El 30% del territorio nacional presenta algún tipo de erosión. Si bien más de la mitad de esa superficie presenta una degradación leve, un 6% de los suelos afectados sufre una erosión muy severa, estando la mayor parte de estos procesos erosivos asociada a los cultivos, afirmó Eduardo Gudynas, secretario general del Centro Latinoamericano de Ecología Social (Claes). Esta institución realizó la coordinación técnica del Informe GeoUruguay 2008 elaborado por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (Pnuma) y la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama). A continuación se publica un resumen de la entrevista.

-¿Cómo evalúa el actual nivel de riesgo ambiental de Uruguay?

-Uruguay, junto con toda América Latina, enfrenta una situación riesgosa debido a una mayor presión global sobre los recursos naturales en el actual superciclo de los commodities. Este concepto relativamente nuevo se caracteriza por una fuerte demanda de materias primas y, por tanto, de altos precios que han alcanzado los productos exportables de la región. Eso implica serios riesgos ambientales dado que las expectativas de altas ganancias generan una presión muy fuerte e inhiben los controles en esta área.

-¿Cómo han encarado los países de la región su producción agrícola ante este ciclo excepcional?

-Actualmente los países latinoamericanos están adoptando dos tipos de estrategias. Unos han optado por la venta de grandes volúmenes de commodities agropecuarios. Es el caso de algunos sectores del agro brasileño, lo cual explica parcialmente ciertas posiciones de ese país en la Organización Mundial del Comercio. En efecto, Brasil tolera mayores subsidios agrícolas en los países desarrollados porque considera que puede sobrepasar ese proteccionismo del Norte mediante la producción de enormes cantidades de materias primas como, por ejemplo, de soja. La otra estrategia es apuntar a los nichos de calidad. En caso que Uruguay se decidiera por este segundo enfoque, podría dedicarse a la producción y exportación de carne orgánica en gran escala.

Usos del suelo

-¿Qué consecuencias ambientales tiene el creciente avance de los cultivos, especialmente de la soja, en Uruguay?

-El cultivo de la soja tiene una consecuencia productiva ya que desplaza a otros sectores de la actividad agropecuaria como la ganadería, la lechería e incluso algunos cultivos, distorsiona la tenencia de la tierra y la equidad social en el campo. También genera dependencia externa porque es una producción que se mueve al vaivén de los mercados internacionales. Además, la tendencia creciente del monocultivo de la soja tiene componentes ambientales negativos porque deteriora el suelo, afecta la dinámica de los nutrientes de la tierra y provoca problemas de microerosión, todo lo cual pone en riesgo el patrimonio natural del país.

-¿Se ha evaluado el impacto del avance reciente de los cultivos en los usos del suelo?

-Existen datos de algunos estudios académicos de la Universidad de la República y el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA). Sin embargo, hay dificultades en cuanto a la sistematización de la información, así como su disponibilidad y su presentación. Es fundamental que llegue a los productores en una forma comprensible y evaluable de modo de poder determinar si el deterioro del suelo o la afectación de la agricultura familiar son riesgos que nuestra sociedad está dispuesta a asumir.

-¿Qué normas regulan el cambio de uso del suelo en Uruguay?

-Están vigentes normas aprobadas hace muchos años que no fueron diseñadas específicamente con un propósito ecológico como es la Ley de Suelos y Aguas. Sin embargo, esta legislación permite ser reinterpretada desde una perspectiva moderna incorporando la calidad ambiental. De todos modos, necesitamos una regulación ambiental de última generación en ordenamiento territorial para saber dónde es posible hacer cultivos de alto impacto para regular el uso de los predios y, desde la perspectiva de la ecología política, para evitar un control extranjero en el proceso productivo del agro.

-¿Se protegería mejor la calidad de los suelos si se prohibiera la tenencia de la tierra a los extranjeros?

-Hoy la extranjerización de la producción agropecuaria no siempre pasa por la propiedad del suelo. El productor que se vuelca hacia el monocultivo con un alto impacto ambiental no es necesariamente el propietario de la tierra ya que a menudo arrienda un predio o actúa en régimen de medianería o de cesión de derechos. Por lo general, hay un agente externo que se comporta como un administrador, quien regula los procesos productivos en el medio rural. Ahí está el riesgo para el patrimonio natural del país porque ese control externo que no tiene ninguna vinculación familiar o patrimonial con la tierra es el que determina qué se cultiva, cómo se produce, cuándo se vende, etc. Ese inversor exprime los recursos del suelo hasta que se agotan y luego le basta mudarse a otra zona mediante nuevos convenios con otros propietarios.

