Eduardo González, corresponsal en Rocha

En mayo del 2000, cuando Irineu Riet Correa ganó las elecciones municipales, una ola de esperanza recorrió Rocha. Tanto fue así que dos particulares, el vicepresidente de UTE Jaime Pienica y uno de sus familiares, le prestaron a la Intendencia 215.000 dólares cada uno, para que la nueva gestión comenzara con el pie derecho.

Esos 430.000 dólares no le alcanzaban ni por asomo a Riet Correa para cubrir el déficit de 16 millones de dólares heredado de su antecesor, Adauto Puñales, y de su propia gestión anterior (entre 1990 y 1994). Sin embargo, le permitieron solucionar un conflicto con los funcionarios municipales, pagándoles los cinco meses de sueldo que les había quedado debiendo Puñales.

Pero la esperanza se desvaneció pronto. Riet no sólo no logró encauzar el rumbo de su departamento, sino que lo condujo hacia un abismo aún más profundo, según dicen incluso quienes lo apoyaron en la última elección. "Esto es peor que la administración Puñales", declaró el edil Alberto Olivera, que se autodefine como "blanco progresista" y en el 2000 impulsó la candidatura de Riet. "El intendente tiene que ser atendido por un médico, es evidente que no está en sus cabales", opina ahora.

La crisis hizo explosión luego de que el Parlamento rechazara la posibilidad de someter a juicio político a Riet, motivado por incumplir con la presentación en fecha de la rendición de cuentas del año 2001, obligatoria por ley.

Desesperados por el considerable atraso en los sueldos (a algunos les deben más de medio año y hay gente que no cobra un sueldo entero desde febrero del 2002), 28 funcionarios municipales ocuparon la sede central de la Intendencia durante diez días.

Fueron desalojados por la policía el 28 de junio, a pedido del intendente, mientras 300 de sus compañeros coreaban "se va a acabar, se va a acabar, el trabajar y no cobrar".

Mientras el operativo de desalojo comenzaba, Riet negaba en la televisión local que él hubiera solicitado la medida. A pesar de que fuentes policiales y el propio ministro del Interior, Guillermo Stirling, confirmaron que fue el propio intendente quien pidió la desocupación, Riet continuó negándolo.

Unos 40 policías efectuaron el desalojo. Estaban serios y algunos tenían lágrimas en los ojos. "Tenemos que cumplir con nuestro deber, pero sabemos que son vecinos que están pasando muy mal", dijo uno. "Nosotros cobramos el aguinaldo, ellos ni siquiera pueden cobrar el salario".

Los empleados de la Intendencia de Rocha están en huelga por tiempo indeterminado y el lunes 14 volvieron a ocupar la Intendencia, aunque fueron desalojados al día siguiente. Han recibido el respaldo de la Iglesia católica local, que incluso hizo sonar las campanas del templo principal de la ciudad en su apoyo. Además, cuentan con la adhesión de todos los sindicatos municipales del país y del propio PIT-CNT, que estudia convocar un paro nacional en su apoyo.

Mientras tanto, en la Junta Departamental, donde ya no hay dinero ni para papel higiénico, se estudia la posibilidad de iniciar el trámite para un nuevo juicio político al intendente.

Deudas al por mayor

El conflicto con los municipales es una muestra de la dramática situación que atraviesa Rocha, un departamento sumido en la pobreza pese a tener todo lo necesario para salir adelante.

La tierra "donde nace el sol de la patria" tiene un enorme potencial turístico que va más allá de sus 180 kilómetros de playas sobre el Atlántico: sus 10.551 kilómetros cuadrados también albergan palmares, lagunas, sierras, bañados y hasta un bosque de ombúes.

Además, Rocha tiene considerables recursos pesqueros, es el tercer productor de arroz del país y el 90% de sus tierras son aptas para la explotación agropecuaria.

Sin embargo, en 1999 el departamento sólo contribuyó a generar el 2% del Producto Bruto Interno del país. El desempleo y la pobreza campean. Hoy, de los 70.000 habitantes del departamento, 43.000 tienen carnet de asistencia en Salud Pública por no poder pagar una mutualista.

