contra las actuales autoridades de OSE por presuntos casos de abusos de funciones y peculado. Lo que parecía un acto de vengar el apellido no fue apoyado por el papá. Además, el Herrerismo acusó a la cúpula de Antel de abuso de funciones por decidir la contratación de 500 funcionarios de un call center como funcionarios públicos ante la presión del sindicato.

Este tipo de normas de "penal abierto", como se dice, permite que el juez interprete libremente, lo cual es peligroso según el abogado penalista Juan Fagúndez y el profesor de Derecho Penal, Alfredo Gómez Tedeschi, quien votó para revocar la condena del ex director de Aduanas, Pablo Ilarietti, acusado de abuso de funciones y sobreseído por la Suprema Corte de Justicia en diciembre. Ilarietti efectuó transposición de rubros al "inventar" viáticos para subir el sueldo de sus empleados.