Es posible reducir los impuestos

ISAAC ALFIE

La discusión acerca de si efectivamente se puede eliminar el IRPF, lamentablemente, ha tomado cariz de eslogan. Nadie, esté a favor y diga que lo hará o esté en contra y se afilie a que tal impuesto es el mejor del mundo, aporta argumentos más allá de los volitivos, expresiones filosóficas o posicionamientos políticos.

Los otrora campeones del gasto público indoloro -léase, todo se podía, recursos sobraban y hacerlo era mera cuestión de voluntad política o "sensibilidad", sin que para ello se le deba extraer a la ciudadanía nada a cambio- ahora se escudan en que no es posible reducir ningún impuesto, porque habría indefectiblemente que sustituirlo por otro. Es decir, lo que antes era fácil ahora se transformó en imposible. Se ha descubierto que para gastar hay que tener recursos y estos casualmente salen del sector privado, la población en general.

CONCEPTOS CLAROS. Es evidente que si se desea reducir los impuestos, la única solución es ser austero en materia de gastos. Igual que en su casa, si quiere ahorrar no podrá despilfarrar de la misma manera que si desea gastar precisará recursos. El sector público, aún siendo el "dueño de la maquinita", cuando gasta siempre desplaza (utiliza) recursos reales. En otras palabras, el gasto público es para comprar bienes y servicios tangibles. Estos bienes y servicios se proveen también con recursos reales, humanos, materiales y financieros. La característica esencial de todo recurso es que, cuando alguien lo utiliza, nadie más lo puede hacer (principio de exclusión). Entonces, todo gasto público utiliza parte de los recursos disponibles y por ende los desplaza del sector privado. Hasta determinado nivel, el gasto público mejora la eficiencia global y como consecuencia el bienestar de la sociedad pero, cuando se vuelve excesivo, termina destruyendo recursos. Por tanto, sea a nivel del bien final (el que adquiere el sector público) o a nivel de los intermedios que utilizan los proveedores para ofertar, si alguien usa los recursos habrá otro que no lo podrá hacer.

El concepto de austeridad a nivel de erogaciones no necesariamente implica que éstas deban reducirse en términos nominales, ni siquiera incluso en valores reales. Puede suceder que manteniéndolas constantes, el aumento de los ingresos que deriva del crecimiento de la actividad genere los recursos necesarios para el ahorro estipulado.

Por tanto, quienes dicen que no se puede reducir el IRPF o cualquier otro impuesto sin encontrar uno sustituto, piensan que todo el aumento de la recaudación fiscal derivado del crecimiento lo utilizarán para seguir haciendo crecer al sector público.

Es más, hay conspicuos integrantes del partido de gobierno que públicamente expresan la necesidad de seguir aumentando el gasto, aún por encima del crecimiento de la actividad, lo que naturalmente deriva en un aumento de impuestos.

CUENTAS CLARAS. El tema entonces está en si los números crudos permitirían, bajo condiciones normales, hacer algo relevante en materia de reducción de impuestos; veamos. Como forma de facilitar la comprensión, me situaré cinco años para adelante, en el año 2014. Expresaré todas las cifras en términos anuales y millones de pesos del año 2009. El déficit del Gobierno Central será en 2009 de unos $ 20.000 millones. A su vez, para poner al país en trayectoria claramente descendente de su ratio deuda/PIB y evitar las vulnerabilidades que presentan las Finanzas Públicas, deberíamos tener una ley de responsabilidad fiscal que establezca como objetivo un superávit estructural del orden de 1% del PIB, unos $ 7.000 millones. El total de recaudación del IRPF, sin considerar el impuesto a los no residentes, asciende a unos $ 14.100 millones, a lo que debe adicionarse el IASS, otros $ 1.500 millones. Por tanto, el objetivo sería disponer de $ 42.600 millones al final del quinto año y, aunque parezca una quimera, no luce disparatado si se hacen las cosas con mesura. En efecto, en primer lugar se puede tomar como supuesto de base que el PIB no crece en 2010, pero luego lo hace a una tasa del 4% anual. Esto da como resultado una tasa de crecimiento anual del PIB de 3,2% en los cinco años, apenas por encima (3%) del período 1985-2008 y por debajo del 4% de un período mas normal, 1985-1998. Este crecimiento proporciona, en el quinto año, recursos adicionales por unos $ 31.000 millones. A su vez, la reforma de la seguridad social de 1995 sigue, año a año, dando sus frutos. Así, la disminución del total de erogaciones estatales por pago de pasividades es del orden de $ 1.400 millones anuales, lo que en el último año del período este concepto proporciona un ahorro de recursos de $ 7.000 millones.

