SERGIO ABREU
El 19 de mayo pasado se presentaron en la OMC dos nuevos textos que incorporan los resultados de las negociaciones desarrolladas desde septiembre del 2007 en agricultura y acceso a los mercados para los productos no agrícolas. Estos podrían constituir la base para llegar a un acuerdo final y cerrar la Ronda Doha. La expectativa general es que el acuerdo recoja un equilibrio aceptable entre las concesiones que las partes se hagan recíprocamente. Por otra parte, como señal positiva, el Comisario Europeo responsable de las negociaciones, Peter Mandelson, informó en una entrevista algunos días antes, que había recibido garantías del Partido Demócrata norteamericano que el nuevo gobierno respetaría los resultados de Doha en el caso que la Administración Bush concluyera las negociaciones.
CIERRE DE RONDA. ¿Estamos, finalmente, en tiempo de cierre de Ronda? Uruguay no debería distraerse de estas cuestiones centrales. El gobierno debe informar y discutir con los distintos partidos políticos y el sector privado el contenido de las negociaciones. Ello le permitirá analizar las consecuencias que la conclusión de la Ronda pueda tener sobre la economía uruguaya.
El multilateralismo a nivel comercial viene aumentando su protagonismo. La OMC tiene 151 miembros a diferencia de los 23 que iniciaron su marcha en el ya lejano GATT de La Habana de 1947. Ello se debe a que la globalización y la interdependencia vienen desplazando el viejo concepto de soberanía, por una acción política de responsabilidad compartida en muchos aspectos. El interés nacional se condiciona por la necesidad de una gobernanza global en que el multilateralismo ha dejado de ser un escenario de distribución de poder para transformarse en un instrumento de administración de intereses comunes.
Se confirma a su vez, que el camino de desarrollo no puede recorrerse en forma aislada; la apertura, la vulnerabilidad y la asimetría son datos de una realidad que deben administrarse en forma conjunta para poder insertarse en los nuevos patrones de la competitividad.
En este contexto, las decisiones de los gobiernos deben ajustarse a la realidad y tomar en cuenta las características únicas e intransferibles de cada Estado. Por ejemplo, la interpretación que pueda hacer el Uruguay, desde su lejana posición en el Hemisferio Sur, en un área ajena a las zonas de prosperidad y seguridad que lideran los países desarrollados, no es la misma que la que puedan hacer otros países. Al margen de estas decisiones, el comercio internacional sigue su curso y crece más que el producto; un tercio del comercio mundial es intra-firmas; la transnacionalidad de la economía y de los procesos productivos salta sobre las fronteras nacionales; los flujos financieros muestran una gran movilidad frente a las sensibilidades del mercado y como consecuencia de todo esto, los marcos multilaterales tratan de disciplinar el sistema para evitar eventuales guerras comerciales sin diques de contención en el marco jurídico de la globalización.
Por tanto, Uruguay debe ajustar su conducta confirmando su rechazo a los monopolios, en lo económico; al proteccionismo, en lo comercial; y a la piratería, en lo tecnológico. A partir de allí, estará en condiciones de incidir en el desarrollo de las negociaciones. No debe olvidarse que la última Ronda del GATT llevó el nombre de Uruguay y que fue en ella que se incorporaron los temas de la agricultura, la propiedad intelectual, los servicios, las inversiones y nuevas normas para la solución de controversias, que contemplan en forma diferencial a los países en vías de desarrollo.
Luego de siete años de lanzada la Ronda Doha nos enfrentamos a su posible conclusión, aún teniendo en cuenta la incertidumbre de las actuales negociaciones. Las expectativas de que sus resultados hagan honor a su nombre de "Ronda para el Desarrollo" han quedado reducidas a una mínima expresión. Sin embargo, todos los países saben que las perturbaciones del mundo financiero, el aumento de los precios, la desaceleración de las economías desarrolladas y el ingreso de China al mercado internacional no podrán administrarse sin normas previsibles y equitativas que fortalezcan el marco multilateral del comercio.
AGRICULTURA E INDUSTRIA. En este contexto, el Director General Pascal Lamy afirmó que los dos nuevos documentos sobre agricultura y productos industriales "pueden servir de trampolín hacia una etapa nueva y crucial", y afirmó que "nos estamos acercando a la fase final". Algunas reacciones primarias parecen confirmar su optimismo como la respuesta positiva que ha surgido de la poderosa Federación Industrial de San Pablo, en relación con las modalidades propuestas para el sector industrial.
