JAVIER DE HAEDO

En los últimos días hubo declaraciones de funcionarios de diferentes niveles de la administración que han dado para todo, aunque para nada nuevo: se reiteran promesas, amenazas y referencias a la etiqueta "neoliberal".

Las promesas vinieron desde el MEF y tanto por parte del ministro como de su principal asesor. El ministro Danilo Astori, según La República (sábado 23), dijo que "no va a haber carnavales electorales al estilo de lo que este país conoció durante tanto tiempo" y que "la relación del gasto sobre el producto no va a estar desalineada respecto a criterios de prudencia". Luego aludió al carácter prioritario de la educación, "cuya dotación de recursos se está más que duplicando en el correr de este período (…) porque no hay desarrollo sin educación a buen nivel". El economista Fernando Lorenzo, mientras tanto, en una reunión con la bancada parlamentaria oficialista, "dijo que hay `disponibilidad financiera` para cumplir con los `compromisos programáticos`, según Búsqueda (jueves 21).

En esos comentarios no hay números, pero ellos calzan perfectamente con lo que se conoce del programa financiero del gobierno. Se traducen en que el gasto primario (antes de pagar intereses) del sector público no financiero (SPNF) subirá en el bienio 2008-2009 más que el PIB, llegando a una relación del orden de 27,5% del producto, 2,5 puntos más que en 2004. Y como el PIB habrá de crecer alrededor de 33% en el quinquenio, el gasto primario habrá de subir 47% en términos reales, en cinco años. En particular, el gran salto se dará en el bienio restante, en la medida en que hasta 2007 y en parte por más inflación de la prevista y en parte por más crecimiento económico del programado, el gasto se mantuvo casi estable, próximo al 25% del PIB. El gasto habrá de crecer fuertemente, entonces, durante los tiempos preelectorales y electorales.

En nuestro país es habitual que el gasto suba en los períodos cercanos a las elecciones. Hay evidencia empírica bastante al respecto. La única excepción que recuerdo se ubica en el 2004, cuando el gasto primario del SPNF bajó 1,6% del PIB y eso contribuyó grandemente a que el actual gobierno no se haya estrenado con un ajuste fiscal.

Creo que el gasto sube en tiempos preelectorales y electorales en Uruguay por dos razones. Una es natural y lógica: dentro de los períodos de los gobiernos se establecen planes y proyectos que se gestan al inicio, que maduran y se concretan al final. Es el caso típico de muchas inversiones públicas. La otra es política: se atribuye al gasto público poder de captación de votos.

En el primer caso, un gobierno que se plantea construir hospitales, escuelas, rutas y viviendas, termina su período con alta inversión en la medida en que se trata del momento en que se terminan las construcciones. Pero esto, en principio, no genera tantos problemas como el aumento en el gasto corriente, dado que no es permanente sino por una sola vez: finaliza cuando termina el gobierno y no se lega a su sucesor, no da lugar a un ajuste fiscal.

Diferente es el caso del gasto corriente, particularmente en salarios e indirectamente en jubilaciones (ligadas a aquellos, con cierto rezago). Este aumento es permanente o al menos cuesta revertirlo. Si las circunstancias cambian, obliga a hacer un ajuste fiscal, procurando mayores recursos o conduciendo a su reducción en términos reales.

Hoy la mayor parte de las inversiones está fuera del presupuesto, en las empresas públicas y en la CVU y la CND, por lo que dentro del presupuesto hay una considerable mayor proporción de aumento de gasto que de inversiones.

Por otra parte, mientras que el gasto global subirá casi un 50% en términos reales en el actual período, el gasto en educación habrá de subir más de 100%. Es correcto que "no hay desarrollo sin educación a buen nivel". Pero no es trivial que más recursos fiscales para la educación pública den lugar a más "educación a buen nivel". Ni que los sueldos de docentes y administrativos de la enseñanza pública estén relacionados positivamente con calidad y cantidad de educación. Quizá pueda ser una condición necesaria, si se la vincula a otras que no implican dinero ni presupuesto pero sí tienen que ver con otro tipo de números, de resultados referidos a programas y objetivos (como en el caso de los funcionarios de la DGI).

