JORGE CAUMONT

La inflación en alza es, quizás, la mayor preocupación que tienen los gobiernos de los países de América Latina. El ritmo de expansión de sus producciones de bienes y de servicios es, a pesar de las turbulencias financieras mundiales, todavía alto; ninguna de las naciones de nuestro continente se encuentra en recesión o cercana a ella. Tampoco enfrentan problemas en sus sectores externos que impliquen depreciación de sus monedas ante la de referencia -el dólar en todos ellos- o declinación de las reservas internacionales de sus bancos centrales en los que la política cambiaria es de flotación sucia.

La inflación en aumento es, entonces, el problema macroeconómico central que enfrentan los más grandes -Brasil, México y Argentina- los medianos -Colombia, Chile, Perú y la más complicada Venezuela- y los chicos, entre los que se cuenta Uruguay.

SOLUCIONES DIFERENTES. Aunque el problema es común a todas esas naciones, por mencionar sólo a las de nuestra región de Occidente, los empujes inflacionarios son distintos en cada una de ellas y lo son también y significativamente, las soluciones que se están intentando. Ellas van desde restricciones en la expansión del gasto público, mayor severidad de la política monetaria y consistencia con ella de la política salarial, hasta la "manipulación" grosera del comportamiento del índice de precios al consumo o del costo de vida, pasando por acciones orientadas a modificar sus resultados con instrumentos inapropiados de política comercial. Como es de imaginar, en estos últimos casos no se ataca a la inflación en sus causas fundamentales y ella resurge rápidamente o se refleja en poco tiempo, en escasez de productos, mercados negros y distorsión de precios relativos.

El caso más patético en esa lucha antiinflacionaria es el argentino. Políticas fiscal y monetaria tremendamente expansivas, controles de precios generalizados, impuestos a las exportaciones como a las del agro y a las de petróleo y derivados, acuerdos forzados de precios y congelación de muchos de ellos, presentan un panorama de inflación reprimida que se complementa con un índice de precios oficial que por su continua manipulación no es creíble para la población, para los productores ni para los inversores. Esta heterodoxia antiinflacionaria no impide que los precios crezcan

Resulta desmedida la diferencia entre el registro del Indec del 9% y el de los privados que la ubican en más de 30%, hecho acompañado por una brutal distorsión en la asignación de recursos, un notorio proceso de desinversión en numerosos sectores y la escasez de la oferta de variados productos.

En Venezuela, la política antiinflacionaria ha tenido algunas características similares a la argentina ya que como lo establece Miguel Angel Santos en "Retos de la política antiinflacionaria en Venezuela" (Ildis, julio 2008), los controles generalizados de precios, las reducciones del impuesto al valor agregado a algunos productos y otras medidas represoras por el estilo, no han logrado que en el primer semestre del año la inflación anualizada se reduzca por debajo del 32%.

Otros países han tenido una reacción diferente. Los conductores de sus economías han aplicado políticas antiinflacionarias más coherentes con la teoría y la realidad económica y no han innovado con el siempre tan atractivo como inútil manejo voluntarista de los precios reprimiendo sus manifestaciones.

En Perú y en Colombia, al igual que en México y en Brasil -todos ellos sufriendo presiones pero con registros relativamente bajos- la respuesta transita un camino correcto. Aunque afecte el ritmo de su expansión productiva a la baja transitoriamente, han decidido restricciones monetarias y de gasto público.

En Brasil, se ha restringido la liquidez a través de un manejo alcista de su tasa de interés de referencia (la Selic) aumentándola 125 puntos básicos en el último mes y un aumento de los encajes bancarios. El presidente Lula encara un aumento adicional del resultado primario de la gestión del sector público que ha resaltado su Ministro de Hacienda Guido Mantega, a través de un control mayor del gasto público para lograr un mayor superávit fiscal primario.

En México, el Banxico está aplicando una política monetaria más contractiva al igual que el Banco Central de Perú y el de Colombia. En estos casos se ha optado por medidas de tipo ortodoxo y se toman decisiones mucho más coherentes apuntando a un freno no temporal del alza de precios sino con el propósito de lograr apagarlo de manera permanente.

URUGUAY. En nuestro país, la preocupación que trae la inflación es evidente. A diario lo notamos y a diario la prensa nos la reafirma. En los doce meses hasta julio el incremento de los precios al consumo ha sido 8,02%, por encima de la meta de 3 a 7% -alargada temporalmente por la autoridad económica cada vez que el registro se aleja de ella- y el de los precios mayoristas 23.15% y en ascenso. Ello pese a las recordadas medidas de los meses de agosto y de septiembre del año pasado cuando por diversos mecanismos heterodoxos se impidió el aumento de tarifas públicas que habría correspondido, se redujeron impuestos a determinados bienes de consumo, se forzaron bajas de precios en la salud y se decidieron otras medidas por el estilo. En otras palabras, esas medidas heterodoxas que luego se complementaron con los "acuerdos de precios", no rindieron un efecto más que transitorio como era de esperar y hoy el aumento del costo de vida sigue apartado de la meta, a pesar de las declaraciones desde la conducción económica, de los últimos diez u once meses, que el fenómeno está controlado. Como es de esperar, cuando en lugar de atacarse las verdaderas causas del fenómeno, se actúa sobre sus manifestaciones, los precios siguen en alza generalizada y lo único que han logrado esos manejos que han afectado el resultado del índice, ha sido evitar que se disparara el "gatillo salarial".

Las autoridades económicas han sido reacias a emplear, como en los países mencionados en segundo término, los instrumentos de política macroeconómica que resultan idóneos para frenar a la inflación y el sesgo adecuado para ellos: la política monetaria, la fiscal y la desindexación salarial. La primera ha continuado siendo expansiva tanto por el lado de la cantidad de billetes y monedas en circulación y de los medios de pago como por el de la determinación de la tasa de interés de referencia para el sistema, que ha sido por mucho tiempo y continúa siendo negativa en términos reales. También la política fiscal persiste en su sesgo notoriamente expansivo por el lado del gasto público desde hace un tiempo como también por lo que se anuncia a partir de la Rendición de Cuentas para el año entrante. Finalmente, la política de indexación salarial que "revive" los aumentos de precios del pasado con un margen adicional.

Es una mezcla de políticas que mantiene alto al crecimiento económico pero que prontamente puede traducirse en una ilusión nominal. Se trata además, de una combinación de políticas que afecta adversamente a la competitividad de la producción local al provocar, con instrumentos financieros indexados a la inflación, una respuesta bajista del tipo de cambio nominal. Frenar la inflación revirtiendo absolutamente el sesgo de esas políticas rinde menos beneficios políticos en el corto plazo que atenuar el crecimiento económico. El peligro es que el aumento de precios sin remedio se encargue de hacerlo por sí mismo y tengamos, al cabo de un tiempo, inflación con estancamiento.