El "modelo Concertación" podría convertirse en la contra-cara del "modelo Chávez", generando mayores niveles de adhesión en otros países latinoamericanos, al constituirse en ejemplo de una inserción plena en el capitalismo global con razonables niveles de bienestar social. Para ello se requiere la confluencia de factores exógenos y endógenos. Será necesario que la Concertación siga avanzando con mayor decisión en reformas sociales y laborales, logrando reducir la gran desigualdad social que ha permanecido prácticamente sin variantes durante décadas, eliminando además la pobreza, que ya ha descendido notablemente en los últimos años, sostuvo el académico uruguayo Juan Pablo Luna, Ph.D en ciencia política. Además, comparó el funcionamiento de los gobiernos centroizquierdistas de Michelle Bachelet y Tabaré Vázquez. A continuación un resumen de la entrevista concedida a ECONOMIA & MERCADO.
-¿Qué lectura hace del actual panorama político de Chile?
-El sistema político chileno es muy estable. Sin embargo, sus partidos, que están sumamente institucionalizados, han ido perdiendo contacto con la sociedad y, por tanto, enfrentan un déficit de legitimidad bastante marcado.
-¿Cuáles son las claves para interpretar esa situación?
-Parte del problema obedece a que la coalición gobernante de centro izquierda, la Concertación de Partidos por la Democracia, ha perdido su capacidad de renovarse luego de dieciocho años en el poder. Por otro lado, la coalición de partidos de la derecha, Alianza por Chile, si bien se vislumbra con un potencial electoral razonable para las elecciones de 2009, sufre problemas internos que le dificultan viabilizar su oferta electoral. En síntesis, el sistema político está prácticamente bloqueado debido, en buena medida, al sistema electoral heredado del régimen de Pinochet.
-¿Qué dificultades genera ese sistema electoral?
-Crea incentivos muy fuertes para que se mantenga la actual estructura de bloques y, por tanto, induce una estabilidad que es bastante artificial. En efecto, el sistema de partidos ha cambiado muy poco desde la transición hacia la democracia, mientras que la sociedad chilena ha evolucionado en forma notoria. En consecuencia, los partidos políticos no logran interpretar cabalmente a la nueva sociedad, mientras se mantienen "anclados" por un sistema electoral, cuya reforma no les ofrece incentivos. Sólo dos de cada diez jóvenes chilenos concurren a votar porque, probablemente, no se sienten interpretados por el sistema político.
-¿A qué obedece la pérdida de contacto del partido gobernante con la sociedad chilena y, en particular, con sus votantes?
-Tiene mucho que ver con lo que pasó con el aparato político de la izquierda chilena durante la dictadura. La transformación económica y, obviamente, la represión política contribuyeron a desmantelar las bases tradicionales de la antigua Unidad Popular, principalmente el Partido Socialista y el Partido Comunista. Por eso, la Concertación, que está compuesta esencialmente por el PS, el PPD, una escisión del viejo PS, y la Democracia Cristiana, es una coalición que no tiene una estructura de base sólida ni posee organización de masas, ya que sus soportes salieron de la dictadura muy debilitados y sumamente restringidos en su capacidad de activar una acción colectiva.
En ese sentido, la Concertación es básicamente un grupo de élites políticas que funciona sin un aparato orgánico y que compite en función de la opinión pública y de liderazgos personalistas a nivel de diputados y representantes municipales. Esa falta de un andamiaje orgánico en la sociedad le permite tener más autonomía para gobernar, pero le genera problemas de sintonía con la sociedad. En resumen, la Concertación es un bloque que ha ganado legitimidad en función del crecimiento económico del país y de liderazgos electorales exitosos, sobre todo de Patricio Alwin, Ricardo Lagos y Michelle Bachelet, aunque esta se ha desgastado muy rápidamente en el ejercicio del poder. En las encuestas de opinión pública, la aprobación a su gestión cayó de un 68% en marzo de 2006 a un 43% en noviembre de 2007.
Desencanto
-¿Por qué ha caído la popularidad de Michelle Bachelet?
