Cualquier Fernández

MARCELA MORETTI

GONZALO FERNÁNDEZ PIENSA muy parecido a Tabaré Vázquez. Los dos son socialistas renovadores y pragmáticos. Ninguno se define a sí mismo como político y sus lugares en el poder tienen poco y nada que ver con la militancia de base típica de la izquierda. Haciendo oídos sordos a las críticas, abogado y oncólogo siguen ejerciendo sus profesiones desde el gobierno. Hay quienes llegan a decir que el secretario de la Presidencia tiene tanto poder como el presidente. Él lo niega. Y dice que todos los días va desde su despacho en el séptimo piso del edificio Libertad hasta la residencia de Suárez -donde Vázquez eligió trabajar- para recibir las directivas de su jefe y amigo, sin las cuales no mueve un dedo.

Algo le salió mal a Fernández. Primero quería seguir como asesor honorario de Vázquez pero éste lo convenció de aceptar el cargo público. Después quiso cultivar un perfil bajo, pero terminó involucrado en los temas más sensibles que enfrentó el primer gobierno de izquierda, que acaba de cumplir sus dos años. No es raro entonces que diga que se quiere ir. Lo llamativo es que asegura que no se va porque el presidente no lo deja. Y él le hace caso. Se ve que Vázquez influye tanto en él como dicen que él influye en Vázquez. Lo que muchos se preguntan es por qué.

"No tuve ni tengo decisión de hacer carrera política. Lo mío es una forma de participar, de dar una mano. Llego a este compromiso por la relación personal que surgió con Tabaré, si no fuera así seguramente seguiría siendo socialista pero desde un segundo plano. Y me decidí a seguirlo porque me convencí de que lo que lo mueve es fundamentalmente una vocación de servicio por los humildes". Así definió Fernández su participación en la política en agosto de 1999, en una nota con la revista Tres, cuando sólo era asesor honorario del entonces candidato presidencial.

Hoy ese amigo que quería "dar una mano" camina por terreno resbaladizo entre intereses profesionales -sus verdaderas vocaciones son la abogacía y la docencia- y las obligaciones de un cargo que asegura que no quería, pero que aceptó.

La oposición ya llegó a pedir su renuncia. Lo acusan de falta de ética por seguir ejerciendo la abogacía en materia penal, lo que implica que su estudio se haya enfrentado al Estado en los juzgados. Cuestionable es, ilegal no. Innovador tampoco. La presencia de abogados reconocidos con estudios propios en cargos públicos de confianza es casi tradicional. Sin ir muy lejos, el anterior ministro de Educación y Cultura durante el gobierno de Jorge Batlle, Leonardo Guzmán, no cerró su estudio cuando ocupó el cargo. Tampoco Juan Andrés Ramírez cuando fue ministro del Interior de Luis Alberto Lacalle, o Ignacio de Posadas cuando estuvo en Economía.

Pero, aunque pueden sonar hipócritas, los cuestionamientos de la oposición plantean matices atendibles no sólo entre enemigos políticos de Fernández. El sector más votado de la izquierda, el MPP, fue el único que se atrevió a decir en voz alta -pero sin hacer mucho ruido- que la situación del secretario de la Presidencia le merece reparos. En secreto son más los que se plantean dudas. Mientras tanto, en el ambiente judicial, los corredores hablan de que tener a Fernández del otro lado del mostrador no es la situación ideal.

Secretario íntimo

Pero quién es, qué hace y qué piensa este hombre del presidente. El mismo que un día patrocinó al poeta argentino Juan Gelman por el caso de su nuera María Claudia García, buscando la verdad en uno de los casos de desaparición forzada más controvertidos de la dictadura, y después se enfrentó a su fuerza política para asesorar a Jorge Peirano, uno de los procesados por la estafa del Banco Montevideo en la peor crisis bancaria del país. Aunque terminó abandonando el caso.

No le gusta nada que le digan que es poderoso. Aunque ha sido la mano ejecutora del gobierno en asuntos complicados como el conflicto con Argentina por las plantas de celulosa, la política de derechos humanos, el relacionamiento con los militares, la firma del TIFA con Estados Unidos y la negociación con la oposición por la Fiscalía de Corte. A veces tuvo más protagonismo que los ministros, como en el caso del canciller Reinaldo Gargano en el vínculo con Estados Unidos o de la ministra de Defensa, Azucena Berruti, en el diálogo con los militares. Se ve que Vázquez confía más en su criterio que en el de algunos de sus secretarios de Estado.

