Leche cuota: la realidad pudo más

JULIO PREVE FOLLE

Tras casi un siglo, ocurrió. Contra todos los pronósticos, incluso el mío, ocurrió. El gobierno ha dejado libre el precio de la leche al productor llegando a señalar el decreto 129/008, en una paradoja que escandalizará a más de uno: "…quedando en consecuencia liberado el precio señalado (el precio al productor) a las reglas de la oferta y la demanda" (Art. 1). Liberación, oferta y demanda, son sustantivos que no esperaba oír durante esta administración, y menos aún luego de la aparición dirigista del nuevo ministro de ganadería en Búsqueda. Pero pasó.

Debieron mediar circunstancias que en los más de setenta años de la política de cuotas nunca habían pasado, para que este mecanismo, que ya era de una excepcionalidad absoluta, cayera como un castillo de naipes. Desde 1936 el Poder Ejecutivo venía fijando periódicamente el precio de la leche a los tamberos, por una fracción de su producción comercial -la cuota- equivalente al consumo interno de leche pasteurizada. A partir de este valor fijaba el precio de la leche al público suponiendo un margen industrial. Aquel precio al productor -el precio de la leche cuota- debía remunerar el esfuerzo que en su origen supuso abastecer a la población todo el año con este producto de primera necesidad; pero desde hace mucho ya había devenido en otra cosa. En efecto, por razones que ahora no viene al caso detallar, la cuota se había convertido en un subsidio costeado por el consumidor, que iba en general a la industria, la que de esta forma aprovechaba esa ventaja en el resto de su negocio, es decir la industrialización de los otros productos lácteos. El precio de la cuota había llegado a más que duplicar aquel costo de producir, habiendo generado entre otros problemas un reclamo de Brasil.

La circunstancia excepcional es que creció tanto el valor de exportación de los lácteos, que el precio de la leche necesaria para producirlos estaba resultando superior al de la leche utilizada para elaborar leche pasteurizada, al precio administrado de ésta. En otras palabras, estaba ocurriendo que el precio oficial de la leche cuota venía resultando menor, por primera vez en setenta años, al correspondiente al valor de la materia prima de los lácteos de exportación. Esto generaba una situación excepcional a la hora de abastecer la plaza a precio administrado. Notoriamente, si no cambiaba el régimen de fijación de precios, las industrias encontrarían poco interesante abastecer esa plaza. Y las que lo hicieran quedarían en una situación desventajosa frente a las demás. A esta tensión había que sumar que los productores muy chicos, por razones demagógicas, disponían de una proporción mayor de cuota que todos los demás. Eso determinaba que el mantenimiento del régimen significara un perjuicio especial para los productores chicos.

QUé OCURRIÓ. El decreto arriba mencionado deja libre el precio al productor quien ahora recibirá por toda su leche lo que las industrias en competencia ofrezcan por ella. Si ellas no lo diferencian según sus propios criterios de premio o castigo, podría haber un solo precio al tambero por toda su leche. El decreto es espantoso ya que en sus resultandos establece que el aumento de los precios internacionales -algo deseado toda la vida- introduce una distorsión, cuando notoriamente lo que hace que estos aumentos sean distorsivos es la existencia de un régimen intervencionista, no el aumento de precios.

Pero junto a esta liberación se resuelve seguir fijando el precio al público lo que me apresuro a señalar que si es transitorio, no me parece mal. Quebrar el vínculo entre un precio político, que debe guiarse por la política, y los precios de la producción, me parece un gran avance, que gobiernos anteriores quisieron encarar y no pudieron, en particular por la resistencia de algunas industrias. Ahora el precio al público va a seguir la inflación, la negociación, o la veleidosa voluntad de las autoridades; pero no llevará señales confusas a la producción, la que solo deberá mirar los negocios y en particular la exportación. Es más. En tanto el precio al público seguirá vaya a saber qué lógica política, habrá que compensar a los que vendan leche pasteurizada, hasta el precio que sus colegas logren vendiendo otros productos a otros destinos, notoriamente la exportación. Esto significa que, aunque el precio al público sea una fantasía económica, la industria va a recomponer siempre el precio real. Cómo. Aquí sí se viene el desastre.

DESASTRE e ILEGALIDAD. Podía el gobierno haber establecido su voluntad de mantener un precio al público por la leche pasteurizada más barato por razones políticas. Eso no me parece mal. Pero, ¿cómo lo hará? En primer lugar subsidiando toda la leche consumida, es decir que quien consuma en Punta del Este, Carrasco o el Centro, recibirá un subsidio igual al del ciudadano en situación de calle o de fragilidad social. Esto es una barbaridad. Pero no es la única. Según trascendió este subsidio, que responde a un propósito social, político, en lugar de pagarlo como corresponde la sociedad, se ha dispuesto que lo paguen los lecheros. En concreto toda la leche remitida a plantas sufrirá una detracción de $ 0.06 por litro, para volcar el producido de esta exacción, a las empresas que abastezcan el mercado interno a razón de $ 0.50 por litro. No son los tamberos o sus industrias los encargados de subsidiar al público, no es a todos los ciudadanos a los que corresponde desde el punto de vista ético recibir ayudas, y no corresponde al MGAP "ordenar" a ninguna empresa a pasarle plata a su competidora. Esto con ser ingenuo, es sobre todo ilegal. Para establecer un impuesto, que de eso se trata, o incluso una detracción que así también podría verse, hace falta ley. Y si voluntariamente hubiera empresas como las hay solo exportadoras, dispuestas a ceder plata a sus competidoras, habría que colegir que hay gato encerrado en la sugerencia oficial.

Queda otro asunto: la competencia por tierra. Empezar a gravar la lechería hoy con un valor, mañana con otro, todo dependerá del precio que le pongan a la bolsita, es acentuar la competencia que por la tierra hacen otros rubros. Y en esto no juega solo el monto, sino el haber comenzado a intervenir con esta dirección.

En definitiva, eliminar la fijación del precio al productor es un gran paso. Cortar el precio al público aun fijado administrativamente, de todo vínculo con la producción también es un avance. En cambio, subsidiar toda la leche es muy injusto; y hacerlo con cargo a la lechería es tan injusto como inoportuno por la competencia de otro s rubros. Y establecer detracciones sin ley me parece una reverenda barbaridad que ninguna industria debería aceptar.