Patricia Ortega Dolz, El País de Madrid
A Paloma Caballero, que por prudencia prefiere dar
ese nombre al suyo propio, no le han ido demasiado
bien las cosas últimamente. Esta vasca de 36 años,
licenciada en filología inglesa, se fue a Madrid hace
cuatro en busca de mejores oportunidades. Algo que
no ha encontrado hasta el día de hoy, al menos, en el
ámbito profesional. En estos años ha tenido casi una
decena de empleos con contratos diferentes. "Creo
que he probado todos los tipos de subempleo que
pueden existir", dice. Desde su llegada a Madrid,
Paloma ha ido rotando de empresa en empresa: de
profesora a secretaria o administrativa, de secretaria a
limpiadora... sin conseguir un empleo estable. Ahora
está desempleada y se ve obligada a trabajar unas
horas de asistenta para completar su seguro de
desempleo y llegar a fin de mes.
Paloma Caballero es una de esas miles de personas
de las que hablan las encuestas de España sobre
precariedad laboral, bajos salarios y deficientes
condiciones para los trabajadores de este país en
relación con el resto de Europa. Según los datos de la
última encuesta sobre fuerza de trabajo elaborada por
Eurostat, la oficina de estadísticas europea, el 31% de
los 13,5 millones de asalariados españoles tienen
contratos temporales, frente al 13% del resto de los
países de la Unión Europea.
Además, un informe sobre perspectivas del empleo,
de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económico (OCDE), alertó hace un mes sobre el
desequilibrio entre la calidad del empleo temporal y el
trabajo fijo existente en España.
Una de los temas más polémicos son las empresas
de trabajo temporal.
Gimena Camino, de 29 años y madre de dos hijas,
después de múltiples contratos temporales en toda
clase de empresas, trabaja desde hace seis años
para una ETT, una empresa de trabajo temporal, de
telemarketing.
Camino consiguió el año pasado, tras seis años en
esa empresa, su primer contrato fijo. Hasta entonces
ella había estado allí con diferentes contratos
temporales por obra, en detrimento de su antigüedad y
de su sueldo.
"Lo que hacen las ETT es cambiar de nombre y te
contratan de nuevo, si quieren, para hacer el mismo
trabajo pero sin tener en cuenta tu antigüedad y, a
veces, hasta bajándote el sueldo", explica Camino. "No
hay derecho. Me da risa cuando oigo al presidente
Aznar decir eso de que el sueldo medio de un español
es de 1.200 euros. Deben de hacer la media con el de
un futbolista y el mío", señaló.
También a Gimena se refiere la última encuesta de
Eurostat, que evidenciaba que el 65% de los
españoles contratados en ETT tienen menos de 30
años, y su situación aparece íntimamente ligada a la
temporalidad.
Según los sindicatos, los contratos temporales tienen
todas las ventajas para los empresarios y casi
ninguna para la mayoría de los trabajadores porque no
tienen costo de despido, y, además, el empresario
entiende que el mejor incentivo para un trabajador es
que tenga siempre la espada de Damocles sobre su
cabeza.
Con esa presión ha vivido siempre Gimena, desde que
se independizó con 18 años. Para ella, llevar su casa
es todo un ejercicio de ingeniería financiera para llegar
a fin de mes, como el del 55,6% de los hogares
españoles, según los datos presentados esta semana
por el Instituto Nacional de Estadística. "Me paso, y me
he pasado, la vida trabajando para pagar. Trabajo
como teleoperadora de ocho de la mañana a cuatro de
la tarde y hago todas las horas extraordinarias que
puedo. Después de 11 años, ¿no debería poder vivir
en una casa que fuera mía, en lugar de en una vieja
que se cae a pedazos y con un miedo pavoroso a que
me suban el alquiler? ¿No debería poder pagar el
comedor del colegio de mis hijas?", se pregunta con
rabia.
Según el dirigente sindical Tony Ferrer, "hay una
utilización abusiva y perversa de la contratación
temporal. El Partido Popular ha fomentado la
temporalidad como ventaja competitiva de las
empresas, pero es competir sólo en costos, y no en
calidad humana y de productos".
Sin embargo, un portavoz de la CEOE (Confederación
Española de Organizaciones Empresariales)
considera que, "la contratación temporal desempeña
un papel de flexibilidad que permite a las empresas
adaptarse ante los flujos variables de trabajo". Y añade
que la dificultad de demostrar que un despido se
realiza por causas objetivas y, "sobre todo, las
diferencias entre las condiciones de contratación
indefinida y temporal, pueden estar en el origen de
este fenómeno".
