¿Un nuevo ajuste fiscal?

JULIO PREVE FOLLE

El día primero de este mes comenzó a regir una nueva política de devolución de impuestos indirectos, otro error de la administración económica actual, por el cual el gobierno accede a una nueva masa de recursos del orden de los sesenta millones de dólares anuales como mínimo, para destinar a sus proyectos productivos o improductivos.

EL RÉGIMEN ANTERIOR. Puesto en funcionamiento en el año 1996, el régimen que ahora se deroga no era un sistema perfecto. Contaba no obstante con el atributo de la sencillez y sobre todo con la condición de inobjetable para nadie. A nadie escapaba que en caso de querer meterse en camisa de once varas, el gobierno podía retocar el sistema considerando todo lo que habían cambiado los impuestos desde aquel entones hasta ahora. En efecto, han cambiado algunos impuestos, tasas, y sobre todo han cambiado productividades de muchos rubros. Esto es relevante ya que por ejemplo en los rubros vinculados a la agricultura, la mayor parte de los impuestos se determinan por hectárea, para luego referir este monto a una productividad que ha cambiado significativamente. Alentado por estos criterios generales, casi dos años antes del momento actual, el gobierno realizó tres anuncios que se han incumplido absolutamente. En primer lugar anticipó que la devolución respondería estrictamente a criterios técnicos. En segundo lugar y en función de lo anterior, que se devolverían todos los impuestos indirectos. En tercer lugar, y prejuzgando el resultado de sus futuros estudios, anticipó que lo que se le quitara a los sectores de sus devoluciones, se le devolvería contra proyectos de interés para el gobierno.

PROMESAS INCUMPLIDAS. A medida que se fueron difundiendo los estudios técnicos realizados por especialistas, muchos de los cuales conocí en su momento en detalle, fue resultando evidente que así como algunos impuestos indirectos se habían reducido, otros nuevos se habían generado; y algunos otros que hace diez años no se habían considerado, ahora, dado el compromiso de devolverlos absolutamente todos, debían incluirse. Es este el caso por ejemplo del Imeba, incuestionablemente un impuesto indirecto. Viendo entonces el gobierno que si devolvía todos los impuestos indirectos se iba a quedar sin recorte en el régimen, empezó a seleccionar en base a criterios indudablemente políticos, muy lejos de todo análisis técnico, qué impuestos indirectos devolvería y cuáles no. El resultado de su selección de gravámenes a devolver, realizada con prescindencia de las definiciones técnicas que para el caso señala la OMC en el "Acuerdo Sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias", empezó a resultar al gobierno en porcentajes de devolución menores a los vigentes hasta el 30 de setiembre; mucho menores hasta donde sé yo. Se perdió así aquella seriedad inicial de señalar que se devolverían todos los impuestos indirectos en línea con la OMC y calculados solo con criterios técnicos. El resultado fue que se terminó eligiendo solo algunos impuestos para devolver, terminando todo en lo que menos puede parecerse a un número técnico: una tarifa plana.

REACCIONES. Varios sectores, según ha trascendido, habrían puesto en marcha recursos contra el decreto, que les niega lo que según explicó en este suplemento el Dr. Ramírez, la ley establece como obligación y no como facultad, esto es la de devolver todos los impuestos indirectos. Pero más allá de estas reacciones en la carne, en los tops, etcétera, la indignación del sector exportador se está haciendo sentir por varias razones. En primer lugar porque no se respetó aquello de devolver todos los impuestos que técnicamente correspondiera; pero en segundo lugar por hacerlo en este momento de fenomenal retraso cambiario, debido no solo a problemas intrínsecos del valor del dólar, sino al impulso dado por el gobierno a la inflación en general, por su política de gasto público, y por su impulso alcista en muchos bienes y servicios no transables cuyo precio depende básicamente del gobierno. Me refiero por ejemplo a salarios, tarifas públicas, y una serie de bienes que siendo comercializables internacionalmente de hecho funcionan como no transables porque el gobierno los desvincula del mundo exterior con trabas comerciales. Qué pasará ahora con los precios de las materias primas cuyos productos de exportación han reducido su ingreso por concepto del cambio de régimen. Ello va a depender de las estructuras de mercado; en los casos en los que exista sobredemanda por la materia prima, es decir fuerte puja industrial con capacidad ociosa, esa rebaja de momento es difícil que pase a la materia prima. En el caso contrario, de sobreoferta de materia prima, toda la rebaja pasará a ésta, con un piso que se situará en el equivalente de exportar esa materia prima. En los tops de lana por ejemplo, en que el negocio de industrializar se está volviendo cada vez más vidrioso por el aumento de los costos en dólares y los beneficios para importar lana sucia que existen en China, es esperable una situación francamente insoportable para este sector industrial. A propósito parece increíble que en simultánea el gobierno vote un subsidio a la producción de tops, y a la vez rebaje los reintegros quedando la situación industrial en el neto peor al momento anterior a la implementación del beneficio. Algo así como lo que ocurre en Argentina en que un mismo producto puede tener a la vez detracciones y reintegros: una demencia.

DIRIGISMO DEL BUENO. Y finalmente viene quizás lo peor. El gobierno ha resuelto que aquellos recursos ahorrados se destinarán a no sé qué cosa, en no sé qué oficina, con arreglo a no sé qué procedimiento. En definitiva, el viejo dirigismo vestido de innovación o de promoción estatal de inversiones, algo absolutamente menos eficiente para la aplicación de recursos que lo que deriva de la decisión empresarial. Se nos señala que una oficina nueva será mejor para ordenar esos recursos que lo que hagan los propios empresarios, quizás porque incorpora objetivos sociales o de otra índole, repitiendo la enorme cantidad de experiencias de oficinas que pueden servir en el mejor de los casos para desencadenar alguna inversión nueva pero nunca para decirle a los empresarios que lo que se les saca de donde lo tienen invertido se lo devolverán por otra ventanilla con otros propósitos: es casi una tomadura de pelo, si no lo hubiera planteado gente con reputación de seriedad.

En definitiva, en el momento peor desde el punto de vista macroeconómico, se resuelve incrementar la recaudación reduciendo reintegros y confiando en una imposible sociedad de los sectores perjudicados con alguna oficina de promoción de inversiones, sin ningún peso en el ambiente empresarial. Y se ha actuado de modo confuso y no cumpliendo lo prometido. Claro está que se lo ha hecho, y esto hay que destacarlo en estos días, dentro del derecho. No como el ridículo tema de los pollos donde la patota (el Mgap) se impuso a los polleros por fuera del derecho, lo que si bien para algunos resulta una anécdota divertida para mí es una tropelía más en un país que se pierde en la falta de las debidas garantías a los derechos económicos. Que son tan derechos como los demás.