Él repite una y otra vez que sus acciones obedecen exclusivamente a mandatos del presidente. "Obviamente todo su poder es delegado por el presidente. Con el paso del tiempo uno observa que algunos presidentes delegan más y otros menos. Yo creo que con Gonzalo Fernández lo que estamos viendo es la experiencia donde la autonomía y el poder se ha llevado a la máxima expresión", afirmó el politólogo Daniel Chasquetti.

El modus operandi de Fernández sólo se puede entender asociado al estilo del presidente. Para Chasquetti el secretario del la Presidencia no es el único en el que Vázquez delega temas sustanciales. La política económica también va por carriles independientes, manejada por Danilo Astori. Además, el Vázquez intendente ya mostró esta modalidad de gestión y varios de sus ex directores comunales están hoy en el gobierno, como Víctor Rossi en Transporte y María Julia Muñoz en Salud.

Fernández se define como "un tipo común y silvestre" que, "como decía (el ex presidente argentino Juan Domingo) Perón", va "del trabajo a casa y de casa al trabajo". Cumple 55 años el 21 de este mes y fue educado en el Colegio Alemán, una institución a la que se vinculó porque su abuelo materno fue un gallego que cuando llegó a Uruguay consiguió allí un trabajo como casero y bedel. Su padre falleció hace años, su madre acaba de morir y tiene una hermana que es médica. Está divorciado de la madre de sus dos hijos, Matías de 17 años y Laura de 15. Los dos van al Liceo Francés.

Dice que su verdadera vocación es la docencia. Estudió leyes en la Facultad de Derecho de la Universidad de la República y llegó a catedrático grado cinco. Le huye a todo evento social o protocolar y le gusta mucho el básquetbol, leer, la música, sobre todo el jazz, y el cine. Es fanático, socio vitalicio y colaborador del club Malvín. Llegó a jugar varios años en las juveniles.

Su relación con Vázquez empezó en 1989, cuando la izquierda ganó la intendencia por primera vez. Desde entonces fue su asesor personal y honorario en diversos temas. Una de sus participaciones más detacadas fue en la Comisión para la Paz.

Pero quizás lo que más los unió fue cuando Fernández asumió la asesoría legal de la clínica oncológica COR, de la cual era propietario el presidente y cuando defendió a uno de sus hijos, Javier Vázquez, en un contencioso administrativo por actividades de la clínica Nuclemed en 1995. Vázquez hijo vendía servicios informáticos al instituto de Oncología, donde su padre era jefe del Servicio de Radioterapia, aunque no tenía la potestad de ordenador del gasto. Vázquez fue absuelto.

Cuando el presidente lo convocó, Fernández ya pertenecía al Partido Socialista, al que se había acercado a los 18 años y en el que tuvo como referente al ministro del Interior, José Díaz. Integra el Comité Central y es afín a la línea renovadora, identificada con el secretario general Eduardo Fernández, entre otros. El sector que en el último congreso obtuvo la mayoría, desplazando a los conservadores del canciller Reinaldo Gargano.

"Yo nunca fui un gran militante", afirma. Dice que en la dictadura, mientras leía todos los libros de derecho penal con los que se cruzaba, militaba como socialista pero no lo tenían fichado. Sólo así se entiende que haya ingresado a la administración pública el 20 de julio de 1978, en pleno poder militar. Llegó a ser director de la Asesoría Letrada del Ministerio de Turismo, organismo que abandonó a principios de la década de 1990. Fue lo que se conocía en dictadura como un "ciudadano clase A", mientras otros militantes de izquierda se quedaron sin sus cargos públicos.

Su carrera como docente también se inició en tiempos del gobierno de facto, en 1979. Sólo un año dejó de dar clases, en 2006. Sus alumnos, que están por todos lados, dicen que dicta muy buenas clases porque transmite los conocimientos con claridad y entusiasmo. "Cuando comenzó a impartir sus clases, la magia se instaló en el salón. Incluso a los no vocacionales del derecho nos fue atrapando, haciéndonos interesar por la disciplina de una forma realmente intensa", escribió Sergio Arbiza en una carta a la sección Ecos de El País.

