Festejen, uruguayos, pero no hagan ruido

Ximena AGuiar

E1 1° de marzo de 2005 el gobierno se estrenó restableciendo las relaciones diplomáticas con Cuba, enviando al Parlamento un proyecto de ley para la creación del Ministerio de Desarrollo Social, y declarando el estado de emergencia humanitaria en los establecimientos carcelarios del país.

Dos meses después se aprobó la ley declarando la "situación de emergencia social, como consecuencia de las dificultades de inserción social comprobada por los indicadores de pobreza e indigencia constatados por el Instituto Nacional de Estadística" (INE), que en ese momento indicaban un 30% de pobreza y 4% de indigencia, según mediciones del INE en poblaciones con 5.000 o más habitantes. En el primer semestre de 2006 estas cifras bajaron a 27,4% y 2,8% respectivamente. Se aprobó entonces el Plan de Atención Nacional a la Emergencia Social, PANES, de dos años de duración, que consta de diversos programas -ingreso ciudadano (1.398 pesos por mes, por hogar), educación en contexto crítico, empleo transitorio, entre otros. Se destinaron partidas por hasta 5 mil millones de pesos para todo el proceso. Inicialmente se apuntaba con este plan a unas 100.000 personas. En setiembre 2006 abarcaba 86.400 hogares.

En marzo se convocó a los Consejos de Salarios, que habían sido utilizados por última vez en 1990, incluyendo por primera vez en las negociaciones al sector rural. La mayoría de los grupos llegó a acuerdos consensuados. Se aumentó el salario mínimo -que estaba en 2.050 pesos- a 2.500 pesos.

La conflictividad laboral en 2005 fue la menor de los últimos diez años, según el programa Modernización de las Relaciones Laborales de la Universidad Católica. En mayo se derogó el decreto que permitía el desalojo de ocupaciones -y un cuarto de los conflictos de 2005 adoptaron esa medida.

Otra de las primeras medidas fue la aprobación de la reestructura de la Dirección General Impositiva (DGI), el establecimiento de un régimen de dedicación exclusiva para sus funcionarios y la creación de una auditoría interna. La recaudación en el primer semestre de 2006 aumentó en 280 millones de dólares respecto del primer semestre 2005, en parte debido al aumento del PBI y en parte debido a las mejoras en la gestión.

Junto a las elecciones, el Frente Amplio ganó el plebiscito por el agua, que luego dio lugar a discusiones acerca de su interpretación. En mayo se decretó que las prestaciones privadas de saneamiento o abastecimiento de agua con contratos anteriores al 31 octubre continuarían sus prestaciones. Al año siguiente OSE adquiririó las acciones de la empresa Aguas de la Costa.

El Consejo de Ministros inauguró en Zapicán, Lavalleja, una serie de reuniones en ciudades del interior.

Primero empezar, luego seguir

En junio se ordenó a las tres armas investigaciones acerca del destino y ubicación de los restos de detenidos desaparecidos. Ese mes comenzaron las primeras excavaciones en un predio militar. El 29 de noviembre se encontraron los primeros restos de desaparecidos, en la chacra de Pando. El 3 de diciembre se produjo el primer hallazgo en una unidad militar, el Batallón Nº 13.

En octubre, por primera vez el Ejecutivo respondió a la consulta de la Justicia sobre si un caso estaba dentro de la Ley de Caducidad en forma negativa: el caso Gelman. Varios casos más fueron excluidos posteriormente, entre ellos el secuestro y la desaparición de Alberto Soba, que habilitaría el primer procesamiento a militares y ex policías acusados de violaciones a los derechos humanos durante la dictadura, en setiembre 2006.

En junio el Poder Ejecutivo envió al Parlamento un conjunto de medidas sobre el sistema carcelario, en el que se diagnosticaba un "hacinamiento severamente crítico". Había entonces unos 7.200 presos. En setiembre se aprobó la Ley de Modernización y Humanización del Sistema Carcelario, por la que se liberó a 769 presos, un 11% de la población carcelaria. Se otorgó excepcionalmente la libertad anticipada a reclusos con delitos leves y un porcentaje de la pena cumplida, que serían sujetos a régimen de vigilancia a cargo del Patronato Nacional de Encarcelados y Liberados. El 16% reincidió. Actualmente el numero de presos volvió a niveles similares a los de antes de la ley, con unos 7.100 presos.

Subió a 180.876 el número de delitos y hechos policiales en 2005, unos 1.200 más que en 2004. Sin embargo el aumento respecto del año anterior no fue tan grande como el de 2004 (6.500 delitos más), 2003 (42.000) y 2002 (13.000). En 2005 subieron los delitos contra la propiedad, (principalmente la rapiña, un 18%), y bajaron los delitos contra la persona. En el primer semestre 2006 bajaron ambos.