-¿Cómo podría evitarse una sobreexplotación de los suelos destinados a la agricultura?

-Hay dos alternativas extremas. La producción agropecuaria puede ser regulada exclusivamente por el Estado o puede quedar en manos del mercado. Las dos posibilidades presentan diversos inconvenientes. El mercado por sí solo es ineficiente para asegurar la preservación del patrimonio productivo del país. A su vez, la regulación por el Estado suele fallar por la falta de controles y un monitoreo generalmente poco transparente. Seguramente, se van a necesitar componentes de ambas vertientes para ajustar estos procesos productivos. El primer paso sería determinar qué se produce y cómo se controla esa producción desde un punto de vista productivo y económico, pero también social y ambiental.

-¿Significa eso que el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) le dirá a los productores qué pueden plantar en sus predios?

-No. Pero tampoco es aceptable que el Estado no penalice a quienes deterioran el suelo o contaminan los cursos de agua. En cambio, sí puede enviar señales positivas. Por ejemplo, puede beneficiar con créditos blandos a los productores que hacen un manejo responsable de la tierra y del agua, lo cual sería un mensaje eficiente para encauzar de forma más conservacionista la explotación de nuestros recursos naturales.

-¿Son comparables los problemas ambientales que genera el cultivo de soja con los que presenta el cultivo de arroz en la cuenca de la Laguna Merín?

-Existen diferencias y semejanzas entre ambos cultivos. Los arrozales ya han reemplazado los ambientes naturales de bañado y sólo quedan remanentes de ellos donde no es viable o redituable el cultivo de dicho grano. No obstante, el arroz ha logrado un sistema de rotación con la ganadería que permite usos apropiados de la tierra desde una perspectiva productiva. Ese balance está en riesgo con los monocultivos de intensidad, como el de la soja, ya que no guardan un equilibrio de ese tipo, se pone en riesgo al suelo y se usan abusivamente los agroquímicos.

Erosión

-¿Qué nivel de degradación presentan los suelos agrícolas en Uruguay?

-Los datos firmes son que el 30% del territorio nacional, o sea más de cinco millones de hectáreas, presenta algún tipo de erosión. Si bien más de la mitad de esa superficie presenta una degradación leve, un 6% de los suelos afectados sufre una erosión muy severa, según datos del MGAP del año 2000 recientemente recopilados en el reporte GeoUruguay. La mayor parte de estos procesos erosivos está asociada a los cultivos. Más de un tercio de productores encuestados declaró que sus campos están afectados en cierto grado por la erosión y un 21% dijo que la degradación ha aumentado en los últimos años, en una consulta reciente del MGAP citada también en GeoUruguay.

-¿En qué medida la erosión está disminuyendo la potencialidad productiva del suelo?

-Con la erosión se pierde la capa fértil del suelo, lo que reduce la productividad por hectárea. Algunos predios que han sido intensamente explotados deben ser retirados de la producción y sus propietarios tienen que invertir en la recuperación de dicha capa mediante, por ejemplo, la implantación de pasturas, lo cual insume tiempo y genera pérdida de ingresos para el país.

-¿Se han evaluado los costos de esa pérdida de ingresos a causa de la erosión?

-La economía convencional es ciega a este tipo de problemas. Por lo tanto, deberíamos empezar a usar indicadores de una economía del siglo XXI, que incluyan datos ambientales. Entre estos indicadores económico-ambientales, urge obtener una evaluación del costo de la pérdida del suelo por erosión a efectos de que sea restado al PIB agropecuario. Por ejemplo, hoy se calculan los ingresos por la producción de soja, pero se debería estimar lo que se pierde anualmente por erosión del suelo.

-¿No es suficiente la técnica de la siembra directa para evitar la erosión de los suelos ?

-La siembra directa tiene varias ventajas -incluso muchas de ellas son ambientales, porque agreden menos al suelo- pero su uso inadecuado entraña riesgos de un nuevo tipo. Se aplica bajo un paquete tecnológico rígido, permite entrar en zona de suelos más superficiales y los mantiene desnudos después de la cosecha; por consiguiente, la tierra queda a merced de los fenómenos meteorológicos y eso aumenta el riesgo erosivo, como sería el caso si hubiera lluvias copiosas.