Muchos dicen también que es bastante soberbio a la hora de tomar examen. "Bueno (risas). No estudian nada. No es un tema de soberbia", respondió el profesor. Y se divirtió contando anécdotas. "Un día le pregunté a uno teoría de la pena y me dijo: `No, del tomo dos no me pregunte nada porque yo sólo leí el tomo uno`. `Entonces el tomo dos estúdielo en febrero`, le respondí". "Soy exigente, si saben, saben y si no saben, no saben".

Golpes y más golpes

Al abogado penalista lo acusan y, aunque es especialista, no suele salir a defenderse. Ahora está circulando la versión de que colocó a una abogada en la denominada Junta Anticorrupción. Se trata de la secretaria general del organismo, Mariela Muniz, quien trabajaba en el estudio de Fernández. "Yo no la puse, había un lugar vacante y le dije que se presentara y la tomaron. Como es un cargo full time se fue del estudio". "Creo que se presentan candidatos por méritos", respondió cuando se le preguntó si Muniz debió concursar para el cargo.

El titular de esa oficina, Adolfo Pérez Piera, explicó que Muniz ocupa un cargo de confianza designado en forma directa por la Junta. Dijo que entrevistaron a tres personas y que Muniz fue seleccionada porque es especialista en derecho penal. Aclaró que tiene un contrato que termina junto con el mandato de las autoridades.

El terreno en el que se mueve Fernández se vuelve más inseguro porque le tiran hasta "cáscaras de bananas". Una, según fuentes políticas, la arrojó el Herrerismo. Hizo circular un documento fechado en mayo de 2005, supuestamente del "sexto juzgado del crimen de Santiago", en el que se presenta a Fernández como abogado del gobierno chileno para la extradición de los militares uruguayos Tomás Cassella, Eduardo Radaelli y Wellington Sarli por el secuestro y homicidio del químigo chileno, Eugenio Berríos. El jerarca nunca manejó ese caso según confirmó el verdadero abogado patrocinante, José Luis González, quien aclaró que desde el principio la embajada chilena lo contactó a él.

Lo que todavía es confuso es hasta qué punto Fernández sigue involucrado en su profesión. ¿Va a los juzgados? Hay abogados que dicen que se lo han cruzado en algún corredor. ¿Participa de las audiencias? Él dice que desde que asumió sólo fue a una, aunque en el ámbito judicial dicen que, al menos en el primer año de gobierno, fue a alguna más. La que puede dilucidar este punto es la jueza Aída Vera Barreto, que tiene entre sus manos una denuncia contra Fernández por concusión del interés personal y del público. El abogado Gustavo Salle la presentó luego que Fernández se sumó a la negociación por el nuevo fiscal de Corte. Vera Barreto pidió informes a los juzgados penales para conocer los casos que patrocina su estudio y podría citar a Fernández. Hasta ahora los informes han sido muy escuetos.

Otros de los hechos con los que le "pegan", como a él le gusta decir, son conocidos. Sugieren que con su investidura influye en decisiones del Poder Judicial. El último caso es el del senador blanco y ex intendente de Maldonado, Enrique Antía, quien retiró una denuncia por difamación contra el actual intendente Oscar de los Santos, aduciendo falta de garantías porque su rival era defendido por el estudio de Fernández. Aunque Antía, de paso, desistió del juicio cuando la jueza, Graciela Gatti, se disponía a levantar el secreto bancario de sus cuentas para corroborar su estado patrimonial.

También le reprochan que como penalista se enfrente a los fiscales, que son funcionarios del Ejecutivo. "Cuando un abogado cualquiera llama a un fiscal puede haber una relación. Ahora, cuando el que llama es el doctor Fernández, a lo mejor hay otra", dijo el diputado blanco Jorge Gandini, principal crítico de Fernández.

El secretario de la Presidencia argumenta que los fiscales son independientes desde el punto de vista técnico y dependen en términos administrativos del ministro de Educación, por lo cual no deberían tener ningún problema con él. Sin embargo, Gandini afirmó que recibió "comentarios de fiscales atemorizados de decirlo públicamente, pero con una reacción muy negativa a tener que enfrentarse a esta situación". Es cierto que algunos fiscales no se sienten cómodos de cruzarse con Fernández, según confirmaron fuentes del sector que pidieron el anonimato. "Es una cuestión sutil pero se siente". Pero no es eso lo que más les preocupa. Chocó más que haya participado de la negociación por el jefe de todos los fiscales, y tampoco gustó nada la situación que se generó con su mujer, la fiscal Cecilia Salom.

