El clima de negocios ha sido dañado por la improvisación del gobierno

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El ministro Mujica no tiene que preocuparse ya que, a la hora de desestimular la inversión y destruir los precios de los inmuebles rurales, no está solo. El llamado proyecto de ley de Repoblamiento de la Campaña, que fuera iniciativa del Partido Nacional y contara con respaldo general del Partido Colorado, terminó siendo uno de los tantos horrores legislativos, sostuvo el Dr. Álvaro Diez de Medina, abogado y ex embajador uruguayo en Estados Unidos durante el período 1995-2000. En diálogo con ECONOMIA & MERCADO, el entrevistado formuló duras críticas a la forma como el actual gobierno está vulnerando consistentemente el derecho de propiedad privada. A continuación se publica un resumen de la entrevista.

-Encuestas y estudios de diversas organizaciones privadas realizadas en 2006 colocan a Uruguay entre los países con ambientes más propicios para hacer negocios en América Latina. De llevarse a cabo hoy esos trabajos, ¿cree Ud. que nuestro país mantendría esa calificación?

-Muy probablemente la conservaría, entre otras razones, porque el ambiente de 2006 era tan poco propicio a los negocios como lo es el de 2007. Estos relevamientos, al igual que las calificaciones de riesgo y todos los análisis de coyuntura de los gurúes financieros, están para ser, a su vez, relevados y calificados a la luz de sus distorsionadas conclusiones. En todo caso, el resultado no me sorprende: Uruguay se encuentra en una región a la que también pertenece el país en el que un ministro de Hidrocarburos viene de afirmar que las piedras tienen sexo, según sus creencias aymarás; u otra república en donde el presidente canta cumbias en un programa televisivo que anima. No parece desencaminado que Uruguay luzca propicio por comparación. Todavía no llegamos a ese estadio.

-¿Existe un marco adecuado para incrementar sustancialmente los negocios en Uruguay?

-No. Existe el mismo "marco" jurídico y regulatorio de hace años, que también ha estado matizado con estímulos específicos a algunos sectores -como el forestal o las zonas francas-, pero existe en un clima de debate político y social marcadamente contrario a las garantías que, en general, buscan los inversores externos. Además, el debate ya no sólo se da entre gobierno y oposición, sino en el seno de la misma administración. El "marco", pues, sería en todo caso apenas el adecuado a fin de mantener el nivel de negocios existente. Y agrego lo más importante: el carácter reaccionario del modelo, que consiste en impulsar un país entregado en feudos a sus "tribus" de funcionarios y sindicalistas. Basta leer la Ley de Rendición de Cuentas 2006. Es un festival de designaciones. Mi favorita es la del Director del Centro de Atención a las Víctimas de la Violencia y el Delito. No en vano aumenta la emigración de los más jóvenes y calificados. Ellos son a quienes se obliga a cargar con un funcionario público en la mochila todas las mañanas de sus vidas. En Uruguay, los individuos y las familias existen para el Estado y sus funcionarios. Como Saturno, es un Estado destinado, y cada día con mayor énfasis, a devorar a sus hijos.

-¿Acaso no es el empleo público una carga tácitamente aceptada por la sociedad uruguaya para reducir el desempleo?

-Ese criterio, si fuera cierto, vuelve inviable la innovación, agota la oferta laboral y condena los emprendimientos a la irrelevancia. Si la "sociedad" -como se gusta llamar a los individuos y sus familias- acepta este sistema inviable, es porque se les ha impuesto desde sus supuestas "élites", a fin de asegurar su vasallaje político. La fórmula, sin embargo, no es viable. Funcionarios públicos que pagan impuestos para pagar a otros funcionarios. Eso no funciona. Sin mercados, sin prosperidad, sin talento, los negocios no tienen por qué detenerse siquiera ante una economía marginal como la nuestra, y son los negocios los que llevan a los hijos de los funcionarios a un trabajo real y a la consiguiente prosperidad. La reforma tributaria, como todo aumento de impuestos, no ha hecho sino profundizar esta tendencia a aumentar el gasto en beneficio de esa pequeña burguesía rentista, para la cual "negocios" es una mala palabra.

Reglas de juego

-Varios empresarios uruguayos le expresaron al secretario de Comercio de Estados Unidos, que recientemente visitó Uruguay, su preocupación por diversas modificaciones de las reglas de juego en la actividad económica que afectan el derecho de propiedad de los individuos y las empresas. ¿En qué áreas considera que se está vulnerando significativamente ese principio constitucional?