-Siendo una candidata de la Concertación, Bachelet hizo campaña en contra del estilo político tradicional de gobierno de su coalición, prometiendo un gobierno más cercano a la gente y con menor peso de los políticos tradicionales. Además, su candidatura fue proclamada por las encuestas, en contra de la voluntad de los liderazgos partidarios. A poco de llegar a La Moneda, sin embargo, tuvo que recurrir al "viejo estilo de la Concertación" para disciplinar a los partidos de su bloque y poder gobernar. Esto disparó un primer desencanto, luego catalizado por múltiples problemas puntuales que se sucedieron durante su gestión. En el comienzo mismo surgieron las protestas de los estudiantes. Luego, un par de denuncias de corrupción ligadas al financiamiento irregular de la campaña electoral. Más adelante, el problema generado por los defectos de la reestructura del Transantiago, el sistema de transporte público de la capital chilena. Finalmente, una seguidilla de errores en la gestión política de estos conflictos también ha contribuido a cristalizar una percepción de falta de liderazgo, catalizando, además, el desorden interno en la Concertación y su contingente parlamentario.
-¿Qué partidos están captando el descontento de la opinión pública con el gobierno de Bachelet?
-Paradójicamente, la derecha no ha sido capaz de capitalizar el descontento que ha generado la actual administración centroizquierdista, según los resultados de las encuestas de opinión pública del último año y medio. Ni Renovación Nacional (RN), liderada por el liberal Sebastián Piñera, ni la más conservadora Unión Demócrata Independiente (UDI), nacida en el seno de la dictadura, han crecido a expensas de la caída de la popularidad de Bachelet. Tampoco ha logrado atraer mucho apoyo la izquierda extra parlamentaria, que comprende al Partido Comunista y al Partido Humanista, que se aliaron en los comicios de 2006 pero no alcanzaron representación en el Congreso.
-¿Hacia dónde se ha desplazado el apoyo de los ciudadanos?
-Hoy existe una gran apatía electoral en Chile, donde se ha producido una caída sistemática de los votantes, que pasaron de ser el 90% de la población habilitada para sufragar en 1989 a apenas el 50% en las últimas elecciones. Además, el electorado se muestra muy volátil ya que sigue más a un líder que a un partido y, por tanto, las elecciones se definen por las cualidades personales de los candidatos en la campaña electoral. Por otra parte, en las últimas elecciones de alcaldes se registró un aumento exponencial de candidaturas independientes -por el cambio en el sistema electoral municipal- que pasaron de un 0.3% a un 9% de los votos, con postulantes que compitieron sin anclaje y etiqueta partidaria.
Ideologías
-¿Cómo definiría ideológicamente a la presidenta Bachelet?
-Tiene una ideología más de izquierda que su gobierno de coalición. Su pasado está asociado a un socialismo tradicional. Hay quienes dicen que la lógica de gobierno que predomina en el Poder Ejecutivo se asemeja al funcionamiento -compartimentado- del PS en la clandestinidad. La entonación de izquierda de Bachelet se nota en algunas políticas sociales que apuntan a la redistribución de recursos con una tónica más fuerte que la de gobiernos anteriores de la Concertación y en lo que refiere a la equidad de género. También aparece en temas como la distribución gratuita de "la píldora del día después", los que le han significado duros enfrentamientos con la Iglesia Católica, la derecha e, incluso, con la Democracia Cristiana, que forma parte de su coalición.
-¿Vendría a ser el gobierno de la Concertación la contra-cara del socialismo del siglo XXI propuesto por Hugo Chávez?
