Nublado pero no tormentoso

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Hacer el balance del clima de negocios de los cuatro años que FERRERE acompañó a El Empresario es un desafío. No es la imagen de un día soleado, pero sería injusto presentarlo como una tormenta.

Otras izquierdas latinoamericanas apostaron a dividir la sociedad entre "buenos y malos". Destruyeron las instituciones para "refundarlas". Arruinaron la economía en uno de los períodos de mayor bonanza de los últimos 100 años. Nuestro gobierno pertenece al grupo que inclinó el timón a estribor, pero construyó sobre lo que había. Respetó las instituciones. No polarizó la sociedad entre "compañeros y enemigos". Intentó, con aciertos y errores (tuvo muchos de ambos) su propia versión de construir una sociedad mejor.

Es inherente al poder la tentación de abusarlo y hubo momentos de zozobra. En el más peligroso, el gobierno atacó a "medios opositores". Uno de los periodistas más respetados del país enfrentó una sospechosa investigación del INAU. No obstante, los desvíos generaron saludables reacciones en la sociedad civil que llevaron a corregir el rumbo.

La reacción del gobierno frente a los casos de corrupción fue tibia (algo típico en Uruguay). También quedó en otras áreas la impresión que la ley no era igual para amigos que enemigos personales. Tampoco se avanzó en mecanismos modernos de control. Esto se agravó por la no participación de la oposición en las empresas públicas, y hubo, a partir de la Rendición de Cuentas de 2007 y la creación de personas no estatales mucha eliminación de controles, sin crear otros alternativos.

Aunque era un temor que el Estado volviera a viejas prácticas de re-escribir contratos y modificar condiciones retroactivamente (arrendamientos, créditos bancarios y otros), la situación se mantuvo dentro de un camino de mejoramiento.

La Justicia Uruguaya, más allá de sus muchas limitaciones, sigue siendo un faro en una muy oscura Latinoamérica. El gobierno como norma respetó la independencia del Poder Judicial y acató las decisiones desfavorables.

El debe estuvo en juicios penales de alto contenido político. La interferencia también existió en casos fiscales y otros. Hubo horribles declaraciones de políticos (sin precedentes en historia reciente) tras la inconstitucionalidad inicial del IRPF a ciertas pasividades.

El sistema penal es tan antiliberal que sólo la integridad de los jueces evita que el escándalo se vuelva intolerable. La presencia del penalista Gonzalo Fernández en la secretaría de la presidencia abrió la esperanza de que Uruguay se reformara. El que no haya logrado muestra lo difícil que es incorporar a Uruguay en esta materia al club de naciones civilizadas. La penalización de temas económicos en áreas tributarias y otras desnudó nuevamente el riesgo para las actividades económicas e -inclusive- las libertades individuales.

La propiedad privada es la base de una economía de mercado. Sin llegar a extremos, se vio un debilitamiento de este derecho en el empecinamiento en defender las ocupaciones de empresas (inclusive luego de la condena de la Justicia), en leyes de ordenamiento territorial, y en innumerables pequeñas decisiones que -sumadas- se volvieron muy preocupantes.

Lo fundamental es la efectividad de la represión legítima. Sin solucionar los problemas, el gobierno agregó la percepción de que reprimir habría dejado de ser parte de su estrategia. Tampoco se hicieron las inversiones indispensables. Ello mantuvo a los jueces ante el injusto dilema de optar entre violar los derechos de los criminales en cárceles inhumanas, o violar los derechos de los ciudadanos honestos degradando su seguridad. Uruguay perdió mucha inversión turística (y también otras) por su incapacidad para lidiar con este tema.