El Instituto Nacional de Empleo registra, uno por uno,
todos los contratos laborales que se firman en
España. "Queda constancia del número de contratos
que ha tenido cada persona, de cuánto tiempo, de qué
tipo, en qué empresa, y se puede ver perfectamente
cuándo ha habido un encadenamiento que refleja una
actividad permanente cubierta con contratos
temporales. ¿Por qué no se persigue?", se pregunta
retóricamente el dirigente sindical Carlos Martín.
Según Carmen de Miguel, secretaria general de
Empleo, "la Inspección de Trabajo está incrementado
sus actuaciones en este tema, dado que constituye
una prioridad. En este último año sólo se encontraron
irregularidades en el 5,7% de los contratos
controlados".
Pero deben seguir quedando sin analizar casos como
el del último trabajo de Paloma Caballero. Fue en una
empresa de transporte de arte donde trabajaba como
administrativa. Primero le hicieron un contrato de
prueba de cuatro meses; luego, otro, también de
prueba, de otros dos; después temporales y así hasta
un año y medio, "porque no lo veían muy claro", le
dijeron.
El número real de desempleados en España se sitúa
entre 1.607.847 y 2.085.000. Y la mayoría de los
contratos (más del 90%) registrados en el Instituto
Nacional de Empleo siguen siendo temporales, según
los datos de los sindicatos. Contratos como los de las
ofertas que pueden leerse en los periódicos: salarios
de 702 euros con las pagas prorrateadas por ser
auxiliar administrativo a tiempo completo, o un sueldo
de 360 euros por dedicar cuatro horas diarias a ser
azafata en un puesto de productos con un contrato por
obra, aunque de entrada te aseguran que "la actividad
dura todo el año". O contratos de mensajeros con moto
propia que van a comisión porque "se cobra por una
serie de conceptos", con contrato temporal de tres
meses: "Estamos estudiando la posibilidad de dar un
sueldo fijo, pero puedes ganar entre 800 y 1.500
euros", asegura la telefonista.
Ésa parece ser la realidad del empleo en España.
Realidad que incluye también la subcontratación, ya
sea mediante otras empresas o mediante personas
autónomas. Los sindicatos opinan que este sistema
se ha generalizado y produce un alejamiento del
trabajador y el empresario. Aparecen empresas
pantalla que ocultan a la empresa madre y evitan los
vínculos y los compromisos directos con los
trabajadores.
La visión de los empresarios es casi la contraria. "A
medida que los mercados son más abiertos",
argumenta un portavoz de la CEOE, "hay más
incertidumbres derivadas de la competencia, y las
empresas se reorganizan. Pero esos cambios no
implican peores condiciones, sino al contrario, ya que
si permiten ser más competitivos generarán o
mantendrán más empleo".
En el mismo sentido se pronuncia José Eugenio
Azpiroz, diputado del Partido Popular: "La
subcontratación existe en todo el mundo. Cuestión
diferente es que se regule, pero es necesaria para ser
competitivo. Aún no lo tenemos bien encauzado. Es un
mundo nuevo, en expansión".
La oposición apuesta directamente por poner en
marcha medidas concretas que corrijan esta situación.
Ramón Jáuregui, portavoz de empleo del Partido
Socialista, asegura que "hay que poner coto al abuso
exagerado de la contratación temporal, y, por tanto,
procede una revisión de sus formas contractuales".
Desde Izquierda Unida, Javier Alcázar apuesta por
incluir un sobrecosto a la contratación temporal. Y
coincide con Jáuregui en la necesidad de regular la
subcontratación y de fortalecer la Inspección. Además,
introduce la idea de la revisión del salario mínimo, hoy,
de 451 euros (unos 460 dólares), un 24% más bajo de
lo considerado digno en la Carta Social del Consejo de
Europa y el más bajo de los países de la zona. "Hay
que darle una dimensión real para evitar el abuso de
los bajos salarios", sostiene.
Son propuestas para resolver problemas concretos,
visualizados a través de las vidas de Paloma, Gimena,
y otras muchas personas.
Como Miguel Noya, 31 años, redactor 12 horas al día
de un canal de televisión que le ha encadenado
innumerables contratos, por el módico precio de 12
pagas de 751 euros, o Diana, colombiana de 34 años,
que prácticamente vive en el café-bar en el que trabaja
sin contrato por 480 euros al mes, o José Luis Solano,
41 años, casado y con una hija, que ha soportado
años de incertidumbre con contratos temporales
levantándose a las tres y media de la madrugada para
trabajar 12 horas de comprador, vendedor, repartidor y
contable en Mercamadrid a cambio de 12 pagas de
1.020 euros mensuales, o Andrés Moreno, 53 años,
que lleva dos semanas de taxista en el vehículo de un
amigo tras la reestructuración de su empresa que le
ha dejado en la calle, declarándose arruinada,
después de 20 años, o...
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