Todos somos iguales pero algunos son más iguales que otros

Sandra González (sgonzales@ferrere.com) - FERRERE Abogados

Un (des)equilibrio de intereses. En un juicio hay tres partes: el que reclama, al que le reclaman y un juez imparcial. Los dos primeros exponen sus argumentos en pie de igualdad formal y el juez decide quién tiene razón.

El anteproyecto de ley rompe este esquema y lo hace inclinándose fuertemente hacia un lado de la balanza.

Veamos ejemplos de cómo.

Defenderse es una cuestión de tiempo… poco. En cualquier juicio el demandado tiene 30 días para contestar el reclamo. El proyecto prevé acortar ese plazo a 10 días.

Así, y con el nuevo régimen de tercerizaciones, una empresa puede verse obligada a contestar una demanda sobre un tema del que no tiene información en un plazo absurdo.

Cualquiera que practique el derecho sabe que inclusive 30 días son muchas veces insuficientes.

De aprobarse este proyecto, el empleado tendrá meses para preparar su caso y reunir sus pruebas.

Luego, en solo 10 días, las empresas deberán analizar el reclamo, averiguar todos los hechos, reunir la prueba documental, entrevistar a los testigos y hacer su defensa. Con un agravante. En muchos casos el trabajador simplemente acusa y la empresa es la que tiene que demostrar que el trabajador no tiene razón. Así pasa, por ejemplo, cuando el empleado alega haber sido despedido por razones sindicales.

Actualmente, para apelar un fallo judicial, un empresario tiene 15 días.

Si se aprueba el proyecto tendrá solamente 5 días.

El proyecto también priva a las empresas de los derechos de contrademandar o citar a terceros. Hoy en día, si una empresa recibe un reclamo de un trabajador, puede contrademandar.

O sea, hacer valer los reclamos que tenga contra el trabajador en el mismo juicio, para que todo se resuelva conjuntamente. El proyecto le quita ese derecho.

Actualmente, una empresa demandada puede llamar al juicio a otras empresas si entiende que ellas son responsables o tienen que ver con algún aspecto del reclamo del trabajador.

Esto es frecuente en los casos de tercerización, en los que las últimas reformas laborales llevaron a que las empresas sean demandadas por temas a los que son ajenas. El proyecto también le quita ese derecho.

Es decir que las empresas tendrán que iniciar juicios por separado si quieren reclamar algo al propio trabajador o a un tercero, con la consiguiente pérdida de tiempo y dinero que eso les significará.

• Si hoy un trabajador hace un reclamo judicial y luego no va a la primera audiencia ni justifica por qué no lo hizo, el caso se cierra y no puede volver a plantearlo. Si el que no va es el empresario demandado, el juicio sigue, en principio se tienen por ciertos los hechos de la demanda pero siempre que la prueba no demuestre lo contrario.

• Según el proyecto, el trabajador puede faltar a las audiencias y podrá iniciar su caso cuantas veces quiera. Pero el empresario que falte a la primera audiencia pierde todo: el juez tendrá que dictar una sentencia en su contra, inmediatamente y condenándolo a lo que pide el trabajador.

Aún si lo que pide no es razonable o no está probado.

Cuando un empresario pierde un juicio laboral, el monto que tenga que pagarle al trabajador lleva un 6% de intereses anuales, más ajuste por IP C, más hasta un 50% de aumento en los salarios impagos. Con el proyecto, se aplica además un recargo automático del 20%.