La oposición lo acusa de armar una norma "con nombre y apellido" que permitió que su mujer pase en comisión al despacho del legislador socialista Gustavo Bernini y ejerza la abogacía desde su estudio. Entre los fiscales hablan de "la ley Salom" y se quejan de que le siguen pagando el sueldo y no pueden ocupar el cargo. En su defensa, Fernández dice que no participó en la elaboración de la norma y afirma que hay "media docena de fiscales en la misma situación". Sin embargo, son sólo dos: Carlos Negro que pasó al Ministerio de Educación (convocado por el subsecretario Felipe Michelini) y Fernando Romano que ahora es fiscal de la Policía (solicitado por el viceministro del Interior, Juan Faroppa), pero su caso es distinto porque está suspendido como fiscal. Esta semana se sumó el pase del fiscal Enrique Moller al despacho del legislador blanco, Sergio Botana.

Amores y odios

El ingreso del secretario a la negociación por la Fiscalía de Corte es un punto muy conflictivo. En uno de los temas que más complicó la relación entre el gobierno y los partidos tradicionales, Fernández apareció afín a la postura opositora. Aunque no lo reconoce públicamente, él tampoco quería a Mirta Guianze -quien ahora es la fiscal de Corte provisoria-, a pesar de que su partido la postulaba. "No sabemos cuál es el problema entre ellos pero todos sabemos que existe", dijo Gandini.

En el entorno de Fernández y de Guianze es sabido que entre ellos no existe afinidad. Un hecho que los enfrentó fue cuando la fiscal penal solicitó en la Justicia que Fernández y Carlos Ramela, como integrantes de la Comisión para la Paz, revelaran las fuentes que les proporcionaron detalles sobre el secuestro y la muerte en 1976 de la militante del Partido por la Victoria del Pueblo, Elena Quinteros. Fernández y Ramela se negaron.

Quienes conocen a Fernández, hombre de ley antes que nada, afirman que la figura de Guianze no le cierra porque la cree capaz de perder objetividad jurídica para defender convicciones personales, sobre todo en lo que tiene que ver con las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura. No menos grave es lo que se piensa de Fernández en el entorno de Guianze. Creen que tuvo mucho que ver con la posición que adoptó el Partido Nacional en la negociación por la Fiscalía de Corte. Dan casi por hecho que mantuvo reuniones con dirigentes blancos para frenar el nombramiento de Guianze. Muchos, de un lado y del otro, citan una frase adjudicada a Fernández cuando hablan del tema: "Es ella o yo. Si ella asume yo me voy".

El asunto se terminó de complicar cuando Fernández le propuso a la oposición el nombre de Olga Carballo y fue aceptado. Entonces fue la bancada oficialista la que rechazó esa opción. ¿Tiene o no tiene poder de decidir sobre el destino de los fiscales? ¿Propuso un nombre sin consultar a su partido? Son otras preguntas que muchos se hacen. Por ahora sigue sin haber fiscal de Corte y Fernández se retiró de la negociación.

Su mala relación con Guianze no es la única que se puede explicar por diferencias en el encare de la problemática de la violación a los derechos humanos durante la dictadura (1973-1985). Quizás ese sea el tema más difícil con el que lidió Fernández, entre otras cosas porque lo vinculó a los militares. Dice que Vázquez lo puso a la cabeza porque ya tenía mucho camino andado.

Lo han acusado de reclamar información a un grupo de militares a cambio de impunidad. Él lo niega. Pero más allá de si acordó o no, la postura oficial no siempre cayó bien entre quienes quieren tras las rejas a los militares y civiles involucrados en la dictadura. Fuentes vinculadas a organizaciones de derechos humanos dijeron que faltó coordinación y que cayó mal que el gobierno no utilizara información disponible en sus plataformas, por ejemplo para realizar las excavaciones en busca de restos en los cuarteles militares.