También en setiembre se creó el "Departamento 20", la dirección para asuntos consulares y vinculación con los uruguayos residentes en el exterior.

En octubre se aprobó la participación de la Armada en las maniobras de la "Operación Unitas XLVII", junto a Estados Unidos, Argentina, Brasil y España. Esta operación había sido resistida por el Frente Amplio, por considerarla una muestra de la influencia militar de Estados Unidos en la región. En 2006 se declaró que Uruguay no participará más en esta operación, cuya próxima etapa será en marzo de 2007.

En diciembre se aprobó el incremento del contingente militar uruguayo en Haití, en la operación de paz de la ONU. Desde el Frente Amplio se dispuso que era un asunto político, por lo que los legisladores deberían apoyar la medida. El diputado Guillermo Chifflet renunció a su cargo, negándose a votar. En julio siguiente se aprobó un nuevo incremento.

El 15 diciembre se realizó el lanzamiento del Debate Nacional sobre Educación, que se desarrolló durante todo el 2006. También se nombró a los docentes que dirigirán los cursos de Historia Contemporánea, para readecuar los programas de Historia Nacional y Universal en todos los niveles educativos.

El 4 de enero se aprobó la Ley de Promoción y Protección de Inversiones EEUU - Uruguay. Al día siguiente, se adhirió a través del MERCOSUR al protocolo del Sistema global de preferencias comerciales, que privilegia las relaciones comerciales entre países del tercer mundo. Unos pocos días después Astori declaró en Búsqueda estar iniciando negociaciones para un Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos, lo que provocó un larga polémica tanto entre representantes del gobierno como a nivel social. A fines de setiembre el debate se saldó con la decisión de desechar un TLC aprobado por la vía rápida, y aprobar un TIFA, una mesa de estudio de las posibilidades de acuerdos comerciales.

También se hicieron esfuerzos para incrementar el comercio con India y con China. Los acuerdos con Venezuela estuvieron presentes desde el inicio del mandato (cooperación energética, participación en el canal de televisión Telesur, convenio PDVSA-ANCAP, capitalización de COFAC por parte de Bandes).

ANCAP, a través de Alcoholes del Uruguay, hizo un acuerdo con la cooperativa Calnu, por el cual pasó a gestionar el ingenio azucarero de Bella Unión.

En el segundo marzo en el gobierno entró en vigencia el decreto que prohibe fumar en locales cerrados de uso público y en áreas laborales, y se envió al parlamento el proyecto de ley de reforma tributaria.

Se aprobó la ley de fueros, que protege al trabajador de discriminaciones por su afiliación sindical. La conflictividad laboral subió, sobre todo a nivel sectorial. Las ocupaciones se regularon por decreto, legitimando la medida como parte del derecho de huelga y estableciendo la obligatoriedad de la negociación previa, lo que provocó críticas tanto de empresarios como del movimiento sindical. El salario mínimo subió a 3.000 pesos para la segunda ronda de los consejos de salarios.

Se pagó por adelantado la deuda a pagar al FMI en 2006, unos 630 millones de dólares. En julio se cancelaron las obligaciones para el 2007, por 900 millones.

Hasta la fecha, la aprobación del protocolo de adhesión de Venezuela al MERCOSUR fue la última ley que promulgó un gobierno con mayoría absoluta en las elecciones de 2004, en el Parlamento y en el Senado.

José "Pepe" Mujica, el moderador de la balanza

N.P.

Según el politólogo Juan Carlos Doyenart, "el gobierno de Vázquez es muy pragmático. Juega a hacer gestos hacia la izquierda para dejar contenta a la militancia, pero avanza hacia la derecha en su política económica. Gestos de izquierda serían la cercanía con Fidel Castro y Hugo Chávez, o el anuncio de que Uruguay no va a participar más en la Operación Unitas, cuando ese tema deberá discutirse en octubre del año que viene. No era una decisión que se tenía que tomar ahora, ni una noticia de primera plana, pero era importante en el contexto. Una manera de decir `no vamos a conceder nada en términos políticos, simplemente vamos a hacer un acuerdo comercial`. Eso no es inocente. Son saludos a la bandera."

"Vázquez es conciente de que desconcierta a la izquierda tradicional, la desmotiva y la enoja. Sabe que cuantitativamente son pocos, pero tienen poder en el Pit-Cnt, en las gremiales de profesores, en las ONGs. Por eso procura conformarlos".

"La figura de José Mujica es clave. Mujica sigue siendo el gran moderador del FA. Un militante puede decir Tabaré nos engañó, pero no pueden decirlo de Mujica, porque fue tupamaro, estuvo preso y sufrió, tiene todo el mito, nadie puede dudar que es de izquierda. El peso moral de Mujica desde la perspectiva de la izquierda tradicional es fundamental, porque ni Astori ni Vázquez lo tienen, son los hombres que vienen de la cátedra", estimó Doyenart.