La tierra y la certeza jurídica

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JULIO PREVE FOLLE

Una reciente intervención del novel subsecretario de economía me ha hecho pensar mucho cuando, en reciente consejo de ministros, justipreció la inversión a partir de los proyectos ingresados para la obtención de los beneficios tributarios que concede la legislación. No debería ser así. Poca simpatía me han producido en general los mecanismos de promoción de inversiones, incluyendo zonas francas, paraísos fiscales, admisión temporaria, regímenes especiales sectoriales -turismo, forestación, automotor, insumos agropecuarios, etc.- y otros estatutos que por naturaleza son de excepción, aunque entre unos y otros los han convertido prácticamente en la norma general. Diré por ahora, a cuenta de otro artículo, que a lo más los entiendo como un mal necesario e impuesto por otros países, que nos disputan en el margen las inversiones a través de estos mecanismos.

CALIDAD INSTITUCIONAL. En realidad, con o sin regímenes de excepción, además de la expectativa de rentabilidad y riesgo asociados al negocio, es la calidad institucional del país la que determina la localización. En un extremo, no se invertiría en Afganistán aunque regalaran casi todo el capital.

Esta calidad institucional o -dicho con más precisión- estos factores de competitividad sistémicos, es decir no asociados a ningún rubro en particular, son los que se han venido deteriorando fuertemente en estos últimos años.

Cada vez será necesario que sean más grandes los estímulos gubernamentales, más generosas las leyes de inversiones, para neutralizar así las desventajas derivadas del marco general. De entre ellas hay muchas con culpa no exclusiva pero muy destacada del gobierno actual.

Por ejemplo la seguridad pública, el aliento oficial al desborde sindical, los ataques al derecho de propiedad apañados por la propia autoridad, la condición cada vez más policíaca del Estado, el desborde del gasto público disfrazado de ese eufemismo llamado "deuda social", la nula preocupación por los resultados del gasto en educación, el fortalecimiento del corporativismo, el deterioro de la calidad de la justicia, los ataques a la familia, el retroceso en la calidad de las relaciones internacionales. Por otra parte y a favor de esta administración hay que señalar hasta ahora su preocupación por la fortaleza que heredó del sistema financiero, por los equilibrios económicos, la no intervención en la entrada y salida de capitales.

INSEGURIDAD JURÍDICA. De entre esas acciones que deterioran la calidad institucional y que exigen una prima cada vez más alta en rentabilidad y beneficios tributarios, me quiero detener en algunos elementos de inseguridad jurídica vinculados a la tierra. En estos años de la presente administración hemos visto extenderse, en particular en el MGAP pero no exclusivamente, una vocación por hacer, hacer y hacer, en general convertida en decir que se va a hacer y -por suerte- no lograrlo. Estas acciones acumulan inseguridad jurídica, el peor de los deterioros en la calidad institucional de un país. Y además parten de la base que se puede establecer cualquier regulación, que los inversores igual siguen llegando porque están desesperados por invertir en el país… Debería servirles como ejemplo lo ocurrido en Durazno con el call center que allí se iba a instalar y que, luego de la aprobación de la ley que obligó a los empleadores a dar licencia por estudio en la actividad privada, resolvieron primero no contratar estudiantes y luego irse a Chile.

Crece hoy en la tierra la inseguridad jurídica. Las ocupaciones de campos no han sido condenadas como corresponde; el abigeato sigue siendo un mal endémico; los contratos de arrendamiento se han violado por ley; para todo hay que pedir permiso: para forestar y recibir determinados beneficios hay que hacerlo de un determinado modo y con permiso; para lograr una sociedad anónima hay que pedir permiso, el cual se concede o no sin fundamentos jurídicos; para introducir transgénicos hay que pedir permiso, que nadie concede; para importar frutas y verduras hay que pedir permiso; próximamente, para plantar este cultivo o aquel habrá que pedir permiso si prospera la ley comentada la semana pasada; para laborear los suelos de un modo o de otro habrá que pedir permiso; para exportar hay que registrarse, todavía no pedir permiso, pero ha faltado poco; para hacer casi cualquier cosa y dependiendo de cómo se instrumente, tenemos ahí la ley de ordenamiento territorial agraviando el derecho de propiedad, limitando las indemnizaciones por expropiaciones; para lograr beneficios tributarios hay que pedir permiso; para explotar la tierra si se es extranjero habrá que pedir permiso; para saber si no debemos nada a acreedores oficiales hay que pedir un certificado. Hasta para trabajar se hace necesario cada vez más evidenciar el pelo político, en un atropello sobre el que algún día escribiré. Y además, el Estado se ha convertido en dueño del cuidado del suelo, del ordenamiento territorial, como lo hizo de la salud. Esta es la lista de la progresiva concentración de poder en manos oficiales.

DEJAR HACER. Vendrá un día en el que, restablecida la certeza jurídica lo que supondrá no poco esfuerzo, abandonada la discrecionalidad, y relanzado el valor de la excelencia individual a partir del esfuerzo propio, ese día los gobernantes lucharán más que por hacer, por dejar hacer a nuestra gente; por permitir que la energía dormida por la anestesia de la previa intervención pública, haga eclosión. Y que, siguiendo el ejemplo de los pocos rubros que totalmente libres crecen sin parar, esa vocación se extienda a toda la sociedad. Reglas, reglas, certeza jurídica, previsibilidad, reserva de la intimidad, contratos, todo eso hoy abollado, revivirá.

Ya la inicua reforma tributaria, con la policía que estableció, cambió algunas costumbres nacionales. La de la salud fue el máximo ejemplo de un hacer que pretende sustituir totalmente al dejar hacer. Y en la tierra se llega quizás a algo análogo: ni el uso ni el goce en el más estricto sentido jurídico están limitados por la ley lo que sería algo, sino crecientemente por una voluntad que se sitúa por encima de todo.

Quizás ahora se entienda mejor que no me gusten los regímenes de promoción, aunque haya que tolerarlos. Lo más genéricos que sea posible, lo más automáticos que se pueda, lo más acotados en el tiempo que sea necesario. Por eso también me molesta el estatuto de zona franca concedido a las pasteras, que supone un paraíso fiscal sine die.

En definitiva, una política sectorial con más o menos apertura, con más o menos espacio para la actividad privada, se puede juzgar desde diferentes puntos de vista, todos válidos y opinables. Lo peor no está en el modelo sino en la calidad del derecho aplicado en su instrumentación. De un lado la ley; del otro discrecionalidad, inseguridad, nada.