En su informe anual de 2002 la Junta Asesora en Materia Económica Financiera del Estado solicitó actuar en los casos de observaciones calificadas como de "urgente consideración" por el Tribunal de Cuentas, cuando estén en cuestión las condiciones de regularidad e imparcialidad con las que se preparan, formalizan y ejecutan los contratos públicos de bienes, obras y servicios.
Pero la propuesta no fue considerada.
No es extraño, ambos organismos están acostumbrados a la indiferencia.
En un informe de este suplemento (7 de febrero de 2004) se señaló que en 2002 el Tribunal de Cuentas observó gastos del Estado por más de 13,5 millones de dólares y más de 1.700 millones en pesos, en unas 50.000 observaciones que fueron ignoradas por el Parlamento.
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