DANIEL ARTANA | DESDE BUENOS AIRES
La herencia económica del ex-presidente Kirchner a su esposa se podría resumir en tres temas: a) deterioro de la situación fiscal debido a una fuerte expansión del gasto público en el año electoral que los números oficiales ocultan al incluir, erróneamente, ingresos transitorios como permanentes (los fondos ahorrados en las AFJP de los trabajadores que volvieron al sistema jubilatorio de reparto); b) la inflación que habría trepado un par de escalones para ubicarse al final del año en el entorno del 18% anual, pero que las estadísticas oficiales esconden al considerar datos de precios oficiales; c) la precariedad de la situación energética que se trata de tapar con fuertes subsidios al uso de combustibles líquidos e inversión pública por alrededor de 1.7% del PIB (es decir, parte de lo que antes se pagaba en la tarifa ahora se paga del presupuesto).
Las decisiones adoptadas durante la transición luego de las elecciones del 28 de octubre muestran que la forma de encarar los problemas será más o menos similar a la observada desde 2003 a 2007.
La mejora en la situación fiscal provendrá de una nueva suba impositiva. Mayores retenciones a las exportaciones se suman a mayores ingresos al sistema jubilatorio de reparto y a una suba en la recaudación del impuesto a las ganancias de las empresas al prescribir los quebrantos que generó la devaluación del 2002. Si el crecimiento del gasto público se "modera" al 26% nominal anual el resultado primario genuino aumentará a 3.7% del producto y será suficiente para afrontar el 63% de las necesidades de financiamiento del gobierno nacional (contando intereses, amortizaciones, pagos netos a provincias y algo de financiamiento debajo de la línea). Esto asegura tranquilidad en el frente fiscal pero al costo de alcanzar una presión impositiva muy superior a la razonable para un país en desarrollo. Proyectando alrededor de 33% del PIB para el año 2008, la Argentina se ubica muy cerca de Brasil, y muy por encima de Asia Emergente y del resto de Latinoamérica, y en nivel similar a Australia, Estados Unidos o Japón, todas sociedades más igualitarias que la Argentina, lo cual muestra que la eficacia en el gasto público es crucial a la hora de mejorar la distribución del ingreso.
Los primeros pasos del nuevo gobierno no muestran cambios que permitan asegurar la convergencia hacia una inflación de un dígito en el año 2009. Continúan los controles y la intención (al menos en los discursos) de mantener un alto crecimiento, aún cuando éste supere al que la economía puede sostener dado su nivel de inversión. En la lucha antiinflacionaria, el gobierno parece confiar en la mejora fiscal y posiblemente cierta estabilidad del peso frente al dólar, que si bien ayuda por el lado de las expectativas, no es suficiente para moderar la inflación internacional que introduce un dólar cada vez más débil en los mercados internacionales. Tampoco parece muy auspicioso el debut con los gremios con internas sindicales que pueden terminar empujando por aumentos salariales mayores a los deseables y que impulsen a la inflación por el lado de los costos. En suma, en el mejor de los casos la inflación se mantendría en el nivel actual -alrededor de 18% anual-, con riesgos de subir algún otro escalón. El comportamiento de los depósitos a la vista es la variable a monitorear, no tanto porque haya riesgos de corrida sino porque, a los encajes actuales, son la vía por la cual los bancos coparticipan del impuesto inflacionario que en parte se traslada a los tomadores de crédito.
Tampoco parece haber cambios en el diagnóstico oficial del problema energético. Se apuesta a las buenas condiciones climáticas y a fuertes erogaciones presupuestarias para subsidiar los costos de un uso creciente de combustibles líquidos y atender a la inversión pública en generación eléctrica. La fragilidad energética continuaría hasta el año 2010 cuando se espera completar el aumento en la cota de Yaciretá.
Y la discrecionalidad parece continuar inalterada. Dos ejemplos son las idas y venidas con el precio de la leche donde nuevamente se pretende que los productores ignoren que existe un mercado internacional al cual pueden vender sus productos, o el intento oficial por borrar de un plumazo la estabilidad tributaria que por ley goza el sector minero.
En suma, la política económica seguirá siendo similar a la del período 2003-2007, pero reponiendo la caja gastada en el año electoral, con discrecionalidad y algunos cortes de energía para la industria, sobre todo en los inviernos. De todas maneras, la bonanza en el precio internacional de los granos y oleaginosas y las buenas señales que provienen de la economía brasileña serían suficientes para más que compensar la falta de horizonte de mediano plazo en la toma de decisiones públicas.