La tierra y una ley insólita

JULIO PREVE FOLLE

El Parlamento acaba de aprobar una ley insólita, aclamada por legisladores de todos los partidos como de "repoblación de la campaña". Este objetivo no solo es totalmente equivocado sino que, además, supone una ingenuidad supina consistente en creer que una ley puede torcer una realidad muy fuerte como lo es la despoblación de la campaña en todo el planeta, desde China a Australia, desde Europa a Nueva Zelanda, desde Brasil a los Estados Unidos.

Tengo el placer de recordar cada vez que puedo, que si bien la concentración de la tierra es algo inevitable y que no tiene por qué ser malo para el país, hay no obstante un dato demoledor de muchos preconceptos para el Uruguay.

LA TIERRA EN NÚMEROS. En la década del noventa creció el número de explotaciones pasando según el Censo del 2000 de 54.816 a 57.131. Todo lo demás que se diga son puras patrañas; desde que se realizan censos el número de explotaciones bajó, pero no lo hizo en la década del noventa. Por tanto, cuando la Federación Rural afirma que desaparecieron diez mil productores entre 1982 y 2006 hay que aclarar que eso puede haber ocurrido -es una hipótesis- antes de 1990 o luego del 2000; en los noventa no. No lo comento, aunque tengo muchas ganas; son números y punto. Pero sospecho que ahora sí, que durante este gobierno deben estar desapareciendo muchos productores, en particular a juzgar por la permanente zarabanda oficial respecto del tema, que ya ha generado no poca inquietud en potenciales inversores. Para un gobernante de izquierda que pasó la vida militando contra la concentración, contra la inversión extranjera que se expande en todos los rubros, debe ser bravo calzar los mismos zapatos de otrora. Qué le vamos a hacer.

Hay otro dato impactante recientemente divulgado por el MGAP. Entre el año 2000 y junio del 2006 se vendió el 24% de la superficie del país. Hay algunos predios que se repiten pero quizás se compensen con la cantidad de operaciones realizadas desde junio del 2006 a la fecha. En otras palabras, la cuarta parte del país cambió de dueño en siete años. Es una cifra impactante. Pero además, como ella se ha dado en un contexto general favorable para el sector, que se refleja en el valor creciente de los campos, en mi opinión es claro que los nuevos propietarios tienen una propensión mucho mayor a hacer producir el campo que los dueños anteriores. Se trata por tanto de buenas noticias aun sin saber si los compradores son menos que los vendedores, ni dónde nacieron, temas en mi opinión poco relevantes.

EL DERECHO A EMIGRAR. Esta manía de forzar que la gente se quede en el campo me parece una maldad. La gente debe tener el derecho siempre de mejorar su calidad de vida lo que puede incluir permanecer o no en el campo, vivir en la ciudad e ir a trabajar al campo, o no hacerlo. Los ingresos y demás condiciones de vida diferenciales en uno y otro lado determinarán dónde vivirá la gente. Y otra cosa más; hay que mejorar en todo sentido los servicios en el área rural: caminos, comunicaciones en general, educación, etc. Pero esto hay que hacerlo por una razón de justicia que no es poco, sabiendo como se ha demostrado que a más comunicaciones más emigración a la ciudad, a más educación también. El tema no está allí. Como no lo está tampoco en aquella idea tantas veces difundida de que para hacer producir el campo es necesario vivir en él, lo que hoy se demuestra que obviamente no es así. Conozco muy pocas empresas ganaderas o agrícolas de punta en las que el empresario se dedica a manejar el tractor o cambiarle el aceite. Sí los veo estudiando negocios, combinando recursos de capital y humanos, logísticos, tecnológicos, estando muy arriba del negocio lo que no significa, menos aun con las comunicaciones de hoy, vivir en el predio. Ellos son los que cinchan de todo el agro moderno.