Los indicadores oficiales hablan de una desocupación del 19%, similar al promedio para todo el país. Sin embargo, muchos en el departamento están seguros de que la verdadera cifra es mucho más alta. La socióloga Silvia Fuentes, que realizó un detallado relevamiento de las fuentes de trabajo en el departamento, sostiene que el 40% de la población económicamente activa está desocupada.

Según Fuentes, la crisis actual afecta directa o indirectamente a unos 5.000 hogares —la cuarta parte del total departamental— donde viven 7.000 menores de 12 años y 1.000 adolescentes.

No es raro entonces que muchos escapen de esa realidad. "En los últimos 60 días, 200 rochenses emigraron a Europa, en su gran mayoría menores de 30 años", afirmó la socióloga.

Los que no pueden irse a Europa se van a Maldonado, tradicional destino de la emigración local, que en los últimos tiempos ha visto crecer el éxodo de familias rochenses. Según el censo de 1996, en Maldonado había 3.000 jefes de familia provenientes de Rocha. Hoy ya son 5.000, muchos de los cuales viven en asentamientos irregulares, dijo Fuentes.

"Esta ola emigratoria ha provocado que algunos balnearios, como Barra del Chuy, Valizas o Punta Rubia, hayan perdido el 80% de su población invernal", agregó.

La crisis en las finanzas municipales ha agravado la crítica situación, ya que los sueldos que paga la Intendencia tienen una gran importancia en la economía de Rocha.

De los 70.000 habitantes del departamento, 17.000 son jubilados y 7.000 son empleados públicos. Y casi un tercio de estos son municipales. Hasta el 2 de julio, cuando Riet despidió 475 de los cerca de 2.000 funcionarios municipales, uno de cada 20 rochenses mayores de 18 años trabajaba para la Intendencia, la proporción más alta del país.

"Nuestra situación repercute en toda la sociedad", afirma una carta del sindicato municipal que reclama a las autoridades la declaración del estado de emergencia en todo el departamento. Unos 6.000 rochenses respaldaron ese reclamo con su firma.

Según Ruben Lazo, secretario del sindicato municipal, la Intendencia le adeuda a sus funcionarios unos tres millones de dólares. La ausencia de ese dinero impago se ha hecho sentir en los comercios del departamento: los almacenes no les fían más, porque las cuentas ya no caben en las libretas.

Además, muchos funcionarios tienen fuertes deudas con UTE y OSE. Si bien se implementó un mecanismo según el cual los trabajadores podían presentar sus facturas en la Intendencia para que ésta las pagara, descontándoles de los sueldos atrasados las sumas correspondientes, ese dinero nunca fue vertido a los entes. Y los recargos por mora y atraso se le computan al titular de la factura, no a la Intendencia.

Por ahora, muchos de los municipales vienen salvándose de los cortes porque los funcionarios de UTE encargados de la desconexión los conocen y se compadecen de su situación.

"Hay 500 empleados de la Intendencia con fecha de corte de luz marcada y otros 1.500 en el límite de atraso permitido; sólo la buena voluntad de UTE ha permitido que cientos de familias tengan energía eléctrica este invierno", afirmó Bernardino Barreiro, el tesorero del sindicato municipal.

Algo parecido sucede con el agua potable: la buena disposición de OSE y las gestiones del sindicato del ente, son hoy lo único que garantiza el suministro a los funcionarios de la comuna que no pueden pagar. "Hay 400 municipales que totalizan una deuda de 500.000 pesos. No se les ha cortado el servicio debido a la situación que están viviendo", afirmó una fuente de OSE en Rocha. "Pero no olvidemos que están corriendo los intereses por mora, que algún día deberán pagar los propios afectados", agregó.

Estas deudas aportan una preocupación adicional a la desesperada situación de muchos municipales. "Estoy al borde de un embargo", afirmó Sara Paciello, una de las despedidas el 2 de julio. "Debo 27.000 pesos de agua, presenté todas las facturas en la Intendencia pero al parecer el convenio con OSE todavía no ha sido ratificado", agregó, con el rostro mostrando signos de evidente tensión.

No es para menos: Paciello sufre arritmia cardíaca, tiene un riñón de menos y debe mantener o ayudar a algunos de sus hijos. "No tengo para comer, debo dinero y mi hijo Johny Espel, casado y con dos hijos, también quedó cesante", explicó.

