ISAAC ALFIE

Es sabido que hay dos formas de analizar las cifras económicas así como la marcha de cualquier emprendimiento: por lo que se ve -su resultado corriente- o por su real posición de medio y largo plazo.

En varias ocasiones desde esta columna he comentado la situación de las finanzas públicas intentando mirar, más allá de las cifras coyunturales, su realidad de mediano plazo. Así, he dicho y probado con números concretos que, bajo las actuales circunstancias donde la producción se encuentra por encima de su potencial de largo plazo, el precio del dólar muy depreciado (el peso muy apreciado) y la inflación notoriamente superior a la prevista, el real equilibrio de las cuentas del Estado implicaría un superávit actual del orden de 3% del PIB (unos US$ 930 millones a valores de 2008). Afortunadamente, en los últimos meses la cantidad de especialistas en materia económica que opinan de manera similar viene en aumento, a tal punto que incluso dicha posición se ha dejado traslucir tanto dentro de los cuadros técnicos de la Administración como de economistas afines al gobierno. Los factores explicativos son casi similares y, supongo, las advertencias también. Cierto es que la cuantificación difiere entre los analistas, pero ya no conozco entre aquellos que sostienen que debe existir superávit fiscal, quienes lo sitúen debajo del 2% del producto.

Ahora bien, ciertos cambios en los ejecutores del gasto (1), así como en la unidad de cuenta de los títulos en que se expresa la deuda, hacen que, de un tiempo a esta parte, la medición del déficit fiscal no se corresponda con el verdadero, dando como resultado que el mismo esté fuertemente subestimado. Naturalmente y como lógica consecuencia, el gasto público también lo está. En este último caso, la subestimación es mayor porque una parte, a esta altura relevante del mismo, se "esconde" dentro del resultado corriente de las Empresas Públicas y por ende, si bien es gasto fiscal, no influye en el resultado neto final publicado, porque integra el resultado de dichas empresas.

PRECISIÓN. La subestimación del gasto público y el déficit fiscal tienen entonces dos componentes, uno producto de que deliberadamente se ejecutan gastos e inversiones, mediante sociedades anónimas, por fuera de la contabilidad del gobierno y otra que surge de la manera que los manuales internacionales indican debe medirse el resultado del sector público. Los mismos manuales que durante mucho tiempo contaban como ingresos fiscales los provenientes de las privatizaciones.

DEFINICIÓN. La forma convencional de medir el resultado fiscal es igualarlo al opuesto a las necesidades adicionales de fondos (NAF) que requiere el sector público. Es decir, si el mismo es superavitario no se precisa dinero extra, (NAF negativas) y viceversa, cuando hay déficit se debe conseguir el faltante por sobre la recaudación. Existen otras formas de analizar la performance fiscal de corto plazo, como el resultado primario o el resultado operacional, pero meramente son eso, instrumentos de análisis, no mediciones del resultado global. Entonces, si el Estado recauda menos de lo que gasta, la diferencia debe pedirla prestada y esto se hace mediante emisión de deuda, abonando un interés compensatorio; endeudándose con el Banco Central sin pagar intereses o una combinación de ambas. La opción de deuda con la autoridad monetaria se conoce como "la maquinita" que, como se sabe, termina generando inflación, siendo ésta la manifestación del impuesto cobrado.

Por tanto, para conocer el verdadero resultado fiscal se suele observar la variación de deuda y de los saldos de caja y bancos. A muchos les llamó la atención el enorme aumento de la deuda pública, medida en dólares, que mostraron las cifras a marzo de este año, cuando en el año móvil cerrado en ese mes, el resultado fiscal del sector público presentaba un superávit global de 0,8% del PIB. Más allá de que ese resultado era producto de "casualidades del calendario" y desde abril el déficit está en 0,9%, otros factores están detrás. Es natural que ante una caída tan importante del precio del dólar y con una parte de la deuda nominada en pesos, ésta crezca medida en dólares, pero ¿por qué crece tanto? Lo hace porque la mayoría de la deuda nominada en pesos, en realidad está en pesos reajustables con la inflación, o unidades indexadas (UI), lo que explica mejor el aumento. El punto central es que la actualización de la deuda en función de la inflación, UI mediante, no se considera en la medición del déficit, aunque en realidad es gasto público, en este caso, intereses y déficit. Cualquier empresa privada lo computa de esa manera en su estado de resultados.

