Argentina y Chile, dos casos testigo

En América Latina penetraron con fuerza durante los años `80 y `90 los sistemas previsionales de capitalización individual. Para sus defensores son producto de economías destruidas por déficits endémicos. Para sus opositores, parte del recetario suscrito por el Banco Mundial y el Fondo Monetario para economías emergentes. En la actualidad muchos de esos modelos están en revisión.

CHILE: Fue el primer país en América Latina que creó un sistema de seguridad social a comienzos del siglo XX. Llegaron a coexistir 52 cajas que operaban bajo el sistema de reparto. Entre 1950 y 1980 el costo del sistema se incrementó cinco veces. En la década 1970-1980 el déficit fiscal fue equivalente a 28%. En 1981 se creó el sistema de capitalización individual a través de los Bonos de Reconocimiento, que se reajustan con la inflación pasada y tienen una tasa de interés de 4% anual. Gracias al crecimiento económico y a un sistema de salud que ha ido avanzando, para 2020 unos tres millones de chilenos, el 17% de la población, tendrá más de 60 años. Las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) manejan las cuentas de ahorro individual donde los trabajadores pagan un 10% obligatorio de su sueldo bruto. Con tasas de rentabilidad de 10% al año el sistema ha acumulado 77.400 millones de dólares -equivalentes a dos tercios del PBI de Chile- gracias a 7.5 millones de cotizantes. Bajo el sistema actual, los jubilados pueden acceder a una pensión del Estado sólo cuando han contribuido durante por lo menos 20 años. El único subsidio del Estado que se encuentra disponible es una "pensión asistencial" de 84 dólares al mes. La comisión propone eliminar el requerimiento de 20 años de cotizaciones e introducir una Pensión Básica Universal de 140 dólares mensuales, para el 60% más pobre de la población chilena.

ARGENTINA: Hay casi 14 millones de jubilados, 12 millones bajo el régimen de capitalización individual, a través de las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP), creadas por ley en el segundo gobierno de Carlos Menem. Pero la mitad de quienes ahorran en los fondos privados no los eligieron, sino que fueron derivados automáticamente tras un plazo sin optar. El 27 de febrero, con 209 votos a favor y 10 en contra, la Cámara de Diputados aprobó un proyecto de reforma al considerar un fracaso la privatización de las pensiones y la convivencia del tradicional régimen estatal basado en el reparto y los fondos de pensión vigentes desde 1994. Los montos mínimos tuvieron un aumento, se ofreció una jubilación anticipada por desempleo, una jubilación a las amas de casa y moratorias previsionales a éstas y otros trabajadores que no hubieran realizado aportes en el pasado. Con esos cambios, la cobertura de seguridad social alcanza al 80% de los adultos mayores. El proyecto aprobado ahora elimina la prohibición de que los trabajadores se pasen del sistema de capitalización al de reparto. Otro cambio clave es que la inscripción automática ya no es a favor de las AFJP. Antes quien ingresaba a su primer empleo contaba con 90 días para elegir entre el sistema de reparto o el de capitalización. Si transcurrido el plazo, el trabajador no había optado, su afiliación se sorteaba entre las AFJP. Con la reforma, sus aportes irán automáticamente al régimen estatal. En el Cono Sur, sólo cuatro de cada 10 trabajadores cotizan y sólo cuatro de cada 10 mayores de 70 años perciben una pensión, según CEPAL.