Una completa discrecionalidad

JULIO PREVE FOLLE

Se ha difundido un proyecto de ley llamado "de uso responsable y sostenible de los suelos" por el cual el gobierno, nuevamente con el pretexto del cuidado de los recursos naturales que todos compartimos, avanza sobre la libertad individual, proponiendo quitarle otro trozo.

DERECHO DE PROPIEDAD. De esta forma y paso a paso se va atacando el derecho de propiedad con pequeños golpes cuya suma ya supone un terremoto. Primero fue la tolerancia a las ocupaciones de Bella Unión; después siguió la prohibición de la sociedades anónimas, aunque reservándose el Estado el derecho de autorizar algunas sin saber con arreglo a qué; más adelante empezaron las amenazas a empresas por no aplicar prácticas de conservación de suelos; hace apenas unos días se suspendieron los lanzamientos rurales; y ahora el tema sigue con la prohibición para los extranjeros de poseer tierras en zonas fronterizas, disfrazándolo con el pretexto de la bioseguridad, como si los nacionales no cruzaran todos los días a los países vecinos y pudieran incurrir en riesgos sanitarios. Por cierto -una vez más la discrecionalidad- si el extranjero se nacionaliza desaparece su riesgo sanitario. Sobre este último tema se anuncia un proyecto de ley que sólo la mayoría absoluta del gobierno posibilitará aprobar.

Pero mi propósito de hoy es referirme a otro proyecto ya remitido al parlamento, que establece las bases para la discrecionalidad total en materia de conservación de suelos, escondiendo así la animosidad contra la soja, los propietarios, los transgénicos, los plaguicidas, la agricultura sin agricultores (Agazzi dixit) las sociedades anónimas -sólo en el campo- , el mercado, etc.

PROYECTO DE LEY. El proyecto de ley que estoy comentando empieza en el mensaje al parlamento con un planteo decimonónico que es el de la soberanía alimentaria a partir de producción propia. Este es un concepto que para un país exportador de alimentos se parece por lo menos a un saludo a la bandera. Además me da la oportunidad de recordar que el derecho de las naciones a alimentarse dignamente no radica en hacerlo con su propia producción sino también a través del comercio. Más aún; es este tipo de criterio de autosuficiencia alimentaria, el que ha fundamentado en la historia todas las políticas proteccionistas que el Uruguay siempre ha criticado como es lógico dada su condición de exportador. La ignorancia de la tradición en materia de posiciones internacionales responde algunas veces a la idea de que todo empezó en el 2005, y otras a ignorancia pura y dura; es este el caso.

Sigue el mensaje haciendo referencia al suelo y su vínculo con el desarrollo socio económico de la república, otro lugar común, que introduce una vez más la palabra "social", que siempre queda bien. A este respecto no puedo menos que hacer un breve paréntesis para comentar afirmaciones del nuevo ministro de economía cuando, al referirse al desmadrado aumento del gasto público, se refirió a la necesidad del gobierno de atender la "deuda social". Esto dicho, como si endeudar al país y gastar sin tasa ni medida no supusiera contraer deuda social, como si gastar fuera la mejor forma de atender los problemas sociales, o como si los gobiernos anteriores -de ciento setenta y dos años para atrás- no hubieran nunca advertido ni deseado atender necesidades sociales...

El mensaje continúa señalando que el Estado asume la responsabilidad de elaborar y aplicar políticas para asegurar la sustentabilidad de los recursos. Este es un error de concepto que viene de la ley anterior, que nomina al Estado como responsable del cuidado del suelo. Esta afirmación en mi opinión es una barbaridad derivada, siendo benevolentes, de considerar que puede haber conflicto a nivel privado entre el beneficio de corto y el de largo plazo. En otras palabras, que podría haber un interés del productor en extraer beneficios hoy, a cambio de destruir el recurso para mañana. En realidad este caso hipotético parte de un supuesto falso: que el Estado puede ser mejor guardián de la productividad del suelo que aquél que por definición quiere vivir de él hoy, mañana y pasado mañana, y transferirlo como está hoy o mejor, a las generaciones que sobrevendrán. Las pocas veces que esto puede ocurrir derivan de una ignorancia que se suple con información, con asesoramiento técnico, herramientas que sí puede utilizar el MGAP.