Caos financiero

La Intendencia de Rocha no sólo le debe a sus funcionarios sino también a muchas empresas, públicas y privadas, dentro y fuera del departamento.

Un caso ilustrativo es el de la mutualista Comero, a la que le adeuda unos tres millones de dólares por concepto de servicio médico a los empleados municipales, según dijo su director técnico, Carlos Cardoso.

"No pensamos suspender la atención por el momento", afirmó el médico, que rechazó la posibilidad de cobrar la deuda a través de la venta de algún bien municipal como el camping de La Aguada o la represa de India Muerta, como aseguran algunos rumores. "La cooperativa se reserva las posibles formas de cobrar legítimamente lo que le pertenece", afirmó Cardoso.

El dinero adeudado por la Intendencia es vital para Comero, en un momento en que la salud privada atraviesa dificultades en todo el país. Y la salud de Comero es vital para Rocha, además, porque la mutualista es la principal fuente de empleos del departamento después de... la propia Intendencia.

Además, el gobierno municipal le debe 600.000 dólares a la empresa que le suministra combustible, que ahora sólo le vende al contado. A eso se suman los 40 millones de pesos (casi un millón y medio de dólares) adeudados al Banco de Previsión Social desde octubre del 2001, cuando dejaron de verterse los aportes.

Asimismo, la deuda con UTE "fácilmente supera los ocho millones de dólares", según Pienica, el vicepresidente del ente. (Se puede suponer que esta deuda impacta sobre el bolsillo de todos los uruguayos, ya que la alta morosidad es uno de los argumentos invocados para las constantes subas de tarifas).

Desde noviembre del 2001, además, el Banco República suspendió las cuentas de la Intendencia, debido al libramiento de cheques sin fondos, entregados a proveedores. Desde entonces, la comuna debe pagar sus compras en efectivo.

El desfinanciamiento y el caos administrativo que provocaron esta situación no son una característica exclusiva del actual gobierno: han ido gestándose a lo largo de dos décadas en las que Puñales y Riet se alternaron al frente de la comuna por democrático mandato de los ciudadanos del departamento.

La primera administración Puñales dejó un déficit de dos millones de dólares. Luego llegó el primer gobierno de Riet Correa y el déficit trepó a 9,5 millones. Irineu renunció anticipadamente para poder postularse a la reelección y dejó la Intendencia en manos de su suplente Aníbal Marzano, más tarde procesado por "delito reiterado de fraude" con perjuicios económicos para la comuna.

El segundo gobierno de Puñales, signado por un aumento tributario de un 40% que disparó la morosidad, dejó un déficit acumulado superior a los 16 millones de dólares. A esas alturas, el desorden financiero era tal que el Tribunal de Cuentas decidió no pronunciarse sobre las rendiciones de cuentas de 1998 y 1999, cuyos números no cerraban.

Desde entonces, y con Riet nuevamente en el gobierno municipal, el agujero negro en las finanzas de Rocha ha seguido aumentando, aunque no se sabe en qué medida, porque el caos administrativo se mantiene: Riet dejó incluso de presentar las rendiciones de cuentas en tiempo y forma.

No se trata sólo de desproljidades en las cuentas, sino también de delitos. En el correr del 2003, dos ex jerarcas de la segunda administración Puñales fueron procesados con prisión: el prosecretario del municipio fue procesado por fraude, y el director de Obras lo fue por el delito de hurto continuado cometido cuando era funcionario del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Recientemente, un abogado que se desempeñaba en la comuna fue procesado con prisión por una estafa cometida en su actividad particular. Al parecer, era un hombre muy cercano a Riet Correa, y había representado legalmente a la Intendencia en varios casos. Actualmente, además, la Justicia estudia nueve denuncias relacionadas con la actual administración comunal, desde el libramiento de cheques sin fondos hasta el no vertimiento de aportes al BPS (ver recuadro).

Mientras tanto, los problemas económicos han llegado a la Junta Departamental, ya que el ejecutivo comunal —que sólo tiene el respaldo de dos de los 31 ediles— hace tiempo no vierte los fondos necesarios para su funcionamiento.