Como se sabe, los países desarrollados tienen la llave de una solución final y los temas en discusión se resumen en una negociación entre el sector agrícola y el sector industrial, acompañados por nuevas reglas a aplicar en el ámbito de la competencia comercial.
En el sector agrícola, las negociaciones deberán definir las modalidades aplicables para la reducción de los aranceles altos, las excepciones para productos sensibles y los instrumentos de cuotificación. En tal sentido, se maneja la idea de un cupo único multilateral para la carne que se administraría bajo el principio de "first come first serve" (se adjudica al primero que llega). Los países en desarrollo, como Uruguay, se pueden beneficiar dependiendo de muchos aspectos que serán definidos en las próximas semanas.
En cuanto a la eliminación de los subsidios a las exportaciones, se propone el año 2013 para su concreción, teniendo en cuenta que los precios altos de los productos agrícolas podrían facilitar su cumplimiento. Por su parte, las medidas de Apoyo Directo estarían reguladas por nuevas disciplinas para las tres cajas denominadas "ámbar, azul y verde", en orden a los efectos distorsionantes de su aplicación. Debe mencionarse que se discute la aprobación de un techo para todas las ayudas, lo cual significaría un paso adelante en esta área. Sin embargo, en forma paralela a estas negociaciones en Ginebra, la crisis internacional ha venido alimentando conflictos internos en la propia Unión Europea, donde el Reino Unido critica duramente a Francia y a la UE por no haber aplicado la Política Agrícola Común y en Estados Unidos, la recientemente promulgada "Farm Bill" incluye un nuevo programa que podría incrementar en billones de dólares los pagos que se hacen a los productores agrícolas, en caso de que los actuales altos precios de los productos básicos decaigan a los niveles del año pasado.
Por otra parte, en el sector industrial, la negociación vincula la profundidad de las reducciones arancelarias que apliquen los países, a diferentes rangos de flexibilidades. En todo caso, la fórmula de reducción que finalmente se defina se aplicará sobre los niveles arancelarios consolidados en la OMC; en el caso de los países del Mercosur, el 35%. De esta forma, la reducción impactará sobre el AEC, favoreciendo la tradicional posición uruguaya de fijarlo lo más bajo posible para favorecer la competitividad. Por tanto, operaría a favor de un proceso de apertura que va ganando terreno, aunque algunos países -como Brasil- reclamen una mayor flexibilidad en su aplicación para administrar su ya tradicional posición proteccionista.
Por último, el grupo especial que negocia los aspectos normativos (que preside el Embajador uruguayo) analiza nuevas disposiciones en materia de "anti dumping", subsidios industriales y subsidios a la pesca. Más allá de la complejidad de estos temas, países como Uruguay podrían utilizar con mayor frecuencia estos mecanismos de regulación que combaten la competencia desleal. Basta recordar que 42 países están aplicando medidas "anti dumping" y que la India duplica a la UE en su utilización, máxime en circunstancias en que el ingreso de China en el mercado internacional despierta grandes preocupaciones de todos los actores del sistema, ya que dispone de una ingeniería financiera importante para subsidiar su sector industrial.
Por otro lado, se avanza en la limitación a los subsidios al sector pesquero, donde el 75% de las especies conocidas están en riesgo de extinción por la presión de flotas internacionales que, como en el caso de Argentina, han presionado de forma depredadora sobre sus recursos.
POSICIÓN URUGUAYA. Este escenario no nos puede ser ajeno, ya que el proceso de apertura que se va consolidando aumentará los grados de competencia de los países menos desarrollados. Uruguay debe dar la debida prioridad al sistema multilateral y rescatar su capacidad de propuesta en lo que hace a su política comercial. Más aún, cuando el Mercosur limita la flexibilidad de nuestra inserción externa y comienza a utilizarse con fines políticos ajenos a su verdadera naturaleza.
Lamentablemente, las posiciones antagónicas en el ámbito del Poder Ejecutivo no han permitido diseñar una única política de inserción externa; es más, esta ambigüedad nos ha llevado a una preocupante ausencia a nivel internacional.
La inserción externa del país necesita cambiar y solo podrá concretarse si se visualiza un liderazgo claro que transmita a los actores públicos y privados una marcada profesionalidad y un mensaje nítido respecto de la estrategia a seguir.