Fernández dice que la Ley de Caducidad es un "mamarracho jurídico" pero ni se le ocurre hablar de anularla, como reclaman muchos activistas. Además ha dado por prescriptos delitos que las organizaciones de derechos humanos definen como de lesa humanidad, y por lo tanto imprescriptibles de acuerdo a compromisos legales internacionales asumidos por Uruguay.

La gota que colmó el vaso fue cuando se conoció la conversación que mantuvo con Pedro, hijo del ex dictador Juan María Bordaberry, abogado y ex ministro colorado que lo grabó clandestinamente. Allí, además del nombre de uno de los supuestos autores materiales de los asesinatos de Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz, Fernández manejó la posibilidad del móvil ecónomico en esas muertes, lo que dejó mudos a muchos.

También trató de "desequilibrada" a la abogada Heber Martínez Burlé, quien patrocina a las familias Michelini y Gutiérrez Ruiz y encabeza la causa por la que Bordaberry padre terminó preso, ahora en su domicilio. "No es que sea desequilibrada. Es que con esto estaba medio... Porque salía todos los días en la radio, en la televisión. Pero yo no tengo ningún problema con ella", dijo Fernández. Su colega dijo que "le dolió muchísimo" saber que piensa así de ella y afirmó "que no lo podía entender". Fernández y Martínez Burlé se conocen hace 30 años y han compartido desde asados hasta defensas.

Abogados poderosos

La presencia de abogados en cargos públicos de confianza es figurita repetida. Por eso suena raro cuando la oposición se enfurece con Fernández, aunque existan diferencias con otros casos. No todos tuvieron la misma especialidad y el conflicto de intereses puede ser más o menos sutil. Pero otros podrían haber recibido cuestionamientos similares. Un ejemplo. Durante su pasaje por el Ministerio del Interior, Juan Andrés Ramírez defendió en un juzgado de Maldonado a un policía que había ocupado una casa de un argentino que decidió iniciar juicio de desalojo. Y esa fue sólo una de las audiencias de las que participó siendo ministro, según recordaron algunos abogados.

Fernández dice que si hiciera caso a todos los cuestionamientos debería cerrar su estudio de la calle Cerrito, que no es lujoso, ni está lleno de abogados que puedan seguir trabajando por él. Sólo tiene otro socio importante, el abogado Renato Echeverría. La verdad es que muchos clientes (ver recuadro) se acercan al estudio por Fernández no sólo ahora que está en el gobierno -lo cual sin duda puede atraer a muchos-, sino desde antes. Fernández es uno de los abogados penalistas más reconocidos del país. De eso no duda nadie.

Más de un colega de Fernández reconoció que sería un suicidio profesional que cerrara su estudio si pretende seguir ejerciendo. La cartera de clientes no se consigue de un día para otro. Y es más complicado si el estudio es chico y está identificado con una firma. Era distinto en el caso de Posadas, que fue ministro de Economía, y que tiene uno de los estudios más grandes del país, con decenas de profesionales.

Fernández también pone en la balanza sus finanzas. En la Presidencia cobra 51.000 pesos que terminan siendo poco más de 40.000 en la mano, luego de deducir un 15% de aporte para el Frente Amplio y un 6% para el Partido Socialista. Como abogado gana cuatro o cinco veces más, según estimó un colega. Y él dice que sólo mantener a su madre, que falleció hace pocos días, le costaba unos 30.000 pesos por mes.

"Si no te gusta vivir con lo que te dan, no vengas. Dejá a otro. No seas la cabeza jurídica del Estado", opinó el colorado Washington Abdala. Y así volvemos al principio. Él repite que no quería el cargo, pero ahí sigue. Entre sus colegas lo definen como un hombre íntegro que no quería saber nada del poder político. Pero ya hace dos años que está en la Presidencia. Algunos creen que puede pecar de soberbia y desoír los cuestionamientos a su ética porque está seguro de su integridad.

La realidad es que Fernández parece estar pegado a Vázquez. Si fuera masón como el presidente, se podría buscar allí una explicación oculta. Eso es difícil de determinar, pero él y los que lo conocen dicen que no lo es. Así que la incógnita sigue. Mientras tanto, él va de su casa al trabajo y del trabajo a su casa como decía Perón. Una personalidad a la que, sin dudas, no le calza la definición de hombre "común y silvestre".