La Intendencia le debe a la Junta unos 19 millones de pesos, según su presidente, el edil Víctor Páez. Los funcionarios del legislativo municipal no cobran desde hace cuatro meses, al BPS hace dos años que no se aporta y los teléfonos funcionan por milagro, ya que los pagos a Antel brillan por su ausencia desde hace mucho tiempo.

Ya hace un año, cuando varios ediles comparecieron ante el Parlamento para denunciar la grave situación en Rocha, el edil Olivera relató: "no hay papel para fax ni para imprimir las actas —hay siete sesiones atrasadas por este motivo— carecemos de toner para la fotocopiadora y ni siquiera hay papel higiénico en los baños".

Clientelismo

Así como el déficit fue aumentando a lo largo de dos décadas, con los empleados municipales ocurrió algo parecido. Aunque la comuna funcionó eficientemente con 700 funcionarios durante la gestión del intendente Homero Pereyra, en tiempos de la dictadura, el número de municipales trepó a 1.100 durante la posterior gestión del caudillo colorado Milton de los Santos, sobre el final del gobierno de facto. Al asumir Puñales, ya en democracia, el cupo de funcionarios presupuestados se mantuvo en 700, pero entre contratados, zafrales y empresas unipersonales el número real llegaba a 1.470 cuando le entregó la Intendencia a Riet, en 1990.

Riet, cuya gestión recibió el impacto de la crisis pesquera detonada por el cierre de la empresa Astra en 1992, siguió contratando y le devolvió la Intendencia a Puñales con 2.306 trabajadores. Puñales despidió al menos 1.000 de estos funcionarios pero contrató otros nuevos, y terminó su segunda gestión con 1.700.

Riet, fiel a sus antecedentes, comenzó con las nuevas contrataciones ni bien regresó al cargo, pese a que el municipio ya tenía problemas para pagar el sueldo de los funcionarios que le había dejado Puñales. Los 475 funcionarios cesados por Riet el 2 de julio tenían menos de tres años de antigüedad, es decir que todos ellos habían sido nombrados por Riet en su segundo mandato.

Durante esta administración, Irineu ha defendido su política de contratación argumentando que esta sirve para frenar el "estallido" social. "Hoy sería muy fácil para los intendentes poner fuera del despacho una placa que dijera ’no hay trabajo’. Para nosotros eso es criminal, porque eso es terminar con la última ilusión de la gente", afirmó en El País, en el 2001. No importaba, a su juicio, que no hubiera dinero para pagarle al funcionario. "Más allá de no pagarle el sueldo, por lo menos mantiene la ilusión", aseguró.

Tras el desalojo de la ocupación de junio, sin embargo, el intendente ofreció una explicación muy distinta sobre las contrataciones realizadas durante su gestión: "Cuando llegué por segunda vez al municipio encontré trabajando mucha gente que metió Adauto, y tuve que poner más: cuando dije ‘basta, se acabó, esto no da más’, y dejé de nombrar amigos de los supuestos amigos, fue el momento en que no me dieron más apoyo político y quisieron voltearme", declaró a Últimas Noticias.

Sin embargo, hay quienes acusan al intendente de contratar a sus propios adherentes, y no a los de sus ocasionales aliados políticos. "No hay duda de que ha gobernado para sus amigos", afirmó el dirigente herrerista José Carlos Cardoso, según el cual, entre 2001 y 2002, y a pesar de sus problemas financieros, la Intendencia contrató 90 empresas de todo tipo, "innecesarias, improductivas, ineficientes e incompetentes".

Cardoso cita el caso de una empresa encargada del mantenimiento de la iluminación del Chuy, "cuyo titular es un correligionario de Riet Correa —¿cuándo no?— que entre diciembre y febrero cobró 231.000 pesos por honorarios".

Cardoso también menciona la contratación de una empresa de poda y corte de césped "en la que también hay una correligionaria de Riet", y varios camiones y camionetas para hacer fletes. "Los ediles denuncian que algunos de esos vehículos han pasado días frente a la sede municipal sin hacer nada, pero cobrando igual", agregó.