-No lo sabía. Si así fue, mejor habría sido que hubieran hecho oír su voz localmente, antes que ante un funcionario extranjero. En todo caso, las violaciones al principio constitucional de tutela de la propiedad privada -derecho sin el cual, desde ya, no existe el Estado de Derecho- están ante los ojos de todos: las ocupaciones de inmuebles rurales y urbanos que se toleran y propician sin mucha noticia pública, el sonado caso de Bella Unión, el proyecto que se prepara en torno al llamado "Ordenamiento Territorial", el llamado proyecto de "Repoblamiento de la Campaña", las declaraciones transparentes que formulan grupos oficialistas que invocan supuestos ejemplos cubanos o venezolanos.

-¿Y qué modificaciones a las reglas de juego son preocupantes?

-Las que se quiera. Subsidios legislativamente aprobados a la forestación que luego no se pagan -y este sayo no le cabe a la actual administración, sino a sus predecesoras-, reglamentaciones que se aprueban con nombre propio, atraso cambiario que se juró desterrar ante todos los estrados del país, habiendo afirmado el ministro de Ganadería que renunciaría el día en que el dólar se cotizara a 22 pesos, pero se ve que no eran pesos uruguayos a los que se refería. El hilo conductor aquí es el decaecimiento tolerado y propiciado de las normas. Nació, por cierto, antes de 2005, pero desde entonces viene ganando impulso. No fue la administración frenteamplista la que inventó el modelo de clientelismo rentista o la forzada convivencia de los ciudadanos con un Estado predador. Pero sí es la más comprometida en perpetuarlo.

Negocios rurales

-La Ley Nº 18.092 promulgada en enero de 2007 estableció que los titulares de inmuebles rurales y explotaciones agropecuarias deben ser personas físicas y sociedades personales, aunque permite la titularidad de dichos bienes a sociedades anónimas y en comandita por acciones siempre que la totalidad de su capital esté representado por acciones nominativas. ¿Cómo evalúa el fundamento legal del decreto 225/007 que autoriza al Poder Ejecutivo a dar excepciones a lo establecido en la ley cuando la actividad prevista encuadre en un proyecto que sea considerado prioritario para el desarrollo productivo del país?

-Lo evalúo como lo que es: una disposición que tendrá nombres y apellidos. La expresión de que las normas no son ya generales y abstractas. Si hoy leo, como lo hago, en la Ley de Rendición de Cuentas 2006 -y perdóneme que vuelva sobre ella en mis comentarios, pero su lectura deja una impresión muy fuerte- que en las compras estatales, los intereses que se pacten no serán capitalizables, es altamente probable que haya un litigio pendiente en el que el Estado debería pagar intereses capitalizables. Para no hablar de la técnica de ir y venir sobre lo legislado, "perforándolo" a fin de encontrar la realidad que se desconocía totalmente antes de legislar. Este tipo de cosas es la que me hace reír cuando alguien me habla de un "modelo" de país: la improvisación, la prueba y el error, no son un "modelo". ¡Si hasta la reforma tributaria padeció del mismo defecto!

-El ministro José Mujica pretende poner un tope a la propiedad de la tierra y fijar pautas de productividad, que deberán cumplir quienes compren campos en Uruguay para evitar que se especule con la tierra. Según manifestó el titular de la cartera de Ganadería, Agricultura y Pesca, hay unas 600.000 hectáreas de campo que cambiaron de mano varias veces en los últimos cinco años por razones especulativas. ¿Qué opina al respecto?

-Zonceras. Como lo fueron sus ruidos en torno a la limitación de los cultivos de soja. Como lo fue la comedia en torno a la importación de pollos. Como lo es el asunto del ganado puesto a pastorear en los montes. Es un acto de exhibicionismo sin mucho humor. Es "kirchnerismo" de alpargatas. En todo caso, el ministro no tiene que preocuparse ya que, a la hora de desestimular la inversión y destruir los precios de los inmuebles rurales, no está solo. El llamado proyecto de ley de Repoblamiento de la Campaña, que fuera iniciativa del Partido Nacional y contara con respaldo general del Partido Colorado, terminó siendo uno de esos horrores legislativos de los que hablábamos. Por ejemplo, el proyecto prevé hacer de la oferta de campos en venta al Instituto Nacional de Colonización (INC) un requisito de validez del negocio jurídico y, lo que es peor, para predios de más de 1.500 hectáreas establece que el ente público puede hacerse con hasta el 20% de la superficie. Vaya derecho de propiedad el que se tutela.

