Juan Sánchez

El gobierno ha corregido los indicadores de crecimiento e inflación del año 2007. Ya es costumbre que este gobierno falle por subestimación el pronóstico de estos indicadores. También en los últimos días del año volvió a disparar algunas ideas no demasiado nuevas sobre la reforma del Estado.

Michio Morishima lo definía en los años setenta como "Le Tatonnement", en "La teoría pura del capital y la moneda", el proceso por el cual las variables llegaban mal o bien a su nivel de equilibrio. Este mismo proceso de tanteo tiene lugar en el ámbito de las proyecciones y políticas públicas.

El problema, si es que lo hay, no está en el error en si mismo, que poco importa, sino en cuáles son las señales que tales ensayos dejan en la opinión pública.

INFLACIÓN: LA OBSESIÓN. Hemos hecho referencia en otras oportunidades a la obsesión que observamos en algunos jerarcas respecto de la inflación de dos dígitos, a partir de la experiencia traumática de la inflación estructural de las décadas pasadas.

Evitamos hacer comentarios sobre la presentación del equipo económico en ACDE, al ser más del mismo "autobombo", pero los hechos de corrupción más recientes, las correcciones de los pronósticos del Poder Ejecutivo así como los comentarios de algunos colegas, constituyen una oportunidad para preguntarnos sobre la relación que tiene todo lo anterior con los cambios de fondo que requiere la gestión del Estado, para que el país se posicione mejor para tomar ventajas de su actual entorno.

No es el aumento de gasto, que sí importa, ni la postergación en la aprobación de un TLC con Estados Unidos, ni que la inflación alcance 9% o 10%, los únicos problemas que importan y cuya solución parece diferirse.

Los hechos de corrupción que han estallado en las últimas semanas del año son el corolario, entre otros, del fracaso en realizar reformas estructurales durante al menos veinte años.

Los hechos acontecidos pueden aumentar las chances de realizar cambios pero ponen en entredicho la capacidad de liderazgo del gobierno para conducir esa reforma (el propio vicepresidente Rodolfo Nin y el ministro Danilo Astori se han visto alcanzados por sus secuelas) lo que es una mala noticia para la reforma del Estado.

PRIORIDADES SUSTANTIVAS. A propósito de la misión presidencial y empresarial a Asia y Oceanía en el ámbito de una de las principales gremiales empresariales, en referencia a las experiencias de reforma estructural en esos países remarqué el escaso avance en nuestro país en los últimos veinte años de los proceso de reforma del Estado y la escasa prioridad relativa que esa organización empresarial así como otras, han dado a este tema.

Los indicadores "superlativos" de Deuda/PIB, activos de reserva, exportaciones, superávit primario, etc. se mantendrán pero, en lo sustantivo, no son el reflejo de una gestión sino de una coyuntura que todavía está y que como muchos prevemos se irán con ella.

Resulta bastante generalizada entre los colegas la idea que, en la situación actual, gastar más es peor que gastar igual y que se debe priorizar el gasto no permanente; sin embargo, la respuesta de los últimos gobiernos a las dificultades financieras fue recortar gasto incluida la inversión más allá de su retorno, quedando de manifiesto a la larga las dificultades de recortar el gasto corriente en forma sostenida sin reformas estructurales que lo sustenten.

Existe un problema real de presión fiscal que se hace más severo con la coexistencia de dos regímenes: uno general y otro que abarca los "enclaves" geográficos con regímenes especiales como las Zonas Francas. Esto tiene directa relación con la NO reforma del Estado.

Una razón de relevancia para explicar la mala asignación de recursos públicos es la escasa capacidad del sistema político y de la Administración Pública en general para reformarse a sí misma.

REFORMAS DE PAPEL. Este gobierno parece copiar una receta de dudoso resultado: las soluciones "negociadas" con los sindicatos y funcionales al statu-quo. Una reforma del Estado que ignora la realidad de la corrupción, que desconoce la importancia del volumen de la plantilla de funcionarios y que sigue manteniendo situaciones irregulares en el sistema de remuneraciones va en contra de todo lo que la praxis de la gestión de recursos ha ensañado en los últimos cincuenta años y tiene poco futuro.

Un importante experto del BID en el ámbito del Programa de reforma del Estado a fines de los noventa exclamaba cada vez que se finalizaba la negociación con algún sindicato, Unidad Ejecutora o Ministerio "cerramos negocio"; la consigna no era otra que la de "0 conflicto" y por tanto los resultados a la postre fueron los que fueron.

Diversas versiones de la reforma del Estado eludieron antes la solución de fondo y su fórmula parece repetirse ahora en esta nueva versión "dietética" del gobierno de Tabaré Vázquez. No se prevén cambios sustantivos en la gestión de las Fuerzas Armadas (principal seguro de desempleo disfrazado), no se reconocen los profundos problemas de base que tiene la cantidad y calidad de la fuerza policial y su modus operandi, se sigue desconociendo que más del 50% del costo por actividad de la gestión de recursos humanos y materiales de la Administración Central se genera a partir de esos componentes.

Mantener oficinas como la OPP, la oficina del Servicio Civil, la Inspección de Hacienda, el Tribunal de Cuentas, etc. sin revisar a fondo la necesidad de su existencia, sentido real y cometidos, no es una señal apropiada para regenerar la credibilidad perdida en la sociedad respecto de los intentos de reforma.

Mantener el actual sistema de contratación y remuneración sin variantes sustantivas en el ámbito de la Administración Central y municipal, bancos y empresas públicas para quien conoce de administración resulta por lo menos curioso. A algún organismo multilateral financiador igualmente conformará, al menos por un tiempo, mientras que los papeles que todo lo pueden, sigan resistiendo.

Como sentenciaba mi padre Ramón "soldado que dispara sirve para otra guerra", esa parece ser una vez más la consigna para la "madre de las reformas". En teoría ¡estamos a tiempo!, no obstante lo cual es probable que, al gobierno del Frente Amplio con las reformas tributaria y de la salud, se le hayan acabado los "cartuchos" en un sentido político y en una versión inédita para gobiernos modernos, al aplicar los últimos 100 millones de dólares de su botín recaudatorio, en su virtual y "heroica" lucha contra la inflación de un 10%, también pueden habérsele reducido sus posibilidades financieras (una reforma del Estado seriamente planteada también requiere recursos de corto plazo).

La estrategia expresada por el gobierno a través de Rodolfo Nin y Enrique Rubio denota hasta el momento cierta ingenuidad en apariencia, respecto de cuáles han sido los aspectos claves de los fracasos anteriores, que no fueron ni pocos ni menores.

La reforma del Estado de Nueva Zelanda, ya a comienzos de los años noventa era referida por algunos organismos internacionales como paradigmática y ejemplar. Una de las lecciones que dejaba dicha experiencia era que la batalla contra el tamaño era el de menor relevancia como a veces, en nuestro caso, por repetición parecen querer convencernos los jerarcas responsables de "la reforma".

Si la difusión sobre casos de virtual corrupción en el ámbito del Ministerio de Defensa Nacional, Ministerio de Economía, OSE, Banco Hipotecario, Dirección de Aduana, etc. sirven para tomar conciencia de la importancia del problema de gestión del Estado y que la corrupción está asociada a los problemas de gestión y ambos no son independientes del tamaño, habremos comenzado con mejor pie este 2008.