Nuevo ajuste fiscal en el agro

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JULIO PREVE FOLLE

Disfrazado de adecuación en el valor de la tierra, el gobierno ha realizado por decreto un ajuste fiscal que extraerá del campo, básicamente del sector pecuario, 32 millones de dólares adicionales a partir de la Contribución Inmobiliaria Rural (CIR). Y lo ha hecho de un modo tal, que deja ahora al sector con un sistema tributario que ya era malo, pero que ahora es mucho peor, en especial si se lo compara con el surgido en la reforma del 96. El decreto 606/2009 resolvió ajustar el valor de los inmuebles urbanos, suburbanos y rurales con criterios diferentes. Para los primeros utiliza como hace veinte años el IPC; para los rurales en cambio, ajusta por la valorización de la tierra en pesos, equivalente a un incremento del 70% en dólares, retraso cambiario mediante. Es decir que el gobierno indexa la contribución inmobiliaria rural por un índice diferente al de la urbana, en lo que no media ninguna razón técnica, y solo sugiere un sesgo antiagrario, más bien antiganadero, como si las propiedades urbanas no hubieran experimentado también aumentos en dólares.

INFLEXIBILIDAD. Constituye hoy un error técnico analizar los impuestos de a uno sin mirar lo que ocurre con el conjunto de todos ellos, y cómo opera esa globalidad en la suerte de las empresas. Por eso hay que hablar siempre de presión fiscal global, y del sistema tributario del agro en su conjunto para extraer conclusiones, ya que no son pocos los impuestos. Y siempre, al mirar el conjunto, lo recomendable es estudiar el equilibrio de todo el sistema. Así por ejemplo luego del ajuste del 30 de diciembre, dejando constante todos los demás tributos, y suponiendo la recaudación de todo el agro tal como la publica Opypa, la CIR pasa a ser por lejos el impuesto más importante del campo, con una recaudación estimada de 78,9 millones de dólares. De esta forma, el sistema que la reforma de Astori señalaba que era para fortalecer la tributación sobre la renta, cambia por completo; de significar la tributación sobre la tierra menos que la sobre la tierra (38 contra 40% del total, neto de devoluciones), ahora el conjunto de impuestos sobre la tierra superaría en un 40% a los gravámenes sobre la renta (48% sobre la tierra, contra 34% sobre la renta). Queda así un sistema con la mayor dosis de inflexibilidad a la suerte de la empresa, y con mínima consideración sobre la renta, que es con lo que se supone se deben pagar los impuestos.

RETROCESO. Desde hace ya bastantes años, y con énfasis en la reforma del 96, en general había acuerdo en jerarquizar la tributación sobre la renta y hacer perder relevancia a la tierra. En efecto este tipo de gravamen deteriora el valor del activo, es absolutamente rígido, no nos dice nada sobre la capacidad de pagar, e introduce un fuerte sesgo antiganadero, ya que esta actividad es la que precisa espacio para desarrollarse. En Uruguay la tributación sobre la tierra es en esencia un impuesto a la pecuaria, lo que supone al acentuarse un atavismo ideológico tanto como una grave injusticia, a la par que un peso más en la mochila de la competencia que por el espacio se da entre esta actividad y la agricultura. No hay caso; el gobierno que se va no entiende la pecuaria, y la grava de modo asimétrico porque a veces la cree como una especie de expresión social de un enemigo a vencer. Así se explica este ajuste fiscal, que es pariente ideológico de aquellas medidas que se tomaron a favor del consumidor, financiadas por el productor de carne como se demostró desde estas mismas columnas. Y por supuesto el sistema ahora se vuelve a alejar del concepto de neutralidad fiscal entre sectores económicos y entre subsectores dentro del agro, en el que se había avanzado bastante.

INICUA REFORMA. La de este gobierno fue una reforma con una buena dosis de iniquidad. Dejó sin distinción las familias numerosas de las otras; impide deducir como gastos en el IRPF decisiones que ahora dejan de ser libres, como por ejemplo la educación privada; introdujo complejidad y policía tributaria que sale por la prensa todos los días a amenazar. Y en el agro amplió un mal llamado impuesto a la renta real, que de real tiene poco, con el pretexto de introducir beneficios a través de él. En cambio lo que se ve ahora es que nadie que no esté absolutamente obligado tributa por IRAE, permaneciendo en el Imeba el 88% de los contribuyentes.

Nos queda entonces un sistema esencialmente rígido, con mayor proporción por lejos de impuestos a la tierra y por ende a la ganadería; con una tributación sobre la renta que poco tiene de real, y que la gente resiste absolutamente; mucho más complejo que en la situación anterior del 96, y con una demostrada discrecionalidad que introduce incertidumbre porque como se vio a fin de año, el gobierno quiere tratar diferente al agro respecto del resto de los sectores, cuando precisamente en la reforma de Astori se señalaba lo contrario. En definitiva, al cambiar una metodología de años, nadie sabe ahora cuál será la forma de ajustar el valor de la tierra y en definitiva cuánto habrá que pagar. En la reforma del 97 se ataron por ley todas las formas de ajuste discrecional que había en el Impuesto al Patrimonio, pero no se lo hizo lamentablemente en la CIR.

AJUSTE FISCAL. La tasa de la CIR (1,25%), también está en equilibrio con los viejos valores catastrales de los campos; en definitiva no se puede aproximar a la realidad la base imponible del impuesto, dejando inmodificada una tasa que en la práctica opera sobre una base más chica desde hace décadas.

Finalmente cabe recordar que la creación de un impuesto requiere ley, porque como es lógico el administrado debe estar protegido de la eventual voracidad del gobierno de turno. El ajuste que decretó el gobierno constituye de hecho un nuevo impuesto que cambia esencialmente la contribución inmobiliaria, modifica toda la lógica del sistema, grava especialmente a un sector, todo ello en una magnitud que debió requerir, no en la letra pero sí en el espíritu, una buena discusión parlamentaria. En lugar de ello lo que hubo fue una reacción difícil de explicar, técnicamente deficiente, y económicamente insostenible.

De entre los muchos temas que el nuevo ministro, en quien tenemos confianza profesional deberá abordar, se encuentra sin duda volver a la sencillez, a menos policía, a mayor neutralidad, a mayor recato en el control, a un sistema en fin más amigo de la ciencia y menos de la ideología.