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SERGIO ABREU

Se ha puesto en duda si nos encontramos frente al fin de las ideologías. Sin entrar en discusiones de fondo, por lo menos, podemos afirmar que el fetichismo está en estado de extinción. La estabilidad macroeconómica, el tipo de cambio único, el combate a la inflación, la necesidad de honrar el pago de la deuda externa, y la disciplina fiscal parecen fuera de discusión al inaugurarse esta nueva administración. El capitalismo, la ética del riesgo, la competencia, el mercado, la reforma del Estado, la limitación de los corporativismos son parte de una agenda compartida por todas las fuerzas políticas. La ley de zonas francas, la ley de reforma portuaria, la ley de inversiones, el régimen de la concesión de la obra pública y la participación de la inversión privada como el punto central del desarrollo del país, ya no son motivo de discusión, y los que durante años marcaron sus discrepancias, se incorporan pacíficamente a un camino que, por los obstáculos planteados, atrasó al país durante décadas en su proceso de modernización. La apertura económica y comercial ha reemplazado cómodamente al viejo modelo de sustitución de importaciones y los conceptos de productividad y competitividad se han instalado como las dos grandes columnas de la inserción comercial del país. El conocimiento y el valor agregado se relacionan ya con una visión moderna en la que la economía de los servicios integra el núcleo central del programa del nuevo gobierno.

En este contexto, las coincidencias entre el oficialismo y la oposición sobre temas como la educación, energía, medio ambiente y seguridad y la integración de los diversos organismos del Estado, se deben fundamentalmente a que el modelo de ruptura y de distanciamiento que la izquierda planteó durante tantos años, se ha visto superado por un corrimiento de su pensamiento hacia un punto facilitador de todos los acuerdos.

Esta conjunción de esfuerzos hace a la gobernabilidad del país; y las coincidencias no sólo deben encontrarse en su proyección estratégica, sino en aquéllos cambios estructurales que hasta ahora no han podido ser implementados. Las tan anunciadas reformas del Estado, y de la educación, sólo podrán concretarse si el gobierno enfrenta aquellos intereses que se han opuesto durante tantos años a su puesta en marcha. Y como el Frente Amplio ya no es más oposición, podrá contar con el apoyo de todos los demás partidos en esta tarea central.

Todo ello, va pavimentando un camino de entendimiento impensado años atrás. El nuevo gobierno ya no discute la importancia del desarrollo de la infraestructura y de los servicios asociados al transporte y al comercio; menos aún, la definición del rol geopolítico y geoeconómico de Uruguay como polo de integración y conectividad del Cono Sur. La puerta al Atlántico para Bolivia, Paraguay y el interior de Argentina y Brasil requiere la rehabilitación del transporte ferroviario, la mejora del sistema carretero y de las telecomunicaciones y de una importante inversión en infraestructura que sólo será viable por el aporte del capital privado. El acuífero Guaraní como recurso compartido entre varios países, el dragado de los canales de Martín García, la extensión de la plataforma continental, la navegabilidad del Río Uruguay y la posibilidad de la construcción de un puerto atlántico son prioridades que el gobierno ha venido asumiendo luego de años de intensas negociaciones comerciales y políticas relacionadas a una clara visión de administraciones anteriores.

Pero sin perjuicio de esta sintonía, el proyecto de país diseñado entre la oposición y el gobierno, pasa indefectiblemente por el rol y la gestión de las empresas públicas. Para ello, es importante destacar tres aspectos; el primero, que la cuestión esencial no es la propiedad estatal de las empresas públicas, sino la eficiencia y transparencia de su gestión, y la forma de relacionarse con el resto de las actividades económicas y en especial, con el contribuyente. El segundo, refiere a la necesidad de asegurar la prevalencia del Gobierno Central en la definición de las políticas, la planificación sectorial y el control de los operadores en los sectores de los servicios públicos básicos; y ello se refleja en que deben quedar claros los roles entre el Poder Ejecutivo, las unidades reguladoras y los operadores comerciales e industriales, en especial del sector público. El tercero, hace a la profundización de la competencia en las áreas en que operan las empresas públicas. En la medida en que debe procurarse que los monopolios legales o de hecho no se conviertan en una carga para los consumidores y se transformen en aislados objetivos de intereses corporativos.

Por otra parte, la participación de la oposición en los distintos organismos del Estado debe centrarse en sus funciones de control, en su capacidad de propuesta y en su decisión de dar a la administración, un sesgo de austeridad en la contención del gasto público y en el compromiso de acompañar algunas de las reformas estructurales pendientes. En otras palabras, el clima de relacionamiento debe ambientar acuerdos sobre el Presupuesto Nacional y metas fiscales que respondan a la necesidad de preservar la estabilidad macroeconómica; y para ello, las discusiones sobre los objetivos fiscales para el próximo quinquenio, deberían tener en cuenta tres factores: en primer lugar, el aumento significativo del gasto público durante la administración que termina, que se expresa en un déficit fiscal de 2,1% frente al 0,4% previsto, y en particular en el gasto primario que alcanza un preocupante nivel del 26% del PIB. En segundo lugar, la necesidad de medir adecuadamente los ingresos y los egresos, ya que el resultado fiscal no tiene una relación directa con el PIB, sino con la recaudación ya que la diferencia entre aquellos está más allá del presupuesto, y puede ser objeto de seguimiento a medida que se produce. En tercer lugar, se debe asumir que las empresas públicas se vinculan a los resultados fiscales por dos elementos; uno, porque el Estado es propietario del capital, y recibe de aquéllas la parte de sus utilidades netas que no afecte su capitalización y capacidad de inversión; y otro, que los ingresos de estas empresas dependen fundamentalmente de las tarifas, que son fijadas por el Poder Ejecutivo. Y en tal sentido, lo razonable sería que las tarifas tiendan a reflejar los costos efectivos de la prestación de los servicios o los bienes que comercializa el Estado, y que esos costos se beneficien por la mejora de la eficiencia y por una mayor apertura hacia la competencia.

En este escenario, la participación de la oposición en las empresas públicas del Estado, no puede quedar desconectada de una visión general del país y de un objetivo de desarrollo manifestado en forma explícita. Una expresión integral vincula la reducción del déficit fiscal y el no incremento del gasto público con una meta presupuestal razonable que tenga en cuenta que los ingresos van a tender a estabilizarse por una reducción de las tasas de crecimiento de la actividad económica y porque la recaudación, más allá de su eficiencia, tarde o temprano tiene un límite. En otras palabras, sin perjuicio de las demandas que la educación, la seguridad y otras políticas sociales que legítimamente plantean, no puede ignorarse que el gasto actual tiene un tope, y que debe encararse con un exigente criterio de gestión y evaluación para no quedar expuesto a una simple tendencia incremental derivada de presiones corporativas.

En esta línea, el nuevo relacionamiento que se esboza implica descartar el viejo enfoque de reparto de cargos de base clientelista y la necesidad de designar para asumir responsabilidades en el sector público, no sólo a personas políticamente representativas, sino técnicamente idóneas en las materias en que deban desempeñarse.

Ya no se trata de una lucha por sacar ventajas partidarias puntuales sino de promover o defender las concepciones políticas que hacen a las distintas visiones que los partidos políticos tienen sobre la proyección del país. Pero a partir de esta administración, las coincidencias serán clave para que la Izquierda termine de expurgar el viejo fetichismo y comience a entender que la realidad y la historia, en particular en materia económica, le vienen marcando un rumbo que la acerca al viejo y cuestionado modelo liberal.