DISCRECIONALIDAD TOTAL. El artículo 1º señala esta primera aberración cuando, invirtiendo por completo las responsabilidades, afirma que "todas las personas tienen la obligación de colaborar con el estado en la conservación, uso y manejo de suelos y aguas". Esta es una forma de destruir el principio de subsidiariedad, convirtiendo al ciudadano en mero colaborador del Estado responsable, cuando debe ser absolutamente al revés. Este tipo de planteos dan razón al senador Abreu cuando sostiene que el actual no es un gobierno sino "un régimen", con criterios que se alejan largamente de la concepción tradicional del Estado liberal. Continúa ese artículo obligando al ciudadano a cumplir con todas las obligaciones que establezca el MGAP para conservar el suelo, o recuperar alguno perdido en el pasado. Esto creo que es peor que lo anterior, ya que se establece una obligación absolutamente genérica y discrecional de obediencia al MGAP, al que nadie le ha delegado semejante facultad para la que no tiene ni ciencia ni imperio.

La aberración sigue al establecer, aun sin limitar la facultad del MGAP de imponer acciones, la responsabilidad solidaria de los titulares de las explotaciones y del dueño del campo. Esto quiere decir que mañana el MGAP puede imponer realizar o abandonar un determinado cultivo, o una determinada práctica agrícola, o imponer una determinada rotación, o la realización de cualquier corrección de cárcavas, o el establecimiento de cualquier cosa que crea conveniente, sin dar cuenta a nadie. Y si no se cumple y se aplican multas, éstas pueden llegar a exigir responsabilidad solidaria. He de repetir algo obvio: el MGAP no tiene toda la ciencia, pero además no tiene todo el imperio que nuestra ley mayor le pudiera conferir, y que no le confiere. Se establecería con esta ley la máxima discrecionalidad como para, por ejemplo, someter al arbitrio de su aprobación mayestática, la realización de este cultivo o aquel, de esta o aquella forma de laborear, o de sembrar, o de cosechar, siempre invocando categorías sin contenido jurídico como la sustentabilidad, o el bien socioeconómico de las generaciones futuras.

Siempre me ha gustado considerar algo clásico en la ciencia política que es la diferencia entre las libertades resistencia y las libertades participación. Las libertades resistencia son las que se ejercen contra el Estado, es decir libertades económicas y sociales que consisten en la posibilidad de reservarse zonas de actuación al margen de la intervención estatal: libertad de comerciar, derecho de propiedad privada, derecho al trabajo, libertad de pensamiento y de expresión, de culto, etc. Es justamente el avasallamiento del derecho de producir, de usar el suelo, lo que está en juego hoy apelando a vaguedades como la deuda social, o los objetivos socioeconómicos del país establecidos por el propio gobierno, o utilizando como criterio legal la opinión no fundada de un ministerio.

No es el tema más relevante pero al menos para los legos me gustaría difundir que en esta materia -como en tantas otras- pocas son las acciones indiscutibles desde el punto de vista agronómico. Ni siquiera algo tan obvio como la idea de rotación de cultivos y pasturas en la que nos educamos varias generaciones de agrónomos, es hoy una verdad indiscutida.

La introducción de la discrecionalidad absoluta para manejar disposiciones que en nombre del suelo se arrogan el derecho de propiedad, o la libertad de los ciudadanos, no puede aceptarse así nomás. Ni el cuidado del suelo -que no está en peligro cuando vale 5 mil dólares la hectárea- ni del agua, justifican semejante atropello al derecho.