JULIO PREVE FOLLE

Como señalé la semana pasada, el cambio del titular de ganadería hace crecer el llamado riesgo político, entendido éste como el derivado de la incertidumbre que se agrega a los negocios, a partir de la imprevisibilidad de la actuación del nuevo ministro. Este riesgo de atacar las inversiones, y en general todas las decisiones necesarias en una economía de mercado, no tiene que ver en este caso con el juicio sobre las orientaciones de la política sectorial. En efecto, no me estoy refiriendo ahora a la condición de buenas o malas, justas o injustas, sino esencialmente a la previsibilidad de las acciones de gobierno en la materia. Por ejemplo la política azucarera es un agujero negro de recursos, es injusta, vetusta, enemiga del progreso, inhibidora de otros rubros competitivos, y muchos etcéteras más. Pero es previsible. No hay incertidumbre alguna: mientras dure este gobierno es seguro que se aplicará.

En materia de política vitivinícola o de desarrollo de la producción aviar pasa lo mismo. No hay ninguna duda, más allá del juicio de valor que se tenga sobre esas políticas, que el encierro económico de estas actividades, para perjuicio eterno de Doña Ramona y Don Fermín, no tiene por ahora posibilidad alguna de ser perforado. Hay otros ejemplos al respecto.

RIESGO POLÍTICO: EL MGAP. En general, cuando el gobierno interviene de modo previsible, el riesgo político se basa en el análisis de la posibilidad de que cambie de orientación. En este sentido, hoy es más fácil acertar y hacer cálculos económicos en los rubros en los que se controla todo, que en aquellos en los que el gobierno no interviene para nada. En estos, como por ejemplo la leche, la carne, los granos, en los que hay ninguna o escasa intervención, el análisis de riesgo político hoy en Uruguay se está haciendo más difícil.

En efecto, se trata de asignar probabilidad a la intervención de un gobierno que se sale de la vaina por hacerlo, y contrastar sus objetivos demagógicos o ideológicos, con las posibilidades de llevar su propósito, oculto o manifiesto, a la práctica. Nadie duda que este ministerio de ganadería quiere operar sobre los precios de los granos, en especial del trigo, y que quiere hacer lo propio en la carne, en la leche, en el comercio exterior, y que a la vez querría operar sobre el área de soja, de la forestación, y así "organizarlo" todo. Como conocemos las restricciones que tiene para llevar esto a la práctica, se trata de adivinar el resultado de esta tensión.

Hasta ahora se podía apostar a que las intervenciones en el mercado y en la formación de precios propiciadas por el MGAP serían menores. Esto debido a su propia incompetencia, a restricciones legales, al contrapeso de otros ministerios, o al costo político de cambiar las reglas; dicho de otra forma, el riesgo político en estos rubros libres era bajo.

Ahora la cosa cambió por cuatro razones. La primera, porque el ministro entrante ha anunciado hasta el cansancio su voluntad de intervenir. La segunda, porque para aprender a hacer maldades también hace falta tiempo y ya han pasado tres años. La tercera, porque los contrapesos dentro del gobierno pesan menos. Y la cuarta, porque el ministro que se fue dejó armada una maquinaria de guerra que aunque no activó está ahora disponible.

RIESGOS POR RUBRO. Empecemos por la carne. Me permito recomendar la lectura de La Nación del martes 20, que trae una larga crónica con las intervenciones del gobierno argentino, que suman los dos atributos como para destruir la inversión en la producción: intervención feroz y a la vez imprevisible. Destaca entre todo el desastre el ROE (Registro de Operaciones de Exportación), que expide certificados que el gobierno va soltando en función de lo que considera la evolución de un precio "justo" en el mercado doméstico. Pero también me da pena la lista de reclamos de los productores, porque me sugieren el vuelo de las aves de corral: que aumenten unas toneladas lo autorizado a exportar, que no se intervenga en el precio de los terneros para el campo, que larguen más rápido las autorizaciones de exportar, etc. Se ve que ni se animan a reclamar su derecho más inmediato, la libertad. Y luego viene la contracara de todo esto, más evidente con el avance de otros rubros: pedidos para que el gobierno subsidie la retención de vientres, el crédito, que plantee un programa de apoyo, etc. Todo esto es muy penoso porque se trata de lograr ayudas para detener la liquidación del stock pecuario, justo en el mejor momento de la historia de los mercados mundiales. Por cierto, el consumo está en las nubes.

En Uruguay la cosa recién empieza. Hasta ahora no hay más que títulos de diarios, como desde hace tres años, pero la novedad es la discusión en el tema del cupo Hilton. Si bien tengo algunas reservas sobre el modo actual de distribución, no caben dudas que funciona bien. Y por otra parte si este gobierno abre la discusión, la renta de la cuota puede terminar en Bella Unión, en el Ministerio de Desarrollo Social, en la Foica o vaya a saber dónde. Por tanto en este momento no se debe tocar nada.

En la leche tenemos una ley reciente sobre la que abundé en otros artículos, que de hecho faculta a intervenir en todo. No solo en el precio al consumo como hasta ahora a través de la leche cuota, sino que se inventa una nueva persona pública a la que se dotó de las más amplias facultades para intervenir en cualquier cosa. Por ejemplo en nuevas inversiones, en los precios internos, en el control de exportaciones, etc. La posibilidad de enredar es pues muy directa.

Y nos queda el tema de los granos. El decreto 446 del año pasado establece la obligación de registrarse en el MGAP como operador de granos para poder comerciar, y además obliga a declarar mensualmente las existencias en manos de estos operadores. El ataque a la libertad de trabajar es muy fuerte. Por un lado el ministerio con su registro invierte la naturaleza de las cosas, porque trabajar es un derecho de cualquiera, y corresponde al MGAP, y solo si la ley lo faculta, controlarlo; pero no al revés. Desde este inicuo decreto, para trabajar hay que pedir permiso al MGAP, lo que debería hacer reaccionar a la gente que tuviera un mínimo reflejo libertario. Y en cuanto a la obligación mensual de declarar existencias, la misma está en la base de la regulación oficial del comercio exterior que aún no se ha implementado, aunque se ha anunciado. Yo creo que hasta debe ser ilegal sancionar a alguien por no declarar todos los meses lo que tiene; pero además es absurdo dado el desarrollo actual de los sistemas estadísticos, e incontrolable. Debería haber interesados en recurrir este decreto. Por cierto, con estas ideas en desarrollo, todo agricultor de trigo debería pensarlo muy bien antes de sembrar este invierno, ya que es el cultivo sobre el que antes solo se cernían amenazas de intervención; pero ahora a ellas se suma el instrumento para regular el comercio por razones de política cortoplacista. Y las elecciones están más cerca.

DEFINICIONES. En definitiva el riesgo político en el agro empieza a ser mayor. De intervenir en rubros menores, ya bastante toqueteados, se duda que las intervenciones puedan extenderse a otros más importantes y relativamente libres. El nuevo ministro de ganadería le debe a la gente una explicación no de sus ideas, más o menos conocidas, sino de los instrumentos que le gustaría aplicar. Luego evaluaremos qué chances tiene de hacerlo. Desgraciadamente los empresarios deberán incluir en sus cuentas, cada vez más, este riesgo.