En este sentido no ha sido bueno fijar un determinado porcentaje del producto "para la educación". Mucho más peligroso sería hacerlo en la Constitución, en la que ya hay una fuente de rigidez en el caso de las pasividades. ¿Es menos benemérito el propósito de la salud que el de la educación? ¿Por qué no fijar entonces un determinado porcentaje para ella? Al lector se le podrán ocurrir otras ideas de igual rango. Si esta práctica se llevara al extremo, el presupuesto se volvería rígido y no se podría hacer política fiscal. Lo mismo que ocurre con las "rentas afectadas", impuestos con su recaudación destinada a un fin específico, que con razón el ministro ha planteado como un problema.

Nunca terminaré de entender la costumbre política de "dar en el presupuesto" todo lo que se pueda y más. ¿Cuántos funcionarios viven del presupuesto? ¿180 mil? ¿Y cuántos "uruguayos y uruguayas" les pagan sus sueldos? La cantidad de ocupados se ubicó el año pasado en 1.450.000 personas. Casi cuatro de cada diez son empleos precarios. Muchos trabajadores cargan con la mochila del presupuesto público en sus impuestos y sus recibos de sueldo. Otros compatriotas lo hacen desde la informalidad, el desempleo y la emigración, porque la mochila es muy pesada. La mayoría, que paga la cuenta de la fiesta, debería castigar electoralmente a los gobiernos gastadores.

Dicho sea de paso, hablando de promesas, y aún cuando no se cumplió el primer año de vigencia del IRPF, señalado como necesario para poder hacer una razonable evaluación y proponer modificaciones, ya se anticipa que el impuesto bajará.

Las amenazas, mientras tanto, vinieron desde otro ministerio, el MGAP, cuyo nuevo titular, ya antes de serlo, anunció que "el gobierno obligará a las firmas de los rubros cárnico, arrocero, lácteo y cítrico a que abastezcan con productos el mercado interno", lo que se haría mediante un subsidio de los productores hacia los consumidores (Búsqueda, jueves 21). ¿Qué tienen en común los cuatro rubros referidos por el ministro Ernesto Agazzi? Que son exportables y sus precios vienen dados desde el exterior. Quizá haya quien crea que la carne, la leche, el arroz y las naranjas vienen del supermercado o del almacén, pero no, vienen del campo, donde se decide producirlos o no en función de sus precios, relativos a los de otros bienes. Si sus precios suben en el exterior, subirán acá. Y si por alguna razón no lo hacen, la producción se canalizará hacia el exterior o se dejará de producir.

Una de dos, o se permite que los precios internos sigan a los mundiales y si se los considera altos se utilizan recursos públicos para adquirirlos y darlos a la población que se considere del caso, o se impide mediante regulaciones que los precios internos acompañen a los del mundo y se termina como Argentina, exportando productores (en vez de producción) a destinos más amigables con la inversión.

Por último, también hubo referencias al "neoliberalismo". En este caso fue la intendenta interina de Montevideo, Hyara Rodríguez, quien según El País del viernes 22, atribuyó el aumento del número de carritos recolectores de residuos a las "políticas neoliberales". En dicha nota se dan números que muestran que la cantidad de carritos, que subió especialmente con la crisis de 2002, ha seguido aumentando hasta nuestros días, a pesar de que cabe presumir que ya no se desarrollan esas malhadadas políticas. Lo mismo que ocurre con la emigración, que no se enteró del cambio de gobierno. ¿No estará por otro lado la respuesta, en lugar de en la recurrente alusión a la etiqueta neoliberal?

Tiendo a coincidir con lo señalado a Crónicas (edición digital, viernes 15) por la directora del BPS en representación de los empresarios, Elvira Domínguez, quien "advirtió que la carga tributaria sobre las empresas tiene un límite que si se traspone termina alentando la informalidad".

Si en nuestro país se hubieran aplicado políticas económicas liberales, pero no en forma parcial y diluida, como ocurrió, la carga tributaria sería menor y con ella, también serían menores la informalidad y los carritos. Aquí el problema no ha sido de exceso de liberalismo sino de falta de él.