El dirigente herrerista no es el único que hace este tipo de denuncias. El edil colorado Tabaré Sobrero fue quien denunció a los "lobizones", personas que supuestamente trabajaban para la Intendencia pero sólo aparecían por Rocha los viernes de noche, para pasar el week end.

Además de los "lobizones", el imaginario popular ha acuñado otra expresión, el "Gran Hermano", para referirse a Wilson Riet, hermano del intendente, que realiza las más diversas tareas dentro de la Intendencia, desde gestionar el abasto municipal hasta administrar la ex boite Caravana de La Paloma, pasando por el plan lechero o el apoyo a las pequeñas empresas.

Lo que es seguro es que las cuentas no cierran. Según datos del edil herrerista Silvio Cardoso, en el 2002 se recaudaron 249.799.967 de pesos, de los que casi el 100% se gastó en sueldos: 241.071.263 pesos. El déficit de ese año fue de 103.636.029 pesos.

La caja ocho

Pero por increíble que parezca, en medio de semejante crisis, no todos los funcionarios municipales padecen los problemas financieros de la comuna.

Mientras hay 900 que no cobran su sueldo íntegro y de una sola vez desde febrero del 2002 y a los que se le adeudan fuertes sumas, hay otros 800 que están al día con sus haberes y, según el sindicato, hay otros —entre 70 y 90— que ya tienen sus salarios pagos por adelantado hasta setiembre.

Estas injusticias se deben a la "caja ocho", un particular sistema según el cual los funcionarios pueden cobrar al menos una parte de lo que la Intendencia les debe si consiguen que algún contribuyente pague los impuestos municipales por su intermedio.

Mediante ese sistema, en vez de cobrar el impuesto en ventanilla y usar lo recaudado para pagar a sus empleados, la Intendencia permite que el contribuyente le dé el dinero directamente al funcionario que lo contacta, y luego resta esa suma del dinero que le debe al trabajador.

Urgidos por cobrar, los municipales se lanzaron a la caza del contribuyente. En algunos casos, utilizaron el mecanismo para saldar sus propias deudas. Por ejemplo, si le debían dinero al almacenero, este les daba sus facturas de contribución o patente de rodados por una suma equivalente a lo adeudado, el funcionario las presentaba ante la Intendencia y ésta le descontaba ese dinero del sueldo.

Pero, en otros casos, este mecanismo ha provocado abusos e injusticias. Algunos deudores de la Intendencia se han aprovechado de la desesperación de los funcionarios que no cobran el sueldo. Ha ocurrido que un contribuyente que debe pagar 10.000 pesos al municipio le entregue 8.000 a un funcionario a condición de que el empleado declare que en realidad el deudor pagó 10.000 y asuma de su bolsillo los 2.000 pesos faltantes. Entonces, el desesperado empleado cobra 8.000 pero la Intendencia le descuenta 10.000 pesos de lo que le adeuda.

La "caja ocho" generó, además, otras desigualdades, ya que los funcionarios de mayor jerarquía o ubicados en cargos estratégicos tienen mejores contactos e información sobre los contribuyentes. Los empleados de clases más privilegiadas tienen conocidos a los que cobrarles, pero los pobres rara vez los consiguen y dependen exclusivamente de los pagos de la Intendencia.

Ediles de la oposición han denunciado repetidas veces que Riet y sus colaboradores han cobrado sus haberes en momentos en que la Intendencia había dejado de pagarle a la mayoría de los funcionarios.

¿Al borde del estallido?

En los últimos meses, las largas colas de personas que esperaban desde la madrugada ante el expendio municipal para recibir leche y carne se volvieron una escena común. Cada municipal tiene derecho a seis litros de leche y seis kilos de carne por semana, que se le descuentan del sueldo adeudado. Además, la Intendencia entrega partidas semanales de 500, 300 o 220 pesos. Obviamente, no es fácil mantener una familia en esas condiciones.

"Esto es una barbaridad; estoy al borde de que me corten la luz, no he pagado el alquiler desde hace cuatro meses, no tengo azúcar, no tengo yerba, no tengo fideos... ¿qué puedo esperar?", se preguntó Carlos, un funcionario municipal de 27 años que no quiso decir su apellido por vergüenza. "Hace cuatro años que no puedo comprarme un vaquero. Este buzo me lo tejió mi suegra. No es fácil mantener el temple".