LA LEY INCREÍBLE. La ley que se acaba de aprobar establece nada menos que la obligación de ofrecer al Instituto Nacional de Colonización (INC) todo predio que se venda de más de 500 hectáreas. Y si sobrepasa las 1.500, la obligación se convierte en algo increíble y demagógico. Establece que el INC tiene 120 días para comprar el 20% del área en venta y al precio no de la transacción sino del valor catastral. El destino es ofrecerlo a los trabajadores de la tierra. Como se ve se trata de un despojo liso y llano, un atentado grosero al derecho de propiedad, una expropiación sin ley específica, un acto demagógico por el cual se ofrece tierra para el que la trabaja pagada a precio vil para el dueño, por la sociedad.

Esta propuesta de saqueo, votada por todos los partidos que parecen competir por el espacio izquierdoso, destruye el mercado de tierras. No me imagino esperar 120 días a partir de la firma de un compromiso, por si el INC hace valer la opción. Tampoco me imagino -no lo dice la ley- qué pasa si el adquirente, una vez sustraído el 20% del área, rechaza el negocio original; y en este caso, si la fracción elegida por el INC se mantiene en el dominio original o pasa al Instituto. La intromisión de la ley en este campo exige la rápida aprobación del proyecto que de modo correctivo presentaron los senadores Alfie y Sanguinetti, limitando esta facultad que solo puede entenderse en un contexto de ignorancia económica y demagogia rural. No debe haber nada peor para la producción que detener el acceso a la tierra de los mejores, o de destruir un mercado que aseguraba hasta ahora movilidad social, inversión, producto. Y si se trata de una ley votada en el entendido de que es inaplicable como se me ha señalado, mucho peor, porque es jugar con las instituciones, y como expliqué el daño es enorme.

Pocas veces he encontrado un motivo de mi disgusto como ésta en la que se confunde todo. Se cree que la gente desea siempre vivir en el campo; que una ley puede lograrlo; que el mercado de tierras se puede intervenir sin costos económicos y sociales. Disgusta que se aplauda una injusticia como lo es expropiar algo a precio vil, o que se crea que tiene más derecho a producir la tierra un "empleado de explotaciones agropecuarias" como dice la ley que un empresario, o que se piense que se le debe dar tierra a los peones y no una oficina a los profesionales, una obra a los arquitectos, un hotel a los gastrónomos, una embajada a un diplomático, una banca a un político, una tienda a un empleado, una fábrica a un obrero. Es el fin.

La ley, además de este demencial artículo 15 introducido según me dicen entre gallos y medianoche, que tendrá repercusiones severísimas en el mercado de tierras alejando a los compradores serios tenía, más allá de un articulado lleno de lugares comunes, un par de cosas interesantes. Ellas son la facilidad de convertir colonos en propietarios de tierra, desligándose así del Instituto si es su voluntad, y la posibilidad de securitizar rentas para lograr fondos para adquisición de tierras. Lo primero es justo al revés de lo que, en una confusión institucional más, nos aporta el MGAP cuando sostiene que el ideal sería arrendar tierras a colonos para que al fin de su vida, en lugar de trasmitirlas con el fruto de su trabajo a sus descendientes, vuelvan al Estado para dárselas a otro colono (Mujica en Búsqueda del 25 de octubre). De manera que la idea es no solo correr a los extranjeros de los campos, correr a las sociedades anónimas, repartir tierra sin pagarla a sus dueños, atacar el derecho de propiedad sino también el de herencia, que debe ser uno de los grandes motores de la actividad humana: dejar algo en todos los terrenos a los hijos.

Espero que tanto dislate en términos no solo económicos sino de justicia conmutativa y de derechos fundamentales, se corrija pronto. De lo contrario será esta ley -votada por todos los partidos- otra vuelta del collarete liberticida que aprieta el pescuezo, cada día un poco más, de todos los uruguayos, cada vez más maneados. Algo que solo una bonanza económica internacional mal aprovechada permite oscurecer por un tiempo más.