-Es posible que con el tiempo, "el modelo Concertación" logre convertirse en esa contra-cara generando mayores niveles de adhesión en otros países latinoamericanos, al constituirse en ejemplo de una inserción plena en el capitalismo global con razonables niveles de bienestar social. Pero para ello se requiere la confluencia de factores exógenos -un debilitamiento del modelo Chávez a raíz de su falta de sustentabilidad económica y política en el largo plazo- y de factores endógenos. Respecto a estos últimos, es necesario que la coalición oficialista siga avanzando con mayor decisión en reformas sociales y laborales, logrando reducir la gran desigualdad social que ha permanecido prácticamente sin variantes durante décadas, eliminando, además, la pobreza que ya ha descendido notablemente en los últimos años. Para lograr esto, Chile debe atacar su otro talón de Aquiles. La economía continúa dependiendo de exportar materias primas (cobre, madera, fruta, pescado) y no existe capacidad suficiente de añadir valor. Esto está directamente vinculado con un déficit aún muy marcado de capital humano, lo que deriva en falta de innovación.
Rezagos
-¿Qué rezagos permanecen aún de la era pinochetista?
-Luego de la reforma constitucional de 2005 que removió la mayor parte de los mecanismos institucionales de la época de Pinochet, aún queda vigente el sistema electoral binominal. Si bien su derogación fue uno de los primeros objetivos del gobierno de Bachelet, no se ha podido eliminar esa restricción porque los partidos reconocen que una reforma generaría un riesgo significativo de sufrir caídas electorales marcadas. Ante la debilidad del vínculo entre partidos y ciudadanos, el sistema electoral se ha vuelto funcional para mantener anclado el sistema de partidos actual.
-¿No significa el mantenimiento del modelo económico chileno un cierto reconocimiento al régimen militar?
-Si bien los cuatro gobiernos sucesivos de la Concertación no han tenido la voluntad de cambiar radicalmente el modelo económico, eso no significa un reconocimiento explícito al régimen pinochetista. Dichos gobiernos han introducido cambios, fundamentalmente con respecto a la política social, pero también en cuanto a la utilización de instrumentos contra-cíclicos en la gestión económica luego de la crisis asiática de 1998 que no son herederos de Pinochet.
La Concertación no tiene un vínculo fuerte con el movimiento sindical
-Tanto Chile como Uruguay están gobernados por coaliciones de centroizquierda. ¿Qué grandes diferencias halla entre el gobierno de la Concertación y el del Frente Amplio?
-La mayor autonomía que tiene el gobierno de Bachelet con respecto a la estructura partidaria de la Concertación le permite funcionar con mayor agilidad. Es decir que puede tomar decisiones -a veces equivocadas- e implementar políticas con más rapidez que Tabaré Vázquez en Uruguay. En la actual administración chilena ha predominado una lógica tecnocrática, que juega un rol mucho más central que en Uruguay, donde la adopción de políticas públicas es más lenta, menos sustentada en una lógica técnica, y muy mediatizada por la búsqueda de los equilibrios políticos que se requieren en el sistema político uruguayo. En Chile las decisiones se toman de arriba hacia abajo y el gobierno diseña las políticas casi sin objeciones por parte de los partidos y la sociedad civil. En cambio, en Uruguay las políticas se negocian, se perforan y requieren de una negociación muy densa que no se observa en el país trasandino. Ambas lógicas son muy diferentes y en casos extremos, ambas son poco deseables.
-¿Cómo se toman las grandes decisiones en el gobierno de Bachelet?
- Aunque los secretarios de Estado en general representan a las distintas fracciones que componen la Concertación y las políticas de gobierno tienden a adoptarse por consenso, dichos consensos se articulan en función de criterios técnicos más que ideológicos teniendo los ministerios mayor autonomía. Por ejemplo, el primer gabinete de Bachelet estuvo compuesto por cinco miembros que provenían del "think tank" Expansiva, una red de académicos e intelectuales de entonación liberal y sin afiliación partidaria, del cual el ministro de Hacienda, Andrés Velasco, es socio fundador. Por otra parte, una vez que se toma una decisión, el gobierno no enfrenta, en general, embates corporativos en defensa de derechos comprometidos por dicha decisión. Más allá que esto sea visto como negativo o positivo, no parece probable que el Poder Ejecutivo decida así en Uruguay.
-¿Se puede comparar la relación de los sindicatos chilenos con el gobierno de la Concertación y la del PIT/CNT con el gobierno del Frente Amplio?