-¿Se ha reducido el uso de plaguicidas y fertilizantes con la siembra directa?

-Al contrario, tenemos información que ha aumentado sustancialmente el uso de agroquímicos en Uruguay. Se registró un incremento de las importaciones de plaguicidas de un 126% en el período 2004-2006 con respecto a 1999-2000. Entre ellos, aumentaron especialmente los herbicidas, que alcanzaron un 165% en ese mismo período, según los datos del MGAP. También existe evidencia de que el uso de los agroquímicos por hectárea se ha elevado en forma considerable, básicamente en los predios destinados a la agricultura.

Cursos de agua

-¿Cómo ha afectado el uso intensivo de plaguicidas y fertilizantes en los cultivos a los cursos de agua?

-Ese tema es motivo de debate porque se han realizado monitoreos en algunos sitios, pero es muy difícil precisar el origen de la contaminación que se detecta en el agua. Por consiguiente, hay algunos estudios específicos en marcha para los cultivos de arroz, entre otros. Se ha constatado que las aguas en algunas zonas del territorio nacional están contaminadas por nitratos, siendo motivo de disputas si son atribuibles a fuentes humanas no agrícolas o a fuentes difusas de actividades agrícola-ganaderas. Esta incertidumbre es consecuencia de la falta de un buen sistema de monitoreo del agua que sea abierto y transparente al público. Hoy resulta muy dificultoso para cualquier ciudadano obtener información sobre el estado de la red hidrográfica en el territorio nacional. Existe dispersión administrativa y opacidad de información sobre los controles del agua potable por parte de OSE, de los cursos de agua por la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama) y del uso de los agroquímicos por el MGAP.

-¿Es el nivel de contaminación del agua provocada por las explotaciones agrícolas similar al de las plantas industriales?

-Los focos de contaminación por efluentes industriales son relativamente pocos y más sencillos de monitorear. Si no se realizan más controles inspectivos, se debe a razones de inoperancia política. En cambio, la situación es mucho más compleja en el medio rural porque el grado de presión contaminante en el ambiente está diseminado sobre todo el territorio y, por tanto, resulta más difícil de controlar. Además, las tecnologías disponibles para el control ambiental en el agro son mucho más complejas, porque todas tienen algún nivel de intervención sobre el proceso productivo. Mientras que la emisión de gases de una fábrica se controla colocando un filtro en la chimenea, la erosión del suelo implica el manejo en toda la chacra. En síntesis, la urgencia de Uruguay radica en cómo tratar el tema ambiental y su relación con el agro.

Se debería penalizar el uso de leña de especies nativas

-¿Qué beneficios proporciona el monte nativo al agro?

-Tiene tres beneficios esenciales. Primero, es el sostén que protege las cabezas de las cuencas hidrográficas porque hay monte nativo en la parte superior de las sierras donde nacen las pequeñas corrientes de agua que forman los ríos y arroyos. Esa vegetación opera como una esponja que regula todo el funcionamiento de la cuenca ya que el agua queda atrapada allí y escurre más lentamente. Segundo, contribuye al control de la erosión, especialmente en zonas de suelos superficiales -es decir de un espesor menor- de las serranías y los márgenes de ríos y arroyos. Y, tercero, constituye un refugio indispensable para la fauna y flora autóctona, lo cual es útil para el agro ya que esos montes albergan a muchos polinizadores.

-¿Están los montes nativos debidamente protegidos?

-Falta una política que incorpore lo ambiental en una planificación productiva y territorial. En la delimitación de los suelos de prioridad forestal que aprobaron gobiernos anteriores, una buena parte de ellos ocupan las serranías, que constituyen, después de los bañados, el segundo ecosistema más rico en fauna y flora de Uruguay con sus bosques nativos en galerías en arroyos y quebradas. Por lo tanto, la normativa de prioridad forestal aprobada hace dos décadas no atendió esos aspectos ecológicos.

-¿Cuáles son las principales amenazas que existen para la conservación del monte nativo?

-Hay un talado selectivo de las maderas de mayor valor -básicamente coronilla, tala, algarrobo, ñandubay, etc.- en los montes nativos, que ya han sido muy deteriorados. En algunos lugares quedan en pie especies de maderas menos apreciadas y más arbustos. También se corre el riesgo de su extinción con los incendios de bosques achaparrados cada vez más frecuentes en las serranías, que van carcomiendo los bosques en sus márgenes y por la introducción de especies exóticas no uruguayas como el ligustro.