Hay funcionarios que reciben ayuda familiar, pero no hay ninguno que tenga la certeza de poder pagar la UTE el mes que viene. Abundan los relatos de quienes han tenido que pasar dos días sin comer, o esperar largas horas ante el expendio para recibir un poco de leche y carne con hueso. "Varias veces he tenido que pasar con arroz pasado por agua, sin sal ni aceite", dijo otro de los entrevistados.

Washington Inchausti, que trabaja en la Intendencia desde hace diez años y medio, contó que tiene cuatro hijos enfermos y no les puede comprar el remedio para el asma que precisan. Ya perdió la cuenta de lo que la Intendencia le debe, pero cree que son unos seis meses. "Para comer hago alguna changuita a precio regalado, como carpir un terreno grande por 120 pesos", relató. "Mi señora hace costura y gracias a Dios tenemos luz y agua. Eso sí; tenemos que cocinar a leña", contó. "En el expendio me daban seis litros de leche los jueves, pero ahora hay dificultades. Soy sincero: estoy robando leña en la carretera, porque algo le tengo que dar a mis hijos".

Es que la situación ha empujado a muchos rochenses a las más diversas estrategias de supervivencia. Desde la tala ilegal hasta la faena clandestina. Muchos municipales que sufrieron cortes de luz por deudas con la UTE tuvieron que recurrir a la ayuda de la iglesia local, que les suministró velas para iluminarse.

En los barrios alejados del centro de la capital, donde las calles de tierra están llenas de pozos y los zapatos rotos no protegen de la humedad del suelo cuando llueve, el medio de calefacción más utilizado es el brasero, y una cena de boniatos asados y leche se considera un manjar. Por la noche, como muchos de los focos de alumbrado ya no prenden, hay quienes aprovechan la oscuridad para robar lo poco que hay en estos hogares.

Ya son decenas las familias que han tenido que disgregarse: hay quienes se refugiaron en las casas de sus padres, o dejan a sus hijos con los abuelos. Aunque hasta el último censo el 92% de la población de Rocha era urbana, esto ha comenzado a cambiar. "Decenas de familias se trasladan hacia el campo o chacras, y allí plantan o cuidan animales", relató la socióloga Fuentes.

La crisis también ha hecho aumentar los robos de ganado y la faena clandestina. A Vilma Olivera, una productora del paraje La Pantanosa, le carnearon 72 de sus 100 ovejas. Y su caso es sólo uno entre muchos (ver recuadro).

Otro síntoma de la crítica situación que vive el departamento es el aumento de los suicidios. Según el forense Gustavo Vitancourt, "en los últimos 40 días se produjeron cinco suicidios en Rocha, Castillos, Lascano y La Paloma, y en los últimos cinco meses fueron 13".

Uno de los casos recientes fue el de Esmeralda Sosa, una municipal despedida a comienzos de mes. Según el edil Olivera,"en el transcurso del año se suicidaron tres municipales, y otro murió, aparentemente de un ataque al corazón, mientras andaba por los pasillos de la Intendencia buscando algún dinero". Le habían prometido pagarle para levantar un embargo que pesaba sobre su casa, pero el dinero no apareció a tiempo.

La desesperación es perceptible a simple vista en la calle y parece a punto de desbordar el vaso. Riet Correa ha denunciado que recibe amenazas de muerte.

En los últimos días ha circulado mucho en el departamento un mensaje de correo electrónico que una ciudadana rochense llamada Myriam Latasa envió a los senadores que no votaron el juicio político a Riet, preguntándoles si no sienten remordimientos por los últimos suicidios. En el mensaje advierte que "la desesperación, el frío y el hambre ya no esperan", y se pregunta: "¿será el suicidio o la revuelta el camino que nos marcaron?".

El sindicalista Lazo también advirtió que la paciencia se agota: "hacemos todo lo posible para contener a la gente, pero en estas condiciones estamos al borde de un estallido social", afirmó.

En cambio, la socióloga Fuentes no está tan segura: "a la sociedad de Rocha —dijo— no le quedan fuerzas ni para un estallido".