A favor del impuesto a las herencias

Los impuestos sobre las herencias despiertan pasiones que los políticos ignoran a su propio riesgo. En Estados Unidos ha habido una larga campaña para librarse del impuesto federal "a la muerte" (lo que la derecha llama "death tax"). Gracias a los recortes impositivos de George Bush, se supone que va a ser anulado en el 2010, pero solamente por un año. En Gran Bretaña una propuesta reciente de la oposición conservadora de recortar la carga del impuesto a la herencia los favoreció tanto en las encuestas que Gordon Brown, el Primer Ministro laborista, canceló una elección que había planeado para este otoño inglés.

La impopularidad actual de las "obligaciones por muerte" es sorprendente, considerando que han existido por mucho tiempo. Estados Unidos introdujo su impuesto federal a las herencias en 1916. La obligación por muerte británica aparece aún antes. En su versión moderna existe desde 1894, pero puede ser rastreada hasta 1694 cuando la obligación de legalización de un testamento fue introducida. Desde 1986 ha sido llamada confusamente impuesto a la herencia, aunque no es nada de eso. Al igual que la obligación hereditaria estadounidense, sigue siendo un impuesto sobre el monto que deja el fallecido y no sobre lo que reciben los beneficiarios.

La protesta pública sobre las obligaciones por muerte es más desconcertante aún si se considera que afecta a muy pocas personas. En Gran Bretaña, el 6% de las herencias pagan el impuesto, el que en el último año fiscal recaudó menos del 1% del total. En Estados Unidos, entre el 1% y el 2% de las herencias han estado sujetas típicamente al impuesto en las dos últimas décadas, y ha contribuido solo con aproximadamente el 1% de los ingresos federales.

El profundo desagrado por las obligaciones por muerte parece surgir porque el impuesto choca con los más sentidos instintos dinásticos. Hasta hace poco esta era una preocupación solamente de los súper ricos, pero ahora mucha gente común teme que, gracias a los crecientes precios de las propiedades, puedan también ser arrastrados a pagar obligaciones por muerte. Dado que el impuesto significa un ingreso menor, es fácil entender por qué los políticos de ambos lados del Atlántico han sido tan receptivos a las preocupaciones públicas. Recortar el impuesto a la herencia parece ofrecer grandes réditos electorales con un bajo costo fiscal.

Pero buena política no significa buena economía. Los impuestos deben juzgarse en tres dimensiones: cómo afectan a los incentivos, qué tan justos son y qué tan simples. Los impuestos a las herencias califican bien en las dos primeras, pero no tanto en la tercera. Más allá de sus méritos, sin embargo, un impuesto que apunte a los beneficiarios en lugar de a la propiedad del donante, sería más eficaz.

Cualquier impuesto sobre el capital tiende a disuadir a las personas de acumular riqueza, pero se puede argumentar que la obligación por muerte es una de las mejores opciones. Como señaló Alan Auerbach, economista de la Universidad de California, Berkeley, las obligaciones por muerte recaen sobre los legados no intencionales -por ejemplo, el dinero destinado para cubrir gastos de la vejez- así como sobre los legados intencionales. Como los legados no intencionales son, por definición, no planificados, no se ven afectados por la existencia del impuesto, y por eso la obligación por muerte no desincentiva el ahorro.

Otro argumento a favor de las obligaciones por muerte es que los legados importantes hacen que la gente trabaje menos y sea menos emprendedora. En 1924 Winston Churchill lo resumió cuando dijo que el impuesto era "un cierto correctivo contra el desarrollo de una raza de ricos ociosos". Investigaciones económicas de la Universidad de Syracuse en Estados Unidos sugieren que cuanto más grande es la riqueza que hereda un adulto mayor, mayor es la probabilidad de que abandone el mercado laboral.

El costo fiscal de abolir las obligaciones por muerte puede parecer irrelevante, pero aún así significa que para un cierto nivel de gasto público otros impuestos deben aumentar, lo que puede dañar más los incentivos. Este fue un punto tomado en cuenta tanto por Churchill en su presupuesto de 1925 como por William Harcourt, quien introdujo este impuesto en 1894. Ambos ministros de economía utilizaron los ingresos extras de las obligaciones por muerte para bajar el impuesto a los ingresos.

Las obligaciones por muerte pueden ser justificadas también en términos de justicia. Una economía próspera genera grandes fortunas, pero hay buenas razones para controlar que éstas no se perpetúen por la vía de las herencias. El impuesto ofrece un contrapeso moderado contra el desarrollo de una nueva plutocracia que se asemeje a la de los barones industriales de la Edad Dorada americana. Más aún, el impuesto grava más a la riqueza generada por ganancias inesperadas, o "no generadas", que a lo generado por ahorro y esfuerzo. Por ejemplo, las ganancias recientes en el mercado inmobiliario han ido a parar principalmente a gente que pertenecía a la generación correcta, y que poseía propiedades en los lugares correctos.

¿A QUIÉNES GRAVAR? El argumento para conservar los impuestos a las herencias en Gran Bretaña y Estados Unidos "porque son simples" es más débil. En principio el impuesto es bastante simple, pero en la práctica no lo es. Puede no generar demasiados ingresos, pero es una mina de oro para la industria del asesoramiento impositivo. En Gran Bretaña ha recaído generalmente sobre los no tan ricos y sobre los mal asesorados.

La complejidad de las obligaciones por muerte no es una razón para descartarlas sino para reformarlas. Conservando un impuesto sobre la propiedad de los fallecidos, Gran Bretaña y Estados Unidos se han convertido en una excepción. Otros países desarrollados actualmente gravan la riqueza que reciben los beneficiarios. Una ventaja de hacer esto es que ataca mejor la desigualdad de la riqueza, que aparece como consecuencia de las herencias importantes más que por la existencia de grandes patrimonios. Poner un impuesto sobre quienes reciben la herencia genera un incentivo para que la riqueza se distribuya entre varios beneficiarios, mientras que el impuesto a la propiedad simplemente reduce la riqueza que grava a través de una transferencia directa hacia el Estado.

Otra ventaja de un impuesto a la herencia verdadero (no uno que se llame así pero que no lo sea, como el de Inglaterra) es que las autoridades pueden fijar diferentes tasas dependiendo de cuán cercanos al fallecido son los herederos. En Francia, por ejemplo, los parientes lejanos son gravados más que los hijos. Dado que esto parece más justo para las familias, los impuestos sobre los beneficiarios podrían tener más permanencia política que las viejas obligaciones por muerte.

Unos días después de la vergonzosa retirada de Brown de la elección, su ministro de economía anunció medidas que van a permitir a más parejas casadas y concubinos pagar menores obligaciones por muerte. Como siempre, sin embargo, las decisiones apresuradas no son las mejores. La forma correcta de quitar el aguijón del "impuesto a la muerte" no es juguetear con él a través de pequeños recortes. En cambio, la solución es convertirlo en un impuesto a la herencia.