El déficit que deja la actual Administración es producto de la ligereza con que se administraron los recursos, generando grandes bolsones de despilfarro de gastos. De donde se desprende que hay aspectos a atacar desde el inicio. El primero, es imprescindible tomar medidas de reducción de las erogaciones en $ 7.500 millones desde el primer día. Esto representa apenas el 5,8% del total de gastos, excluyendo de estos, las pasividades y los intereses de deuda. Los excesos cometidos son de tal magnitud que el objetivo está al alcance de la mano, meramente con un poco de determinación.

La reducción de la plantilla de funcionarios en un número equivalente al aumento de personal durante esta Administración proporcionaría otros $ 3.000 millones.

Por último, desde esta misma columna ya he mostrado y comentado que las empresas públicas están fuera de control. Volver a tomar las riendas de las mismas implica, no solo hacerlas ahorrar para que tengan el resultado adecuado, sino que vuelvan a transferir a rentas generales (todos nosotros) al menos el costo de oportunidad de su capital, ese que la sociedad les puso a su disposición y por tanto no les pertenece. Aquí tenemos otros $ 3.000 millones anuales.

Por tanto, se precisarían $ 42.600 millones para lograr el objetivo y sin mayor esfuerzo al fin del período habría $ 51.500 millones, de donde sobrarían $ 8.900 millones.

Eliminar el Imesi a los automóviles y la mitad del Imesi a los combustibles, reforma importante, son $ 4.000 millones y aún se dispondría de recursos excedentes. Alternativamente, se podría reducir la totalidad de los aportes patronales a la seguridad social del sector privado (una forma elegante de nombrar el impuesto al trabajo que, a largo plazo, termina recayendo sobre el salario) e insumiría aproximadamente $ 8.100 millones.

Adviértase que en todos los casos no se establecen nuevos impuestos ni incrementos de las actuales alícuotas.

EL GASTO. Lógicamente el lector pensará que la cuenta, tal como está hecha, no deja espacio para ningún aumento real de erogaciones lo cual, no sólo no es realista plantearlo en términos políticos sino que, tampoco es razonable en términos prácticos ya que algunos sectores habrá que reforzar.

Al respecto caben, al menos, cinco precisiones:

1) Las reducciones de impuestos, en particular de los mencionados, son absolutamente necesarias y seguramente impulsarán el crecimiento por encima de la tasa planteada, lo cual brindaría recursos adicionales, naturalmente que menores al monto de los cedidos.

2) Sin ser lo más conveniente, dado el actual estado de las Finanzas Públicas, el objetivo de tener un superávit de la magnitud planteada -1% del PIB- podría establecerse en un período más prolongado.

3) El gasto público sujeto a reducción puede ser bastante superior que el planteado, en especial porque una parte del mismo, el relativo a inversiones, puede ser sustituido con ventaja por el sector privado mediante concesiones.

4) Es bastante obvio que se impone, de una vez por todas, una redistribución y racionalización del gasto en muchas áreas del sector público, lo que financiaría parte de las necesidades de fondos de las áreas donde hay que reforzar los recursos.

5) El crecimiento de tendencia (estructural) de la economía podría ser superior al planteado en el supuesto, en la medida que se encaren las reformas estructurales necesarias. Cada punto adicional brinda unos $ 1.800 acumulables por año.

Concluyendo, no se puede decir que no es posible la reducción de impuestos sin sustituirlos por otros. Debe decirse que no se está dispuesto a aplicar la política de austeridad necesaria para ello, ni a gobernar para la mayoría de la población y sí para los líderes de los sindicatos del sector público. En definitiva, que no se está dispuesto a apostar al ahorro y la creatividad de la gente, al saneamiento de las finanzas públicas, a reducir la deuda y con ello construir las imprescindibles bases de estabilidad y confianza que toda sociedad necesita para progresar.