NÉSTOR SCIBONA | LA NACIÓN

No sólo la campaña electoral de 2007 se caracteriza, tanto en el oficialismo como en la oposición, por la proliferación de espacios políticos virtuales; candidaturas a dedo que sustituyen la casi inexistencia de elecciones internas, y listas sábana con demasiados desconocidos. También es llamativo que la mayor intención de voto recaiga, según las encuestas, sobre los candidatos oficialistas que hasta ahora menos han hablado de propuestas concretas en caso de ser elegidos.

Como si el silencio fuera una virtud valorada por buena parte de la opinión pública, la consigna pareciera ser no debatir los temas importantes. Las ideas son reemplazadas por el bombardeo mediático de cifras sobre crecimiento económico y logros de los últimos años. O por referencias laterales que sólo apuntan a la superficie de los problemas, tomando como invariable punto de referencia el infierno de 2001/2002. Todo aquello que signifique profundizar la discusión de problemas pendientes ingresaría en la categoría de políticamente incorrecto.

Sólo con esta lógica se explica que a mediados de mes apareciera en la tapa de los diarios que el presidente del Banco Central haya expresado su preocupación por el nivel de inflación en la Argentina y que, casi como un reflejo, el jefe de Gabinete saliera inmediatamente a relativizar esas declaraciones.

Lo que dijo públicamente Martín Redrado durante un seminario en Londres no fue muy diferente de lo que suelen decir a diario en la Argentina la mayoría de los economistas de distintas tendencias, desde los más ortodoxos hasta los más heterodoxos. La diferencia es que esta vez el diagnóstico correspondió a un funcionario. Hace bien el presidente del BCRA en llamar la atención sobre la inflación y la necesidad de coordinar políticas (fiscales, monetarias y de ingresos) para evitar que apunte hacia arriba. Es cierto que la suba del petróleo y los precios de los alimentos están poniendo en jaque las estrategias antiinflacionarias de muchos países. Pero en la Argentina el fenómeno tiene aristas más complejas y resulta cada vez más difícil calcular su magnitud. Hoy la inflación anualizada puede estimarse entre un 50 y un 100% por encima de lo que marca el IPC (14 al 18% frente al 9% oficial), mientras las expectativas siguen en alza en medio de un desborde de gasto público. A ello debe sumarse que el BCRA debe hacer malabarismos para cumplir objetivos difíciles de armonizar, como mantener un tipo de cambio alto y evitar que suban demasiado las tasas de interés, ahora que disminuyeron abruptamente los niveles de liquidez.

Para el gobierno, en cambio, es preferible que estas cuestiones se mantengan en un segundo plano. Cuanto menos se discuta públicamente, mejor. Siempre habrá algún precio individual al cual echarle la culpa: si no es la carne, serán las papas, los alquileres o la ropa. Y también está el recurso de disfrazar los índices, que muestran cada vez más inconsistencias.

Un reciente estudio de la consultora Finsoport revela que en agosto hubo grandes diferencias con los precios relevados por el Indec. La razón es que en rubros como esparcimiento e indumentaria se registraron meses atrás aumentos inferiores a los reales y ahora, con el fin de temporada, las bajas no pueden haber sido tan pronunciadas como las que reflejan los índices oficiales. Un caso emblemático es el turismo, que según las cifras oficiales muestra una baja de 13,9% con respecto a un año atrás. Otro es el capítulo de verduras y hortalizas, donde los precios del Mercado Central (más un margen de comercialización del 75%) exhiben diferencias que van de 30 a 200% por encima de las que registró el Indec. Para septiembre, la consultora que dirige Jorge Todesca prevé un aumento del IPC de 1,3%. Una variación que parece difícil que el gobierno difunda en el mismo mes de las elecciones.

A esto deben sumarse las distorsiones de precios relativos, agudizadas por subsidios y congelamientos. Por citar sólo dos casos, un litro de nafta (con 66% de impuestos) cuesta hoy menos que una botella de agua mineral de medio litro; o un pasaje de colectivo o subte en la Capital Federal que una vuelta en una calesita de barrio.

El fondo de la cuestión es que con una política pro inflacionaria (de fuerte impulso al consumo y al gasto público) es difícil lograr que la inflación baje; lo mismo que las expectativas, que ya apuntan a niveles de 20% anual. Lo que no es posible saber, al menos antes de las elecciones, es si el oficialismo apuntará en 2008 a reducirla o sólo se conformará con que no siga subiendo. El mismo interrogante vale para la normalización del Indec, donde no se sabe si la comisión formada por el gobierno y los gremios estatales apunta a ganar o a perder tiempo.

DUDAS PRESUPUESTALES. Un punto clave para las expectativas es determinar cuál será en el futuro la política fiscal. Pero el proyecto de presupuesto 2008 que acaba de ser enviado al Congreso necesitará una serie de precisiones adicionales para despejar incógnitas. Entre ellas, si el superávit primario previsto incluye o no el traspaso de fondos desde las AFJP a la Anses (que no deberían computarse como ingreso corriente como ocurrió este año). O si la necesaria desaceleración de 50 a 15 ó 20% anual en el ritmo de crecimiento del gasto público implicará o no la disminución de subsidios estatales a la energía y el transporte; o un menor ritmo de ejecución de obras públicas y bajo qué prioridades.

También vuelve a estar en una nebulosa la política salarial para empleados públicos y jubilados, mientras que la pauta de crecimiento de 4% del PBI para 2008 se presta a más de una interpretación. En sentido estricto, podría señalarse que el gobierno prevé para el año próximo un crecimiento económico equivalente a la mitad del de 2007 (7,8 al 8%), lo cual implicaría una fuerte desaceleración económica (ya que el año próximo arrancaría con un efecto de arrastre cercano al 3%). Sin embargo, ésta es una conclusión relativa desde que el ex ministro Roberto Lavagna descubrió que era preferible subestimar en el presupuesto la expansión del PBI, para contar con mayores excedentes de recaudación si el crecimiento resulta más elevado.

La diferencia es que, esta vez, la mayoría de los analistas privados prevé para 2008 un crecimiento del PBI de 5,5 al 6% anual, con lo cual aquel margen de maniobra fiscal se reduciría notablemente. Y si bien en los últimos años erraron con sus pronósticos, ahora incluyen el impacto de la mayor inflación, el déficit energético y las restricciones al financiamiento externo, que seguramente se harán sentir sobre las decisiones de inversión. Este último punto también afecta al sector público: sobre el superávit primario (sin contabilidad creativa) habrá que descontar casi dos puntos de PBI en concepto de necesidades de financiamiento.

Como puede advertirse, la relación entre inflación, política fiscal, monetaria y de ingresos merece más un debate abierto y en profundidad que jugar a las escondidas con cifras y declaraciones. Sobre todo porque, en un país con la historia inflacionaria de la Argentina, todavía se está a tiempo de evitar que se tropiece dos veces con la misma piedra.