El manejo de la política macroeconómica, sin ser perfecta, fue profesional y sistemática. El manejo efectivo de la deuda externa (que tanta diferencia hace en estos momentos) es reconocido por oficialistas y opositores. La omisión de aprovechar la bonanza para generar un alivio fiscal es un error que, por grave, no oculta los méritos

El gobierno cometió todos los errores. Fomentó las ocupaciones, creó un inflexible sistema de ajustes salariales "por industria", generó rigideces que eliminaron puestos de trabajo, difundió una sensación de omnipotencia de las elites sindicales, trasmitió a los empresarios -sobre todo locales- la sensación de que habían perdido el control de sus empresas, revirtió avances en materia de prescripción de créditos laborales, etc.. A diferencia de otras áreas en las que construyó sobre lo que había, en esto el gobierno intentó "refundar" el orden laboral en el país.

El emprendedurismo es la mayor esperanza de futuro para el Uruguay. A nivel general, la política del gobierno estuvo ausente. Hubo programas aislados en materia de creación de empresas e innovación que impiden juzgar la gestión un absoluto fracaso. Si no se tratara de un primer período, el balance necesariamente debería ser más drástico.

El gobierno tuvo uno de sus puntos altos en la reglamentación de incentivos a la inversión de 2008. De una tradición burocrática, propensa al amiguismo, y esencialmente inefectiva, generó un mecanismo automático, previsible, efectivo y transparente. En esta área, el gobierno merece un 10.

El gobierno continuó avanzando en la profesionalización y la eliminación de conflictos de intereses. En contraposición, la falta de garantías y la arbitrariedad conoció extremos sin precedentes. La percepción del empresariado no es que "hay que pagar los impuestos", sino que no importa lo que uno haga: "si a uno le toca, la queda". El débil control jerárquico de la actividad inspectiva empeora las cosas. Sobre todo ante la falta de un real control judicial. El TCA es un mecanismo lento e inefectivo para proteger del abuso de enormes poderes de la DGI.

La reforma del estado fue un tema meramente declarativo salvo excepciones. El Estado pesa más sobre las espaldas de los contribuyentes pero no da mejores frutos. El gobierno también ignoró las decisiones de sus propias agencias (lo de la URSEC llegó a extremos insólitos) y degradó el rol de las agencias autónomas.

La mala calidad de la educación es una de las mayores amenazas para la competitividad. La Ley de Educación partió de un diagnóstico equivocado y avanzó a contramano. Nada se hizo para corregir la catástrofe de gestión. Hoy Uruguay gasta mucho más en educación. Pero no es un objetivo racional "gastar más": el mérito es mejorar los resultados. Hay elementos positivos (Ceibal ciertamente). Pero no fueron parte de un plan, sino iniciativas aisladas que recibieron el favor del Presidente, y por eso quedaron fuera de la "máquina de impedir".

No se cometieron los errores de la argentina y los resultados del sector fueron buenos. Eso, sin embargo, no alcanza para ignorar que la política agropecuaria careció de instrumentos y objetivos.

Lo que Uruguay hizo en materia de política de tierras fue irracional y contraproducente. Fueron malas iniciativas que se agravaron ante la percepción de que no lograban "desincentivar suficiente" la inversión extranjera. Por el buen momento, no desincentivaron toda la inversión, pero sí mucha de la que mejor le hubiera hecho al país.

Uruguay retóricamente apoya las nuevas tecnologías, pero las apoya por un lado y las penaliza por otro. La Reforma Tributaria les dio un buen tratamiento, pero la persecución de la tercerización mató la colaboración entre empresas. Es impensable desarrollar tecnología sin mucha tercerización y colaboración con otras empresas, y el gobierno hizo hasta lo impensable para dificultar estos arreglos. La rigidez laboral, ya mal pensada para un obrero industrial, es criminal en un sector hijo de la flexibilidad y el dinamismo, con empleados muy educados y alto valor agregado.

El Parlamento aprobó una ley que fue un avance. Luego, sin embargo, la reglamentación "vació" sus elementos fundamentales. No es coincidencia que el gobierno demoró dos años en nombrar los integrantes de la agencia que se supone que aplicará la ley. Hoy es letra muerta, y Uruguay sigue siendo el mismo país "pro-trust" de siempre, salvo que ahora tiene una ley de "anti-trust".