-¿Cómo se podría detener la tala indiscriminada del monte nativo?

-Además de la necesidad del monitoreo y fiscalización de los predios, se debe controlar y penalizar el uso de leña de especies nativas. Si se lograse fiscalizar el consumo final de leña indiscriminada en parrilladas y pizzerías, se reduciría la demanda de ese tipo de energético, con lo cual disminuiría la presión sobre el monte nativo porque el incentivo económico tendería a desaparecer.

Agencias calificadoras abordan el riesgo de manera limitada e inadecuada

-¿Es posible armonizar la fuerte expansión agrícola y forestal con las políticas ambientales?

-No sólo es posible, sino que también es indispensable hacerlo por varias razones específicas. Una es que Uruguay necesita conservar su patrimonio natural para asegurar la sustentabilidad futura de los sistemas agroproductivos. En segundo término, resulta imprescindible proteger el ambiente por las opciones comerciales actuales. Como el país no puede competir en volúmenes exportables de materias primas con Argentina y Brasil, nuestras exportaciones tienen que apuntar a nichos de mercados que demanden productos orgánicos. Pero se requiere un alto nivel de calidad ambiental para poder comercializar con ciertas ventajas. En tercer lugar, este tipo de producción contribuye a mantener a la gente en el medio rural porque la agricultura orgánica se basa en la mano de obra familiar y genera más empleo. En cambio, el monocultivo puede automatizarse al extremo de poner en riesgo el trabajo de los pequeños y medianos productores.

-¿Está el mercado orgánico suficientemente extendido a nivel mundial como para especializarse en ese tipo de productos?

-En 2006 las ventas mundiales de alimentos y bebidas orgánicas alcanzaron US$ 46.000 millones, habiendo aumentado un 43% con respecto a los niveles registrados dos años antes. Además, todos los mercados orgánicos de los países desarrollados tienen demanda insatisfecha. En Estados Unidos, el mercado de productos orgánicos alimentarios sumó US$ 23.600 millones en 2007 y se calcula que llegará a los US$ 25.000 millones este año. Si Uruguay lograse potenciar la agricultura orgánica y acceder a una pequeña porción de ese segmento de consumidores globales, sin duda el índice de riesgo país alternativo mejoraría sustancialmente.

-¿A qué se refiere con el índice de riesgo país alternativo (IRPA)?

-Hoy se necesitan evaluaciones que incorporen ciertos factores que olvidan las agencias calificadoras tradicionales, ya que abordan el riesgo de manera limitada e inadecuada. Esas calificadoras son insensibles al riesgo social y ambiental por considerar que las regulaciones de protección del ambiente, así como las medidas para mejorar el salario y generar más empleo, ponen en riesgo el éxito financiero de un emprendimiento porque pueden disminuir la capacidad de repago del deudor. De hecho, se han apegado básicamente a indicadores económicos convencionales, sobre todo a los más relacionados con los aspectos financieros. Además, sus procedimientos no son siempre explícitos, los modelos en muchos casos se mantienen en reserva y no explican claramente cómo se ponderan los diferentes componentes. Incluso el FMI reconoció en 2002 que la información de dichas evaluaciones era insuficiente.

-¿En qué consiste el IRPA?

-Desde hace varios años el Claes realiza una evaluación alternativa de riesgo que incorpora una nueva metodología con elementos que miden si los países se acercan o se alejan de un riesgo aceptable en lo económico, en lo productivo, en lo social y en lo ambiental. Según este índice, Costa Rica y Uruguay enfrentan riesgos críticos menos agudos que Argentina, Brasil, Chile y México, mientras Colombia, Paraguay, Perú y Venezuela estarían en default socioambiental.

Ficha técnica

El ecólogo social Eduardo Gudynas, uruguayo, 48 años, es secretario general del Centro Latinoamericano de Ecología Social (Claes). Ha sido consultor, entre otros, de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (Pnuma), la Agencia Alemana de Cooperación (GTZ) y el PNUD. Es autor de varios libros sobre ambiente y desarrollo publicados en Montevideo, Madrid, Buenos Aires, Lima y Santiago. Entre sus actividades, en el último año asesoró a la Asamblea Constituyente de Ecuador y disertó en la inauguración del Congreso Latinoamericano de Áreas Protegidas.