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Penas mayores, inseguridad menor

JORGE CAUMONT

Economía & mercado

En su libro Sensación y Percepción (México, Prentice Hall, 1996), Margaret Matlin y Hugh Foley definen a la "sensación" como "experiencias inmediatas básicas, generadas por estímulos aislados simples" y aceptan que se trata de una "respuesta de los órganos de los sentidos frente a un estímulo". A la "percepción" la definen como "la interpretación de esas sensaciones" por lo que además de implicar la actividad de nuestros órganos sensoriales, se le da cabida a nuestro cerebro. La percepción de un fenómeno pasa a ser, entonces, una sensación que se medita y analiza para extraer conclusiones muchos más profundas y no generales.

LA INSEGURIDAD. Hace un par de años, un Secretario de Estado afirmaba reiteradamente, que la inseguridad pública era una "sensación" de la población y que no iba más allá de ello. Sobre esa base y teniendo como dato la sobrepoblación de las cárceles, elaboró una curiosa política de combate a la inseguridad: conceder la libertad a ciertos presos por delitos menores. La "sensación" de inseguridad no fue borrada. Por el contrario, apareció la "percepción" de la inseguridad pública.

El conocido politólogo uruguayo Oscar Bottinelli informó a una emisora radial local los resultados de una encuesta a la población, realizada por su empresa -Factum- que preguntaba al público su percepción sobre la seguridad pública. El resultado de esa pesquisa ha mostrado que, más allá de tener la sensación que señalara el ex Ministro del Interior aludido, a partir de ella la población ha meditado y analizado, ha usado su "cerebro", y ha dado una opinión más acabada de este problema que vivimos los uruguayos. La conclusión a partir de los datos de la encuesta es que uno de cada cuatro uruguayos (el 75% de la población), no solamente "siente" sino que además "percibe", que la seguridad pública es mala. Más aún, que otro 20% de la población no la percibe ni buena ni mala y que tan solo el 5% ha dicho que es buena.

Los datos de la encuesta son realmente preocupantes para la población y para el propio gobierno que ve que el problema se ha agravado significativamente cuando se le compara con lo que percibían los uruguayos durante anteriores administraciones de gobierno. En la del Dr. Lacalle el 39% de los encuestados había dicho que la seguridad pública era mala; en el segundo mandato del Dr. Sanguinetti quienes la percibían mala era el 65% y en la administración del Dr. Batlle el 61% opinaba de ese modo.

La encuesta de Factum también ha mostrado cierta información que agrega otra arista gravísima al problema: el 68% de los uruguayos afirma que la seguridad pública hay que protegerla aunque se afecten los derechos y garantías de los delincuentes y de los presos, mientras que el 26% cree que hay que defenderles aunque se afecte a la seguridad pública.

Es indudable que estamos ante una situación que, por lejos, supera el diagnóstico del anterior Ministro del Interior. Los resultados de la encuesta indican que ha habido una reflexión profunda de la población sobre el tema y la conclusión es inequívoca: la seguridad pública ha dado paso a una gran inseguridad. Muestras objetivas de ese cambio son abundantes: ya no basta con el pago de impuestos para mantener la seguridad y se multiplican los esfuerzos pecuniarios de la población para comprar elementos de protección y, como en la Edad Media, servicios privados de seguridad.

La actual Secretaria de Estado, la Ministra del Interior, ha señalado la cruda realidad al enviar a su colectividad política, al resto de la coalición que gobierna y a la interna de su administración, que se involucren y que se priorice (darle solución) al problema de la seguridad pública. El secretario general del Partido Socialista indicó que su facción política ha solicitado a la dirigencia del Frente Amplio que incluya a la seguridad pública como una prioridad en la agenda política nacional, según informó en su sitio de internet una radio local. Agregó el dirigente socialista que la gente se genera percepciones "porque en los medios aparece mucho el tema del delito" y sostuvo que el tema de la inseguridad se soluciona mirándolo "desde todo punto de vista, no solamente reprimiendo, ni llenando de policías".