INTERESES. Las cifras fiscales publicadas del año 2007 informan un déficit global de 0,4% del producto, en tanto observando la variación de deuda neta medida en dólares, tomando en cuenta la revaluación de la UI y corrigiendo los saldos en pesos por la cotización del dólar a inicio y fin de período, el déficit por este concepto (cambio de valor en la UI) crece en 0,7% del PIB. Por ende, si midiéramos el resultado de manera convencional -NAF-, el déficit está subestimado debido a que se omite que al renovar un título en UI se necesitan más pesos que cuando se colocó originalmente, y esto es erogación. Así, si la actual cotización de la UI es $ 1,8 y dentro de un año, es $ 2, los 20 centésimos son déficit que no se contabiliza como tal en las cuentas del Estado. Cuando se renueva la deuda hay que conseguir en el mercado más pesos y éstos son fondos adicionales que se necesitan. Esta parte "escondida" de la cuenta de gastos financieros, era irrelevante hasta hace dos años, pero viene creciendo y en el corriente año duplicará su incidencia llegando a 1,4% del producto. Es ésta la primera aproximación a la magnitud de la subestimación del déficit fiscal.

GASTOS. Como decía, el sector público está realizando una serie de gastos e incurriendo en déficit que no contabiliza como tales. Es así que a través de la CND, el Estado se está endeudando y generando gasto público que no se mide, vía numerosas sociedades anónimas de derecho privado que realizan tareas propias de ministerios o de empresas públicas. Por el momento, la más significativa parece ser la Corporación Vial del Uruguay, una especie de "sucursal" del MTOP, cuyo último balance (octubre 2007), muestra inversiones por 0,2% del PIB, por las cuales endeudó al sector público. La CND tiene muchas empresas más, algunas que causarían hilaridad de no ser que por allí se gestionan recursos públicos por fuera del contralor legal. En general, el 100% de capital está en manos del Estado, en otros casos éste tiene mayoría significativa. En todas ellas se generan gastos, y sus déficit son públicos; bueno sería saber el consolidado de ellos, al igual que conocer la gestión de los fondos, la forma de contratación, etc. Como dato anecdótico, todas menos una de las sociedades anónimas cuyos balances están en la web de la CDN arrojan pérdidas y no menores.

Por su parte, Ancap progresivamente se va convirtiendo en el paradigma de lo que no debe hacerse para manejar una empresa pública. No estamos ante un fenómeno nuevo, lleva casi una década, pero se ha exacerbado y llevado al extremo. Sus aventuras en azúcar, alcoholes, distribución de gas, cemento, prospección de petróleo, a lo que se suman las actividades parafiscales que le impusieron en el último año y medio, son por montos millonarios en dólares. Estos gastos del Estado no se contabilizan como tales sino que se incluyen como inversión de cartera, a través de sociedades anónimas, cuando en puridad deben considerarse parte de las "inversiones" del ente y por ende como gasto y déficit público a efectos fiscales. Desconocemos las "inversiones de cartera" del año pasado ya que aún no ha publicado el balance del año 2007; si, leyó bien 2007.

Ancap también maneja unos $ 4.500 millones, 0,7% de producto de este 2008 de recursos fiscales a través del impuesto implícito al gas oil que distribuye en acuerdo con la CND, el MEF y el MTOP.

El caso de Pluna S.A. merece un capítulo aparte. Si bien es cierto que la mayoría del paquete accionario es privado, la prensa nos informa que está arrojando pérdidas, y el Estado uruguayo está avalando deudas por más de US$ 100 millones. Tampoco aparecen en sus cuentas.

UTE ha constituido una sociedad con la CND (ISUR SA) para el "mejoramiento del sistema eléctrico uruguayo" que el año pasado fue capitalizada en unos US$ 12 millones, que tampoco figuran como erogación del sector público.

Antel tiene algunas sociedades anónimas pero de menor importancia, en algún caso en conjunto con la CND. Podríamos seguir, la "Torre Ejecutiva", AFE, obras del Sodre, etc.

A esta altura parece sensato un "blanqueo" y consolidación general de cifras para saber a ciencia cierta dónde estamos parados. Una rápida estimación nos lleva a que durante el 2007 el déficit real fue al menos del orden de 1,4% del PIB y no el 0,4% publicado, en tanto el gasto primario se ubicaba en 26,8% del producto. Recordemos que a febrero de 2005 las cifras eran 1,4% y 24,8% respectivamente. Seguramente las cifras del presente 2008 serán peores, en especial en materia de déficit fiscal y de las del 2009, por el momento mejor no hablar.

En resumen, debemos tener claro que las cifras oficiales, por su forma de medición, alguna internacional, otra por su "arquitectura" jurídica, subestimaron en el 2007 en más de 8% el gasto primario, la carga de intereses en no menos de 20%, en tanto el déficit es más de tres veces el informado. Así las cosas, la situación tiende a empeorar.

(1) Erogaciones no menores se ejecutan, por fuera del presupuesto, bajo el derecho privado, mediante SA, aunque éstas sean 100% capital estatal.