JULIO PREVE FOLLE

Aunque duró tan solo una semana, la prohibición de exportar trigo llevada a cabo por el MGAP tiene tal gravedad, que no puede pasar desapercibida como un episodio más, uno de los tantos en los que el ministerio ha querido llevar a la práctica algo que finalmente debe descartar, no por cambio de idea sino por su propia inoperancia.

DERECHO AGRAVIADO. Mala cosa es si alguien se sonríe ante este subtítulo. Yo, en cambio, prefiero empezar por él. Nadie ha comentado que el MGAP declaró por boca de su titular que la forma de parar las exportaciones era detener la expedición de certificados sanitarios. Y bien, esto es una barbaridad jurídica. No es la primera vez que se utilizan razones sanitarias para enredar el comercio. Es más; el gobierno anterior llevó esta técnica hasta el paroxismo, dejando incluso que la administración de certificados, para el caso de la importación de frutas y verduras, se hiciera al dictado del sector privado potencialmente afectado. Como era de esperar, esta administración no mejoró nada las cosas y ahora, incluso, las empeora utilizando también los certificados nada menos que para parar exportaciones, algo que solo puede hacerse en situaciones muy extraordinarias, pasajeras, excepcionales, y con arreglo a normas jurídicas y no enredando trámites sanitarios, agraviando al derecho.

RAZONES ADUCIDAS. Las razones aducidas tienen que ver como siempre con ideas cortoplacistas vinculadas a la suerte aparente del consumidor, sin reparar en costos económicos en otros sectores, ni en los del propio ciudadano común, poco tiempo después. En realidad se trata de una reacción atropellada, de la que no culpo al ministro cuya función no es la de analista de mercados -no está para eso- sino con seguridad de sus circunstanciales asesores y acaso principales beneficiarios de la medida, los molineros de trigo. Estos, que legítimamente plantean sus ideas, casi desatan la prohibición total que tampoco creo fuera lo que buscaban.

¿Qué está pasando en el mercado? En primer lugar, algo muy obvio: que el precio del trigo está por las nubes, en los 300 dólares la tonelada en el pico de la oferta, recogiendo así la tendencia internacional de todos los granos. En cuanto a la zafra actual, la misma excede por completo las necesidades domésticas. No obstante, muchos operadores haciendo legítimamente sus cálculos sobre lo que está pasando en el mercado mundial, y sobre lo que pueda pasar dentro de varios meses, prefieren exportar hoy y no esperar especulando con un precio futuro mayor, a la vez que pagando costos financieros y de almacenaje. Incurren en un riesgo absolutamente privado y fruto de una decisión que debe ser, que era hasta hoy, totalmente libre. Otros podrían optar por lo contrario, legítimamente también, y acaparar hoy pensando que mañana todo estará más caro. Es lo que algunos molineros, si piensan que el precio va a subir, deberían hacer. El mercado debe arreglar estos temas, y si no se metiera nadie no habría el menor peligro de desabastecimiento, ya sea a partir de producción nacional o a través del comercio. Es más, si el peligro existiera es seguro que habría muchos queriendo comprar grano.

JUICIOS DEL MGAP. El ministro declaró, comprando una de entre varias interpretaciones posibles del mercado, que si se exporta todo el grano y luego se lo debe importar, el resultado será un precio mayor, perjudicial para el consumidor. Pero un gobernante no está para tomar medidas corriendo de atrás a los precios; corre el riesgo de equivocarse -el precio podría bajar- y además, puede estar generando efectos económicos que tal vez no deseó. Algunos entienden -yo entre ellos aunque es lo de menos- que es probable que en el invierno próximo, si hay que importar trigo, tal vez no se encuentre disponible en la región y en ese caso, si hay que traerlo de más lejos y pagando arancel externo común, será más caro que almacenarlo desde ahora. Pero si esto es así, ¿por qué los molineros no compran más grano hoy, si se trata de operadores que no se puede presumir tengan dificultades financieras? Es lo que cabría esperar y parece no ocurrir. La razón es simple. Las detracciones argentinas, que como toda detracción suponen un subsidio a la industria en la compra de su materia prima, generan la posibilidad de poner harina argentina en Uruguay a 350 dólares, casi tan barata como el precio internacional del trigo. Si esto ocurriera, todo molinero que hubiera comprado trigo hoy, estaría imposibilitado de moler para vender harina nacional a entre 500 y 600 dólares la tonelada. El gobierno hizo en este sentido quizás lo máximo que puede hacer que es aplicarle el arancel externo común a la harina argentina (12%). Esta medida puede quizás encarecer un poco ese producto pero dejándola igualmente a casi la mitad del valor de la que pudieran elaborar los molinos uruguayos si compran trigo a precio internacional y no como sus competidores argentinos, a ese precio menos la detracción. Comprendo que es un lío en el cual el MGAP mezcla interpretaciones del mercado con reacciones a medidas argentinas. Pero el daño de lo que pudo haber hecho es mucho mayor.

OTROS DAÑOS. Por supuesto que no se pueden prohibir exportaciones y mucho menos a través de travesuras sanitarias. Pero además esta medida genera -ya generó- una caída en el precio del grano que beneficia a los molineros que se supone no era la idea. Y sobre todo genera un descrédito total en la señal del mercado internacional para el cálculo económico. De aquí en más, antes de plantar habrá que imaginar qué hará el MGAP si piensa que la harina se encarece mucho, y adivinando cuánto es mucho o poco. La respuesta productiva a esta incertidumbre es no plantar o plantar menos. Más todavía, si el gobierno empieza a fundamentar que para exportar, primero hay que atender el mercado interno, y vaya a saberse a qué precio. En Argentina medidas como ésta están llevando a la faena del rodeo lechero, y a una insólita reducción de la producción de carne. Y para ello no hace falta prohibir exportaciones sino sólo sembrar la duda como se lo ha hecho.

Si el gobierno pretende limitar exportaciones para cuidar el mercado interno, no puede esperar otra respuesta más que la caída en la producción de bienes exportables, perjudicando así al productor y a mediano plazo al consumidor. Eso es lo que insinuó en la leche, en el trigo y en otros rubros. Beneficiará además en el corto plazo a industriales que no precisan de ese beneficio y menos aun costeado por el productor. Si su preocupación es el consumidor, debe dirigir acciones directas y no al voleo. Y si quiere optar por una medida de mal menor, lo que debe hacer es no entorpecer la exportación de trigo, sabiendo que luego se importará harina barata -los mismos molinos lo harán- aunque ellos no muelan grano uruguayo por un tiempo.

El primer artículo que escribí en este diario en el año 1983 se titulaba "Trigo: las exportaciones polémicas" y refería a las opiniones de algunos que se agraviaban de que se exportara un grano que luego habría que importar. Y estaban dispuestos, hoy como ayer, a hacer trizas la libertad económica para, juzgando desde el Estado cuál era el mejor negocio, administrar el comercio. Olvidando además que mientras el Estado intervino en este cereal, pocas veces se llegó a producir para exportar, algo que ahora ocurre sin que nadie ponga dineros de la sociedad para lograrlo. Un pasado no muy lejano nos recuerda la política de precios mínimos y otros chiches para que el grano lo pagáramos más caro que en el mundo. Hoy no es así; todo está libre, exportamos, capitalizamos las buenas del mundo y bancamos con productividad las malas.

Que este horroroso retorno al pasado se olvide rápido y que el MGAP se dedique a gobernar sin correr de atrás a los precios; menos aún los que le cuentan que ocurrirán. Porque aunque acierte en el valor, se equivocará siempre.