-A diferencia del Frente Amplio en Uruguay, la Concertación no tiene un vínculo fuerte con el sector sindical y la Central Unitaria de Trabajadores de Chile (CUT) no tiene poder estructural para incidir en la formulación de las políticas públicas. A la inversa, la central sindical uruguaya es un actor político fundamental por tener una gran capacidad de organización y, en consecuencia, está involucrada en todo proceso de reformas. Como el movimiento obrero chileno está sumamente debilitado, una de las principales preocupaciones del Ministro de Trabajo es dotar al sindicalismo de mayor peso y organización para poder lograr negociaciones más equilibradas con el bloque empresarial, cuya fortaleza es enorme.
Es clave invertir en la niñez vulnerable y repensar el sistema educativo
-¿Existen suficientes coincidencias entre Chile y Uruguay respecto al manejo de la economía?
-Sí. Uno de los referentes fundamentales que parece tener el Ministerio de Economía en Uruguay es Chile. Eso se comprueba al observar la aplicación de políticas macroeconómicas del ministro Danilo Astori que fueron adoptadas por Chile hace ya varios años. Las coincidencias también aparecen en la preocupación por erradicar la pobreza extrema y por destinar fondos para programas de asistencia que contribuyan a disminuir la vulnerabilidad social.
-¿Es el modelo económico de Chile, que comenzó a implementarse en la década del setenta, razonable para Uruguay?
-Prefiero que esos aspectos los analicen economistas y sociólogos; pero creo, en términos muy generales, que intentar aplicar acríticamente el modelo chileno -o cualquier otro- es un error. Sí se puede aprender de sus aciertos y también de sus errores o externalidades negativas. Entre estos últimos, destaco, en primer lugar, los costos sociales que implicó la primera implementación de ese modelo sin políticas sociales que los compensaran. En segundo lugar, la desregulación de muchas áreas de la vida económica ha dejado al consumidor chileno, a pesar de la acción del Servicio Nacional del Consumidor, prácticamente desamparado frente a los abusos de las empresas, particularmente en los rubros de servicios y retailing.
-¿Qué posibilidades existen de implementar esas reformas económicas en Uruguay tal como se han aplicado en Chile?
-Son procesos históricos y sociales diferentes y la gestión política que se requiere para procesar reformas en Uruguay, dado el peso estructural y político de los distintos sectores socioeconómicos, lo vuelve muy difícil. Chile hizo tabla rasa bajo un régimen autoritario, pasando de una economía extremadamente regulada que a principios de los años setenta se orientaba hacia el socialismo, a una economía sumamente desregulada y abierta. Lo que han hecho los sucesivos gobiernos de la Concertación desde 1990 ha sido intentar reconstruir una matriz de protección social, manteniendo los equilibrios macroeconómicos y profundizando la apertura económica mediante los tratados de libre comercio con varios países.
Hoy Uruguay está en una situación política y social muy diferente a la de Chile en 1990. El desafío consiste en buscar un equilibrio entre reformas que son necesarias para lograr una inserción más vigorosa y rentable en el capitalismo global, pero que indudablemente generarán costos a ciertos sectores de la ciudadanía y que, por consiguiente, encontrarán la resistencia de grupos corporativos con muchísimo poder. Al mismo tiempo, es necesario proteger mediante políticas sociales a aquellos que aún no están en condiciones de beneficiarse de una mayor penetración de un régimen de mercado y que no tienen capital político para defender sus intereses. En este sentido, es clave invertir en la niñez vulnerable y repensar el sistema educativo del país.
Ficha técnica
Juan Pablo Luna, uruguayo, 33 años, es licenciado en ciencia política de la Ucudal. Obtuvo un máster y un Ph.D en la misma disciplina de la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill (Estados Unidos). Es profesor asistente en el Instituto de Ciencia Política de la Pontificia Universidad Católica de Chile e investigador asociado de Ciesu en Uruguay. Ha sido profesor visitante en la Universidad de Salamanca (España) y lo será, durante 2008, en la Universidad de Princeton (Estados Unidos).