Las políticas sociales y la pobreza

GONZALO RAMÍREZ

Uruguay, al igual que la mayoría de los países de América Latina, ha probado las recetas neoliberales que tuvieron su auge en la década del noventa. Hoy ya casi ningún político se atreve a identificarse como pregonero de esas políticas, especialmente porque la opinión pública lo asociaría rápidamente con políticas económicas -que en la creencia general- son insensibles y socialmente excluyentes.

En este sentido, las llamadas políticas neoliberales basadas en la mínima intervención del Estado en las diferentes actividades económicas, las privatizaciones de los servicios y empresas públicas y la reducción del Estado como medio para contener el gasto público, dejaron paso en América Latina -en una suerte de movimiento pendular- a los partidos políticos populistas y de izquierda. En ese contexto, la mayoría de los partidos políticos que triunfaron en los últimos años, hicieron sus campañas electorales sobre la base de una cerrada crítica a los siguientes cambios producidos en los años noventa:

a) la apertura unilateral del comercio exterior,

b) la privatización de las empresas del Estado,

c) la desregulación del mercado laboral y creación de las Afaps,

d) los reiterados ajustes fiscales para reducir el gasto público,

e) el fin de las políticas industriales proteccionistas,

f) y la restricción de los programas sociales estatales.

Ese conjunto de medidas que marcaron una década de reformas en casi todos los países latinoamericanos, fueron identificadas por la opinión pública, como la causa principal del desempleo y la pobreza, lo que generó un cambio sustancial en las preferencias de los electores.

Uruguay no estuvo ajeno a los cambios políticos antes referidos, y luego de veinte años de gobiernos liberales -1985-2005- se instaló el primer gobierno de izquierda en la historia de nuestro país.

Sin embargo, más allá de las diferencias entre los distintos partidos políticos uruguayos, existen coincidencias importantes en la forma de concebir la función y el rol del Estado frente a la pobreza.

Existe consenso, en que el mercado por sí solo genera desigualdades económicas y sociales, siendo éste un dato de la realidad y no un juicio de valor.

Al mismo tiempo, los políticos y economistas de las más variadas ideologías y formaciones académicas, coinciden en que el Estado a través de las políticas públicas debe reducir los niveles de desigualdad que existen en la sociedad.

En consecuencia, con las más variadas fórmulas y propuestas programáticas, todos los partidos políticos del país coinciden en que el mercado genera desigualdades entre los integrantes de nuestra sociedad y a su vez, que el Estado debe intervenir para atenuar esas desigualdades.

El consenso sobre el rol social del Estado es un punto de partida importante para que el sistema político pueda ponerse de acuerdo sobre las grandes políticas nacionales. Por supuesto que siempre van a existir en la sociedad, sujetos a los que únicamente les interesa conservar sus privilegios económicos y a quienes solo les preocupa reforzar el gasto público en seguridad interna.

A ese grupo de personas -insensibles- apunta el discurso de algunos políticos de derecha, para quienes lo importante es reprimir en vez de atacar las causas profundas de la delincuencia. Estos, al igual que aquellos radicales que promueven la revolución violenta como único medio para cambiar el destino del país, cada vez ocupan un lugar más testimonial en nuestro sistema político.

Hechas estas precisiones previas a título de introducción, corresponde ingresar de lleno en el centro del problema, el cual se resume a nuestro juicio, con tres interrogantes:

a) ¿Cómo debe intervenir el Estado para atenuar las desigualdades que genera la economía de mercado?

b) ¿Cuán intensa debe ser la redistribución de riquezas y cuánto es el mínimo de pobreza tolerable en nuestra sociedad?

c) ¿En qué horizonte temporal, es decir, en cuánto tiempo deben implementarse los cambios tendientes a lograr una sociedad más justa?

Veamos las correspondientes respuestas.

a) Cómo debe intervenir el Estado para atenuar las desigualdades.

Como primer premisa, vale aclarar que es tan importante hacer crecer la torta como repartirla con justicia. Por eso, las políticas sociales ideales son aquellas que tienen la doble virtud de promover simultáneamente la equidad y el crecimiento económico.

En materia de políticas sociales o de redistribución de riqueza destinadas a atenuar las desigualdades, Uruguay ha utilizado la casi totalidad de los mecanismos universales, siendo pionero en materia de "bienestar".

Uruguay tiene desde hace muchísimos años, una amplia cobertura de las pasividades y pensiones a la vejez e invalidez, un sistema amplio de asignaciones familiares, política social de viviendas (Mevir y BHU), seguro de desempleo para los trabajadores en paro, régimen de salarios mínimos, cobertura gratuita y subsidiada de salud, comedores, canastas y alimentos subsidiados, ingreso ciudadano, educación gratuita hasta el nivel universitario, etc., etc.

