JULIO PREVE FOLLE

El gobierno nos ha presentado ya una trilogía de reformas de pronóstico incierto en cuanto al nivel de impacto, que presumo muy duro en el tejido social. La semana anterior me referí a la reforma tributaria; otros lo vienen haciendo sobre la estatización del sistema de salud. Ahora parece tocar el turno de la reforma del Estado o la madre de todas las reformas. Hoy comentaré algunos aspectos vinculados a la institucionalidad agropecuaria y agroindustrial, así como a otros referidos a mi condición de testigo de una administración pública que supe integrar.

LOS MONOPOLIOS. Proponerse encarar una reforma del Estado debería implicar analizar la situación de los monopolios estatales, en particular en todo aquello que hace al costo que su mantenimiento supone para la mayoría de los ciudadanos. Costo en dos sentidos. El primero y menos importante es el económico. Este supone analizar cuánto más pagamos la luz, el combustible, la comunicación, el agua, que si lo hiciéramos en un régimen de competencia; cuál es el sacrificio en términos de bienestar que hacemos para asegurar vaya a saber qué objetivo estratégico, y cuánto está en condiciones de invertir el Estado -sustrayéndolo a la gente- para asegurar un suministro moderno a futuro. Pero hay un segundo aspecto más importante: cuánta libertad estamos dispuestos a seguir sacrificando para atender supuestos beneficios de interés general no alcanzables fuera del régimen de monopolio. Porque lo que está en juego es la libertad del ciudadano de elegir más de un proveedor, y está también la del inversor privado de hacerlo en áreas disponibles en muchos países del mundo aportando capital, tecnología, mercados, etc. Y quisiera subrayar como siempre que no encuentro sentido a enfoques hemipléjicos de la libertad, como si se pudiera defender las libertades políticas, y atacar de modo sostenido las económicas que por definición se ejercen contra el poder del Estado. Las campanas tocan a rebato para los monopolios, y si la discusión acerca de su pertinencia no integra la reforma, ésta será muy incompleta.

INSTITUCIONALIDAD. Existen múltiples instituciones, las personas de derecho público no estatal, que desde estas columnas hemos criticado mil veces, en las que se confunde lo público con lo privado, las funciones netamente estatales con las empresariales, resultando todo en un "pastichotti" de privados que controlan en nombre del Estado a colegas, funcionarios públicos que se supone hacen promociones de negocios, funcionarios semipúblicos que gozan de estabilidad laboral, gremialistas que quieren hacer políticas públicas, privados que manejan fondos generados por impuestos, todo en un enredo generador de injusticias, desorden, desgobierno. Y en todos los casos confundiendo iniciativa privada con corporativismo de gremiales privadas que en nada se le parece. No voy a repetirme, pero el MGAP bien podría aprovechar el impulso para rediscutir la pertinencia de: Plan Agropecuario, Junagra, Inavi, INAC, Inase, LATU, etc. Tengo la esperanza que al menos no se generen nuevas creaciones aunque en realidad el MGAP ya ha logrado aprobar alguna vinculada a la leche.

INAMOVILIDAD. Es este un tema en el que mi opinión tal vez sorprenda: no estoy a favor de romper la inamovilidad de los funcionarios públicos sino más bien al revés. Sé perfectamente que esta condición es injusta ya que no la tiene nadie en el sector privado, salvo quizás los bancarios. Sé asimismo que fenomenales crisis como la del 2002 y otras recesiones anteriores pegaron sobre todo en los funcionarios privados por reflejo de la suerte de sus empresas. Y sé también que los funcionarios públicos inamovibles -que no son todos ni mucho menos-, ostentan otro tipo de privilegios. Todo esto es verdad. No obstante, una experiencia bastante larga en la materia me hace creer que los remedios que se han intentado son todos peores que la enfermedad. La inamovilidad se inventó para proteger a los funcionarios de las persecuciones políticas, de las presiones de este signo derivadas de su pertenencia a uno u otro partido. Y bien. He sido testigo en estos últimos años en esta administración -antes también aunque mucho menos- de procesos semejantes a purgas, debidas a la falta de concordancia con las ideas dominantes. Solo la inamovilidad de quienes la ostentan que, repito, no es el caso de la mayoría de los funcionarios de la administración central, los ha protegido parcialmente de persecuciones quizás resueltas no por la jerarquía, sino por jefezuelos. Ha sido una política sutil, ya que en todos los casos se ha tratado de la no renovación de contratos, del supuesto agotamiento de fondos para pagar en este o aquel programa. En definitiva se ha dejado sin trabajo o sin compensaciones salariales a mucha gente solo por no generar simpatías en las filas del partido de gobierno, o por haber trabajado técnicamente para las administraciones anteriores consideradas el eje del mal. No se ha violado posiblemente ninguna ley, aunque llueven juicios contra el Estado. Pero el mecanismo ha sido muy sutil y eficaz, en algunos ministerios más que en otros. Y en cuanto a la contratación siguiendo colores, esta administración ha seguido la tradición: me sobran ejemplos.

De manera que romper la inamovilidad sí; con esta administración por ahora no, ya que no da garantías.

Lo mismo pasa con la evaluación de tareas. Hay abundante experiencia de contratación de "expertos laborales" bien entre comillas que no sé si cuantifican según número de expedientes, número de horas etc. Las funciones de asesoramiento son muy difíciles de evaluar y también se tiñen con frecuencia, esta es mi experiencia, de colores políticos. Nuestra sociedad, no solo esta administración, no está preparada para operar sobre un régimen completo de contratación, al menos para una inmensa mayoría de funciones. Porque la inamovilidad se inventó para protegerse de un peligro que sigue vivo, que por otra parte no está en la empresa privada.

DIGNIDAD MALHERIDA. Muchos intentos de reforma han pasado; ninguno refiere a la dignidad del servidor público, severamente mancillada desde hace ya mucho tiempo. Es ésta la reforma a partir de la cual se puede montar todo lo demás: el restablecimiento de la dignidad funcional a partir de una consideración que hoy no existe. Es más; se da una especie de sanción social a la condición de funcionario que es injusta. Pocos empleados públicos son felices de no hacer nada o de ser señalados con el dedo inquisidor casi como superfluos o incluso como culpables de la presión fiscal sobre las empresas. Y es injusto, porque una cosa es estar en la causa de esa presión y otra muy distinta ser los culpables de ella. Ahora la cosa se ha puesto peor con esa infeliz expresión del llamado país productivo recientemente impulsada, que entre otras tonterías divide a los uruguayos con criterios absurdos que en este caso dejan afuera supongo a los funcionarios públicos.

En resumen, una reforma del Estado podría ser bienvenida, aunque para ello falta mucho. Falta por ejemplo incluir los monopolios. Hay que considerar en la discusión también la parafuncionalidad pública, representada en la contratación bajo modalidades que escapan al control correspondiente, que las hay y muchas, representada también por las personas de derecho público no estatal, una cantidad de ellas vinculadas a la realidad agropecuaria. No hay que hablar de romper la inamovilidad de los funcionarios hoy, porque a juzgar por lo que se viene viendo no hay ninguna garantía de que las causas que la generaron no sigan todas en pie, incluso para el establecimiento de premios y castigos. Finalmente, hay que abordar cualquier reforma desde una perspectiva que parta de la definición del funcionario público como lo que es, un servidor con orgullo legítimo de serlo. Y descartar por tanto proyectos que parten de la consideración contraria que supone arrinconar al funcionario acercándole una sanción social que no merece ni siquiera en las humoradas tipo Gasalla que me parecen radicalmente injustas. Con un buen consenso de verdadero respeto por esa función se podrá avanzar.