-¿Qué efectos tendrá esa disposición en los negocios rurales?

-La ley va a permitir que una oficina pública pueda irrumpir en una compraventa, casi con un derecho de pernada sobre el bien objeto de la transacción, particionando el bien. El negocio rural queda ahora en manos de la buena fe de una oficina del Estado: el director del INC declaró que, en caso de que el organismo decidiera comprar forzadamente el 20% de un campo y hubiera una sola aguada, no se va a optar por ella … ¡porque él es "gente mayor"! Y este dislate, reitero, nació con el padrinazgo de los dos partidos históricos, ya que fueron ellos -y, muy especialmente, el Partido Nacional- quienes abrieron la portera al proyecto, naturalmente empeorado en el trámite legislativo. Es un buen indicador a fin de entender hasta qué grado es estructural del país el problema de desestímulo a la inversión y, sobre todo, es estructural la falta de comprensión en torno al rumbo que debería tomarse a fin de generar inversión, radicar fuentes de trabajo, dar impulso al crecimiento y la competitividad.

-¿No existen reglamentaciones de ese tipo en varios países desarrollados, que no por eso pierden su capacidad de atraer capitales?

-Por cierto. Existen en países estables y serios que han pasado la etapa de atraer capitales para entrar en la de dirigirlos. No tienen el "asado Sarkozy".

Inversiones

-¿Es conveniente diferenciar las inversiones en el sector frigorífico que aportan capacidad instalada de las que sólo compran plantas en funcionamiento, como planteó alguna vez el presidente de INAC a los industriales y productores, aunque no logró el apoyo de ellos?

-Como todo, depende de las circunstancias. Si Uruguay tuviera poca capacidad de faena, podría llegar a concebirlo. Pero, con la capacidad ociosa que la industria frigorífica tiene hoy y la proyección de crecimiento de la hacienda, me parece un sinsentido. En lugar de tocar tanta tecla equivocada, INAC debería estar pensando, precisamente, en cómo incentivar la cría de ganado. Y eso se llama tipo de cambio. Eso se llama alimentación. Eso se llama pasturas. Y se llama gasoil. "Productivo", ya que estamos, fue lo que se prometió, antes que derivara en un mero subsidio al transporte urbano.

-A pesar de una larga serie de señales controversiales emitidas desde el gobierno en materia de seguridad jurídica, política laboral, etc., la inversión extranjera directa nunca ha sido tan alta en Uruguay. ¿A qué atribuye ese creciente interés por invertir ya sea en tierras, empresas y viviendas en nuestro país?

-Obedece al crecimiento de China. Al crecimiento de India. Al de la economía global. Al de la región. A los errores económicos argentinos, que nos permiten profundizar nuestro ciclo virtuoso. Al creciente interés de los capitales por invertir en inmuebles en zonas de esperada valorización. Al "viento de cola" del que gozan los commodities. Nunca, por cierto, a la calidad institucional local o el famoso "clima de negocios", tan consistentemente dañado por la improvisación y la imprevisión oficiales.

-Según un informe publicado en julio pasado por el Observatorio de la Unión Iberoamericana de Colegios y Agrupaciones de Abogados, Uruguay está en primer lugar en varias mediciones sobre el Poder Judicial, tales como el índice de confianza, índice de satisfacción, independencia de la Justicia, honestidad, etc. Sin embargo, la duración de los juicios es aún una materia pendiente. ¿A qué obedece esa demora?

-Las demoras en los procesos judiciales tienen que ver con la reforma pendiente de los procesos administrativos. No del proceso en sí, sino de los procedimientos administrativos. De la oficina judicial. La aprobación del Código General del Proceso en 1988 surtió el efecto de hacer más breves los procesos. Pero la reforma administrativa, la que haga más expeditivo el trámite en sí, está pendiente. Ha sido olvidada por un discurso que supone que la reforma de la Justicia se reduce a modificar los procesos o a aprobar beneficios para los funcionarios.

-Como el Estado suele perder sumas multimillonarias por pérdidas en los juicios con los particulares, la Ley de Rendición de Cuentas le ha otorgado nuevos beneficios para reducir sus posibilidades de perder las causas judiciales. Por ejemplo, ahora el Estado tendrá una tercera ronda ante la Suprema Corte para impugnar una decisión judicial, aunque haya dos sentencias iguales en su contra, mientras que los privados no tienen ese derecho. En el balance final, ¿resulta positiva esa disposición para la sociedad?