En conclusión, nada nuevo puede inventarse en esta materia que no se haya aplicado en el Uruguay. A ello debe sumarse, que el nuevo sistema tributario -al menos en el espíritu de sus defensores- está orientado hacia la redistribución de riquezas, tendiendo a atenuar las desigualdades existentes entre los diversos niveles de renta.

b) Cuán intensa debe ser la redistribución de riquezas y cuánto es el mínimo de pobreza tolerable en nuestra sociedad.

Sobre este punto nos atrevemos a aventurar que no va a existir un consenso en nuestro país, al menos mientras coexistan en el sistema político, las ideas liberales de quienes propugnan la "igualdad de oportunidades económicas", con los utópicos de la "igualdad de resultados económicos", inspirados estos últimos en la idea marxista que reza: "Dé a cada uno según sus necesidades".

De todas formas, existen índices tan evidentes y agudos de pobreza extrema, que se puede y debe avanzar muchísimo antes de llegar al punto donde se enfrenten las dos posiciones.

c) En qué horizonte temporal, es decir, en cuánto tiempo deben implementarse los cambios tendientes a lograr una sociedad más justa.

Al respecto Joseph E. Stiglitz dice: "Lo que puede hacerse acerca del aumento de la desigualdad depende del horizonte temporal. La estrategia de largo plazo se centra en la mejora de la educación y la formación. A corto plazo, la atención se dirige hacia los impuestos y los programas de prestación social". Resulta evidente que en nuestro país, se puso el énfasis en las políticas de corto plazo, que van desde la reforma tributaria hasta el llamado "Panes" o ingreso ciudadano.

Personalmente, creemos acertado haber otorgado el ingreso ciudadano -por un período limitado de tiempo- a un grupo de uruguayos que según los estudios primarios, el 54.57% eran menores de 18 años; de los jóvenes entre 14 y 18 años, el 38% no asistía a centros de estudio; hay 1.606 jefes de hogar que no han tenido ningún acceso a la educación y 5.364 jefes de hogar que no finalizaron la educación primaria.

El problema radica en desentrañar, ¿por qué razón nuestro país no ha logrado invertir sostenidamente en educación como la única política social duradera, que sirve tanto para hacer crecer la torta como para repartirla con justicia?

Es indiscutible que la única forma de romper el círculo vicioso de la pobreza es a través de la educación, porque el niño que nace en una familia pobre, si no logra educarse, seguramente se transforme en el padre de otra familia pobre y así sucesivamente hasta que algún descendiente reciba del Estado, la educación necesaria para obtener un trabajo digno.

La respuesta es sencilla, el gasto en educación da sus frutos en lapsos muchos más largos que un período de gobierno, con lo cual no reditúa política y electoralmente.

Consciente de esta realidad política, el artículo 229 de la Constitución establece que en el año preelectoral no se pueden aprobar presupuestos, crear cargos, aumentar los sueldos y pasividades, ni aprobar aumentos en las partidas de jornales y contrataciones. Esta sana prohibición destinada a trasparentar el sistema democrático, importa un conocimiento profundo de la naturaleza humana, pues, aun el más honesto de los políticos, se siente tentado a incidir en la conducta de los electores, utilizando para ello los recursos del Estado.

Dejemos de lado las reglas constitucionales de la democracia, para señalar que la norma constitucional trascripta, revela una cualidad intrínseca de todos los gobernantes -permanecer en el poder-, para analizar cuáles son sus consecuencias socioeconómicas. Es indiscutible que casi todos los gobernantes diseñan una parte importante de sus políticas de gobierno, pensando en los frutos que habrán de producir esas medidas en un período de cinco años, lo que naturalmente tiende a desincentivar los cambios y reformas de largo plazo.

¿Cuál es la consecuencia más evidente de este esquema quinquenal?

La falta de profundidad y permanencia de los cambios que se instrumentan en cada período de gobierno.

Los grandes cambios en todos los países y especialmente los subdesarrollados, se logran mediante políticas sociales de efectos diferidos -como la educación- que contribuyen a erradicar la pobreza lentamente, pero en forma definitiva o al menos, más duradera.

Por el contrario, las políticas sociales más inmediatas y efectistas, se agotan tan pronto como se acaban los recursos para financiarlas.

Por eso, así como la Constitución regula el destino del gasto público en el año preelectoral, para frenar la tentación de los gobernantes a gastar demagógicamente, con el mismo criterio, la Constitución debería establecer el gasto mínimo en educación que debe incorporarse en cada ley de presupuesto. La segunda medida, es dotar a las autoridades de la enseñanza de mayor autonomía económica y política, de modo que las políticas diseñadas, trasciendan los períodos de gobierno.