OTRA EXPLICACIÓN. Generalmente las propuestas para solucionar el problema pasan por medidas inútiles -como las aplicadas previamente en esta administración-, o por declaraciones simplonas como la del secretario socialista. Es habitual achacarle responsabilidad a chivos expiatorios ajenos a la conducción actual, a razones espurias, o a numerosas causas complejas difíciles de armonizar -"el tema se soluciona mirándolo desde todo punto de vista" indicó el secretario socialista-. Pocas veces entre nosotros y nunca entre quienes tienen la responsabilidad de hacerlo -y a quienes se le paga con nuestros tributos para hacerlo- se enfoca la situación considerándola como un problema microeconómico. Una situación en la que la demanda por delitos es alta porque el precio que se debe pagar por ellos es bajo. O, porque para quien lo comete, el costo que tiene el delito en sus diversas formas es menor que el beneficio que le genera.

Gary Becker -Premio Nobel de Economía en la década pasada (1992)- ha enseñado que muchos problemas de naturaleza social pueden ser analizados aplicando fundamentos de la teoría económica. El profesor de Chicago ha dado ejemplos concretos de esta posibilidad reflexionando y procesando con instrumental microeconómico, las razones de un divorcio, el porqué de la inversión en capital humano, qué es lo que motiva un suicidio, cuáles las causas del delito y otras cosas por el estilo. Según Becker, que considera a las personas seres racionales, la decisión de delinquir es, en buena medida, económica: el delincuente compara el ingreso que obtendrá por infringir la ley con el costo de hacerlo y optará por delinquir si el primero supera al segundo.

El delincuente evalúa el ingreso pecuniario o no pecuniario que percibiría por el delito que cometa. Es con ese ingreso pecuniario, que adquirirá bienes y servicios que le brindarán utilidad y es con el ingreso no pecuniario que tendrá satisfacción. De inmediato, consciente o inconscientemente, el delincuente calcula el costo de planificar su acción delictiva y los otros costos -pecuniarios y no pecuniarios- de mayor materialidad que surgirán por el riesgo de ser apresado y puesto en prisión. Debemos imaginar que los costos asociados con el riesgo de ir preso son sensiblemente mayores que los costos de planificar su acción, ya que detenido dejará de generar ingresos -incluso delinquiendo- y se verá sometido a otros costos no pecuniarios aparte del que traiga una disminución de su imagen pública en el futuro. Una diferencia positiva entre los ingresos definidos y los costos mencionados que sea positiva, induce a cometer fechorías. Prevenirlas implica aumentar el costo de cometerlas. Es en ese sentido que aumentar el costo de quien infringe la ley es fundamental para reducir el estímulo a cometer los desbordes y atenuar la inseguridad. De hecho es lo que pide, según la encuesta de Factum, el 68% de los uruguayos. Y aumentar el costo de quien infringe la ley no es otra cosa que aumentar las penas que se imponen por las infracciones que en definitiva aumentan la percepción de la población de creciente inseguridad.

Para la sociedad el costo del delito es la suma de los daños netos causados por los delincuentes más el costo de la prevención (impuestos que se pagan, gastos adicionales en seguridad privada, etc.). El costo de la prevención (aumentar las penas con los costos fiscales consecuentes por mayor tiempo de detención, más infraestructura para ello, etc.), generalmente resulta mucho menor que la disminución del daño causado por los delincuentes al grueso de sus víctimas. Como corolario, el costo total para la sociedad disminuye y la sensación de inseguridad se atenúa.

Mientras se sigan manejando soluciones que desconozcan la microeconomía de la delincuencia para terminar o al menos atenuar lo que lleva a la "sensación" y a la "percepción" generalizada de inseguridad pública, no se lograrán los resultados que reclama hoy el Ministerio del Interior.

|Opinión |

CLAVE

Muchos problemas de naturaleza social pueden ser analizados por la teoría económica

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