AGUSTÍN MAYER WEST | FERRERE ABOGADOS

El director de la Dirección Nacional de Telecomunicaciones (DINATEL), organismo dependiente del Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM), preparó un documento que recoge el núcleo del cambio que se vislumbra. Con ese documento como eje, se convocó a un debate público; se trata de recibir manifestaciones sobre los cambios propuestos e, incluso, de verificar el aporte de otros adicionales. Además, se creó un Comité Técnico Consultivo (CTC), destinado a discutir las modificaciones y aportes que se generan.

Aparentemente, la ley de medios se sustenta en la pretensión de proteger y contemplar los intereses de la amplia diversidad de ciudadanos que componen la sociedad uruguaya. El documento establece que su eje es el derecho del ciudadano y a partir de ello señala los distintos aspectos que debería contemplar la futura ley. El ciudadano es, en esa lectura, el "bien jurídico" prioritario a tutelar, la ley le deberá garantizar un arco diversificado de medios y opiniones, pluralidad de contenidos y visiones, posturas contrapuestas sobre un mismo asunto, noticia o acontecimiento. Esa diversidad, denominada democratización de la información, es el fundamento que permitiría "proteger" al ciudadano y cimentar la reconstrucción del sistema de medios.

Identidad local, oligopolio y competencia

Más allá de compartir las preocupaciones y objetivos de carácter general del futuro proyecto, es difícil dejar de preguntarse si la implementación práctica de los cambios que requeriría el enfoque gubernamental es siquiera probable en el marco actual en el que se desenvuelven los medios en Uruguay. El alto grado de concentración en la propiedad de los medios, la perdurable existencia de monopolios u oligopolios es una realidad incontrovertible. Por eso, la meta de lograr pluralidad supone desarmar estructuras asentadas o buscar mecanismos que eviten los males de la concentración. Esa tarea, difícil de por sí, encierra además el serio riesgo de lastimar la diversidad que se proclama proteger. Y, también, puede afectar derechos adquiridos de agentes privados.

La limitación estatal de la actividad de los medios supone riesgos evidentes para la democracia, pero tampoco es desdeñable el peligro de las distorsiones oligopólicas. La concentración supone que unos pocos actores sean titulares en forma simultánea de distintos medios de comunicación, por ejemplo televisión abierta, televisión para abonados y radio. Eso no es, necesariamente, un problema. Pero, cuando desde un determinado mercado, por ejemplo el de televisión abierta, se incide en otro mercado, como el de la televisión para abonados, donde también se tienen intereses, la concentración genera una distorsión. Se altera la competencia en detrimento, precisamente, del ciudadano.

Un ejemplo local de ello es la negativa de algunos canales abiertos privados, que participan en el mercado de televisión para abonados, a proveer su señal a ciertos operadores de televisión para abonados. Así dificultan el crecimiento de sus competidores en el mercado de televisión para abonados y, por cierto, limitan las opciones del televidente.

Ser titular de distintos medios no es un mal en sí mismo; lo que debe evitarse es que la concentración genere distorsiones. Para ello, tal como sucede en otros países, deben estimularse mecanismos como el "must carry" que, en alguna de sus modalidades, soluciona esas distorsiones.

El "must carry"

Son varias las legislaciones del mundo que les imponen a los operadores de televisión para abonados el "must carry", la obligación de incluir en su grilla al menos algunas señales de televisión abierta local. Esa imposición se acompaña con la obligación a los canales de televisión abierta de proveer esas señales.

Se entiende que los canales de televisión abierta son los que tienen mayor posibilidad de representar la identidad local y promover las expresiones culturales de un país determinado. Por ello, resulta importante que lleguen a muchos más hogares, lo que, dicho sea de paso, les permite pensar en producir programación propia a mayor escala y, siempre en la lógica de la televisión abierta, apostar a que cuanto mayor sea la cantidad de hogares que reciban la señal, mejor será el "negocio" de vender espacios publicitarios a buen precio. Esos motivos sustentan el "must carry".

En Uruguay, sin embargo, desde un canal abierto se mantiene la negativa de proveer la señal abierta a un operador de televisión para abonados. La distorsión, entonces, no nace de tener intereses en ambos mercados, el abierto y el de televisión para abonados, sino de cómo se administran esos intereses en beneficio propio, del ciudadano y de la comunidad. Ese equilibrio es esencial.