-Y seguimos hablando del famoso "clima de negocios". El Estado no puede ganar juicios porque es defendido por funcionarios públicos y ya se sabe que una sardina es una ballena administrada por el Estado. La medida que Ud. comenta significa, por la vía de franquear a favor del Estado el recurso de casación aún en aquellos casos en los que no haya discordia judicial en segunda instancia, establecer una justicia a dos revoluciones. Un insólito fuero judicial estatal. El Estado pasa a ser titular de prebendas de las que no goza el ciudadano, y lo hace en compensación por su ineptitud y mala gestión de los recursos que aporta ese mismo ciudadano. Hubiera sido más expeditivo aprobar una norma que estableciera que el Estado no puede ser demandado. En la misma línea, vuelvo a la ley de Rendición de Cuentas 2006 que sacó los conflictos laborales individuales de la órbita de la Justicia laboral, para pasárselos a la de la Justicia administrativa. ¿Cuál fue el propósito? Aislar el conflicto laboral del funcionario público del de uno del empleado privado, en el entendido de que se trata de algo diferente. La diferencia radica en que el del público muy verosímilmente se va a perder. De aquí a un año estaremos hablando del rezago de la Justicia administrativa.

-Varias disposiciones del proyecto de ley de Ordenamiento y Desarrollo Territorial Sostenible, que actualmente está a consideración del Senado, pretenden innovar en diversas materias relativas a la regulación jurídica de las conductas de las personas respecto de los inmuebles que conforman el territorio nacional, ya sean propiedad pública o privada. ¿Cómo calificaría la filosofía de las innovaciones que presenta ese documento?

-El proyecto no tiene filosofía. Es, apenas, un sancocho mal cocido, que deja en evidencia el abismal desconocimiento de los principios jurídicos de sus autores. Otro ejemplo de pésima calidad legislativa. Como, de nuevo, ocurre con la Ley de Rendición de Cuentas 2006, que tiene un artículo que exime a la contratación de bienes y servicios por parte de los entes públicos y la ANEP de la supervisión del Tribunal de Cuentas y los procesos licitatorios, o la perla que declara, sin más, que las compras del Estado "no tienen naturaleza comercial". El proyecto de Ordenamiento es, sin embargo, peor que esto. Es mucho más que mala técnica: es una irrupción en estampida sobre la legislación civil.

-¿En qué fundamentos se basan los artículos 45, 64 y 65 de dicho proyecto para no respetar el derecho constitucional a la justa indemnización por expropiación de un terreno?

-En ninguno, como toda inconstitucionalidad flagrante. Este proyecto toma la armoniosa y bicentenaria arquitectura del Código Civil y sus fuentes, destruyéndola a martillazos. Stendhal afirmaba que el Código Napoleón era su libro de cabecera. Me imagino a Tristán Narvaja, Napoleón, Pothier y los cuatro redactores del Código dando vueltas en sus tumbas. En realidad, me imagino al mismísimo Justiniano dando vueltas en la suya, porque el proyecto también pretende alterar los fundamentos casi dos veces milenarios de la legislación civil. El único fundamento que podría atisbar es el de agitar las llamas del litigio social. Y su única consecuencia se medirá en las fabulosas reclamaciones que debemos anticipar desde hoy.

-¿Qué efectos podría tener la aprobación del artículo 67 del proyecto de ley de Ordenamiento y Desarrollo Territorial Sostenible que baja de treinta a cinco años el plazo de prescripción adquisitiva para ocupantes que no superen la línea de pobreza?

-Y Ud. me preguntaba por el "clima de negocios"… La sola idea es tonta, ya ni siquiera por lo que postula, sino por sus consecuencias no buscadas. Quedaríamos regidos por un sistema de derecho civil en el que la extinción de las obligaciones o derechos personales se produce a los veinte años, en tanto la prescripción para adquirir inmuebles operaría a los cinco… ¡Qué baile en la tumba de los codificadores! El proyecto nos retrotrae a la barbarie medieval anterior al discurso de presentación del Código Napoleón pronunciado por Portalis en 1804.

El abogado Álvaro Diez de Medina, 48 años, fue embajador uruguayo ante el gobierno de los Estados Unidos de América en 1995-2000. Se ha desempeñado como repre- sentante de diversos bancos extranjeros en Uruguay. Actualmente, trabaja como consultor independiente. En el área docente, es profesor de Sistemas Gubernamentales de la Licenciatura de Ciencias de la Comunicación en la Universidad de Montevideo y fue profesor de His- toria Contemporánea de la Licen-ciatura de Economía en esa casa de estudios.